*Con el respaldo de 15 mil soldados del Ejército, el régimen Ortega-Murillo preparó toda una estructura y sistematización de recursos legales y fuerzas de choque para enviar el mensaje de que el día de las elecciones no permitirá un levantamiento popular similar al de 2018.
**Expertos en seguridad pública explican a Expediente Público lo que puede esperarse en las calles mañana 7 de noviembre.
Expediente Público
Nicaragua se encuentra en cuenta regresiva para unas elecciones presidenciales que podrían desarrollarse bajo una férrea vigilancia militar y sin garantías de libertad y transparencia. Este siete de noviembre al menos 15 mil militares se encuentran preparados, en compañía de la Policía Nacional, paramilitares y otras fuerzas paraestatales, para evitar levantamientos, llenar las calles con intenciones intimidatorias y asegurar votos, según expresaron especialistas a Expediente Público.
«La represión ha jugado y sigue jugando un papel clave en la estrategia de control de los Ortega-Murillo sobre la sociedad nicaragüense desde 2018”, expresó a Expediente Público, Elvira Cuadra, especialista en temas de seguridad.
Los comicios en Nicaragua se realizarán bajo el contexto de represión sistemática, con más de 155 presos políticos, de acuerdo al último informe mensual del Mecanismo para el reconocimiento de presos y presas políticas, y según cifras de Amnistía Internacional que reportan más de 324 personas asesinadas.
Ellos registran que solo en 2021 se han exiliado 100 mil personas adicionales a lo que se contabiliza hasta mes abril 2020, por el reporte mundial 2021 de Human Rigth Watch, de 103.000 ciudadanos que han huido de Nicaragua desde 2018.
Candidatos presidenciales detenidos
Actualmente de los más de 155 presos políticos, 39 fueron detenidos desde mayo de este año; periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes opositores, dirigentes de movimientos sociales, contadores y entre otras personalidades.
También se encuentran detenidos siete precandidatos presidenciales que se encontraban preparándose para hacerle frente a Ortega y Murillo el próximo 7 de noviembre: Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Noel Vidaurre y Medardo Mairena.
Secuestros y allanamientos ilegales ejecutados en altas horas de la noche, instrumentalización del sistema de justicia con el aumento de leyes represivas y el aumento de vigilancia en las calles son algunas de las situaciones que se han constatado antes de los comicios en el país centroamericano.
¿Cómo se verán las calles el próximo domingo? Esta es una pregunta que el jefe del Ejército, general Julio César Avilés Castillo, sancionado por Estados Unidos por su complicidad en la represión contra las protestas sociales del 2018, contestó a medios oficialistas.
Avilés afirmó el pasado 29 de octubre que las calles tendrán una fuerte presencia militar con al menos 15,000 agentes “resguardando a la población”.
Comicios vigilados y turismo electoral
“La policía va a estar tirada en las calles, supuestamente resguardando la seguridad ciudadana, pero van a estar en labores de patrullaje. Lo que vamos a ver más en los municipios y en la ciudad es a los paramilitares de civil, sin andar las armas muy visibles patrullando en camionetas, sobre todo en las casas de la gente que es considerado por ellos opositores al gobierno”, pronosticó Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y crítico al gobierno, asegurando que esto se debe al «terrorismo militar» que el régimen Ortega-Murillo ha instaurado.
La situación actual de Nicaragua «representa el desarrollo de una política de terrorismo de Estado, que tiene como objetivo fundamental intimidar a la población para que se abstenga de salir a la calle a expresar su apoyo a la oposición o su repudio al régimen», afirmó Samcam.
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En una entrevista de Cairo Amador, magistrado vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, dada a medios oficialistas, declaró que en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) estarán trabajando alrededor de 280 mil personas, entre ellas 30 mil son policías electorales previamente.
Los fiscales de los partidos participantes estarán presentes y según Amador, “tienen acceso a todo… tienen capacidad de poner queja o impugnar” los resultados.
Respecto a los “acompañantes electorales” expuso que vendrán 250 personas que estarán distribuidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Samcam aseguró que estos “acompañantes” solo llegan a Nicaragua a hacer turismo político: “No hay observación electoral, hay acompañamiento que al acompañante lo llevan donde quieren. Y si los mantienen hoteles están felices porque, pues vienen a hacer de turismo político”.
Sin observadores electorales creíbles
El régimen sandinista controla al Consejo Supremo Electoral así como al resto de los poderes del Estado. En los comicios de este domingo no participarán misiones de observadores electorales de credibilidad, ya que se les cerró las puertas a la Organización de Estados Americanos (OEA), Centro Carter, la Unión Europea y al resto de organismos internacionales.
También se negó la autorización a los grupos nacionales como Ética y Transparencia (EyT) y al Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE) para vigilar la transparencia de las votaciones.
Al IPADE se le canceló la personería jurídica junto a otras cuatro organizaciones de la sociedad civil al ser acusados, sin presentar pruebas, de que habían financiado las protestas sociales de abril del 2018.
El nacionalismo de Brenda Rocha
El 10 de junio pasado durante una entrevista al canal de televisión venezolano TeleSur, que fue reproducida por el portal gubernamental El19Digital, la presidenta del CSE, Brenda Rocha y el vicepresidente de ese poder del Estado, Cairo Amador, descartaron la participación de misiones internacionales en las elecciones alegando que “nos corresponde” únicamente “a los y las nicaragüenses”, según Rocha.
Por su parte, Amador señaló que se trata de evitar “injerencia extranjera” en los comicios generales de 2021.
“En este año 2021, que es un año electoral ellos han preparado una serie de medidas o de disposiciones represivas que las están organizando incluso desde el año pasado”, evidenció Cuadra.
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Fortalecimiento de medidas represivas
La “operación limpieza”, operativo militar ejecutado hace cuatro años contra los manifestantes, prueba que estas estrategias no han sido construidas por el régimen recientemente, es algo que se ha estructurado y sistematizado desde su retorno al poder en enero de 2007 y el levantamiento del 2018 agudizó la violación de los derechos humanos y marcó la instauración de un régimen dictatorial, según el informe elaborado en el 2020 por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en conjunto a FI Derechos Humanos (FIDH), el cual también afirma que estas situaciones se han agravado a raíz de la pandemia por Covid-19.
Además de la violación constante a la Constitución Política y al sometimiento de los poderes del Estado, también han configurado diferentes fuerzas paraestatales “que actúan de forma coordinada, articulada y bajo la aquiescencia de los agentes estatales en operativos conjuntos o separados y en labores de inteligencia, intimidación y represión”, según Sancam.
El militar en retiro explicó a Expediente Público que estas fuerzas están conformadas por excombatientes, exmilitares, expolicías que por diversas razones dieron de baja.
Coctel peligroso en las calles
También se encuentran entre ellos miembros de instituciones públicas, exreos y de personas que eran integrantes de pandillas.
El Cenidh en el informe elaborado en el 2020 titulado “No nos callarán”, plasmó que una de las demandas constantes al régimen ha sido el desarmar y desmantelar a los grupos armados progubernamentales, debido a “la militarización en las ciudades con la presencia y movilización de policías de línea, antimotines, fuerzas parapoliciales y de choque con comportamiento paramilitar impidiendo el derecho a la libertad de circulación, movilización y expresión”, puntualizó el organismo.
El régimen ha liberado más de 25 mil reos comunes y solo en 2021 han sido tres mil. Una de las últimas que se registra en octubre fue de 1,000: “Van a utilizar a todos estos reos comunes, en parte para hacer patrullaje, pero también para demostrar una masiva presencia en las juntas receptoras de votos en los centros de votación”, dijo Sancam.
Si se pierden las calles, se pierde el poder
“Si se pierden las calles se pierde el poder”, expresó Sancam, contestando la pregunta de “a qué le tiene miedo Ortega y Murillo”: “Esta gente se aterrorizó porque nunca había visto tanta gente en la calle. Cuando la gente se toma las calles, el Frente Sandinista huye. Nunca, nunca, en 42 años anduvieron huyendo”, evidenció.
«Ellos siempre tuvieron el monopolio de las armas, el monopolio de las calles, el monopolio del poder. Y ese monopolio lo pierden en abril, cuando ves manifestaciones, marchas que hay de 300 mil, 400 mil, 700 mil, que es lo que contabilizan en el Día de las Madres”,
Roberto Samcam, militar en retiro
El propósito de toda la preparación y disposición de militar las calles el próximo domingo, según Cuadra es que la gente no tenga ninguna posibilidad de expresarse o expresar su descontento político en el contexto electoral.
