* Asesor de Joe Biden asegura que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para que “El Salvador no se convierta en otra Venezuela”.
** “Mantengan alejada su democracia de nuestro país”, le respondió el presidente Nayib Bukele a Washington.
Expediente Público
La advertencia del principal asesor del presidente estadounidense Joe Biden, Juan González, de que harán todo para impedir que “El Salvador se vuelva otra Venezuela”, elevó la tensión con la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, una situación que viene escalando desde hace ya meses.
«A ustedes no les interesa la democracia, sino sus propios intereses nacionales. Lo dijo tu jefe (Biden), en televisión en vivo, luego de que gastaran un trillón de dólares y 20 años de destrucción y muerte en Afganistán. Por favor, mantengan alejada su ‘democracia’ de nuestro país», reaccionó Bukele el sábado 23 de octubre en sus redes sociales, tras las declaraciones de González a la agencia española de noticias Efe, el pasado 22 de octubre en el marco de las recientes visitas a Ecuador y Colombia, junto al secretario de Estado, Antony Blinken.
Estados Unidos ha criticado duramente las inclinaciones autoritarias de Bukele, especialmente desde que el 1 de mayo pasado, su partido Nuevas Ideas, que controla la Asamblea Legislativa, destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, imponiendo a funcionarios afines al mandatario.
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Bukele como Chávez
Además, la administración Biden condenó la decisión de la nueva Sala de lo Constitucional de permitir la reelección de Bukele pese a la prohibición expresa en varios artículos de la constitución salvadoreña.
En la entrevista con Efe, González afirma que «usar la popularidad para debilitar los sistemas democráticos (…) nos preocupa bastante y vamos a trabajar con la comunidad internacional para prevenir que El Salvador se vuelva otra Venezuela”.
“Nosotros hemos visto esa película antes, en lugares como Venezuela, donde alguien usa la popularidad para crear un sistema autoritario, y eso no ha servido al pueblo venezolano muy bien”, agregó González.
La encargada de negocios estadounidense en El Salvador, Jean Manes, dijo en septiembre que su gobierno condenaba la decisión sobre la reelección y sostuvo que es claramente contraria a la constitución salvadoreña.
«Un debilitamiento de la independencia judicial es muestra de una democracia en declive en El Salvador, este declive en El Salvador daña la relación bilateral de Estados Unidos y El Salvador», dijo Manes en septiembre.
Bukele ha pasado de definirse como “un socio confiable” que daba prioridad a sus relaciones con Washington, a una época de duros choques con Estados Unidos (EE. UU.), algo inédito en la política exterior salvadoreña que incluso durante los diez años de gobierno del izquierdista FMLN mantuvo una relación bilateral cordial.
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Consecuencias
El tensionamiento con los Estados Unidos elevó las voces de preocupación en San Salvador.
Eduardo Escobar, director Ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización no gubernamental que promueve la transparencia, explicó a Expediente Público que la rendición de cuentas, el combate a la corrupción e impunidad y la participación ciudadana y el tensionamiento con la Casa Blanca “puede tener consecuencias negativas por el país”.
“El interés que tiene Estados Unidos en el país es que la institucionalidad salvadoreña funcione adecuadamente para poder lidiar con los problemas que le afligen al gobierno estadounidense, que son el tema del narcotráfico, el tema de la migración. Entonces a Washington le interesa que haya una institucionalidad que no sea corrupta y en esa medida también no se vea desbordada por la migración”, explicó Escobar a Expediente Público.
Escobar advierte que este enfrentamiento de Bukele con EE. UU. “puede poner en riesgo al país a sanciones” y una ruptura mayor puede traer “afectación con temas comerciales como el Libre Comercio”.
Sin embargo, este activista ciudadano señala también que lo de Bukele podría ser “simplemente una puesta en escena más del presidente de la República en el sentido de seguirle dando a sus a sus fanáticos esta narrativa de la dignidad nacional El Salvador”.
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Choques con la embajada estadounidense
A Escobar la preocupa que se pueda llegar incluso a declarar como non grata a la encargada de negocios, Jean Manes.
“Existe el riesgo que la encargada de negocios pueda ser expulsada del país. Hasta ese punto podría llegar con ese tipo de declaraciones del presidente, que puede ir escalando hasta ese punto”, explicó Escobar.
La semana pasada, el ministro salvadoreño del Trabajo, Rolando Castro y Manes tuvieron un fuerte encontronazo luego que el funcionario anunciara que presentaría una demanda en Estados Unidos por haber sido incluido en la la llamada lista Engel de personajes corruptos y antidemocráticos.
Manes le respondió que si estaba en esa lista es porque “se lo merece”, y Castro la acusó entonces de ser la “líder de la oposición” salvadoreña y demandó que la administración Biden la cambiara.
Manes ya fue embajadora de Estados Unidos en El Salvador entre 2016 y 2019. Volvió este año como encargada de negocios en lo que fue interpretado como un intento de la administración Biden de lograr un entendimiento con Bukele, pero las tensiones solo han escalado conforme el talante autoritario del mandatario centroamericano se ha ido evolucionando.
Superando a Arena y FMLN
Para la diputada opositora de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro, las declaraciones de Bukele son “desafortunadas”.
«Más en este momento que se encuentra el país, que nos encontramos con tensiones por las decisiones que se han tenido por parte de la presidencia y la toma de instituciones que no permite las separaciones de poderes», dijo Villatoro, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa salvadoreña a Expediente Público.
Villatoro también considera “erróneo que funcionarios se expresen de manera inapropiada de diplomáticos estadounidenses”, como fue el caso del ministro Castro, contra Manes.
Nayib Alberto Bukele Ortiz, de 40 años y empresario, ascendió al poder en junio de 2019, a la cabeza de una alianza de centro-derecha que derrocó a los candidatos de las paralelas históricas de la ultraderechista Arena y el radical de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Tras gobernar entre 1989 y 2019, las dos organizaciones políticas salvadoreñas vieron disminuidas su popularidad por una serie de actos de corrupción, abuso de poder, falta de resultados contra la pobreza e ineficacia ante la violencia de las maras.
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Preocupación por la democracia
Tanto Eduardo Escobar como la diputada Villatoro señalan que las preocupaciones de Estados Unidos tienen que ver con la erosión democrática salvadoreña y las acciones de Bukele contra la separación y el balance de poderes.
“Lo que sucede en El Salvador en términos de democracia le importa a la comunidad internacional, el primero porque ya la comunidad internacional ha abrazado principios universales que han sido aceptados por todos los países, es el tema de democracia y el respeteo de los derechos fundamentales”, señala Escobar.
El director de Acción Ciudadana recordó que “El Salvador tiene obligaciones con la comunidad internacional porque es signatorio de tratados de derechos humanos y tiene compromisos en materia democrática”.
La diputada Villatoro sostiene que “para el gobierno de Estados Unidos es importante la democracia y la separación de poderes y en el caso de Bukele lo que busca es la concentración de poder».
Recordó también que Estados Unidos dio un giro en la cooperación hacia el país en la entrega directa a organizaciones no gubernamentales y no al Estado.
“Con estas declaraciones nos damos cuenta que, definitivamente, es cierto lo que hemos dicho, que se está tomando una mala política exterior por parte del gobierno de El Salvador», agregó la legisladora.
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El Senado rechaza ayuda
Las tensiones con Estados Unidos ocurren en la misma semana que el comité de Asignaciones del Senado norteamericano rechazara la solicitud de la administración Biden de $861 millones en ayuda a los gobiernos del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala.
«Hay poca evidencia de que los altos funcionarios de estos países tengan la voluntad de actuar como socios creíbles de los Estados Unidos para abordar estas y otras causas fundamentales de la migración o para defender el estado de derecho», argumentó el Comité de Asignaciones.
Según el comité senatorial, “las inversiones anteriores de los Estados Unidos no han logrado en gran medida resultados sostenibles en la reducción del tráfico de drogas, la corrupción y violencia relacionadas, o un crecimiento económico equitativo».
El Comité estableció condiciones sobre el 50% de la asistencia para los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras.
La administración Biden había solicitado para El Salvador, 70 millones de dólares de ayuda para el desarrollo, para Guatemala 65.5 millones y para Honduras otros 65 millones.
