La corrupción en Honduras dejó de tener un carácter artesanal desde la década de los noventa, para tomar la dimensión de una subcultura resguardada bajo un complejo blindaje institucional. Se trata de un sistema que lejos de ser nuevo, pero por su continua evolución, se retrató con mayor contundencia durante el 2018.
Tal es la opinión del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), quien recientemente publicó una investigación que analiza el contexto, las dimensiones y los mecanismos de la corrupción en esta nación centroamericana, catalogada en 2017 por Transparencia Internacional (TI), como el cuarto país más corrupto en Latinoamérica.
De acuerdo a Leticia Salomón, socióloga y fundadora del CEDOH, Honduras cierra un año 2018 muy intenso en el tema de la corrupción, siendo escenario de múltiples denuncias, acciones y reacciones ante casos de gran escala, «la gente vive como a la espera del siguiente escándalo, con la esperanza de conocer nuevos nombres y desentrañar tramas en torno al saqueo de los fondos públicos», comentó.
A pesar que las consecuencias de las acusaciones han sido, hasta ahora, más políticas que judiciales, los casos han evidenciado cómo funciona la corrupción, y ha mostrado el debilitamiento de un Estado que se resiste a adoptar reformas estructurales a favor de una mayor transparencia.
Tal vez nunca antes se sabía con tanto detalle cómo es el funcionamiento de la corrupción, ni se había expuesto de manera exponencial su blindaje, a través del cual se protegen los acusados y que tiene como principal elemento, el contubernio de los tres poderes del Estado.
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Para Salomón, casos como el de la Red de Diputados, de la Caja Chica de la Dama o el de Pandora, sobre todo, han sacudido la legitimidad y el accionar del sistema de partidos políticos, y opinó que el 2018 ha pasado a la historia por la forma en que se desnudó la corrupción y la impunidad en el país.
No obstante, ante su evolución, también ha crecido la lucha contra este fenómeno. La composición de la lucha anticorrupción se modificó a partir del 2015, a raíz de las protestas ciudadanas en contra del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Como resultado de las exigencias populares surgió la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y con ello, la amplificación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la aparición de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción dentro del Ministerio Público (Ufecic), entidades que encuentran en el Congreso Nacional y el Poder Judicial, sus principales opositores.
Desde el 2015, las acusaciones por corrupción han incluido señalamientos sobre todo hacia el poder Legislativo y Ejecutivo, salpicando directamente la administración del Presidente Juan Orlando Hernández, quien mantiene su discurso de «caiga quien caiga», a pesar que hasta la fecha, son pocos los que han caído.
Las investigaciones vertidas en los últimos años, han señalado inclusive a funcionarios y a personas del círculo más cercano del Presidente Hernández, entre ellos, a su excuñado, a más de una veintena de diputados nacionalistas y a la cúpula de la Policía Nacional, acusados por corrupción, algunos de ellos vinculados con redes de narcotráfico.
Estos señalamientos han contribuido para cuestionar aún más la actual administración, que cierra el año con las repercusiones surgidas con la caravana de los emigrantes hondureños -actualmente contenida en Tijuana- y con el escándalo de la captura del hermano del presidente, acusado en Estados Unidos por narcotráfico.
Por su parte, las acusaciones de corrupción en contra de representantes del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación (Libre), también han debilitado a la «oposición» partidista en su legitimidad para colocarse como grupos políticos anticorrupción.
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Lo que el CEDOH enfatiza es que frente a los escándalos, resalta el blindaje en el cual se resguardan los acusados, evidenciando la falta de eficacia y autonomía judicial que impera en el país, señalado por el Índice Global de Impunidad en 2017, dentro de las 12 naciones con más alta impunidad en el mundo.
Uno de los primeros muros que enfrenta la lucha anticorrupción, se encuentra en la fiscalía. Según Gabriela Castellanos, actual directora del CNA, desde el 2015 esta entidad presentó al Ministerio Público, 80 líneas de investigación, en perjuicio de más de tres mil millones de lempiras, pero solo se han judicializado 13 casos, es decir, 67 permanecen engavetados.
Castellanos además comentó a Expediente Público que el CNA tiene conocimiento que el 80% de los actuales congresistas manejan alguna fundación u Organización no Gubernamental (ONG), utilizada para saquear las diferentes instituciones del Estado. Ante dicha afirmación, no resulta extraño que desde el Congreso Nacional se reformen o legislen leyes para fortalecer el blindaje de la corrupción.
Dentro del poder legislativo resaltan casos como el «Pacto de Impunidad», cuando en enero de 2018 se aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto en sus Disposiciones Transitorias, la cual permite a los diputados comprendidos en los periodos desde el 2006, evadir la rendición de cuentas ante la UFECIC/MP y la Maccih, mientras el Tribunal Supremo de Cuentas (TSC) no haya concluido las auditorias correspondientes.
Articulación de los poderes
El CEDOH explicó que el blindaje de la corrupción, evidenciado con mayor fuerza y contundencia en 2018, surge en un contexto de crisis no resueltas y con la carga de los tres episodios (el golpe de Estado de 2009, el movimiento ciudadano anticorrupción del 2015 y la crisis poselectoral del 2017) que desnudaron de forma creciente el deterioro de la institucionalidad estatal, la desintegración del sistema de partidos, la precariedad del Estado de derecho, la complicidad político partidaria, la indefensión ciudadana y el descrédito de los políticos.
Un elemento clave para entender las implicaciones de una crisis de larga data sin resolver y específicamente, el blindaje de la corrupción, es relativo al papel que juegan los tres poderes del Estado, en torno a la articulación en un frente común, comentó Leticia Salomón. La socióloga además resaltó la pérdida de los contrapesos en estos espacios, fundamentales para desarticular este blindaje.
Si bien el CEDOH considera que el sistema de la corrupción se ha edificado desde la transición política de 1980, señala que en los últimos tres períodos se ha institucionalizado un control total de los poderes a través de la corrupción, para alinearse con la voluntad del presidente del poder Ejecutivo.
Es a través de esta dinámica, como Hernández ha podido controlar a los presidentes de los otros poderes del Estado, asegurando en sus cargos a personas incondicionales a él y su proyecto político. Además, si las coyunturas lo exigen, este control también involucra a otras instancias y organismos en teoría independientes, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o el TSC.
Por su parte, los analistas comentaron que el poder Judicial ha jugado un papel clave en la forma en que los corruptos se blindan ante las iniciativas anticorrupción, con lo cual evidenciaron su condición de ente politizado por la mediación partidiaria.
Impacto de la corrupción
Para los académicos, la corrupción es un fenómeno político jurídico que requiere la atención de propios y extraños por las repercusiones que puede tener. Además, es un fenómeno directamente relacionado con el cumplimiento de los derechos humanos, al debilitar el sistema de gobernabilidad y gobernanza, fomentando la impunidad y la desigualdad.
Organizaciones como el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) han cuantificado el impacto económico de la corrupción en el país, calculando en periodos anteriores, que cada año se roba aproximadamente el 13% del Presupuesto General de la República, el cual para el 2019 supera los 260 mil millones de lempiras.
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La corrupción se va volviendo un fenómeno tan cotidiano y constante que, al final, acaba revistiéndose de un manto indeseable de normalidad, puntualiza el estudio realizado por el CEDOH.
Lo anterior coincide con los resultados de una encuesta realizada por Transparencia Internacional, el cual indica que en Honduras, alrededor del 33% de los consultados afirmó haber pagado un soborno durante 2016. El estudio también señala que el 56% de los consultados pagó un soborno en tribunales en ese año, del 21 al 30% lo hicieron en escuelas, hospitales o para obtener un documento de identidad y del 11 al 20% por servicios públicos o a la policía.
En cuanto al apoyo a la denuncia de hechos de corrupción, el 66% de los hondureños afirmó que es socialmente aceptable efectuar una denuncia; sin embargo, en la práctica, pocas personas realmente denuncian hechos de corrupción cuando enfrentan una situación de este tipo.
La corrupción se ha convertido en un problema de seguridad nacional, vinculada directamente a la migración y el narcotráfico, sostuvo Víctor Meza, coordinador del CEDOH. Por lo que fenómenos como la caravana de emigrantes está directamente relacionada con el debilitamiento del Estado a través de sus saqueo.
«A pesar que han crecido los esfuerzos contra la corrupción, todavía hay una tolerancia en la ciudadanía, primero ingenua y después cómplice», detalló.
Tanto para Meza como para Salomón, los desafíos se centran en desmontar su blindaje, reconvertir la crisis del sistema en una oportunidad para reformar los partidos políticos y en crear las condiciones para establecer políticas a largo plazo, con el apoyo de instancias externas e internacionales.
