*La situación de Nicaragua no es prioridad en los principales circuitos políticos de Washington, pero eso no significa que Estados Unidos tolerará a Ortega, explica analista del CSIS, Ryan Berg.
**La OEA se convierten en el principal mecanismo de presión internacional sobre Ortega.
***Berg explica a Expediente Público por qué la Ley Renacer no se aprueba y por qué la Nica Act no se aplica con rigor.
Expediente Público
La cuenta regresiva de las elecciones generales en Nicaragua el 7 de noviembre parecen dejar a la comunidad internacional en un punto muerto, particularmente a los Estados Unidos, donde la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer), está paralizada en el congreso de mayoría demócrata desde agosto de 2021 y cuyo principal arma de presión es cancelar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).
La congresista republicana Elvira Salazar, una de las legisladoras que patrocina la Renacer, acusó públicamente a la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, de engavetar el proyecto, además, pidió a la administración de Biden aplicar con rigor la Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act) , aprobada a finales de 2018, y que debería impedir el acceso del Gobierno de Nicaragua a créditos multilaterales.
El presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo aseguran su supervivencia política a costa de la legitimidad en unas elecciones que la comunidad internacional no toma en serio, pero para Estados Unidos Nicaragua no es prioridad, aunque su mandatario Joe Biden tiene instrumentos de presión poderosos que aún podría usar para presionar al gobierno de Nicaragua, asegura el analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) Ryan Berg, radicado en Washington DC.
Según el politólogo Berg “sabemos lo que va a pasar, van a ganar Ortega y Murillo, pero no se puede hablar de elecciones con una oposición en la cárcel, Estados Unidos sabe esto, hay una ley muy fuerte en el Congreso, la Renacer, que tiene mucho que ofrecer en términos de presión contra el régimen, el problema es que no está en el proceso de pasar a la Cámara de Diputados en este momento, a pesar de que hubo una reunión entre el Comité de Asuntos del Hemisferio Occidental en la que testifiqué”.
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Renacer estancada en manos demócratas
El 21 de septiembre el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes realizó una audiencia, llamada “Una respuesta internacional a la destrucción de Ortega a la democracia en Nicaragua”, donde participaron como testigos, además, de Berg, la esposa del preso político Félix Maradiaga, Berta Valle, y la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, por parte de la fundación Diálogo Interamericano.
La audiencia tuvo como principal objetivo documentar los abusos del régimen y pedir presión de Estados Unidos en conjunto con la comunidad internacional para darle una salida democrática a la crisis nicaragüense.
Hasta el 21 de septiembre Estados Unidos había sancionado a 31 individuos y 8 entidades de gobierno, y anulado 169 visas a funcionarios de Nicaragua.
Sin embargo, “no hay movimiento en estos momentos, no veo un camino ahora para esta ley, porque Nancy Pelosi la tiene en las manos y no muestra un gran interés en adelantarla”, sostiene Berg.
La agenda migratoria de Biden: ¿temor por éxodo nica?
Expediente Público consultó al experto si Estados Unidos prefiere no tocar económicamente a Nicaragua para no provocar una nueva oleada migratoria que repita la situación de Haití o del Triángulo Norte de Centroamérica.
Efectivamente, “el enfoque de la administración es el Triángulo Norte y la migración, a pesar de que los nicaragüenses están llegando más a la frontera sur, pero todavía no hay mucha presión de Biden y el Departamento de Estado contra Ortega-Murillo”, responde.
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Sanciones individuales no causan efecto esperado
“Las sanciones que se vienen aplicando desde 2018 no han generado un efecto disuasivo en el gobierno de Ortega, quien parece dispuesto a asumirlas como daños colaterales. Sin embargo, en términos del Ejecutivo de Estados Unidos hay varias opciones sobre la mesa, más sanciones contra funcionarios del gobierno, personas que han cometido abusos de derechos humanos”, sostiene Berg.
“Tenemos otras opciones poderosas, pero la administración no está dispuesta a usarlas en este momento, con solo 39 sanciones a individuos y empresas nicaragüenses, comparado a 400 en Venezuela, no hay presión necesaria en este momento para hacer algo diferente o un movimiento a la democracia en Nicaragua y proteger los derechos humanos, tal vez con más sanciones y pensar más allá. Las sanciones no son estrategia, es táctica, hay que realizar una estrategia más diplomática que pueda juntarse con este paquete de sanciones”, indica Berg.
“Diría que la administración Biden es un poco más escéptica de las herramientas que tiene Estados Unidos para hacer algo y presionar al régimen de Ortega, frente a esta ola de abusos a los derechos humanos. Quieren utilizar las sanciones y no más herramientas de presión contra el régimen para no parecer tolerantes a este tipo de régimen, para hacer algo, pero no veo voluntad política para algo muy fuerte, el Cafta sería algo radical, como tal vez la Nica Act al máximo, una interpretación que insta a las instituciones multilaterales a no financiar al régimen Ortega-Murillo y también en términos del Covid y la ayuda en la pandemia”, agrega.
El protagonismo lo tiene la OEA
El politólogo también menciona el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) con la Carta Democrática y del nuevo subsecretario para asuntos del hemisferio occidental Brian Nichols, que puede hacer un poco de diplomacia con los países caribeños para expulsar a Nicaragua del organismo continental.
Precisamente, la comunidad americana está más consciente de la situación en Nicaragua, como se vio en el Consejo Permanente de la OEA que, con 26 votos, cuatro abstenciones y ningún voto en contra, aprobó el 20 de septiembre una resolución reiterando la necesidad de liberar a los presos políticos, de reformas electorales, elecciones libres, justas y observadas internacionalmente.
La última resolución también puso en agenda la crisis nicaragüense para la 51 Asamblea General de la OEA, a realizarse en Guatemala entre el 10 y 12 de noviembre, precisamente la semana de las votaciones en Nicaragua.
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Amenazas contra Sullivan
La nominación de Nichols llegó al Congreso el 12 de abril de 2021 y fue confirmado el 13 de septiembre, en sustitución de Julie Chung, su último cargo fue de embajador en Zimbabue entre 2018 y 2021, su experiencia en América Latina se sostiene por su cargo como jefe de misión en la embajada de Estados Unidos en Colombia.
Por otro lado, están los ataques personales de Ortega y Murillo contra el embajador Kevin Sullivan, quien es poco visible en el ambiente público en Nicaragua.
Berg indica que las reacciones fuertes y exageradas contra el embajador Sullivan son conforme a la retórica de Ortega: “necesitamos recordar que el régimen no tiene legitimidad y razón de existir además del poder por poder y la cleptocracia. A esta retórica del régimen de injerencia e imperialismo, tiene un poco de sentido hacer una amenaza a Sullivan para juntar esta amenaza con la retórica del régimen del imperialismo, injerencia de EUA, Europa y otros países de la región por medio del embajador del país más imperialista del mundo, según ellos, identifican a una persona con esta retórica para hacer un poco de amenaza”.
“Yo veo a Sullivan como un diplomático muy tranquilo, no habla mucho de asuntos domésticos de Nicaragua porque sabe que Ortega y Murillo tienen esa retórica de imperialismo e injerencia, sé que trabaja mucho en la sombra, bajo la regla Chatham House, tiene conversaciones privadas para hacer la diplomacia con tranquilidad y con la representación de los Estados Unidos no con una voz muy fuerte, pero con una eficaz a puertas privadas”, precisa.
La regla Chatham House debe su nombre a la sede del Real Instituto de Relaciones Internacionales del Reino Unido, que desarrolló un programa de simposios para temas polémicos, donde los participantes podían hablar públicamente de estos asuntos, pero sin mencionar o identificar a los participantes.
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¿Presionan el gran capital y las multinacionales?
La aprobación de la Nica Act tardó dos años, teniendo a la empresa privada como un importante lobista a favor del régimen para que no se aplicaran sanciones.
A pesar de que la economía de Nicaragua es insignificante para los Estados Unidos, es su principal socio comercial. La inversión extranjera directa en Nicaragua, procedente de empresas de origen estadounidense, suma alrededor de US$3,053 millones entre 2007-2019, según la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense.
Berg explica que hay otras herramientas de presión, aunque el Cafta es la más poderosa, pero también es la más radical, “hay cuotas de importación de varios sectores como el azúcar, donde Estados Unidos ha aumentado la cantidad para Nicaragua, esa es una herramienta pequeña pero afecta a un sector con empresarios importantes y muy ricos, es una acción que puede tomar Biden sin el Congreso, las cuotas están constitucionalmente del Ejecutivo, en un solo día puede disminuir las cuotas del sector textil, por ejemplo, para presionar sin tomar una revisión del tratado”.
Una reducción en las compras no afectaría a muchas personas, pero algunos empresarios muy importantes en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) entenderían que deben tomar una posición en contra de Ortega y realizar más acciones, no solo decir, que están dispuestos a trabajar con la oposición, sino, dejar a Ortega, sostiene el analista.
¿Por qué Nicaragua no importa a Biden?
A pesar de la grave situación de violaciones a los derechos humanos y el orden democrático en Nicaragua, la postura de la administración Biden es menos dinámica que la del gobierno de Trump. Apenas 5 meses después de tomar el poder, el Tesoro sancionó a cuatro funcionarios, incluyendo la hija de Ortega, Camila. En julio, un mes después, anunció la cancelación de visas a cien funcionarios y en agosto a magistrados electorales y partidos colaboracionistas. De ahí no hay más acciones en meses.
La situación de Nicaragua ha salido de la agenda por dos razones, explica Berg. Primero, no toca la política interna como las caravanas de migrantes de sus vecinos del norte centroamericano. El enfoque a la política migratoria es total y consume los esfuerzos de la administración Biden, sobre todo porque la crisis migratoria en la frontera sur y el manejo correspondiente se reflejan en la baja aprobación que registran las encuestas, todo en las encuestas, manifiesta Berg.
Los republicanos podrían usar este tema para ganar escaños en la próxima elección legislativa de mitad de mandato en noviembre de 2022, considera el analista.
En segundo lugar, hay una posición de disminuir la importancia de las políticas de la administración anterior de Donald Trump, entre ellas la llamada troika de la tiranía, que incluía la importancia de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
“Creo que la administración Biden quiere disminuir la importancia de los regímenes autoritarios en su política exterior, para hacer una política más amplia en la región”, concluye el experto.
