*Las inhabilitaciones, la persecución judicial y la ausencia de consenso en torno a la pertinencia de participar en el proceso han ocasionado fisuras en la alianza liderada por Juan Guaidó.
**Las agrupaciones no oficialistas decidieron participar en atención a las presiones generadas desde sus bases, y ante la posibilidad de que algunos dirigentes formaran tienda aparte.
EXPEDIENTE PÚBLICO
Martes 21 de septiembre. Apenas faltan dos días para la finalización del proceso de postulaciones de candidatos a las gobernaciones, alcaldías y cuerpos deliberantes de los estados y municipios en Venezuela. A estas alturas, ya debería existir un cuadro preciso con los aspirantes a cada cargo, tomando en cuenta la decisión inapelable del régimen de Nicolás Maduro, que fijó estos comicios para el domingo 21 de noviembre del 2021.
Sin embargo, Liborio Guarulla continúa sumergido en la incertidumbre. El 11 de septiembre, la coalición opositora intentó inscribirlo como único candidato para el gobierno de Amazonas, una de las entidades más extensas y menos pobladas del país sudamericano, fronteriza con Brasil, en la que él ha sido el máximo representante ejecutivo durante cuatro períodos.
Pero el “sistema” no admitió su nombre, puesto que continuaba “inhabilitado” para aspirar a cualquier cargo electivo, como consecuencia de una sanción impuesta por la Contraloría General de la República en 2017, con una duración de quince años consecutivos.
Guarulla aún conserva la esperanza de que, a última hora, el régimen levante esta prohibición de ser candidato, tal y como ha sucedido con otros líderes que adversan al oficialismo.
En La Guaira (antiguo estado Vargas, ubicado en el centro-norte de Venezuela) súbitamente fue levantada la inhabilitación al médico y exdiputado José Manuel Olivares. Lo mismo sucedió en Carabobo con el exalcalde Enzo Scarano, en Zulia con Manuel Rosales y en el municipio Libertador de Caracas con Tomás Guanipa.
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Inhabilitaciones como instrumentos de exclusión
Según el presidente de la organización civil de observación electoral Súmate, Roberto Abdul, las inhabilitaciones forman parte de un conjunto de medidas aplicado por el régimen para filtrar la participación política.
Las inhabilitaciones son impuestas en dos niveles. El primero y más antiguo, afecta a las personas, a los activistas políticos. Por esta razón, Henrique Capriles (exgobernador de Miranda y excandidato presidencial) no pudo participar como aspirante en este proceso.
Capriles ha sido uno de los más notables. Pero suman cientos en Venezuela. En marzo, el contralor designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, precisó que esta medida fue aplicada a 150 personas entre 2019 y 2020. A esta cifra se debe sumar otras 28, contra diputados electos para la Asamblea Nacional en 2015. Este grupo está encabezado por Juan Guaidó.
La organización Acceso a la Justicia contó otras 1,401 inhabilitaciones del régimen a políticos y exfuncionarios, entre 2002 y 2015, con lo que se trata de una práctica que data desde que Hugo Chávez estaba en el poder en Venezuela (1999-2013).
En la era de Maduro, explicó Abdul a Expediente Público, las inhabilitaciones adquirieron un nuevo nivel, al ser aplicadas por el Tribunal Supremo de Justicia contra partidos políticos de oposición.
¿Intenciones de cambio?
A partir de 2020, esta instancia designada por el oficialismo emitió una serie de sentencias para suspender a las directivas de tres de las cuatro principales toldas opositoras (Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular), y posteriormente entregó los símbolos de estas agrupaciones a dirigentes que propugnaban un entendimiento con el régimen de Maduro.
De igual forma, en 2018 ese juzgado suspendió el uso de la tarjeta que identificaba a la coalición opositora Movimiento para la Unidad Democrática (MUD). Esta sanción fue levantada de improviso en junio de este año.
Pero el oficialismo venezolano se ha cuidado de levantar todas las prohibiciones. Por el contrario, pareciera avanzar de forma selectiva, o según lo descrito por Guarulla, a “cuentagotas”.
Según el exgobernador amazonense, eso ha sido el resultado de un entendimiento entre factores de la oposición que no siguen a Juan Guaidó, en los que figuran el propio Capriles Randonsky y Stalin González como grandes operadores.
El primer gesto, indicó, fue la liberación de 110 presos de conciencia a finales de 2020, ya fuese mediante medidas judiciales o a través de indultos.
“El año pasado, cuando liberaron a los presos, muchos criticaron a Capriles (…) Pero nadie lo había hecho hasta ese momento”, reflexionó Abdul.
En cuanto a las elecciones de noviembre, añadió, el hito más importante fue la designación de un nuevo directorio para el Poder Electoral, en el que fueron incorporados dos representantes no oficialistas, Enrique Márquez y Roberto Picón.
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Órdenes de Miraflores
La falta de independencia de los poderes públicos en Venezuela ha sido observada desde numerosas instancias. Mientras este reporte era elaborado, el Grupo de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas denunció en un informe el uso de los tribunales y del llamado Poder Moral (donde están la Fiscalía y la Contraloría General) como instrumentos para la persecución de quienes adversan al Gobierno o a sus figuras políticas del oficialismo. Igualmente, para encauzar decisiones tomadas desde el Ejecutivo, dándoles apariencia de legalidad.
La comisión de la ONU, por ejemplo, entrevistó a una exmagistrada del Tribunal Supremo nombrada en 2015: “Una de las primeras decisiones que le presentaron fue un proyecto de sentencia para inhabilitar a las personas electas como diputados del estado Amazonas”, reveló la investigación.
Esta sentencia finalmente fue emitida, y con ella la oposición perdió la mayoría calificada que había logrado en la justa electoral de ese mismo año. Según el informe, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, “le ordenó (a la magistrada del TSJ) que decidiera el caso” conforme a los dictados de la presidenta de la Sala Electoral.
La noción de un régimen que, si no gana, arrebata, ocasionó fisuras a lo interno de los partidos políticos de la oposición, con miras en el proceso de noviembre. Esta brecha se extendió hasta la propia coalición de agrupaciones que adversan a Maduro, conocida como G4+.
Encrucijada política
El director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, explicó a Expediente Público que, por una parte, estaban las militancias de base de los partidos opositores, que elevaban demandas a la cúpula de la coalición.
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“Había mucha presión para participar. Esas bases piensan que si no compiten no hacen nada (…) Si no compiten, ese activismo se muda a otros partidos”, advirtió Alarcón.
Recordó por ejemplo que tres alcaldías del este capitalino (Chacao, Baruta y El Hatillo) fueron ganadas por dirigentes surgidos de esas toldas, que se apartaron de las líneas trazadas por las dirigencias nacionales, y ahora buscan la reelección.
En el otro extremo del antimadurismo hay quienes no ven condiciones mínimas para participar en términos competitivos, y no creen en la disposición del régimen para acatar los resultados. De allí que hayan tomado la decisión de no participar en los comicios regionales, a pesar de que la dirigencia encabezada por Juan Guaidó cedió a las presiones de las bases partidistas, y el 31 de agosto anunció que postularía candidatos para las gobernaciones, alcaldías y cuerpos deliberantes de estados y municipios.
En esa línea se encuentra La Causa Radical (partido político de izquierda). Uno de sus máximos dirigentes, Alfredo Ramos, sostuvo que Maduro montó una “estructura fraudulenta” para reducir al mínimo la posibilidad de derrotas electorales, y mitigar sus efectos si es que llegan a concretarse.
Ramos puede hablar desde la experiencia. En 2013, fue electo alcalde de Iribarren, el principal municipio de la capital del estado Lara, Barquisimeto, en el centro-occidente de Venezuela. Cuatro años después, fue destituido por una sentencia del Tribunal Supremo oficialista, que lo declaró en desacato a una orden ejecutiva de arremeter contra los manifestantes que llenaban las calles de esa ciudad, con consignas contra el régimen de Maduro.
Luego, este activista fue encarcelado en celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.
“En 2015, Maduro y el PSUV descubrieron que ya no tenían la mayoría en el país (…) Inmediatamente, se activaron las alarmas. Y por eso se conoce la expresión de Maduro, quien dijo que no iría a un proceso de elecciones para perderlo. Se desató una serie de eventos para burlar la voluntad popular”, recordó Alarcón.
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Denuncias de fraude
La Causa R, un partido con raíces en el movimiento sindical de las industrias básicas de Guayana, tiene a Andrés Velásquez como su principal exponente. En las elecciones regionales de 2017, él optó por la gobernación de Bolívar. Pero esa posición fue asignada a un operador del oficialismo surgido de los cuarteles, el general retirado Justo Noguera Pietri, en medio de denuncias de fraude.
La alteración de la voluntad popular, recordó Ramos, fue verificada pues los testigos de mesa de su partido lograron obtener y cuantificar la totalidad de las actas arrojadas por las máquinas de votación en localidades apartadas e incomunicadas.
La jugada de oficialismo fue reconocida tres años después por uno de los rectores suplentes del Poder Electoral, Juan Carlos Delpino. Pero ya para ese momento no había las condiciones para revertir la situación.
Por eso, La Causa R se deslindó del resto de la oposición con mes y medio de antelación.
Ramos aclaró, sin embargo, que ellos no son “abstencionistas”. Pero no ven cambios sustanciales en las condiciones que hicieron posible los abusos en elecciones previas.
“Este CNE sigue las órdenes de Miraflores. No es producto de ningún acuerdo. Fue una imposición de una Asamblea Nacional no reconocida. Independientemente de que haya dos rectores no oficialistas, a quienes conozco”, afirmó.
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Nicaragua: similitudes en la distancia
Las inhabilitaciones y el riesgo de un fraude son apenas dos factores que han llevado a analistas como Benigno Alarcón a señalar que las elecciones en Venezuela “no son competitivas”.
En contrapeso, la oposición ha intentado promover mecanismos de supervisión internacional a los comicios de noviembre. El 9 de septiembre, la Unión Europea hizo un primer llamado para recibir las aplicaciones de los aspirantes a conformar una “misión de observación” para este proceso.
Según Alarcón, los equipos están trabajando contra reloj. El Poder Electoral y la UE no han llegado a un acuerdo sobre los términos de la misión, y no se pudo llevar a cabo la firma del memo correspondiente, pautada para el miércoles 15.
El experto cree que, en todo caso, no se tratará de una misión de observación sino de un grupo de “asistencia técnica”. Algo similar se negocia con la Organización de Naciones Unidas. En ambos casos, los informes emitidos no serán divulgados. Solo serán conocidos si alguno de los receptores decide filtrarlo a la opinión pública.
Mientras esto sucede en Venezuela, en Nicaragua se desarrolla un proceso de características similares, aunque con matices. Según el politólogo Ricardo Sucre, en ambos territorios aparece “el Estado-partido contra partidos muy disminuidos”.
Ortega más feroz que Maduro
Sucre, sin embargo, observa una arremetida mucho más feroz contra los opositores por parte del régimen de Managua.
En cambio, añadió, en Venezuela existen opositores organizados con un reconocimiento importante de la comunidad internacional. Recordó, por ejemplo, que el representante del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, se reunió con Juan Guaidó luego de haberse entrevistado con Maduro.
Aun así, las inhabilitaciones, la persecución, el uso de los tribunales para menoscabar al disenso político y el abuso de los recursos del Estado forman parte del menú aplicado por los gobernantes de ambos países.
“Venezuela se parece mucho al esquema nicaragüense”, afirmó Alfredo Ramos. Recordó que los opositores del país centroamericano participaron en unos comicios municipales, con la creencia de que así abrirían paso a una competencia justa por el poder presidencial.
“Pero Ortega ha perseguido o encarcelado a casi todos los candidatos presidenciales, porque no va a permitir que alguien le gane por vía de las elecciones (…) Creo que el caso más parecido al venezolano, desde el punto de vista electoral, es el nicaragüense”, sostuvo.
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Estrategias de sobrevivencia política
Para el momento en que este informe era elaborado, aún no estaban definidos los candidatos de la principal alianza opositora venezolana para siete estados.
Como existía el riesgo de que les quitaran la posibilidad de postular, debido al incumplimiento de los lapsos establecidos, las toldas del G4 inscribieron a “candidatos-tapas”, que luego declinarán sus aspiraciones, una vez logrados los consensos necesarios, o cuando se haya dilucidado el futuro inmediato de dirigentes inhabilitados.
Esto sucede en regiones como Miranda, Amazonas, Yaracuy, Trujillo, Aragua, Lara y Apure, de acuerdo con datos aportados por técnicos electorales que asisten a la oposición.
Cuando restan apenas ocho semanas para las elecciones, esta incertidumbre solo favorece al bando de Maduro. Según el presidente de la organización Súmate, aunque el oficialismo está muy disminuido en sus simpatías, acudirá a este proceso como un bloque. Los candidatos opositores, en cambio, dependerán de la concurrencia espontánea de los votantes. Pero según sus cálculos la abstención rondará el 50%.
Existe además la posibilidad de que los candidatos del G4 sean retirados de la contienda a última hora. Una jugada similar a la aplicada por Henrique Capriles durante la fase previa a la elección parlamentaria del pasado 6 de diciembre. En aquella oportunidad, Capriles justificó la decisión en la imposibilidad de lograr la observación internacional.
En este caso, indicó Benigno Alarcón, la decisión también dependerá primordialmente de la posibilidad de que se concrete esa supervisión.
Aún así, quedarán aspirantes que irán hasta el final, contra viento y marea.
