*Exhortan a la OEA para que realice las presiones diplomáticas y económicas necesarias que obliguen a retroceder al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

Oposición nicaragüense en el exilio llama a comunidad internacional a declarar “ilegítimo y nulo” proceso electoral

*Exhortan a la OEA para que realice las presiones diplomáticas y económicas necesarias que obliguen a retroceder al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

** Emplazan a los países miembros del SICA para que demanden al régimen orteguista a retomar los Acuerdos de Esquipulas que establece la realización de “elecciones libres”.  

***Oposición Democrática Nicaragüense está integrada por opositores en el exilio y otras organizaciones que están en Nicaragua y se mantienen en anonimato ante las amenazas del régimen.  


Expediente Público

Oposición Democrática Nicaragüense, una plataforma conformada por más de una decena de organizaciones opositoras, desde el exilio llamaron a la comunidad internacional a desconocer la “farsa electoral” del próximo 7 de noviembre de 2021 y ejercer las presiones diplomáticas y económicas necesarias contra el régimen de Daniel Ortega, un político que lleva 14 gobernando bajo fuerza y represión el país centroamericano.

En una conferencia de prensa realizada este 7 de octubre en Costa Rica, las organizaciones opositoras señalaron que el proceso electoral que culmina el 7 de noviembre es evidentemente “ilegítimo y nulo” por ser desarrollarse con precandidatos presos políticos, sin observación electoral internacional y con reglas excluyentes impuestas por el régimen.

“Proceso evidentemente ilegítimo y nulo que no reconocemos, en el que se le impide al pueblo nicaragüense elegir democráticamente a sus próximas autoridades”, señala el texto del comunicado dado a conocer por las fuerzas opositoras en el exilio.

Por primera vez, desde el la ola represiva de mayo de 2021, las principales organizaciones de oposición en el exilio dan una muestra de unidad y se han puesto de acuerdo en demandar la ilegitimidad y no reconocimiento de este proceso electoral.

El último intento de unidad opositora ocurrió a lo interno del país en mayo pasado, luego que no se logró concretar un acuerdo entre las principales fuerzas políticas que los llevará unidos en alianza electoral en estas elecciones.

A partir de mayo de 2021, el régimen terminó con “cualquier vestigio de verdadera competencia electoral”, denunciaron las organizaciones opositoras.

El régimen ha encarcelado a siete precandidatos presidenciales, ha forzado al exilio a otros dos y canceló la personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Partido Restauración Democrática (PRD) y Partido Conservador (PC), tres partidos de la oposición.

Ortega, según las organizaciones opositoras, está utilizando su posición como comandante en jefe de la Policía Nacional y del Ejército para “eliminar con el uso de la fuerza a cualquier competidor político” en su intento de consolidar una “dictadura dinástica”.

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La declaración fue firmada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); el Consejo Nacional en Defensa de Nuestras Tierras, Lagos y Volcanes; Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN); Iniciativa por el Cambio; Unión Democrática Renovadora (Unamos); Articulación de Movimientos Sociales; Asociación Médica del Exilio de Nicaragua; Nicaragua Freedom Coalition; la Red de la Asamblea Nicaragüense por la Democracia, entre otras organizaciones.

Además, suscribieron miembros de la Red SOS Nicaragua de Europa, Finlandia, Irlanda, Noruega, Bélgica, Italia, Suiza, Suecia, Francia y Holanda.

“Las condiciones nunca han existido desde que Daniel Ortega no acató la recomendación de la OEA que tenía que hacer unas reformas electorales”, señaló a Expediente Público Luis Fley, presidente del movimiento político Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y precandidato presidencial que se exilió ante las amenazas del régimen.

OEA debe ejercer “presión diplomática”

En la declaración colectiva los firmantes llamaron a la Organización de Estados Americanos (OEA), a suspender a Nicaragua de ese foro regional hasta lograr que se lleven a cabo elecciones que cumplan con estándares internacionales.

El 22 de octubre de 2020, la OEA envió un mensaje claro al gobierno de Ortega para que antes de mayo de 2021 procediera a implementar las reformas electorales necesarias a fin de garantizar elecciones libres, justas y transparentes, de lo contrario los resultados no serían reconocidos.

La resolución titulada “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”, fue aprobada con 20 votos a favor en el marco de la 50 Asamblea General de la OEA.

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Las misiones permanentes de Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Venezuela impulsaron la resolución en la que reiteraron su preocupación por el deterioro de las instituciones democráticas y especial énfasis en la necesidad de modernizar el Consejo Supremo Electoral (CSE), dominado por magistrados sandinistas.

“La dictadura ha incumplido con la resolución de la Asamblea General de la OEA del 22 de octubre del 2020 que demandó reformas electorales coherentes de acuerdo con estándares internacionales, incluyendo la presencia de observadores electorales internacionales y nacionales independientes, que deberían haber sido implementadas a mayo de 2021”, refirieron las organizaciones opositoras en el documento.

Alexa Zamora, miembro del Consejo Político de la UNAB explicó que el llamado es consecuente con el compromiso que tienen con las madres de los 328 asesinados, los más de 150 personas presas políticas y los 108,000 exiliados que provocó la represión del régimen en Nicaragua.

“Ortega ya nos ha demostrado la capacidad que tiene para ejercer violencia, para la brutalidad y también para la persecución, muy probablemente haya una escalada en la persecución hacia las personas que vayan a participar de este proceso electoral (…) Hacemos un llamado a la ciudadanía nicaragüense a resguardarse en sus casas, a tener cuidado, porque para el régimen permanecer en el poder es de vida o muerte”, mencionó Zamora.

Desde mayo a la fecha el régimen Ortega-Murillo ha encarcelado a 37 personas entre ellos siete candidatos presidenciales, periodistas, exdiplomáticos y defensores de derechos humanos.

El senador del partido demócrata, John Hickenlooper, a través de su cuenta de Twitter abogó por la libertad del exdiplomático Francisco Aguirre Sacasa, preso desde el 20 de julio de 2021.

“Es el día 70 de Francisco Aguirre Sacasa en una prisión nicaragüense. El régimen de Ortega lo ha encarcelado por cargos falsos, junto con 150 líderes de la oposición, periodistas y críticos. Tenemos que aumentar la presión”, señaló Hickenlooper.

Otras voces también se sumaron contra del régimen de Ortega, quien en su último discurso atacó a los obispos de la iglesia católica en Nicaragua, a quienes llamó “terroristas”.

“El criticismo peligroso de Ortega a los obispos católicos muestra su miedo a las voces independientes nicaragüenses y su disposición a atacar cualquier oposición. Apoyamos la libertad de religión y libre expresión en todas partes y defendemos a la sociedad civil de Nicaragua”, dijo Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Las reformas del régimen

El 4 de mayo de 2021, la Asamblea Nacional también dominada por diputados del Frente Sandinista conen ayuda de con los partidos colaboracionistas aprobaron las reformas electorales, hechas a la medida de Ortega, y eligieron a los diez magistrados afines al régimen que integran el tribunal electoral nicaragüense.

Dos días después, el 6 de mayo, la OEA emitió un comunicado en rechazo a las reformas electorales y elección de funcionarios afines al partido Frente Sandinista por considerar que esas acciones dieron una “clara ventaja absoluta al partido oficial, en el control de la administración y justicia electoral”.

Según la OEA se eliminaron las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso como lo demanda la oposición nicaragüense y la comunidad internacional.

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“Contraviniendo las resoluciones de la OEA, la dictadura Ortega-Murillo impuso una contrarreforma electoral contraria a cualquier apertura del proceso democrático, resultando en mayores restricciones y opacidad del ya viciado sistema electoral”, mencionan los nicaragüenses exiliados que integran la Oposición Democrática Nicaragüense.

Según los opositores, la OEA debe realizar las “presiones diplomáticas y económicas necesarias” em contra del régimen orteguista.

“Les solicitamos que, en el marco de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de noviembre de 2021 en Guatemala, se convoque a los Cancilleres a realizar una Asamblea General Extraordinaria para aprobar una resolución sobre la ilegitimidad y no reconocimiento de los resultados de la farsa electoral del 7 de noviembre del 2021 y la aplicación del Artículo 21 de la Carta Democrática”, señalaron las organizaciones firmantes.

A finales de 2020, la Asamblea Nacional aprobó un conjunto de “leyes represivas”, inconstitucionales y lesivas de los derechos humanos que Ortega ha utilizado para encarcelar toda voz crítica de su gobierno en los últimos meses.

La activista feminista Ana Quirós, directora ejecutiva del Centro de Información y Servicio de Asesorías en Salud (Cisas) exhortó a los nicaragüenses que están en Nicaragua a no salir de sus casas a votar en las elecciones de 7 de noviembre.

“Hacemos un llamado a el repudio total de la farsa del 7 de noviembre, a quedarse en sus casas quienes están dentro del país y a quienes estamos fuera a mostrar nuestro repudio públicamente, que en Nicaragua las calles estén vacías y que en el resto del mundo las calles muestren el repudio a esta farsa, muestren que ellos están solos”, dijo Quirós.

Piden condena colectiva

Desde la Oposición Democrática Nicaragüense los exiliados también exhortaron a las Naciones Unidas, la Unión Europea y el resto de organizaciones y los países democráticos del mundo, a sumarse a una condena colectiva contra el régimen Ortega-Murillo por la violación sistemática de los derechos humanos de los nicaragüenses.

Afirmaron que es necesario incrementar las sanciones contra las personas responsables de estas violaciones.

El 14 de septiembre de 2021, durante la sesión 48 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 50 gobiernos democráticos emitieron en Ginebra una declaración conjunta señalando la grave situación de derechos humanos y cuestionando fuertemente la legitimidad y credibilidad de las pretendidas elecciones.

Con anterioridad, el régimen ignoró la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 23 de marzo de 2021, que respalda la resolución de la OEA, así como las recomendaciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU sobre las urgentes reformas electorales e institucionales.

Ortega y Murillo han ignorado las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de miembros de la oposición y de personas presas políticas que se encuentran en grave riesgo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) también hizo un llamado al régimen a través de una resolución de Medidas Urgentes para la liberación inmediata de presos políticos, lo cual no cumplieron.

“Algunos hemos logrado salir al exilio para continuar luchando y sabemos que si caemos presos estamos neutralizados como ha sucedido con los que están en la cárcel. Este es otro esfuerzo, la lucha no termina porque están en la cárcel otros dirigentes, hay que retomar la lucha y continuar en las exigencias de que debe haber una salida democrática en Nicaragua”, señaló Fley.

A los países del SICA

Las organizaciones opositoras además demandaron a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que presionen para que haya “elecciones libres” tomando en consideración lo que establecen los Acuerdos de Esquipulas en cuanto a elecciones libres, que el mismo Ortega suscribió.

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“Les solicitamos salvaguardar estos principios, emplazando a la dictadura Ortega-Murillo a cumplir con sus compromisos como estado miembro del SICA”, señalaron.

El último intento de Ortega por apropiarse por la Secretaría Ejecutiva del SICA ocurrió en septiembre pasado cuando a través de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) logró que se convoque a los Estados miembros para emitir una “opinión consultiva con carácter obligatorio” sobre el caso.

Para las organizaciones opositoras de esta plataforma es imperativo el restablecimiento de las libertades constitucionales para todos los nicaragüenses, la realización de una verdadera reforma electoral y elecciones legítimas bajo los parámetros y garantías de la OEA, además del retorno seguro de los exiliados bajo garantías internacionales.

Nemesio Mejía, representante del Movimiento Campesino de Nicaragua se sumó la iniciativa desde el exilio, aduciendo que es imposible prestarse al “juego político” de Ortega.

“Los nicaragüenses debemos analizar y pensar que no nos queda otra opción, ya que los candidatos que representaban la voluntad popular del pueblo están encarcelados, otros candidatos que también representaban la opinión del pueblo están en el exilio, miles de nicaragüenses nos hemos exiliado por una represión de este gobierno”, mencionó Mejía.