A pesar que en Honduras desde 2016 hay una Ley que regula los fondos públicos y privados destinados para las campañas electorales, el dinero “negro” es imposible rastrearlo cuando se filtra a las campañas políticas.
Expediente Público
La falta de fiscalización o veeduría a los candidatos a cargos de elección popular, han dejado las puertas abiertas para que el dinero del narcotráfico se infiltre de manera fácil en las campañas electorales de los partidos políticos hondureños, desde hace ya varios años.
Honduras sigue sin tener en el panorama las herramientas necesarias para combatir esa penetración del crimen organizado en las más altas esferas del poder político, y que ha tenido resultados negativos para la sociedad hondureña en términos económicos y de seguridad, ha permeado el sistema político democrático, lo que ha generado una falta de confianza hacia la clase política nacional.
Existen fundadas razones para considerar que el dinero que proviene del narcotráfico y del crimen organizado apoya a partidos políticos -aunque la evidencia proporciona que el Partido Nacional es el que más acepta ese tipo de “ayudas”- y sus candidatos en las elecciones primarias de cada uno de los partidos y luego en las elecciones generales.
En una entrevista para Expediente Público, Héctor Silva Avalos, investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, DC, indicaba que “la penetración del narcotráfico en el Estado y todo su aparataje en el caso de Centroamérica inició por medio de las instituciones de fuerza pública, es decir, por la Policía y los Ejércitos en los años ochenta…”.
Mal de vieja data
En esa época se dieron las condiciones sociales y políticas para que Centroamérica se convirtiera en el principal puente marítimo, aéreo y terrestre para el tráfico de drogas desde América del Sur, principalmente de Colombia.
Por su parte, el asesor del presidente de Honduras, Ebal Díaz dijo el 17 de octubre de 2017 en una entrevista para diario La Tribuna que: “Si nos vamos a poner a revisar cómo el crimen organizado permeó a la sociedad en general y cómo puso dinero… puso diputados, puso jueces, muchos cargos en el Ministerio Público y en todas partes… entonces, agarrémonos todos porque aquí hay de todos los colores (políticos)…”.
Evidentemente con ese financiamiento electoral, el narcotráfico ha buscado “la protección de los políticos, pues los narcotraficantes como cualquier organización criminal requieren protección de policías, jueces, políticos, fiscales que permitan que sigan haciendo sus actividades ilegales y que tengan control del territorio”, indica Juan Jiménez Mayor, ex jefe de la Misión contra la Impunidad de Honduras (Maccih).
En entrevista a Expediente Público Jiménez Mayor amplió que de esa forma los territorios se convierten en “la autoridad en zonas del país que son entregadas directamente a narcotraficantes”.
Jiménez expresó que estas vinculaciones no son buenas para la democracia hondureña que ahora tiene inclusive un candidato que ha sido condenado por lavado de activos en Estados Unidos, refiriéndose a Yani Rosenthal, presidenciable del Partido Liberal.
Y sin embargo en las primarias obtuvo la posibilidad de hacerse candidato y “eso no me parece lo más acertado y creo que las personas que tengan este tipo de vinculación y cuestionamiento deberían retirarse de la política”.
Desde los casos que ya son conocidos públicamente, los candidatos financiados por el dinero sucio, una vez electos en el Congreso Nacional, realizan actos favorables a los grupos criminales que les apoyaron para conseguir sus puestos, por ejemplo: promulgar leyes y decretos legislativos que favorezcan el negocio ilícito del narcotráfico, así como disminución de penas carcelarias en caso de ser apresados y condenados. Asimismo, conceden contratos millonarios a las empresas ficticias de sus financistas.
De México a Honduras
El “problema de financiamiento de los partidos y las campañas electorales es un elemento que trastoca el escenario político y ha generado situaciones muy cuestionables”, dice Jiménez Mayor.
Sobre el mismo tema, Silva Avalos indica que: “Por ahí es donde empieza a entrar el dinero del narcotráfico generalmente en el nivel local. Eso se reproduce en México y en la zona norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Y eso a pesar de existir un marco jurídico que regula la financiación, fiscalización y control a los partidos políticos en el tema del financiamiento electoral”.
En la Constitución política en los artículos 49 y 50, en los artículos 49 y 50, del decreto 131, 11 de enero de 1982; también en normativas legales como el Decreto 44-2004 que creó la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en el Título V: “Partidos Políticos”, en su Capítulo IV: “Patrimonio y régimen financiero de los partidos políticos”, artículo 83, describen la “Prohibición de aceptar fondos no autorizados”; y la última que es el Decreto 137-2016, que creó la “Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos”.
Jiménez Mayor expresó que “la idea de fiscalizar las cuentas de los partidos y fiscalizar los procesos electorales desde la perspectiva del financiamiento es sumamente relevante”, y por ello insistieron con la Maccih en la aprobación del Decreto 44-2004.
Reformas al Código Penal
Tal es el caso de las reformas al Código Penal vigentes desde junio de 2020, también denominado el “Código Penal de la Impunidad” por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), y que en sus análisis concluyeron que por ejemplo en el Capítulo XIV, delitos contra la administración pública, “contienen una rebaja desproporcionada de penas en comparación con la legislación actual”.
Esas rebajas penales están dirigidas a delitos de malversación de caudales públicos, fraudes, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y abuso en el ejercicio de la función, tráfico de influencias, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios y prevaricato administrativo.
Dichas rebajas excesivas de penas impuestas, indica el CNA que “solo evidencia que el nuevo Código es una herramienta de impunidad que han aprobado en favor y protección de la cúpula corrupta del país, aspecto que solo demuestra la ausencia de voluntad del Estado en crear políticas que promuevan el combate a la corrupción y la impunidad”.
En la misma línea se pronunció Amnistía Internacional al indicar que: “… en el artículo 311 sobre tráfico de drogas, habrá un retroceso en la persecución de esta clase de delitos de criminalidad organizada, puesto que el nuevo Código Penal fija la pena de prisión atendiendo únicamente al tipo de drogas de que se trate, indistintamente de la tipología de este delito, es decir, independientemente se trate de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico, promueva, favorezca o facilite. Además, que reduce sustancialmente las penas señaladas en la ley especial (4 a 7 años para drogas que no causan grave daño a la salud y 7 a 10 años en los demás casos)”.
Es importante que verifiquen cuánto está gastando cada político: “cuántos helicópteros han contratado para la campaña… El candidato se mueve usualmente en la avioneta. Ahí ¿Quién financia eso? ¿Cuántos vuelos tomó?… la idea es que exista una supervisión y no solamente una auditoría”, recalcó Jiménez Mayor.
Financistas de narcopolíticos
Por ello es que los candidatos electos con dinero del narcotráfico y para devolver los favores a sus financistas aprueban licitaciones de contratos gubernamentales a favor de las empresas o industrias a las que les indican, siendo estos por lo general contratos millonarios y que de esa forma se realizan de forma lícita, o sea, lavando el dinero sucio sin tener un control claro de las contrataciones a empresas que además, no son conocidas y son de recién constitución o algunas que no tienen trayectoria en trabajos del área asignada.
La mayor parte de esas licitaciones arregladas se ha dado en temas de infraestructura como construcciones viales, desarrolladoras de viviendas, edificios de apartamentos de lujo, proveer de materiales de construcción a instituciones públicas, entre otros.Las empresas contratadas, por ejemplo, en tiempos del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) que pertenecían a la familia Rivera Maradiaga, los “jefes” de Los Cachiros, firmaron millonarios contratos. Las empresas fachadas eran Inmobiliaria Rivera Maradiaga (Inrimar), Inversiones Acrópolis S.A. de C.V., Lutopas, Arqdico, Consultorías Mantenimientos y Servicios (Comssa) y Concretos del Norte S. de R.L. para lavar dinero.
Dichos contratos llegaron a la cantidad de casi 500 millones de lempiras, unos 20 millones de dólares, que suscribieron las sociedades mercantiles de Los Cachiros, con varias instituciones y empresas públicas entre 2010 y 2015, según los hallazgos recabados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Además, le pagaron grandes sumas de dinero a cambio de protección y contratos gubernamentales a Porfirio Lobo, al también exmandtario José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y al presidente Juan Orlando Hernández, según se desprende esas declaraciones en los juicios que se les lleva a cabo en Estados Unidos.
