*Expediente Público verifica que el mandatario nicaragüense tergiversó la historia relacionada a las elecciones de 1990 cuando Violeta Barrios de Chamorro ganó la presidencia y derrotó al Frente Sandinista.
**En la década de los noventa, después de afirmar que gobernaría “desde abajo”, Daniel Ortega convocó a incontables asonadas en el país.
***Acusó a los obispos de “terroristas” por un supuesto “golpe de Estado”, pero no mencionó que él mismo los invitó como mediadores y testigos del primer diálogo nacional en 2018.
Expediente Público
En su más reciente discurso el presidente Daniel Ortega habló sobre la paz, pero atacó al gobierno de Estados Unidos argumentando que influyeron en las elecciones de 1990 y vendió la falsa idea de que entregó el poder a Violeta Barrios de Chamorro, porque decidió no “aferrarse” al poder.
“Y entregamos, en 1990 entregamos el Gobierno, no podíamos aferrarnos, no debíamos aferrarnos cuando había un voto que no era mayoritario para el Frente”, mencionó Ortega en su discurso que pronunció el 4 de octubre de 2021 durante la conmemoración del natalicio del general Benjamín Zeledón.
En dicho discurso Ortega se fue en contra de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) a quienes volvió a llamar “terroristas” y les acusó de promover un golpe de Estado en el marco del diálogo nacional de 2018.
Ortega además resaltó que durante su gestión ha logrado “multiplicar el empleo, la salud, la educación”, pero no menciona los resultados longitudinales como los del Índice de Progreso Social IPS 2020 que quitan validez a la tesis de progreso económico y enfatizan una persistente desigualdad social.
Expediente Público realizó una verificación del discurso que ofreció Ortega, el político nicaragüense que busca seguir aferrado al poder más allá de 2022.
Elecciones de 1990, triunfo de Violeta Barrios de Chamorro
En vísperas de las elecciones del 7 de noviembre de 2021, el mandatario nicaragüense hizo una remembranza de los procesos electorales de Nicaragua y recordó las de 1990 cuando se alzó como presidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Según Ortega, en las elecciones que de forma adelantada se celebraron el 25 de febrero de 1990 por la insurgencia de los contras, los nicaragüenses ejercieron su derecho al sufragio “aterrorizados” por las amenazas del “imperio”, es decir Estados Unidos por el apoya a la lucha de las fuerzas rebeldes denominadas como Contra.
“Las Elecciones del 90, fue con una pistola en la cabeza, con un cañón en la cabeza, porque el Gobierno yanqui decía, les decían a los nicaragüenses: Si votan por el Frente, bueno, continuarán las agresiones y las sanciones como llaman ellos, que no son más que agresiones”, dijo Ortega en su discurso.
Ortega, sin embargo, no mencionó que el Frente Sandinista estuvo de acuerdo con ese proceso electoral, al que consideraba un instrumento para legitimar su gobierno revolucionario. En esos comicios, Barrios de Chamorro se alzó como presidenta.
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“El 25 de febrero todos los nicaragüenses dimos nuestro voto por la paz, di mi voto por la paz consciente de que se podían perder las elecciones, pero de qué vale el poder si no se pueden resolver los grandes problemas económicos, sociales. De qué vale el poder si no se logra trabajar en favor del desbloqueo que ha vivido el país en el orden internacional, bloqueo económico y agresión militar”, señaló Ortega en su discurso del 25 de abril de 1990 cuando Barrios de Chamorro era investida como la primera mujer presidenta de Nicaragua.
En los comicios de 1990 Barrios de Chamorro obtuvo el 54.74% de los votos, mientras que el Frente Sandinista obtuvo el 40.82% de los votos escrutados por el tribunal electoral, lo que evidenció la voluntad del electorado nicaragüense, mas allá de encuestas cuestionadas por sesgos metodológicos y políticos.
“Tuvimos un resultado que nosotros entendimos perfectamente bien, lo entendimos. Teníamos el control total del Poder Electoral, pero como revolucionarios, entendiendo que una parte de la población que estaba identificada con el Frente Sandinista, que amaba al Frente Sandinista, llorando fue a votar en contra del Frente, entendiendo que realmente estaban, y con toda razón, aterrorizados”, trató de justificar Ortega en su reciente discurso.
La década de los ochenta estuvo marcada por un decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante seis años consecutivos entre 1984 y 1989. En esa época se produjeron siete caídas de la economía, siendo la más fuerte la de 1988 que fue de 12.4%, según el informe 50 años de Estadísticas Macroeconómicas 1960 – 2009 del Banco Central de Nicaragua (BCN).
El periodo estuvo marcado por guerra y bloqueo económico, alzas en los precios del petróleo y desastres naturales.
Posterior al triunfo de Violeta Barrios de Chamorro, hubo una reactivación económica y ya en 1994 tuvo un crecimiento de 3.3%, siendo factores determinantes el final de la guerra, la cooperación internacional y la reactivación económica.
Gobernando “desde abajo” y promoviendo asonadas
Según Ortega, posterior al triunfo de doña Violeta, no quedó más remedio que entregar el gobierno.
“Y entregamos, en 1990 entregamos el gobierno, no podíamos aferrarnos, no debíamos aferrarnos cuando había un voto que no era mayoritario para el Frente. ¿Y qué dijimos? Vamos a seguir luchando y vamos a luchar y a gobernar desde abajo, ¿con quién? Con el pueblo, con los trabajadores, con los campesinos”, mencionó Ortega.
En los primeros años de la década de los noventa, las movilizaciones que comenzaron como un conflicto laboral, se aproximaron a un “conflicto civil”, como consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes y grupos armados antisandinistas, revela el análisis elaborado por Salvador Martí i Puig, catedrático de ciencias políticas en la Universidad de Girona, España, que fue publicado en el libro “Movimientos sociales en América Latina”.
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Ortega no mintió cuando dijo que gobernaría “desde abajo” y junto a sus seguidores creó inestabilidad en el país y promovió asonadas que dejaron personas fallecidas en el país centroamericano y dificultaban la transición económica y política. Paul Almeida, catedrático de movimientos sociales, identifica que el sandinista diario Barricada dio cobertura a protestas en más de cincuenta municipios entre mayo y octubre de 1990, a solo unos meses de la entrega del poder y el inicio del gobierno “desde abajo”. La tendencia se mantendría durante los próximos años.
Uno de los hechos que causó conmoción nacional ocurrió el 21 de septiembre de 1993 cuando en una de las cruentas protestas alentadas por Ortega en el marco de rechazos a políticas de privatización y estabilización, el subcomandante de la Policía Nacional, Saúl Álvarez fue alcanzado por una bala.
Una de las constantes asonadas organizadas por el Frente Sandinista en la época del gobierno de doña Violeta fue la de los estudiantes reclamando el 6% del presupuesto nacional para las universidades. Organizaciones estudiantiles fueron instrumentalizadas y cooptadas por el partido sandinista para movilizarse frecuentemente a favor de esta importante política educativa, pero que generaba severas dificultades presupuestarias al emergente gobierno.
Las movilizaciones, sin embargo, bajaron curiosamente de ritmo a partir de 1997, después del inicio del pacto entre Ortega y Arnoldo Alemán, que recién había ganado la presidencia por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
“Desde entonces, las movilizaciones masivas contra las políticas neoliberales cedieron lugar a otras protestas, que se centraron en denunciar la impunidad del poder y la falta de transparencia con la que los políticos estaban actuando”, señala Salvador Martí i Puig.
En el marco de protestas contra su gobierno, Ortega prohibió todo tipo de manifestación social en contra de su gobierno. A través de un comunicado del 28 de septiembre de 2018, la Policía Nacional, órgano represor del régimen, declaró “ilegales” las protestas que empezaron con la crisis sociopolítica de abril de ese mismo año. La autoridad advirtió a los organizadores que responderían ante la justicia en caso de continuar convocando a marchas.
“Fíjense, tres gobiernos neoliberales, y no se nos ocurrió a nosotros, teniendo la fuerza para hacerlo y habiendo condiciones incluso subjetivas para hacerlo, porque estaban privatizando, la gente entrando a la pobreza, el hambre; es decir, la corrupción, todo lo que se multiplicaba en este país con la llegada del capitalismo salvaje del neoliberalismo (…) Eran las condiciones óptimas para decir, bueno, vamos a una rebelión y derroquemos a este gobierno. Y podíamos haber derrocado al primer gobierno, y no lo hicimos”, insistió Ortega.
El Frente Sandinista logró captar líderes locales y las demandas de los principales dirigentes sindicales que lideraron en esa época las huelgas para seguir teniendo el músculo político, pero todas esas protestas desaparecieron con el triunfo de Ortega en 2007.
Ortega habla de paz en la Costa Caribe
“En medio de eso fuimos promoviendo la paz y logramos los acuerdos con los pueblos del Caribe, y ahí salieron los acuerdos para la paz, creándose el sistema, el régimen de autonomía para la Costa Caribe de Nicaragua que sigue estando vigente y se ha enriquecido, se ha profundizado, se han reconocido las tierras que le pertenecen a esas comunidades y a esos pueblos con títulos que han sido entregados por nuestro gobierno”, señaló Ortega.
La realidad es que los indígenas viven sumidos en la zozobra y la violencia y sufren de desplazamiento forzado, por incapacidad del régimen o complicidad con grupos de colonos que constantemente viven arrebatando tierras a los indígenas mediante el uso de la violencia.
El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) registró al menos 49 miskitos asesinados entre 2011 y 2020, lo que desmiente el discurso de paz del que habló Ortega y que supuestamente promovió en esa zona del país.
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Según Cejudhcan, en ese periodo también hubo 49 lesionados, 46 secuestros y 4 desaparecidos en las comunidades del Caribe.
Aunque el Estado nicaragüense en 2003 concedió a los indígenas derechos sobre sus tierras mediante la aprobación de la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, siguen enfrentándose a presiones de las recurrentes invasiones de los colonos que se hicieron más evidentes a partir de 2010.
Los indígenas siguen sometidos a reiterados ataques de grupos de colonos que armados invaden los territorios, destruyen las comunidades de estos pueblos y matan a su población.
La masacre más reciente ocurrió el 23 de agosto de 2021 cuando un grupo de 40 colonos armados ingresó al cerro Kiwakumbaih y disparó contra indígenas que trabajaban en una mina artesanal de oro descubierta en la reserva Bosawás. El ataque dejó al menos 13 personas misquitas y mayangna fallecidas lo que sigue contradiciendo el discurso de Ortega. En este último ataque se confirmó además el caso de una mujer y una adolescente violada en el ataque.
Avances económicos y sociales cuestionables
Ortega se jactó de la bonanza económica que supuestamente ha logrado el país desde que volvió al poder en 2007.
“Desde el año 2007 hasta el 2018, fíjense bien, ¿tuvimos cuántos años? Tuvimos 11 años de crecimiento en la economía, de estabilidad, de avance en todos los campos, combate a la pobreza, reducción de la pobreza, avance en programas de salud, de educación”, refirió el mandatario nicaragüense.
La revisión de una década de datos del Índice de Progreso Social (IPS) 2020 para Nicaragua evidencia la incapacidad del país y sus autoridades para satisfacer las necesidades humanas fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses, a pesar del crecimiento económico que caracterizó buena parte de la última década.
Entre 2011 y 2016, el país centroamericano experimentó un crecimiento económico de entre 4.7% y 6.3%, pero después de ese año, 2016, Nicaragua comenzó a sufrir una desaceleración. El dato revela, contrario a lo que dice Ortega, que la actual y deteriorada situación socioeconómica no inició con la crisis sociopolítica de 2018.
“Es una década perdida”, aseveró Jaime García, investigador senior del IPS al presentar los datos sobre Nicaragua el 23 de abril de 2021, enfatizando los grandes atrasos a nivel social, más allá de los abstractos indicadores económicos. El IPS muestra una evaluación por país sobre aspectos como nutrición, vivienda, cuidados médicos básicos, acceso a conocimientos, tolerancia e inclusión, calidad del medio ambiente, sostenibilidad, entre otros.
Las variables de inclusión y acceso a la educación superior son las peores evaluadas, con 39.72 y 35.36 respectivamente sobre una calificación de 100 puntos. Los derechos personales (44.10), la seguridad personal (54.46), y acceso a información y comunicaciones (53.25), le siguen en la baja evaluación. Entre otros factores, estas tres variables podrían estar asociadas a la prolongación de la crisis sociopolítica iniciada en 2018, refiere el informe, pero no deben asociarse únicamente a ella.
Miente sobre Ejército y Policía
El político que busca en las próximas elecciones su cuarta reelección, también se refirió en el discurso al papel que juegan tanto el Ejército de Nicaragua como la Policía Nacional, instituciones cuyos mandos se encuentran sancionados por Estados Unidos y otros países por complicidad con la masacre de civiles manifestantes en las protestas de 2018.
“No podía ser un golpe de Estado, estos que conocemos donde entran los Ejércitos o los policías y las policías, porque aquí Ejército y Policía son el pueblo uniformado defendiendo la paz y la estabilidad del país. No podían contar con ellos para ese golpe”, refirió Ortega.
Los organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional no han encontrado indicios sobre el “golpe de Estado” al que hace alusión el mandatario nicaragüense.
La primera respuesta del régimen orteguista fue el uso de grupos de control paraestatales organizados en la Juventud Sandinista y luego el uso de paramilitares organizados y apoyados por la policía y el ejército.
Entre junio y agosto de 2018 se observaron modos “altamente represivos” durante la denominada “Operación Limpieza”, que consistió en desarticular mediante el uso de la fuerza los tranques que la población había levantado en diferentes lugares del país.
Según Ortega el intento de “golpe de Estado” ocurrió cuando “el país estaba mejor que nunca a lo largo de su historia”.
El 5 de marzo de 2020, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la institución policial por la represión ejercida durante las protestas. “El régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”, expresó en ese momento el secretario Steven T. Mnuchin.
La política de Estados Unidos también está dirigida a responsabilizar a aquellos individuos y entidades que son “facilitadores clave del mal gobierno de Ortega y que cometen graves abusos contra los derechos humanos”. En esa línea el general Julio César Avilés, jefe del Ejército, fue sancionado el 22 de mayo de 2020.
Acusa a obispos del “golpe de Estado”
En 2018, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) actuaron como mediadores y testigos del primer diálogo que inició el 16 de mayo de 2018 convocado por el presidente Ortega.
“Pensaron que era fácil y no les importaba asesinar, como asesinaron, y ahí están los documentos donde en una reunión ahí se presentaron con todos los puntos, ¿para qué? Ahí nos lo plantearon tranquilamente, los señores obispos nos plantearon, ellos, fíjense, los señores obispos. ¿Quién los elige a ellos? ¿Quién los elige?”, cuestionó Ortega.
El mandatario nicaragüense omitió decir que fue él mismo quien invitó el 22 de abril de 2018 al cardenal Leopoldo Brenes y a los obispos para que sirvieran como mediadores y testigos, según recoge una publicación del portal Vatican News.
Los obispos contestaron a Ortega el 24 de abril que aceptaban el rol de mediador de la Iglesia católica.
“Ah, pero ahí ellos, como que fuesen electos, como que fuesen una autoridad electa, y como que tuviesen derechos. ¿Desde cuándo son esas las funciones de un obispo? Nos leyeron el ultimátum donde nos daban 24 horas para dejar el gobierno, entregar el gobierno, entregar el Poder Judicial, entregar la presidencia, entregar el Poder Electoral, entregar la Asamblea Nacional… ¡Entregarlo todo!” puntualizó Ortega en su más reciente ataque contra los obispos.
En el diálogo los obispos presentaron a Ortega una propuesta para democratizar el país, es decir un documento que recogía las principales solicitudes que hacían las organizaciones de la sociedad participantes que se sentaron con el mandatario.
La oposición, en el marco del diálogo nacional, en aquel momento propuso adelantar las elecciones previstas para 2021 y con eso dar fin a la crisis sociopolítica iniciada ese año.
