*El surgimiento de nuevos partidos políticos se disparó tras el golpe de Estado de 2009 y la reelección presidencial de 2017.
**El nacimiento de nuevos partidos políticos es visto con desconfianza: son señalados por sus bajos resultados en las urnas, el tráfico de influencias, el oportunismo económico y el alineamiento con el poder.
Expediente Público
Honduras celebrará en menos de 70 días sus undécimas elecciones generales con catorce partidos políticos en contienda; sin embargo, para los analistas consultados por Expediente Público, esa participación no significa que este país centroamericano haya alcanzado un verdadero pluralismo político ni una mayor calidad democrática.
En la opinión general, la mayoría de los partidos políticos surgidos en los últimos años sigue los pasos de otros que a lo largo de varios procesos electorales se han beneficiado, de forma abusiva, del financiamiento público y del contubernio con el partido en el poder.
Se les denomina popularmente partidos “de maletín” o de “bolsillo” y “surgen o se reaniman siempre que se acercan las elecciones generales cada cuatro años”, señala el sociólogo Víctor Meza, en una publicación del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), en el que menciona también “su cuestionado origen y finalidad dudosa”.
El porcentaje de votos que obtienen estos partidos ha sido históricamente bajo, pero se han beneficiado de una deuda política desproporcionada en relación a sus resultados en las urnas.
De la transición democrática al golpe de Estado
“Aún los partidos pequeños, que nacieron como reacción crítica frente a la política tradicional del bipartidismo, acabaron por ser furgón de cola de los que aspiraban a sustituir”, con “la búsqueda de beneficios y ganancias particulares en forma ilícita” mediante “el abuso de las instituciones y los recursos públicos”, se lee en el libro Golpe de Estado: Partidos, instituciones y cultura política, publicado por el Cedoh.
Los partidos Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH), participaron en las elecciones generales de 1981, durante la etapa de transición democrática, junto con las organizaciones políticas Liberal y Nacional, además de las candidaturas independientes.
Ambos partidos “jugaron un papel fundamental en esa etapa de la vida política del país y, yo diría, en la consolidación de esa democracia”, dijo a Expediente Público el analista político Efraín Díaz Arrivillaga, quien entonces resultó electo diputado por el PDCH.
“La lucha en aquel momento” era por el rescate de la soberanía en medio del conflicto centroamericano, los derechos humanos, la independencia de los poderes del Estado y la superación de una crisis institucional, y “estos partidos hicieron una contribución importante a eso”, sostuvo.
Sin embargo, reconoce que, en una segunda etapa, “yo diría a partir de 2009”, tras el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya (2006-2009), el PDCH fue mostrando “un alineamiento muy cercano al Partido Nacional”, mientras que el Pinu “ha mantenido una conducta bastante consecuente”.
Al respecto, el Cedoh señala que tanto el PDCH y el Pinu “asumieron igual posición política que los partidos grandes, inaugurándose como partidos pro golpe”.
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Votos y deuda política
La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) aprobada en 2004 disponía que ningún partido podía recibir menos del 15% de la deuda política asignada al partido con más sufragios en las elecciones generales.
En los comicios de 2013, el más votado a nivel presidencial fue el Partido Nacional con más de un millón de votos, por los que recibió 39.7 millones de lempiras (1.6 millones de dólares). Esto permitió que partidos políticos que obtuvieron entre tres mil y seis mil votos recibieran casi seis millones de lempiras cada uno (más de 247 mil dólares) por concepto de deuda política.
En las generales de 2017, el monto para cada uno de estos partidos pequeños incrementó a 9.2 millones de lempiras (380 mil dólares) aunque ninguno alcanzó el 0.5 % del total de votos presidenciales obtenidos en ese proceso electoral.
Ese sería uno de los incentivos para el surgimiento de nuevos partidos políticos, que de cinco en 2005 pasaron a catorce en 2020.
No obstante, en la nueva Ley Electoral aprobada este año “se va a pagar de ahora en adelante por la cantidad de votos que obtenga cada partido y no el 15% del más votado”, dijo a Expediente Público el expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, uno de los redactores de la LEOP y también de la ley actual.
Explicó que “no hay una cantidad establecida” para el valor de cada voto, sino que el mismo será determinado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Dijo que para las elecciones de noviembre fue aprobado un artículo transitorio que estipula que se pagarán 59 lempiras por voto, igual que en los comicios de 2017.
Inicialmente, el pago de la deuda política se determinaba en base al nivel electivo presidencial, pero en una reforma a la nueva Ley Electoral aprobada el 3 de agosto el parlamento determinó que se incluyera al nivel municipal, según el que sea el más votado.
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Inscripción y cancelación de partidos
En la LEOP uno de los requisitos para inscribir a un partido político era contar con una nómina de ciudadanos equivalente al 2 por ciento del total de votos válidos en el nivel presidencial de la última elección general.
Esa disposición se mantiene en la nueva Ley Electoral aprobada este año y equivale a 65,694 firmas, según determinó el CNE con base en las elecciones de 2017, tras las cuales al menos diez partidos políticos solicitaron su inscripción, pero solo cuatro la consiguieron.
Ese 2% es muy superior al total de votos captados por los partidos minoritarios en las urnas y ni siquiera los de mayor antigüedad, es decir PDCH y Pinu, han alcanzado tal cantidad de sufragios en los diez procesos electorales anteriores.
De allí que para el analista Díaz Arrivillaga es difícil valorar si estos partidos recientes han llenado o no todos los requisitos y si “efectivamente están constituidos y organizados” como tales.
Además, al PDCH le tomó doce años lograr su inscripción y al Pinu ocho años, por lo que “la facilidad con que ahora se inscriben”, deja cierta duda si en efecto tienen esa cantidad de seguidores, dijo el analista.
Precisamente, en la LEOP una de las causales para la cancelación de un partido político es que no tuviera el 2% de los votos válidos en un proceso electoral, salvo que obtuviera un diputado en el Congreso Nacional. Ese fue el caso de los partidos Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper) y Alianza Patriótica durante las elecciones generales de 2013, por lo que el órgano electoral les canceló en 2014 la inscripción.
No obstante, tras recibir sendos amparos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó que se les restituyera su inscripción en 2016.
Un año después, Faper cambió su nombre por el de Partido Frente Amplio (El Frente).
Al respecto, los analistas Aguilar y Díaz Arrivillaga coinciden que se trató de una decisión más política que jurídica para favorecer a esos partidos.
Sin embargo, Aguilar aseguró que ese tipo de apelaciones ya no van a llegar a la CSJ, sino que al Tribunal de Justicia Electoral creado en 2019 mediante una reforma constitucional.
“Una de las cosas que nosotros propusimos es que se podía ir en amparo a la Corte Suprema solo en aquellos aspectos eminentemente constitucionales y esto de la permanencia de los partidos no es constitucional”, amplió el exfuncionario.
Sin embargo, en la nueva Ley Electoral no alcanzar el 2% de votos válidos ya no es causal para la cancelación de un partido político.
Esta disposición se contrapone a los argumentos vertidos contra los llamados “partidos de maletín” y el daño que producen al traficar con credenciales o apoyo político, cuestionó la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
“Fácilmente se pueda dar el escenario de uno o varios partidos pequeños recibiendo apoyo financiero de un partido grande para lograr una diputación o alcaldía, a cambio de alineamiento político”, señaló esa organización.
“Con esa reforma que hicieron prácticamente garantizan la supervivencia de esos partidos” y el número de estos “probablemente” seguirá aumentando en los futuros procesos electorales “a sabiendas de que eso les trae ingresos en forma de deuda política y otros financiamientos públicos” que le van a generar una carga al Estado, declaró a Expediente Público el analista político Rafael Jerez.
Recordó también que los partidos pequeños “adonde usualmente llegan a tener representación es en el Congreso Nacional”, donde es más fácil que se produzca una dinámica clientelar.
“Por eso hay muchos miembros de la junta directiva que son de partidos políticos minoritarios que no tienen una carga electoral fuerte” y que son nombrados para apoyar la agenda política del partido oficialista con “uno, dos, tres o cuatro votos” que pueden ser decisivos, dijo Jerez.
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Credenciales desaparecen
Pero el tráfico de credenciales, considerado uno de los principales males de los partidos de maletín, va a desaparecer “en gran parte”, aseguró Augusto Aguilar.
Con la nueva Ley Electoral se aprobó que los cargos principales en las Juntas Receptoras de Votos recaigan en los tres partidos con más votos en la elección anterior, es decir, el Nacional, Liberal y Libre. Los partidos restantes ocuparán las otras dos posiciones de manera rotativa en calidad de observadores.
“Estamos hablando de 36 mil miembros de mesas que le corresponden a los partidos llamados minoritarios”, que distribuidos entre once partidos “sale aproximadamente a unos 3,200 miembros por cada uno de los que sí van a tener (observador) en la Junta Receptora de Votos”, detalló.
Además, “las credenciales desaparecen”, dijo Aguilar. En los comicios venideros, los partidos entregarán al CNE los nombres de los miembros de mesas, cinco propietarios y cinco suplentes, para que se haga su nombramiento y se les incluya en un listado especial que irá en la maleta electoral.
Los partidos post golpe de Estado
En 2009, los partidos políticos en Honduras eran cinco y para 2020 había 14 legalmente inscritos.
«Las presidenciales de 2013 y 2017 confirmaron el final del bipartidismo histórico», señala el libro Encrucijadas de la Democracia en Honduras y América Central.
En esos dos procesos, los partidos Nacional y Liberal sumaron menos del 60% de los votos, lejos del 95% acostumbrado, aunque a nivel municipal su fuerza es contundente con aproximadamente el 90% de las alcaldías ganadas.
Pero este inusitado surgimiento de los nuevos partidos «no significa mayor calidad de la democracia», dijo a Expediente Público el analista político Joaquín Mejía Rivera.
A su juicio, la sociedad hondureña no está completamente preparada para ver toda esa diversidad de partidos de los cuales no se conocen los planes electorales ni propuestas de gobierno, lo que también pasa con los mayoritarios.
Una estrategia de ‘divide y vencerás’
De su lado, el analista político Díaz Arrivillaga considera que los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Anticorrupción (Pac) que se formaron tras el golpe de Estado sí agrupan, en el caso del primero, a un sector disidente del Partido Liberal, mientras que el segundo «es un partido cuyos avances fueron importantes en la democracia».
Expresó que desde siempre “las reglas han sido difíciles para la existencia de nuevos partidos” a los que el bipartidismo ha puesto candados para dificultar su sobrevivencia. Sin embargo, algunos de los requisitos se han relajado “por conveniencia política” ya que el propósito es fragmentar el voto y a los partidos de oposición.
De allí que detrás del surgimiento de más partidos hay una “motivación política” y “no un interés particular de garantizar, efectivamente un verdadero pluralismo y la existencia de partidos reales”.
