*La socióloga y activista de derechos humanos Haydeé Castillo recordó que se realizan elecciones en medio de una crisis de derechos humanos “sin precedentes” en el país centroamericano.
**Organismos internacionales de derechos humanos condenan la falta de garantías a las libertades en el contexto del proceso electoral en el que Daniel Ortega asegurará su cuarto mandato consecutivo.
Expediente Público
Nicaragua realiza elecciones generales este domingo 7 de noviembre bajo un contexto de agravamiento de una crisis de derechos humanos sin precedentes, que inició con la represión de las manifestaciones cívicas en 2018, unos comicios que no son aceptados por una amplia mayoría de países y se desarrollan bajo restricciones a las libertades cívicas y políticas.
Son unas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega busca su cuarto periodo consecutivo junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien se reelegiría por segunda ocasión. Ambos son nuevamente los candidatos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Estamos asistiendo y viviendo una de las peores etapas de la historia de Nicaragua en que la población está sufriendo una permanente tortura, tratos crueles e inhumanos y de una manera sistemática, que es lo que constituye los crímenes de lesa humanidad por parte de una dictadura para con un pueblo completamente desarmado y que no goza de ninguna protección”, denunció la defensora de derechos humanos en el exilio, Haydeé Castillo.
A partir de mayo el régimen intensificó la represión y canceló personerías jurídicas a tres partidos de la oposición, detuvo arbitrariamente a siete precandidatos presidenciales, prohibió la observación electoral y censuró a medios internacionales.
Las elecciones de este 7 de noviembre en Nicaragua se celebran bajo la sombra de un estado de excepción de facto, señaló Castillo.
Lea además: CIDH ante la OEA: Nicaragua celebrará elecciones con imposición de un «Estado policial de facto»
“Nicaragua está llegando a este 7 de noviembre, yo podría decir, en un país roto en su sociedad, roto en su marco institucional, roto en su marco de convivencia que es la Constitución de la República, estamos llegando a una crisis sin precedentes, crisis política y de derechos humanos que ha derivado en una crisis socioeconómica, emocional y humanitaria”, explicó Castillo.
Expediente Público te explica cinco aspectos de esta crisis que vive Nicaragua y que revelan que las elecciones de este domingo no ofrecen ninguna garantía de legitimidad.
I. Detenciones arbitrarias
Los hostigamientos y represión contra cualquier persona considerada como opositora es parte de la estrategia orquestada por el régimen orteguista, desde abril de 2018, para acallar toda voz crítica y se fue intensificando, particularmente este año, debido al contexto electoral.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reconoce que el número de opositores detenidos aumentó a 159 hasta octubre pasado, diez de los cuales permanecen en prisión desde antes de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
Desde fines de mayo, el gobierno de Nicaragua ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluidos siete precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
La inhibición a priori de los precandidatos constituye una violación a los derechos políticos de los detenidos que sufren malos tratos, criminalización mediante procesos judiciales bajo cargos infundados, irregularidades en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia.
“Ha habido una represión sostenida durante tres años y ahorita hemos vivido de mayo a la fecha una de las últimas etapas de la represión donde prácticamente no hay ninguna condición para que el pueblo de Nicaragua pueda ejercer su voto de una manera libre y soberana como lo plantea la constitución de la República”, señaló Castillo.
Un grupo de diez organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civicus, Human Rights Watch, este 3 de noviembre señalaron en un comunicado que el régimen utilizó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz para abrir investigaciones penales contra las personas detenidas desde mayo.
La Ley, aprobada el 21 de diciembre de 2020, restringió el derecho a postularse para cargos públicos de los siete opositores detenidos que se perfilaban como precandidatos presidenciales.
“El pueblo nicaragüense tiene el derecho de ejercer su derecho al voto libremente, sin intimidaciones, y el derecho a postularse y ocupar cargos públicos en condiciones generales de igualdad”, señala el comunicado que también fue firmado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Organización Mundial Contra la Tortura, People in Need, Red Internacional de Derechos Humanos y Women’s Link Worldwide.
La cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos opositores también ensombrece las elecciones de este domingo.
El Consejo Supremo Electoral (CSE), dominado por magistrados sandinistas, sacó del proceso electoral a Ciudadanos por la Libertad (CxL), el Partido de Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador (PC), eliminando el “pluralismo político”.
“De 2007 a la fecha nos despojaron de toda la estructura de participación ciudadana y la sustituyeron por una tal democracia directa que lo que hizo fue constituir una red parapartidaria y paramilitar en torno a la familia dictatorial”, denunció Castillo.
II. Violación a la libertad de expresión y de prensa
El continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente es otro patrón utilizado por el régimen orteguista en Nicaragua que busca perpetuarse en el poder.
Como parte de su estrategia por silenciar al periodismo independiente allanó oficinas de medios de comunicación independiente, entre ellos el diario más antiguo de Nicaragua, La Prensa, cuyo edificio permanece ocupado por agentes policiales.
Lea también: Policía orteguista: el panal de avispas que se heredaría en la futura transición democrática de Nicaragua
El informe correspondiente al mes de septiembre de 2021, elaborado por el diario La Prensa, señala que durante este período se documentaron 104 violaciones a la libertad de prensa, de los cuales el 93% fueron ejecutados por “instituciones y/o funcionarios públicos”.
Como parte de su táctica represiva, el 27 de octubre de 2020, el Parlamento aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, que restringen “severamente la libertad de expresión y de asociación”.
El régimen mantiene encarcelado al periodista Miguel Mora y al periodista deportivo Miguel Mendoza.
Como parte de la censura impuesta el régimen le negó la entrada al país a la periodista Mary Beth Sheridan, corresponsal en México y Centroamericana del Washington Post, quien pretendía cubrir las elecciones generales del domingo 7 de noviembre.
Otro caso reciente ocurrió el 26 de octubre con el periodista hondureño Carlos Pineda, del diario El Heraldo, a quien el régimen también le negó el ingreso al país para dar cobertura al cuestionado proceso electoral.
Las organizaciones Acción Penal, AMARC-ALC, Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, IFEX-ALC, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), PEN Internacional y Voces del Sur, expresaron en un comunicado su “preocupación por los últimos acontecimientos que limitan el libre ejercicio de la prensa, y el recrudecimiento de violación a la libertad de expresión” en Nicaragua.
Los periodistas independientes de Nicaragua no pudieron recibir sus acreditaciones por parte del CSE para dar cobertura a las votaciones, denunciaron las organizaciones.
“Es notorio observar que el gobierno de Nicaragua, tiene como política gubernamental mantener alejada a la prensa nacional independiente y a los medios de comunicación internacionales de la cobertura del proceso electoral 2021”, afirmaron las organizaciones.
En 2018 cuando inició la crisis sociopolítica los periodistas independientes fueron objeto de agresiones físicas, allanamiento de medios, asedio e intimidación durante las coberturas periodísticas que siguen siendo reiteradas junto al robo y destrucción de equipos.
“Desde mayo del 2021 hemos observado que el gobierno de Nicaragua en un intento desesperado por silenciar a todas las voces críticas”, denunciaron las organizaciones.
El 1 de noviembre de 2021 el régimen sufrió un contragolpe cuando la compañía Meta que administra la red social Facebook desarticuló una “granja de troles” sandinista a escasos días de las votaciones del 7 de noviembre.
En total 937 cuentas de Facebook, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram vinculadas al gobierno de Nicaragua y el Frente Sandinista de Liberación Nacional fueron eliminadas por el gigante de redes sociales en octubre.
Posteriormente, YouTube se sumó al cierre de cuentas que hacían propaganda al régimen. Un total de 82 canales de YouTube y tres blogs fueron cerradas, informó Google Alphabet Inc, propietario de la plataforma.
III. Asesinatos y represión
En abril de 2018 en Nicaragua estallaron protestas lideradas por los estudiantes contra el gobierno de Ortega.
El descontento social tuvo su origen en unas fallidas reformas al sistema de Seguro Social, pero que fueron disueltas con una estrategia de represión que dejó al menos 328 personas asesinadas, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Puedes leer: Clima de violencia preelectoral en Nicaragua: anulación de derechos y aumento de asesinatos
“Esta es una dictadura que llegó en 2007 con el plan de no irse nunca más, es una dictadura que ha asesinado no solo a partir de abril, desde antes de abril nosotros contabilizamos asesinatos selectivos en el campo, en el norte de Nicaragua y la Costa Caribe”, dijo Castillo.
El derecho a la memoria, verdad y el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia estatal es un reclamo permanente a la fecha por parte de las víctimas de la masacre de 2018 y bajo este contexto se llevarán a cabo los comicios de este domingo.
“La violación sistemática a los derechos humanos, la violencia de estado, la impunidad y la imposición de una narrativa oficial que exime al Estado y a sus agentes de los crímenes cometidos son parte de las acciones gubernamentales para mantenerse en el poder”, denunció Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en un panel donde compartió con otros defensores.
La CIDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (Oacnudh) en comunicado conjunto condenaron la falta de garantías a derechos y libertades en el contexto del proceso electoral.
“La CIDH y la Oacnudh vienen observando la intensificación de la represión y las afectaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en el marco del proceso electoral”, señalaron ambos organismos de derechos humanos.
IV. Exilio y cierre de espacios democráticos
El incremento de los actos de hostigamiento y agresión contra las personas que participaron en las movilizaciones de 2018 provocó una oleada de nicaragüenses que salieron al exilio para evitar ser detenidos.
Según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) más de 108,000 nicaragüenses salieron de Nicaragua entre 2018 y 2020, huyendo de la crisis sociopolítica.
Puede interesarle: FSLN contará solo los votos en las elecciones generales de 2021 en Nicaragua
La cifra puede ser mayor si se considera la cantidad de periodistas y líderes sociales que tuvieron que salir este año cuando se intensificó la represión en pleno contexto electoral.
Con estas acciones, según Castillo, Ortega cerró la posibilidad de una salida a la crisis y consolidó definitivamente el estado de excepción que rige desde septiembre de 2018.
“Estamos ante una sociedad totalmente golpeada, fracturada, violentada por una pareja y un sistema dictatorial que quiere imponerse por las fuerzas de las armas y a través del terrorismo de estado”, agregó Castillo.
La CIDH, además, ha documentado la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, debido a la intensificación de agresiones, amenazas, hostigamiento, intimidaciones y otros actos de violencia cometidos en su contra.
Líderes religiosos, lideresas sociales, estudiantes, personas excarceladas, las víctimas y sus familiares, así como periodistas y personas trabajadoras de la prensa se han visto obligados a salir del país.
V. Rechazo de la comunidad internacional
Los ojos del mundo, sin duda, estarán sobre Nicaragua este domingo. Países democráticos de la comunidad internacional reiterativamente han llamado al régimen orteguista a realizar elecciones libres justas y democráticas.
El CSE eliminó de la posibilidad de permitir observadores internacionales de gran experiencia como el Centro Carter o la misma Organización de Estados Americanos, pero en su lugar aprobaron el ingreso de “acompañantes electorales” seleccionados por el régimen.
Países como Estados Unidos están presionando por la vía diplomático a Ortega y Murillo para restablecer la democracia en el país centroamericano.
La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó con 387 votos a favor y 35 en contra, la Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Ley Renacer) y solo falta que la firme el presidente Joe Biden.
Lea además: Régimen de Daniel Ortega encarcela a directivos de principal cámara de empresarios en Nicaragua
Estados Unidos ha dicho repetidamente que las elecciones del domingo solamente son una “farsa” montada por el régimen.
La Unión Europea también ha demandado la realización de elecciones que cumplan con estándares aceptados internacionalmente.
«Más me preocupa Nicaragua, que hay elecciones que son completamente un fake”, refirió esta semana el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, durante un encuentro con medios extranjeros en Perú.
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han impuesto sanciones a funcionarios del régimen y el círculo familiar de Ortega y Murillo.
