*Con la suspensión casi absoluta de los derechos humanos, civiles y políticos, el registro de actos de violencia política en Nicaragua es complejo.
**A pesar de la represión sistemática del Estado, la protesta social continúa, aunque poco visible, reporta Observatorio Nicaragüense de la Violencia.
Expediente Público
Los asesinatos en el lapso de un año en Nicaragua han experimentado un incremento de 85%, siendo los motivos políticos una de las principales causas de estos crímenes, informó el Observatorio Nicaragüense de la Violencia (ONV).
La masacre contra 12 indígenas en una mina de Bonanza el 23 de agosto; las muertes del líder campesino Ernesto Jarquín a finales de marzo y del excontra José López en febrero, en Mulukukú, y del opositor Norlan Quintero en Siuna, en octubre, todos municipios de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, son parte de una ola de crímenes violentos al estilo de sicarios.
De acuerdo con un estudio presentado por el Monitoreo Azul y Blanco a inicios de 2021, en 2019 se reportaron 101 asesinatos en el área rural y 40 en las ciudades, mientras que en 2020 los crímenes en el campo sumaron 118, pero en las ciudades alcanzaron los 145.
Según datos de la Policía Nacional, en Nicaragua la cifra de muertes violentas que incluyen asesinatos, homicidios y femicidios de 2017 cerró con 431 víctimas, 682 en 2018 y 515 en 2019 y 505 en 2020.
El ONV ha podido determinar la magnitud de los asesinatos políticos en este año electoral en base a monitoreos de reportes policiales, medios y redes comunitarias. Las cifras policiales no brindan mayores detalles.
Los especialistas en la materia subrayan que «un porcentaje de los asesinatos (24 %) fue cometido por grupos de hombres, entonces ahí probablemente hay un trasfondo político que no se puede ver en la evidencia que se ha recopilado”.
Según Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, existen dos posibilidades de este incremento de asesinatos: «La primera es que la violencia política se está extendiendo a formas de delincuencia común por la impunidad que promueve el Estado (con indultos masivos a criminales), y la segunda es que los asesinatos políticos se están encubriendo como asaltos o delitos comunes».
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Policía, paramilitares, simpatizantes y delincuentes
En visitas de campo realizadas por miembros del ONV en las zonas norte del país, han comprobado por medio de entrevistas y grupos focales, que los grupos afines al gobierno actúan bajo tal impunidad, en muchas zonas rurales donde no se reportaban asaltos a viviendas o ingreso de narcomenudeo, ahora los ciudadanos informan que la droga está ingresando a comunidades donde nunca se había registrado este fenómeno.
Por otro lado, el Observatorio denuncia que bandas de civiles motorizados que en el día se movilizan con propaganda pro gobierno, en la noche circulan con total libertad, deteniendo a ciudadanos, solicitando documento de identidad, e incluso robando las pertenencias de los ciudadanos. Ante este tipo de actividad delictiva, la policía no recibe las denuncias o alega no tener personal o recursos disponibles en el momento para perseguir o investigar los actos.
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Capturas y silenciamiento
Los tres principales incidentes de violencia política en 2021 están relacionados a hostigamientos, amenazas y arrestos arbitrarios, estás tres modalidades son dirigidas y ejecutadas por la policía y los simpatizantes pro gobierno, revela el ONV.
Cuarenta y seis detenciones en lo que va del 2021, reporta el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presos y Presas Políticas durante «la escalada represiva del contexto electoral”.
A la vez, el gobierno de Nicaragua que promueve actividades masivas de todo tipo solo prohibió las marchas y mítines públicos para evitar una campaña electoral en la calle, a pesar, de haber cancelado a tres partidos opositores, excusando la medida por las restricciones relacionadas con la pandemia de la Covid-19.
Los mítines políticos públicos fueron suspendidos desde 2018, aunque entre el 31 de diciembre de 2020 y el 27 de octubre de 2021 el Estado ha promovido 513 actividades de aglomeración, 47 de ellas en el rango de la campaña electoral oficial que inició el 24 de septiembre, incluyendo actividades del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), informó el Observatorio Ciudadano Covid-19.
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Quedan valientes
Entre agosto y septiembre de 2021 se realizaron 44 “expresiones de protesta” en Nicaragua, a pesar del clima general de represión y anulación de derechos políticos y manifestaciones públicas, reportó el centro de pensamiento centroamericano Expediente Abierto.
Descripción generada automáticamente“La persistencia de declaraciones públicas y comunicados, sobre todo a partir de septiembre es un indicador de esta vitalidad y resistencia de grupos opositores. Se confirmó una tendencia que se originó antes de la escalada represiva, para ser posteriormente incrementada por su efecto: el rechazo al proceso electoral”, dice el análisis.
Sin embargo, las acciones del Estado contra la oposición, particularmente desde el secuestro selectivo de actores relevantes de la política, sociedad civil y sector privado afecta directamente el número de manifestaciones opositoras, entre enero y abril se realizaron 95 protestas, entre mayo y julio fueron 102 y entre agosto y septiembre, solo 44.
La disminución de estas acciones no debe interpretarse como una desaparición completa del disenso, reitera Expediente Abierto.
Como expresiones de protesta se menciona a actividades de carácter público, como mítines, piquetes, marchas; o actividades más discretas (como declaraciones públicas, ciber acciones, etc.
Reaparece grupo de choque electoral
Lejos del noto bélico tradicional, el FSLN reactivó los otrora “comandos electorales” rebautizándolos como “Unidades de Victoria Electoral”. Frente al contexto electoral que se aproxima, se han incrementado las denuncias contra ellos.
“Están haciendo entrenamientos militares, lo que hace suponer que sí vamos a tener incidentes de violencia política. El escenario que vemos no es tan favorable”, alertó la especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra.
Desde noviembre de 2020, el gobierno de Ortega organiza en los diferentes barrios, pueblos y comarcas de Nicaragua, equipos especiales para supuestamente defender el voto del FSLN y asegurar el tendido electoral en las votaciones de noviembre del 2021, eso a pesar que tiene el control absoluto sobre el aparato electoral.