*¿Cuándo lo harán? ¿Cómo lo harán? y ¿por qué lo harán?, son preguntas sin responder de parte de los presidenciables acerca de su plan anticorrupción
**Los candidatos a la presidencia de los principales partidos políticos no ofrecen un sistema de fomento a la integridad y de prevención a la corrupción permanente
***Tres de los cuatro principales candidatos han tenido problemas con la justicia o han sido investigados por despilfarro de recursos públicos
EXPEDIENTE PÚBLICO
Carcomida por la corrupción, Honduras se apresta a elegir a un nuevo presidente, autoridades legislativas, municipales y al parlamento centroamericano, en las elecciones generales del 28 de noviembre sin que las propuestas de los candidatos, algunos de los cuales han tenido problemas con la justicia, parezcan profundas o se sepa en detalle cómo harán para llevarlas a cabo.
Este país centroamericano convocará a unos 5.4 millones de ciudadanos a unos comicios que definirán la continuidad de un Partido Nacional de Honduras (PNH) que ha gobernado el país en los últimos tres períodos salpicados de escándalos de malversación del erario y narcotráfico; o se decantan por darle oportunidad a una fraccionada oposición que no ha logrado conquistar la simpatía del electorado para lograr la máxima magistratura.
En esta contienda participarán 15 aspirantes, pero solo cuatro se proyectan con posibilidades reales de ganarlas.
El gobernante Partido Nacional postula como candidato presidencial a Nasry “Tito” Asfura, conocido popularmente como “Papi a la orden” y actual alcalde del Distrito Central.
Del lado opositor, quienes se presentan como rivales con mayores posibilidades de derrotar son Xiomara Castro del partido Libertad y Refundación (Libre) y el veterano presentador de televisión, Salvador Nasralla, quien corre por la alianza Unión Nacional Opositora de Honduras (UNOH),conformada por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU/SD) y el Partido Salvador de Honduras (PSH).Le sigue en el orden, Yani Rosenthal, del Partido Liberal.
Estos candidatos solo han hecho esbozos de sus planes de gobierno en materia de lucha contra la corrupción y no han presentado los mecanismos concretos de cómo los piensan desarrollar, cuestionan analistas consultados por Expediente Público.
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¿Qué proponen los candidatos?
Los tres frentes de oposición coinciden en plantear la derogación del Código Penal, un instrumento vigente desde junio de 2020 que redujo penas para delitos contra la administración pública y el crimen organizado, entre otras figuras delictivas. Las organizaciones sociales, gremiales y de sociedad civil le han denominado como “el código de la impunidad”.
También buscan hacer lo mismo con la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como Ley de Secretos, que fue creada en 2015 y permite tener bajo clasificación información pública hasta por 25 años.
Para la eliminación de estos puntos se requiere que el nuevo partido de gobierno también posea mayoría simple (65 diputados de 128) en el Congreso Nacional, algo que actualmente ninguna fuerza política tiene. Después del solio presidencial, la apuesta de los partidos políticos es el control del Congreso Nacional, hacia donde han concentrado también su llamado al voto en línea continua y no de forma cruzada, como ha sido una tradición desde que se aprobó una reforma electoral que incluía el uso de la fotografía y el voto cruzado.
Otra oferta de los partidos consiste en solicitar el establecimiento de una Comisión Internacional para el Combate de la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH) a las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA), en caso de llegar al poder.
Este nuevo organismo internacional reemplazaría a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) que, ayudó al Ministerio Público a judicializar más de una docena de casos de corrupción que arrimaron en los tribunales a decenas de funcionarios, entre estos, parlamentarios.
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El gobierno hondureño y la OEA instauraron la Maccih, que funcionó de 2014 a 2018, pero por disposición del Ejecutivo y con el apoyo de congresistas oficialistas, el mandato no fue renovado, lo que generó fuertes críticas de la sociedad.
El analista y consultor político, Omar García, dijo que, luego de conocer las limitadas ofertas electorales de los aspirantes presidenciables para el adecentamiento de la institucionalidad en el país centroamericano, estas le generan tres preguntas; ¿Cuándo lo harán? ¿cómo lo harán? y ¿por qué lo harán?
Y luego se contestó: “Las propuestas de combate a la corrupción pueden servir en la parte electoral como campaña, pero no hay fondo”. García lamentó que un tema como la lucha anticorrupción se quede corta en el discurso electoral.
A criterio de Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), las propuestas anticorrupción de los candidatos no contienen, por ejemplo, un sistema de fomento a la integridad y de prevención permanente que fortalezcan el Estado de Derecho
«Esa carencia de propuestas profundas genera un panorama desalentador porque uno espera ver traducida todas esas propuestas, toda la convencionalidad internacional en materia anticorrupción, en una lucha propia de cada candidato», expresó Madrid.
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Existen convenciones internacionales contra la corrupción que obligan a que todos los funcionarios sean evaluados de forma permanente, ya sea en resultados de su gestión y manejo de recursos y esto debería de ser parte de los planes de los candidatos, indicó el jurista.
En las propuestas presidenciales, tampoco aparecen las auditorías preventivas, un proceso que permite poner frenos a algunos abusos en el aparato estatal, pero que ha sido abandonado por los gobiernos, y en este proceso electoral, no se vislumbra interés alguno en los presidenciables por retomarlo, acotó Madrid.
«Claramente lo marca la convencionalidad internacional, que (la lucha contra la corrupción) debe ser altamente preventiva y no punitiva», dijo, tras advertir que tampoco se refleja en las agendas proselitistas cuál será la estrategia para vincular en la lucha contra la corrupción al sector privado.
Propuestas idealistas
Uno de los partidos políticos que ha esbozado a grandes rasgos sus planteamientos para un sistema de probidad e integridad, es Libertad y Refundación (Libre), quien más que propuestas, se decanta por declaraciones de principios al hablar de “promover y consolidar, en costumbre, una ética pública de probidad, integridad y honestidad», por ejemplo.
De igual manera, Libre promete que distinguirá al ciudadano u operador de justicia ejemplar y a toda persona que condene con vehemencia al delito. Asimismo, que se investigarán y castigarán al corrupto y corruptor.
Sin detallar de qué se trata, Libre destaca en su propuesta, que dentro de las medidas anticorrupción que acompañarán la derogación del código penal “definir con precisión” las medidas sustitutivas a la prisión preventiva y “proteger el derecho a la denuncia”, así como la investigación y castigo al corrupto y corruptor.
El gerente de campana de Libre, Héctor Zelaya, hijo de Xiomara Castro, ex primera dama, y del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), resaltó a Expediente Público que ese instituto político fue el primero que mostró de forma pública un plan de gobierno que incluye las estrategias anticorrupción, y eso demuestra el interés en materializar las propuestas.
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Pero el pasado de Castro de Zelaya tiene un lunar relacionado al manejo de la cosa pública. El informe 009-2009-DASSJ-PR-C del Tribunal Superior de Cuentas de 2011 señala que cuando ella fue primera dama se detectó un gasto realizado en Nueva York sin documentación soporte de 215 mil lempiras (8,900 dólares) hecho con una tarjeta de crédito asignada a ella.
De igual manera, se identificó que hubo una erogación de 3.2 millones de lempiras (78,800 dólares) para compra de cuadros y esculturas con fondos de Casa de Gobierno para el expresidente Manuel Zelaya o su esposa, Xiomara Castro.
CSJ y MP, el interés de Yani
En el Partido Liberal, donde muchos de sus integrantes, en especial parlamentarios, han sido señalados en actos de corrupción y criminalidad organizada, en especial, narcotráfico, los estrategas del presidenciable Yani Rosenthal, sientan su apuesta anticorrupción en el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ellos apuestan a que los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al igual que los fiscales del Ministerio Público, sean inamovibles de sus cargos para evitar ser destituidos por presiones políticas si no cumplen determinados favores solicitados por los corruptos.
Así lo dejó entrever Arístides Mejía, jefe de campaña del presidenciable liberal, Yani Rosenthal, al asegurar que impulsarán las reformas legales que “sean necesarias” al respecto, indicó a Expediente Público.
«El país quiere una alternancia y un cambio y ese cambio implica que se tiene que hacer reformas de todo tipo, administrativas…somos un gobierno reformista, no un gobierno revolucionario que quiere derribar todas las instituciones para poner unas peores», acotó Mejía.
Con un gobierno con Yani Rosenthal al frente, también se realizarán otros cambios en la legislación porque en muchos casos las leyes han sido usadas “contra enemigos políticos y no contra corruptos”, informó Mejía, aunque no precisó en qué consistiría la reforma. Yani Rosenthal aún no hace público su plan de gobierno.
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Esta intención de modificar el marco punitivo que se quiere hacer, indicó Mejía, es para que no se repitan casos como lo ocurrido en el 2015 cuando el Ministerio Público procedió a incautar 62 bienes propiedad de Yani Rosenthal y otros miembros de su familia, como su padre, el extinto Jaime Rosenthal y su primo, Yankel Rosenthal.
En ese momento, el poderoso clan Rosenthal aseveró que el proceso de privación de dominio de bienes de origen ilícito, fue un acto de “revanchismo político”.
La incautación se realizó luego que Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, designara en el 2015 a los Rosenthal como narcotraficantes, aunque en 2020 sacó de esa lista al extinto Jaime Rosenthal y a cinco de sus empresas.
Yani Rosenthal Hidalgo, hijo de Jaime Rosenthal, pagó una condena de 36 meses en Nueva York de prisión al admitir que participó en transacciones monetarias derivadas del tráfico de drogas. Cumplió su pena en 2020 y ese año regresó a Honduras. Ahora es el candidato presidencial del Partido Liberal.
La propuesta de Rosenthal, según su jefe de campaña y ex ministro de Defensa, también apunta a que dentro de las instituciones se profundizará la enseñanza ética para que los servidores públicos respeten las leyes.
Ministerio Anticorrupción
De lado de la UNOH, el presidenciable Salvador Nasralla, expuso en una transmisión en Facebook que creará la Secretaría Nacional Anticorrupción como entidad bandera para el ataque a este problema.
“Será dotada de recursos e independencia para la materialización de la lucha contra la corrupción”, aseguró Nasralla.
El proyecto de ley de este nuevo ministerio será redactado por equipos de UNOH y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una instancia de sociedad civil muy beligerante en la lucha anticorrupción y contra la impunidad.
También, en los primeros 100 días de gobierno se investigarán los casos de corrupción de los últimos gobiernos que han quedado en impunidad para acusar a quienes dilapidaron recursos públicos y han eludido la justicia, prometió el comentarista deportivo que busca la Presidencia por tercera vez consecutiva. Su anuncio de investigar los casos de corrupción relevantes en tres meses, evidencia el desconocimiento de los procesos que siguen a este tipo de investigaciones.
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Respecto a la instalación de la CICIH, Nasralla acotó que todas las instituciones del Estado deberán de publicar toda la información que este ente requiera, de lo contrario, los funcionarios que se opongan serán despedidos.
Nasralla, quien no ha ocupado ningún cargo público, nunca ha sido señalado por actos irregulares, aspecto que explota en su campaña, al asegurar que solo él tiene la catadura moral para gobernar Honduras.
Silencio nacionalista
El único candidato presidencial que no ha presentado ni esbozado en sus discursos públicos su plan de gobierno a la sociedad en general, y, por ende, no se conoce nada sobre sus ideas para enfrentar la corrupción es el nacionalista Nasry Asfura.
Expediente Público le consultó al secretario ejecutivo del Partido Nacional, Lenin Valeriano, si podía compartir las ideas de Asfura para atacar la corruptela, pero indicó que el candidato mostrará sus propuestas la próxima semana en un evento, por lo que no se pueden difundir antes.
El presidenciable de nacionalista, estuvo a punto de ser sometido a un antejuicio en 2021 por una acusación hecha por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público por los delitos de lavado de activos y malversación de unos 28 millones de lempiras (1.16 millón de dólares) de la comuna. Parte de ese dinero, según la investigación de la Uferco, fueron a dar a empresas del edil capitalino y para pagar gastos y tarjetas de crédito de sus parientes cercanos, entre ellas sus hijas.
Sin embargo, el 1 de junio de 2021, la Sala Penal revocó, de forma temporal, la resolución emitida en febrero por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción que admitía la solicitud de antejuicio solicitada por la Uferco para que Asfura enfrentara cargos por abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales, falsificación de documentos y lavado de activos.
La resolución del tribunal de alzada se debió a que la Uferco tenía que esperar a que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) termine una investigación sobre los supuestos hechos en los que está involucrado Asfura para luego presentar cargos contra él. Mientras ese organismo contralor no emita un informe, el caso queda en suspenso. El TSC tiene siete años para concluir esa investigación, según la reforma hecha a su ley orgánica por el Congreso Nacional.
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Corrupción «cachureca»
La corrupción ha ido de la mano con las tres últimas administraciones dirigidas por nacionalistas. Sonados casos han sacudido la sociedad que ha visto, casi estoica, cómo recursos estatales han sido dilapidados en más de una década.
Para el caso, durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), el Instituto Hondureño de Seguridad Social sufrió un desfalco que ascendió a unos 6,300 millones de lempiras (151 millones de dólares).
Y durante ese mismo periodo, 200 millones de lempiras (8.3 millones de lempiras) que estaban destinados para pequeños productores fueron desviados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería mediante organizaciones no gubernamentales, en su mayoría de fachada, y fueron a dar a cuentas particulares, financiamiento de campañas políticas, pagos de tarjetas de créditos, entre otros. Algunos fondos fueron usados para compras de bienes de particulares y pago a partidos políticos como el Liberal y Nacional.
Mientras, el presidente Juan Orlando Hernández, que gobernó un primer periodo de 2014 a 2018 y está por culminar un segundo mandato de 2018 a 2022, ha sido mencionado en múltiples ocasiones en juicios por narcotráfico en la Corte de Distrito Sur de Nueva York como un colaborador de los capos para «inundar» de cocaína Estados Unidos.
De igual manera, su hermano, el exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández fue condenado en 2020 por la Corte de Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua más 30 años de prisión al ser encontrado culpable de cuatro cargos, incluido el de tráfico de cocaína a Estados Unidos, falso testimonio y posesión de armas de fuego.
Pese a que no se han presentado una acusación contra el mandatario, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, señaló durante este juicio que el presidente fue un socio clave de su hermano, pues, aseguró que a cambio de sobornos hizo que los cuerpos de seguridad del Estado colaboraran en el trasiego de droga. La investigación contra Hernández ya está en proceso y se espera que, al concluir su gobierno, los fiscales estadounidenses oficialicen la acusación en su contra.
Por otro lado, en 2020, año de inicio de la pandemia del covid-19, se suscitó la compra sobrevalorada de siete hospitales móviles para pacientes con coronavirus realizada por el exdirector ejecutivo de la estatal Inversiones Estratégicas de Honduras ( Invest-H).
Los sanatorios fueron adquiridos a la empresa HospitalesMoviles.com de Estados Unidos y sin licitación por 47 millones de dólares, unos 1,138 millones de lempiras, pero de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, el Estado perdió unos 33 millones de dólares, cerca de 800 millones de lempiras por sobrecosto.
La dilapidación de los recursos públicos genera que anualmente se pierdan unos 65 mil millones de lempiras (1,560 mil millones de dólares), de acuerdo al informe; “Estimación del impacto macroeconómico de la Corrupción”, elaborado en 2019 por el Consejo Nacional Anticorrupción y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras.
Asimismo, durante los últimos 10 años, Honduras no ha podido acceder a un nuevo componente de ayuda financiera de la Cuenta de Desafío del Milenio, que otorga Estados Unidos, por reprobar el indicador de Control de Corrupción.
Según el analista, Óscar García, en este procesos electoral sí existirá un voto de castigo contra los nacionalistas, pues esta fallida compra de módulos hospitalarios ha generado muertes de muchas personas, y miles de pacientes no han podido ser atendidos en los mismos porque no reunían los requerimientos para esa función.
Solo el sanatorio móvil de San Pedro Sula, Cortés, al norte del país, se encuentra operando para pacientes afectados con el patógeno. El Ministerio Público abrió una causa por el caso de los hospitales móviles en contra del ex director de Invest-H, Marco Bográn, y el ex administrador, Alex Morales, por los delitos de fraude y abuso de autoridad, entre otros. El juicio oral y público ha sido fijado para el 30 de noviembre, dos días después de las elecciones generales.
Demagogia
Pero el optimismo de Óscar García sobre el voto de castigo, no es compartido en su totalidad por el abogado y también observador político, Josué Murillo, quien consideró que la oposición puede mantener su voto duro, pero al estar dispersa o fraccionada, desalienta a los indecisos y esto favorece al partido de gobierno, el Nacional.
» Si hoy por hoy hubiera un gran partido que se llame Abstencionismo Electoral, ese partido ganaría las elecciones porque son más los que no quieren ir a votar y a esos son los que hay que convencer», expresó Murillo.
Los discursos anticorrupción, remarcó Murillo, han servido, por ejemplo, para que opositores como Nayib Bukele, ganara la Presidencia de El Salvador en 2019, ya que la sociedad está ávida de que se apliquen sanciones contra los corruptos y que en su lugar lleguen personas probas a la administración pública.
Pero Murillo cuestionó que las propuestas de los candidatos hondureños están “sin carne”, es decir, sin estrategia clara de cómo lo harán y, por ende, al final terminan ofreciendo lo mismo que lo corruptos: demagogia.
