*La presidenta nacional del PLC, María Haydee Osuna, demostró ser fiel a su pacto con el régimen de Daniel Ortega, al presentar recursos para que quitaran la personería jurídica al partido Ciudadanos por la Libertad, CxL.
**La plataforma que se consideraba la vía opositora que quedaba se fue desmoronando en el proceso con sus precandidatos presos.
Expediente Público
En menos de hora y media, el régimen de Daniel Ortega en complicidad con su aliado el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) sacó de la contienda electoral al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), considerado la única vía que podía agrupar a la oposición para las elecciones generales de noviembre del 2021 en Nicaragua.
Amparándose en dos denuncias que presentó el PLC y citando las polémicas leyes aprobadas por el régimen, el Consejo Supremo Electoral (CSE) anuló la personería jurídica del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, el tercero eliminado en el contexto electoral en el país centroamericano.
María Haydée Osuna, presidenta nacional del PLC, acusó a la directiva de la alianza opositora CxL de promover «sanciones» y la «injerencia extranjera» en Nicaragua, siguiendo las acciones con la que el régimen ha encarcelado a unos 30 líderes opositores, incluyendo a seis precandidatos presidenciales.
Las acciones suceden el mismo día que el Senado de Estados Unidos aprobó la Ley Renacer, que establece nuevas sanciones al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y quitaron la visa a 50 funcionarios, entre ellos familiares de diputados progobierno, entre los que hay del Partido Liberal Constitucionalista.
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Tras conocerse la decisión del CSE, este viernes 6 de agosto por la tarde, miembros de Ciudadanos por la Libertad abandonaron la sede de la organización, en el centro de Managua, la capital nicaragüense.
La denuncia de Osuna fue a las 2:30 de la tarde de este viernes y la resolución de los magistrados electorales se informó a las 4:00 p.m.
Los magistrados del tribunal electoral, todos afines al gobernante Frente Sandinista, instruyeron a la Dirección General de Atención a Partidos Políticos para que proceda con los trámites administrativos para los «efectos de esta cancelación», eliminado definitivamente de la elecciones del 7 de noviembre a esta plataforma política.
La denuncia del PLC
Osuna en una carta firmada en su carácter de presidenta nacional y representante legal del PLC denunció que CxL estaba realizando «acciones contrarias» a las obligaciones de los partidos políticos tal y como establece el artículo 59, numeral 6 de la Ley Electoral.
El citado artículo refiere que es «causal de cancelación» el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en los numerales 13 y 14 del artículo 47 de la Ley Electoral, y este último, menciona que son deberes de los partidos políticos no recurrir a la «violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público o impedir el funcionamiento regular de los órganos de administración pública».
Además los partidos políticos, según la ley, no deben «incurrir en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, demanden la aplicación de sanciones económicas en perjuicio del Estado y pidan intervenciones militares».
Anteriormente el CSE canceló la personería jurídica al Partido Restauración Democrática (PRD) y al Partido Conservador (PC).
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Del mismo modo, el Consejo Electoral ordenó cancelar la cédula de identificación ciudadana a nombre de Carmelia María Rogers Amburn, mejor conocida como Kitty Monterrey. Para tal fin instruyó a la Dirección General de Cedulación para que proceda con el trámite. Expediente Público conoció que Monterrey podría ser deportada de Nicaragua en las próximas horas.
Osuna presentó en su denuncia contra el partido CxL aduce que Monterrey como representante legal de CxL no cumplía con lo establecido en el artículo artículo 49, numeral 6, de la Ley Electoral que dice que el nombre de su representante legal y su suplente, «deberán ser nicaragüenses».
«Como hemos dicho, mucha gente no le gusta, pero el Consejo Supremo Electoral como institución del Gobierno es el rector de los procesos electorales, especialista en la materia es el Consejo», declaró Osuna a medios oficialistas al momento de presentar la denuncia.
Milton Arcia: «Puñaladas traperas»
La carta presentada por Osuna está firmada por veinte personas entre las que figuran Rosa Argentina Navarro Sánchez, César Omar Arévalo, Walter Edén Espinoza, Ligia Arauz Pavón, Gabriela Díaz Delgadillo, Álvaro Rivera Herrera, Lester José Flores Mayorga, Christian Roberto López, Martha Auxiliadora López Sánchez, Jorge Alberto Ocampo Martínez, Martha Saraí Martínez, Roberto José Lira Villalobos y Socorro Reyes Lara.
Por último, la lista también la integra el exsuperintendente de pensiones Oscar Martín Aguado Argüello que por años estuvo prófugo de la justicia acusado por actos de corrupción.
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Tras conocerse la decisión del CSE el empresario Milton Arcia, actual candidato a la presidencia del PLC está considerando renunciar por la unilateral decisión de Osuna que presentó la denuncia en contra del partido opositor CxL.
«Casi ya va mi renuncia, no podemos dejar colgada de la brocha a toda la gente, tenemos un partido y no lo podemos dejar colgado solo porque cinco personas estén haciendo lo que quieren como si tuvieran una hacienda. No es decisión del partido, es decisión de cinco personas, incluyendo la presidenta», dijo Arcia a Expediente Público.
Por otro lado, Osuna denunció a CxL de realizar “acciones contrarias a las obligaciones de los partidos políticos”, según el artículo 59, numeral 6. La Ley Electoral establece que los partidos no deben “recurrir a la violencia” y en actos que “inciten a la injerencia extranjera».
El candidato presidencial del PLC, Milton Arcia, amenazó con renunciar a la candidatura por no estar de acuerdo con lo actuado por la directiva del partido, pero su decisión final la informará en los «próximos días».
La Unidad Nacional Azul y Blanco el otro bloque opositor que se consideraba como una de las principales fuerzas para derrocar a Ortega condenó la decisión adoptada por el CSE.
«Desde la Unidad Nacional condenamos las arbitrariedades cometidas por el régimen de Ortega al retirar la personería jurídica a CxL, aun habiendo cumplido con los requisitos jurídicos solicitados por el CSE y las leyes de Nicaragua».
