*Investigación de Expediente Público revela que el Ministerio de Hacienda de Nicaragua destinó una partida de C$400 millones (US$11.4 millones) a Enacal para pagar servicios de energía que la aguadora adeudaba a Disnorte y Dissur.
**Nicaragua suscribió cinco préstamos equivalentes a US$264.12 millones solamente en el año 2020 para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.
Expediente Público
El régimen nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo desvió una partida destinada para la lucha contra la Covid-19 de C$400 millones (unos US$11.4 millones) de un préstamo de US$185.3 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagos de adeudos que mantenía la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Enacal) con la Distribuidora de Electricidad del Norte (Disnorte) y Distribuidora de Electricidad del Sur (Dissur), reveló una investigación de Expediente Público.
Los recursos utilizados y entregados a Enacal en calidad de “concesión de préstamo”, son provenientes de la asistencia que bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido aprobó el FMI para Nicaragua en el año 2020.
El 18 de marzo de 2020, el régimen nicaragüense informó oficialmente del primer contagio de Covid-19 en el país, pero a la fecha el gobierno ha ocultado a la población y a los organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la verdadera magnitud de la pandemia.
Como estrategia para enfrentar la crisis sanitaria, entre el 18 de junio y el 21 de diciembre de 2020, el gobierno solicitó apoyo con financiamiento de emergencia a la cooperación internacional por un monto de US$264.12 millones.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el mismo FMI respondieron al llamado.
La investigación de Expediente Público reflejó que durante el año 2020 el gobierno de Nicaragua ejecutó C$992.6 millones (US$28.3 millones) en gastos identificados como “atención pandemia Covid-19″, según datos contenidos en el Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República (PGR) 2020.
Para financiar el gasto equivalente a C$992.6 millones el régimen asignó recursos propios y de los préstamos de la cooperación internacional.
El Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) fueron las principales instituciones ejecutoras de los fondos de “atención pandemia Covid-19″.
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Pese a que la información reflejada por el gobierno en el Informe de Liquidación del PGR 2020, no ofrece ninguna referencia sobre el tipo de compras que hicieron o en qué se gastaron los recursos, llama la atención el uso que hizo Hacienda del dinero que en calidad de préstamo otorgó a Enacal.
La investigación refleja que Hacienda transfirió a Enacal la suma de C$400 millones del préstamo del FMI con el objetivo de que la aguadora pudiera hacer pagos de energía eléctrica a la distribuidora de energía Disnorte y Dissur, una empresa que hasta antes de febrero de 2020 estuvo en posesión del grupo español TSK Melfosur Internacional.
En 2013, el grupo TSK y la andaluza Melfosur Internacional compraron por US$57.8 millones a Gas Natural el 83.69% de Disnorte y el 83.73% de Dissur, pero se retiraron del país en febrero de 2020 por temor a ser alcanzados por las sanciones que Estados Unidos aplicó en ese momento contra varios funcionarios del régimen orteguista.
Expediente Público envió comunicación vía correo al departamento de medios del FMI, para conocer si este organismo financiero autorizó que los montos destinados para hacer frente a la pandemia, fueran utilizados para pagar facturas energéticas de Enacal a Disnorte y Dissur, pero no respondieron.
El 21 de diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó con “trámite de urgencia” la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense, Ley número 1056, nacionalizando la empresa distribuidora y dejando en manos del Estado el control absoluto de la distribuidora.
La “asistencia” del FMI a Nicaragua
En 2020 Nicaragua siguió arrastrando los efectos de una contracción económica y como efecto de la pandemia el país enfrentó una caída en el turismo y la inversión extranjera directa, dos pilares fuertes de la economía.
En este contexto, el 6 de noviembre de 2020 el Gobierno de Nicaragua solicitó financiamiento de emergencia al FMI.
El 20 de noviembre de 2020, el directorio ejecutivo del FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia por US$185.3 millones para ayudar al país centroamericano, un 50% sería destinado para atender a la sostenibilidad “urgente” de la balanza de pagos derivadas de la pandemia de la Covid-19 y el otro 50% para proyectos de emergencia repartidos entre la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Justamente, los C$400 millones usados para pagar el gasto de energía eléctrica de Enacal, debieron ser incluidos en ese componente del 50% del préstamo dirigido a la sostenibilidad de la balanza de pagos, ya que en el mismo Informe de Liquidación del PGR 2020, se incluyen pagos del servicio de la deuda interna y externa por C$2,084.61 millones y C$761.65 millones, respectivamente, es decir unos US$82.98 millones que en total ascienden a US$94.54 millones de dólares, que representan el 50% del préstamo total del FMI.
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“La pandemia se suma a una recesión de dos años en Nicaragua. Con ingresos considerablemente más bajos y una severa restricción en el financiamiento, la crisis del Covid-19 ha agregado tensión a un panorama macroeconómico debilitado”, aseguró el Fondo al aprobar la partida económica.
De forma inmediata, el 24 de noviembre de 2020, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron con 75 votos a favor la gestión de préstamo que concedía el FMI.
La documentación a la que tuvo acceso Expediente Público indica con bastante claridad el destino de los fondos aprobados por el directorio ejecutivo del FMI.
La mitad del monto aprobado se destinó para estabilizar la balanza de pagos y la otra mitad para atender la emergencia del Covid-19 y la distribución de alimentos. En estos dos últimos casos, se especificó el papel que tendrán tanto la oficina de la UNOPS y el PMA, así como las adquisiciones que harán.
El análisis revela que US$93.3 millones, que representa el 50% del préstamo, serviría para responder a la emergencia de la pandemia para lo cual se firmaron dos contratos, el primero el 15 de enero de 2021 por US$18.68 millones con el PMA para la compra de alimentos y semillas.
El segundo contrato firmado con la UNOPS el 4 de febrero de 2021 por un monto de US$74.7 millones que ayudaría con la ejecución del gasto en atención médica, valiéndose de sus relaciones con los proveedores.
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En la carta de intención dirigida a Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI el régimen se comprometió a “seguir los más altos estándares de transparencia fiscal, mitigar los riesgos relacionados con vulnerabilidades en áreas de gobernanza y corrupción, y a garantizar que el gasto de emergencia sea transferido a la población prevista”.
Otras instituciones ejecutoras
El Ministerio de Salud (Minsa) fue otra de las instituciones que ejecutó los recursos provenientes del FMI. Según la información presupuestaria, la institución de Salud ejecutó C$474 millones (US$13.54 millones) para compras de productos farmacéuticos y medicinales, oxígeno y equipo médico, sanitario y de laboratorio.
El Sinapred ejecutó C$17.4 millones (US$497,142); proyecto Ordenamiento de la Propiedad C$50.5 millones (US$1.4 millones) y Ministerio de Defensa, en particular; el Ejército de Nicaragua ejecutó C$46.6 millones (US$1.3 millones)
El 52.5% de los C$992 millones destinados para el gasto “atención pandemia Covid-19″, es decir C$520.5 millones (US$14.8 millones) fueron financiados con fuentes Rentas del Tesoro, C$450.5 millones (US$12.8 millones) de préstamos externos y C$21.6 millones (US$617,142) de donaciones externas.
Reformas al PGR
Para el año 2020, se proyectó un gasto total de C$80,901 millones (US$2,390 millones) en el PGR, según los documentos oficiales.
El 9 de diciembre de 2020, la Asamblea Nacional con “trámite de urgencia” aprobó la Ley número 1050 referida a una modificación que sufrió el Presupuesto General de la República 2020 con el objetivo de realizar ajustes en los ingresos, egresos y su financiamiento como consecuencia de varios factores, entre ellos, los efectos provocados por la pandemia de la Covid-19 incorporando el financiamiento de gastos de emergencia por los efectos de la pandemia.
Para el ejercicio presupuestario 2021, los diputados aprobaron un PGR con un total de ingresos de C$80,671.2 millones (US$2,304.8 millones) y gastos por C$81,528.8 millones (US$2,329.3 millones), resultando un déficit presupuestario de C$857.6 millones (US$24,502.8 millones).
El 0.86% del gasto total del PGR 2021, es decir C$702.38 millones (US$20.0 millones) se destinaron para combatir el Covid-19, en una estrategia denominada “atención pandemia Covid-19″. Los fondos, según el análisis, serían ejecutados por el Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Educación (Mined), Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Ministerio de Defensa.
Incrementan gastos Covid-19
En los primeros seis meses de 2021, el PGR sufrió un incremento de 597.08% relativo a los gastos asignados para combatir la pandemia, es decir casi seis veces más con relación a lo aprobado inicialmente.
El incremento se debe a la incorporación de préstamos y donaciones obtenidos en el último trimestre del año 2020.
En marzo de este año el régimen volvió a incorporar al PGR C$4,881.0 millones (US$139.4 millones) de préstamos y donaciones que no necesitaron aprobación directa de los legisladores nicaragüenses, pero tomando en cuenta el contexto se adelantaron y en el PGR aprobado para este año incorporaron un artículo previendo la situación.
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El artículo 12 del PGR aprobado en 2021 establece que en caso que el gobierno obtenga recursos externos programas económicos y sociales se autoriza al MHCP la incorporación de los mismos al presupuesto.
El 82% del monto incorporado en marzo pasado, es decir C$3,997.08 millones (US$114.2 millones) son recursos obtenidos para combatir la pandemia de la Covid-19.
Desde el 18 de marzo de 2020, Nicaragua registra 17,652 contagios y 213 fallecidos según datos oficiales. La cifra es inferior a los 31,222 casos sospechosos y 5,947 muertes que registra el no gubernamental Observatorio Ciudadano Covid-19.
En ese contexto y sin transparentar los datos para el mes de junio, el gobierno volvió a incorporar alrededor de C$4,315.65 millones (US$123.3 millones) más al PGR de este año.
Según el informe de ejecución del PGR de enero-junio 2021, el presupuesto de gastos había incrementado en C$9,196.5 millones, es decir, un 11% respecto a lo aprobado inicialmente.
El contexto de pandemia de la Covid-19, según Hacienda, habría sido el componente responsable del 46% de ese aumento equivalente a C$4,193.77 millones.
Del análisis de Expediente Público se deduce que para hacer frente a la pandemia el gobierno estaría haciendo uso principalmente de recursos externos. El 82.23% de los fondos Covid-19 provienen de préstamos, pero estos tienen una ejecución menor al 1%.
Mientras que las donaciones representan un 6.84% de los fondos destinados para combatir la pandemia y los recursos internos apenas son casi el 10%, es decir C$485.09 millones.
El FMI y el BM, seguido por el BCIE, son los mayores financiadores de la lucha contra la pandemia de Covid-19 en Nicaragua. No obstante, los primeros dos aun no reportan ejecución de sus gastos y el BCIE apenas ha ejecutado poco más del 5%, concluye la investigación.
En septiembre pasado, los congresistas estadounidenses Albio Sires, del Partido Demócrata, y Marck Green, del Partido Republicano, instaron a las instituciones financieras internacionales, como el FMI, a no brindar más ayuda económica al régimen orteguista. El 23 de agosto de 2021, el Banco Central de Nicaragua (BCN) informó de una asignación que U$353.5 millones aprobó al régimen para hacer frente al impacto de la Covid-19, lo que fue rechazado por los congresistas.
