*Buscan regular fondos que reciben ONGs y fundaciones para evitar “injerencia política extranjera”. Ley establecería impuesto del 40% a fondos que reciben los ONGs de sus donantes.
**Empresa privada y ONGs ven con preocupación la legislación y creen que es persecución a organizaciones sociales.
***Bukele defiende su propuesta y asegura que es copia de la legislación estadounidense.
Expediente Público
El gobierno de Nayib Bukele propuso el martes 9 de noviembre una Ley de Registro de Agentes Extranjeros similar a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que el régimen de Daniel Ortega aprobó en octubre de 2020 y que ha llevado al encarcelamiento y persecución legal de opositores en Nicaragua.
“Esta ley nos permitirá defender la soberanía y la dignidad de nuestro país. Con esta ley se prohíbe explícitamente la injerencia extranjera y se impide que fundaciones y oenegés de fachada disfracen de donación lo que claramente es una injerencia extranjera”, dijo el ministro salvadoreño de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.
La ley establece un impuesto del 40% de los fondos que reciben los organismos no gubernamentales, multas de hasta 10 mil dólares y cancelación de personería jurídica a aquellas entidades que no se inscriban en el registro.
Bidegaín explicó que el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros aplicará a personas financiadas «por un extranjero a efecto de promover transparencia sobre este tipo de organismos en El Salvador”.
«Reiteramos que, con la ley, se busca la prohibición de injerencia extranjera y se impide que fundaciones y oenegés de fachada disfracen de donación lo que claramente es una intervención para patrocinar asuntos políticos», dijo Bidegaín.
Un especialista en temas de Centroamérica basado en Washington DC, y que hasta conocer mejor la ley prefirió hablar con Expediente Público a condición del anonimato, dijo que en todo caso esa ley en los Estados Unidos no se usa para acallar a los medios de prensa, ni perseguir a los grupos de interés que demandan un gobierno más transparente y con rendición de cuentas. “Es impensable que esa ley sea usada en un contexto en que desde la Casa Blanca se impulsa una agenda agresiva para controlar todos los poderes del estado, controlar la prensa y la sociedad civil; y eso es lo que pasa en El Salvador, entonces la comparación desde todo punto de vista no tiene sentido”.
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Escuela de Ortega en El Salvador
Según el ministro, la ley “contempla que un agente extranjero no podrá dar dinero a ninguna persona natural o jurídica, partido u organización para hacer actividades políticas en El Salvador. La ley nos permitirá defender la soberanía y dignidad del país».
La ley fue enviada a la comisión legislativa de Relaciones Exteriores para su estudio.
Según la propuesta, la legislación deberá cumplirla «toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera», que en el país «realice actividades que respondan a intereses, sean controladas o sean financiadas, directa o indirectamente por mandante extranjero».
Una vez entre en vigencia la ley, no podrán realizar actividades ni movimientos de recursos financieros mientras las instancias obligadas no se inscriban al Registro de Agentes Extranjeros.
Además, hay multas de hasta $10,000 y cancelación de personerías jurídicas.
Bidegaín sostuvo que la legislación aplicará a asociaciones sin fines de lucro y ONGs, pero aclaró que “no afectará entidades de carácter social o donaciones de socios y aliados extranjeros”.
“Es más, esto es beneficioso para ellos como donantes porque no se pagarán impuestos por esta ayuda”, explicó.
Según Bidegaín, las donaciones extranjeras para causas sociales serán “fomentadas y libres de impuestos”.
Multas y obligaciones
El Ministerio de Gobernación entonces creará un Registro de Agentes Extranjeros en donde se inscribirán sujetos obligados, tendrá autonomía funcional y técnica.
El artículo 10 del mismo anteproyecto establece que por cada transacción financiera que provenga de «mandante extranjero» se aplicará un impuesto de 40%, «sin perjuicio de la imposición de otros impuestos que graven los mismos actos o hechos conformes al Código Tributario».
El artículo 11 establece multas de hasta 10 mil dólares por incumplimiento de obligaciones y deja abierta la puerta a juicios penales: “Sin perjuicio de las responsabilidades penales u otras en que incurran por la realización de actos que amenacen la seguridad nacional u otros debidamente comprobados”.
La ley salvadoreña da amplia discrecionalidad al régimen de Bukele para aplicar otras medidas y abre la posibilidad de sanciones penales.
En el artículo 12 dice que “El presidente de la República podrá aprobar cuantos reglamentos de aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarios para el establecimiento de definiciones, cumplimiento de sus fines, atribuciones y competencias”.
Dedicatoria a ONG críticas
La propuesta de ley fue recibida en manos del jefe de la fracción legislativa de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, Cristian Guevara, quien en un discurso en la sesión plenaria del parlamento puso nombre y apellido a las ONG que supervisarán.
En particular mencionó a la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y a la organización de derechos humanos Cristosal como objetivo de esas investigaciones.
“Funde y Cristosal, algunas organizaciones que han estado recibiendo fondos últimamente, van a tener que declarar de dónde vienen esos fondos y para qué los van a utilizar, a través de un registro de agentes extranjeros que estará adscrito al Ministerio de Gobernación”, dijo Guevara.
Funde alberga el capítulo local de Transparencia Internacional y ha sido clave en denuncias de casos de corrupción, mientras que Cristosal es una organización de derechos humanos y defensa de migrantes bastante crítica de la administración Bukele.
“No se va a permitir de ahora en adelante la injerencia en política, así como se hace en países del primer mundo, así como se hace en democracias consolidadas. La población tiene derecho a saber quiénes son los extranjeros que tienen interés en nuestros asuntos domésticos, en los temas que solo nos competen a los salvadoreños”, agregó el diputado oficialista.
Según Guevara, “esta ley impedirá que estas mal llamadas fundaciones reciban dinero y que lo disfracen de donación».
“Se van a sorprender cuando se sepa quiénes son las personas que están enviando esta ayuda disfrazada a El Salvador para financiar marchas, violencia, actos de terrorismo y a partidos políticos”, dijo Guevara.
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Peor que la ley de Ortega
La similitud entre la ley propuesta por Bukele y la promovida por Ortega y aprobada en Nicaragua en 2020 es impresionante.
Según el ministro Bidegaín la ley establece un “régimen jurídico aplicable a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas directamente o indirectamente por un extranjero a efecto de promover transparencia sobre este tipo de organismos en El Salvador”.
La ley nicaragüense creó también un Registro de Agentes Extranjeros a cargo del Ministerio de Gobernación, una institución represiva dirigida por expolicías sandinistas a cargo de controlar las cárceles, la seguridad del Estado, las fronteras y puestos migratorios y a las organizaciones de la sociedad civil.
El artículo 9 de la ley nicaragüense indica que los «agentes extranjeros están obligados a informar» de «cualquier transferencia de fondos o activos» a fundaciones, organizaciones y personas para desarrollar sus actividades.
También, el artículo 14 de la normativa nicaragüense prohíbe a los agentes extranjeros «intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna y externa» o financiar movimientos que desarrollen actividades políticas internas.
La ley nicaragüense, sin embargo, no pone impuesto sobre los fondos recibidos del extranjero por las ONG a como si los carga Bukele.
La defensa de Bukele
El presidente Nayib Bukele defendió su propuesta de Ley de Agentes Extranjeros y aseguró que “es básicamente la misma ley que tienen en Estados Unidos. Allá se llama: Foreign agents registration act”, escribió en Twitter.
“Para ser como los países desarrollados, tenemos que hacer lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen. Si esa ley es buena para los Estados Unidos, ¿por qué no sería buena para nosotros?”, agregó Bukele.
La Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos, promulgada en 1938 exige que ciertos agentes de los mandantes extranjeros que participan en actividades políticas u otras actividades especificadas en el estatuto divulguen públicamente periódicamente su relación con el mandante extranjero, así como sus actividades, recibos y desembolsos en apoyo de esas actividades.
La divulgación de la información requerida facilita la evaluación por parte del gobierno y el pueblo estadounidense de las actividades de dichas personas a la luz de su función como agentes extranjeros.
Según Bukele, la nueva ley “obligará a que haya transparencia en la contratación de agentes extranjeros. Es una ley similar a la que tienen todos los países desarrollados. Están a favor de la transparencia. ¿O no?”.
El mandatario salvadoreño ha mantenido una fuerte crítica a las organizaciones no gubernamentales y fundaciones que ha señalado de delitos que van desde evasión fiscal y de financiar marchas opositoras en septiembre y octubre pasado.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, también del partido de Bukele, dijo sobre la propuesta de ley: “seguimos con la lucha frontal a la corrupción transparentando los fondos externos que reciben fundaciones y oenegés de fachada. Ya no podrán disfrazar de donación la injerencia extranjera”.
Reacciones de preocupación
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y organizaciones no gubernamentales criticaron la propuesta de Bukele.
“En la práctica estas leyes las han ido aprobando gobiernos de corte autoritario cuando ven que el contrapoder o el contrapeso que se les hace viene de la sociedad civil ¿cuál es el temor y por qué se refiere a Nicaragua? En Nicaragua que se aprobó recientemente e inmediatamente fue usada para meter presos s a opositores políticos, esto ha llevado que hay 120 presos políticos incluyendo todos los que iban de candidatos de alternativas al dictador Ortega”, dijo Leonor Selva, directora Ejecutiva de la ANEP a periodistas.
Selva recordó que a casi todos los lideres empresariales nicaragüenses se les han hecho acusaciones vagas de lavado de dinero, cosas que no se han judicializado, solo están detenidos no hay claridad de cuáles son las acusaciones y mucho menos de las evidencias de supuestos delitos.
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Extorsión a lo Bukele
La organización Acción Ciudadana sostuvo en un comunicado que “esta ley tiene una dedicatoria contra las organizaciones sociales”.
“Habría que revisar la que están presentando para ver su alcance y ver qué pretende el gobierno con ella, pero vemos que están siguiendo el guion y lo que quieren es prohibir el financiamiento de las organizaciones que son incómodas”, expuso Acción Ciudadana.
El director ejecutivo de la organización, Eduardo Escobar, sostuvo que “el gobierno actúa como las pandillas: el gobierno de Estados Unidos anuncia $300 millones para organizaciones de sociedad civil y el gobierno propone ley que se apodere de $140 millones… Extorsión se llama”.
