*Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) fueron detenidos y acusados de lavado de dinero y realizar actos que «menoscaban la independencia».
**La captura contra los empresarios ocurrió un día después de que el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución sobre la situación de Nicaragua.
***Principal cámara empresarial del país centroamericano considera que la acción constituye un «ataque directo» a la empresa privada
Expediente Público .
En vísperas de las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, el régimen de Daniel Ortega desató una nueva cacería y puso en la mira al sector empresarial del país, ordenando la captura de Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Los acusa por presunto lavado de dinero y realizar actos que «menoscaban la independencia».
Los dos empresarios se convierten en los presos políticos número 38 y 39 del régimen sandinista, detenidos en pleno contexto electoral.
La detención ocurrió un día después que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución sobre la situación de Nicaragua, en la que se acusa al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de organizar unos comicios sin condiciones de transparencia el 7 de noviembre y le demanda la liberación de los detenidos por razones políticas.
Healy se presentó la mañana de este jueves 21 de octubre a las oficinas del Ministerio Público en Managua, la capital, atendiendo una citatoria que le hizo llegar el día anterior la fiscal sandinista Heydi Ramírez Olivas.
Diez minutos después salió de las oficinas de la entidad pública, aduciendo escuetamente que le habían reprogramado la citatoria.
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Policía confirma detención arbitraria
«Me reprogramaron la cita», dijo un preocupado Healy al salir del Ministerio Público, donde llegó fuertemente custodiado por los mismos agentes que posteriormente lo pusieron bajo arresto.
Una breve nota de la Policía Nacional confirma la detención de ambos empresarios, cuyas casas desde la noche del miércoles fueron rodeadas por patrullas.
Vargas también tenía una citatoria del Ministerio Público para presentarse la tarde de este jueves en calidad de «entrevistado», pero fue detenido por la mañana.
La casa de la empresaria Lucy Valenti, quien ha criticado fuertemente la falta de voluntad del régimen para permitir el regreso de las aerolíneas y fortalecer el turismo, también habría estado rodeada de policías la noche de este miércoles, pero no se ha anunciado su captura ni su presencia en la Fiscalía.
Por más de trece años el Cosep mantuvo una cercanía con el gobierno sandinista, mientras estuvo liderada por al ahora preso político José Adán Aguerri, en lo que se denominó un modelo de «diálogo y consenso» y que terminó con la protesta social de abril de 2018.
Cosep: «Acciones represivas del gobierno»
Los empresarios, que en 2018 tuvieron una participación muy activa en el diálogo nacional entre el gobierno y representantes del sector estudiantil y de la oposición, donde la Conferencia Episcopal de Nicaragua actuó como mediadora, fueron acusados por el delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, señala la nota policial.
Igual que al resto de presos políticos del régimen, la Policía acusó a los empresarios de realizar actos que «menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar al injerencia extranjera en los asuntos externos», incluso gestionar y proponer «bloqueos económicos».
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La principal cámara empresarial del país calificó en un comunicado como «ilegal y arbitraria» la detención del presidente y vicepresidente del Cosep.
«Estas acciones represivas del gobierno evidencian un ataque directo al Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua y sus principales dirigentes, lo cual no contribuye a la paz y a la seguridad que todos los ciudadanos anhelamos y tenemos derecho conforme a nuestra Constitución Política», señaló el Cosep en un comunicado.
Cosep, 21 de octubre de 2021
Pidieron democracia y les recetan cárcel
El Cosep demandó la «inmediata liberación» de ambos líderes empresariales y de todos los presos políticos.
«Nicaragua necesita respeto a los derechos humanos y democracia», señaló el empresariado en el comunicado.
Tanto Healy como Vargas tuvieron una participación muy activa en la mesa del diálogo nacional que inició el 16 de mayo de 2018 en el país y que serviría supuestamente para resolver la crisis que se desencadenó el 18 de abril de ese año, por una fallida reforma al Seguro Social.
Healy, siendo presidente en ese entonces de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), participó como delegado por el sector privado en la mesa de diálogo con el Gobierno y apoyó las solicitudes de hacer profundas reformas electorales para adelantar las elecciones en ese momento.
«El tercer punto que vamos a estar pidiendo es la democratización de Nicaragua que significa independencia de poderes, nueva Ley Electoral para que los ciudadanos nicaragüenses puedan salir y ejercer su derecho constitucional de voto y no tener miedo de que nadie en el futuro le pueda robar su voto», dijo en aquél entonces Healy.
Organizaciones demandan su liberación
Diversas organizaciones de la oposición nicaragüense demandaron la inmediata liberación de los empresarios, que se suman a la lista de los más de 150 presos políticos del país.
«El régimen una vez más, a través de sus adeptos, secuestra a Michael Healy, presidente del Cosep, luego de presentarse a entrevista en la Fiscalía, al salir fue interceptado por la policía orteguista. Exigimos su liberación inmediata y se respete su integridad», denunció la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organización que tiene a varios de sus dirigentes presos.
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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia también se sumó al llamado de libertad para ambos opositores, que en los últimos meses se mantuvieron con un perfil bajo ante la ola de arrestos, acusaciones y juicios a activistas sociales, políticos, defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, periodistas y medios de comunicación, empresarios y líderes políticos que se postulaban como precandidatos presidenciales.
La OEA, en la resolución aprobada este miércoles, pidió «adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la 51 Asamblea General».
Esta semana, el tema de las elecciones en Nicaragua también fue abordado en la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) y se espera un pronunciamiento de Luxemburgo, antes de los comicios de noviembre.
Realizan audiencia a los detenidos
En horas de la tarde el Ministerio Público informó de la realización de la audiencia en contra de los empresarios detenidos.
La entidad pública acusadora a través de un comunicado señaló que se presentó un escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales en el que pidieron la ampliación del periodo de investigación y detención judicial contra Healy y Vargas.
«Las solicitudes fueron admitidas por las correspondientes autoridades judiciales, quienes dictaron detención judicial por 90 días para cada investigado» señaló el Ministerio Público en su comunicado 080-2021.
Obispos: Cada nicaragüense debe decidir si vota en elecciones
La Conferencia Episcopal de Nicaragua, a través de un comunicado divulgado este jueves, no llamó a la ciudadanía a votar sino que instó a la población nicaragüense a que «desde el interior e inviolable dignidad de su conciencia», decidan si el 7 de noviembre votan o no.
«Ante la situación que vivimos, cada nicaragüense decida y actúe desde el interior e inviolable dignidad de su conciencia, libremente, para hacer lo que lo que considere más justo y conveniente, en este momento, para Nicaragua», indicó el clero católico.
Las elecciones de Nicaragua se enmarcan en un proceso en el que se ha encarcelado al menos a siete aspirantes presidenciales, no se ha cumplido con la reforma electoral que demandan los países democráticos y se canceló la personalidad jurídica a tres partidos entre ellos el opositor Ciudadanos por la Libertad, Partido Restauración Democrática y Partido Conservador, bajo el argumento de que violaron la Ley Electoral.
