*La revelación global salpica a un expresidente, a un vicepresidente y a un candidato presidencial hondureño, pero el escándalo está lejos de romper el cerco de impunidad del que goza la élite política
Expediente Público
Un expresidente, un candidato a presidente y un vicepresidente en funciones son los tres personajes de mayor rango en la política hondureña que, hasta ahora, han sido mencionados públicamente por mantener riquezas ocultas a través de sociedades offshore, en la investigación transnacional conocida como “Pandora Papers (los papeles de Pandora)».
Los nombres de Porfirio Lobo (presidente en período 2010-2014), el candidato a la presidencia Nasry Asfura y Ricardo Álvarez, todos del oficialista Partido Nacional, aparecen en la que es considerada la mayor filtración de documentos financieros conocida hasta ahora y que fue dada a conocer bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
“Los líderes actuales y anteriores que han sido propietarios de compañías secretas y fideicomisos (…) incluyen al Rey Abdullah II de Jordania, los primeros ministros de Costa de Marfil y la República Checa, los presidentes de Ecuador, Kenia y Gabón y expresidentes de El Salvador, Panamá, Paraguay y Honduras”, se lee en la página del ICIJ, que durante casi dos años dirigió y organizó la investigación.
“Llamamos al proyecto papeles de Pandora porque esta colaboración se basa en el legado de los papeles de Panamá y los papeles del Paraíso, y el antiguo mito de la caja de Pandora todavía evoca un torrente de problemas y aflicciones”, agrega el sitio web.
En Honduras, el nombre fue asociado con uno de los casos de corrupción icónicos que presentó la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) conocido como Pandora, relacionado con el desvío de fondos públicos destinados a la producción agrícola en zonas empobrecidas del corredor seco y en el que estuvieron involucrados funcionarios y políticos de los partidos Nacional y Liberal.
La impunidad en Pandora y en otros casos sonados de corrupción, explica en parte el bajo impacto que ha tenido la revelación de que políticos hondureños hicieron uso de sociedades opacas en paraísos fiscales, mientras estaban en cargos públicos.
Los papeles de Pandora “agitan la política en América Latina”, pero en Honduras no se investigará y “no pasará nada”, publicó el 5 de octubre en su cuenta de Twitter el candidato a diputado por el Partido Salvador de Honduras (PHS) Roberto Paiz, en un mensaje que resume la sensación de impunidad que prima en este país centroamericano.
Lobo, su esposa, hijo y un exsecretario de Estado
Con la revelación de los papeles de Pandora, el expresidente hondureño Porfirio Lobo sumó la creación de sociedades offshore a los señalamientos de aceptar sobornos del narcotráfico.
En julio de este año fue incluido en la lista Engel, con la que el gobierno de Estados Unidos designa a personas vinculadas con corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica.
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Lobo está señalado de crear al menos tres empresas offshore en Panamá. La primera, Fandrow Investments S. A., en 2005 cuando era presidente del Congreso Nacional, y las otras dos, Tyrell Overseas y Foxearth Investments S. A., en 2010, cuando ya era presidente de Honduras.
Mientras que su esposa Rosa Elena Bonilla, siendo primera dama, tenía al menos desde 2011 un poder general sobre otra empresa offshore, Portalegre Overseas S. A. Bonilla fue incluida también en la lista Engel.
En septiembre de 2019, Bonilla fue condenada a 58 años de cárcel por delitos de corrupción, pero en julio del año siguiente fue liberada después que la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio.
También el hijo del exmandatario, Jorge Lobo, quien es diputado del Congreso Nacional, solicitó en 2015 la creación de la sociedad Inversiones Napoc S. A. de la que era beneficiario final.
A su vez, el exadministrador del Congreso Nacional y exsecretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial en los dos períodos en que Lobo presidió esos poderes del Estado, Wilfredo Cerrato Durón, solicitó en 2015 la creación de Inversiones Vallemar Internacional S.A.
En 2018 Cerrato Durón, exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacén) y padre del actual presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, fue señalado por la Maccih al igual que Ramón Lobo, hermano del expresidente, de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos.
En 2019, un año después de que fueron acusados por el Ministerio Público, ambos fueron favorecidos con un sobreseimiento definitivo.
El “papi” de la basura y los papeles de Pandora
El alcalde de Tegucigalpa y candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, es otra de las figuras relevantes de la política hondureña que figura en los papeles de Pandora.
Según esa investigación, Asfura fue accionista mayoritario de la empresa offshore Karlane Overseas S. A. en Panamá, la cual fue creada en 2006 cuando el político fungía como regidor municipal en la gestión del alcalde Ricardo Álvarez.
Karlane seguía activa en 2018, cuando Asfura se encontraba ya en su segundo mandato como alcalde, y a la fecha sigue vigente, según el sitio opencorporates.com.
No es la primera vez que Asfura se ve involucrado en operaciones dudosas. Una investigación de Expediente Público reveló en abril de 2021 cómo las compañías del alcalde han sido proveedoras del Estado por más de 15 años, aprovechando su posición como funcionario público para acceder a información privilegiada.
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En octubre de 2020, el Ministerio Público solicitó un antejuicio en su contra por el supuesto desvío de más de 28 millones de lempiras (un millón 176 mil dólares) de las arcas municipales, el que fue declarado “ha lugar” por la Corte de Apelaciones de lo Penal.
No obstante, el 1 de junio de 2021 la Sala de lo Penal declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por la defensa del político, revocó de forma temporal la resolución y determinó que antes de una acusación penal el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debe hacer una auditoría especial sobre los fondos cuestionados y emitir un veredicto final. En julio, la misma sala rechazó el recurso de reposición presentado por el Ministerio Público y dejó sin valor ni efecto la solicitud de antejuicio.
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Además de Asfura, su antecesor en la alcaldía capitalina y actual designado presidencial, Ricardo Álvarez, es mencionado también como accionista de una empresa en Panamá que data de 2006, Netplum International Inc. y con la que tiene vínculos al menos hasta 2012.
Ese año, el bufete encargado de su creación tramitó un documento en el que Álvarez y su esposa Lucrecia Mejía son los dos únicos accionistas. Otro documento similar fue expedido en 2016, cuando ya era designado presidencial en el segundo mandato del presidente Juan Orlando Hernández.
También en 2016, el hermano del político, Juan Carlos Álvarez Arias, recibió un poder general de Netplum cuando era presidente ejecutivo de Banhprovi, un banco estatal de segundo piso.
Sobre el caso de las empresas de Asfura en Panamá, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, dijo a Expediente Público que “es parte de la investigación que ya está abierta en el Ministerio Público”, pero que esa línea de investigación aún no está judicializada “porque eso tarda, hay que pedir información a Panamá”.
El fiscal Santos dijo también que “parte de ese dinero pues sí salió para allá”, en referencia a los fondos del fideicomiso de la alcaldía que habrían sido desviados por el alcalde capitalino.
Yankel Rosenthal y las nueve offshore
Otro implicado en la creación de sociedades opacas es el exministro de Inversiones de Honduras en el primer mandato del presidente Juan Orlando Hernández, Yankel Rosenthal.
En octubre de 2015, el también dirigente deportivo fue detenido en el aeropuerto de Miami y ese mismo mes la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la designación de Yankel, su primo Yani y su tío Jaime Rosenthal (fallecido en 2019) y siete compañías como Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados conforme la Ley Kingpin.
Entre esas empresas están las sociedades offshore Shelimar Investments Ltd., Preyden Investments Ltd. y Desland Overseas Ltd. con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
Yankel Rosenthal fue condenado en 2018 a 29 meses de prisión por lavar dinero del narcotráfico, y Yani Rosenthal, quien se entregó en octubre de 2015 a las autoridades estadounidenses y es el actual candidato presidencial del Partido Liberal, estuvo 36 meses en prisión también por lavado de dinero.
La reciente investigación de los papeles de Pandora revela la existencia de otras seis empresas offshore: Inversiones Edyasa BVI Limited, creada en 1993; Delven International Limited y Ralsen Finance Ltd, en 1997; Midas Finance International Limited, de 2006; Esmeralda Investments Holding, de 2013; y R.E.R. Holdings Limited.
En cinco de las nueve empresas Yankel Rosenthal aparece como beneficiario final.
Tras su captura en Estados Unidos y la mención de tres empresas offshore por la Ofac, la firma panameña que las creó, Alcogal, puso fin a su relación comercial con las mismas.
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Políticos que no son hombres de negocios
Aunque no es ilegal abrir una sociedad mercantil, “lo que puede ser ilegal es lo que hagan” con ella, dijo a Expediente Público el economista hondureño Carlos Urbizo.
Y en el caso de los políticos, es cuestionable también es que aun cuando están en un cargo público o son candidatos a cargos de elección popular no declaren esos bienes que tienen fuera de Honduras.
Urbizo expresó también que hay un riesgo potencial de evasión de impuestos con las empresas offshore y amplió que, si una sociedad fuera del país tiene utilidades, pero estas no son distribuidas entonces “no están gravadas en Honduras, lo estuvieron en un tiempo, pero recientemente la ley cambió”.
Entonces, si “en el tiempo que fueron sujetas a la ley” la persona que está en Honduras recibió un beneficio cuantificable que no reportó sí “habría evasión de impuestos”.
Ante el grado de corrupción que ha habido en el país, Urbizo reconoció que “surgen sospechas” cuando un político aparece con este tipo de empresas que podrían catalogarse de irregulares.
Si un hombre de negocios abre una sociedad fuera de Honduras “es porque va a continuar abriendo negocios”,pero cuando es un político que solo ha sido político o se ha dedicado a actividades que no requieren una sociedad en el extranjero “sí va a sospecharse que pueda ser por transacciones que no son lícitas”, añadió el economista.
¿Impacto electoral?
La revelación de la existencia de empresa offshore y los nombres de los funcionarios y exfuncionarios que se han beneficiado de las mismas, entre ellos uno de los candidatos con más posibilidades de alcanzar la presidencia de Honduras en las elecciones generales del 28 de noviembre, no impactará el voto, dijo a Expediente Público el ex fiscal general Edmundo Orellana.
Al menos ese no será el caso con el voto duro, “porque la gente vota por manada”, dijo Orellana, quien tampoco se mostró sorprendido con los papeles de Pandora.
“No me sorprende porque esa ha sido una práctica muy común entre las personas que quieren ocultar ganancias para efectos de no pagar impuestos o bien para lavar dinero, así es que no me sorprende, definitivamente”, dijo el también analista político.
Lo que sí le pareció extraño es que “personalidades de ese nivel, con ese vínculo tan estrecho con el gobernante o con las autoridades” hayan recurrido a sociedades offshore si en Honduras “cuando descubren un acto de corrupción lo que hace el Congreso Nacional es emitir una ley para evitar que las autoridades procedan”.
Ese mecanismo para ocultar riquezas es para quienes residen en países cuyo sistema de control y de justicia son “lo suficientemente efectivos como para castigar estas anomalías”, pero Honduras “es un paraíso para los corruptos”, agregó Orellana.
“Entiendo que algunos de estos casos habían sido del conocimiento de las autoridades y no han hecho nada, sobre todo en el caso de la municipalidad. Este es un caso viejo, que fue conocido incluso por la Comisión de Bancos y Seguros, hay informes al respecto y no hubo denuncia al Ministerio Público”, señaló el ex fiscal general.
La única justicia que ve posible el profesional del derecho podría llegar de la mano del voto independiente, en el caso del candidato presidencial oficialista.
Pero otros factores, dice Orellana, como el temor al comunismo, a los vínculos con países reconocidos como de izquierda o a candidatos “con algún grado de anticuerpos con Estados Unidos”, podrían hacer naufragar el cambio que solo se ve posible en las urnas.
