*El gobernante Daniel Ortega siguió con su enfrentamiento contra Estados Unidos al acusar a ese gobierno de querer “boicotear” las elecciones generales nicaragüenses.
**Consejo Supremo Electoral no informó cuántos ciudadanos constataron estar habilitados para votar el próximo 7 de noviembre. Observatorio independiente Urnas Abiertas documentó una jornada controlada por el gobernante FSLN.
Expediente Público
Las series de irregularidades documentadas por el observatorio ciudadano Urnas Abiertas, integrada por organizaciones sociales independientes y defensores de derechos humanos, durante la jornada de verificación ciudadana que se realizó en Nicaragua los días 24 y 25 de julio, concluyeron que se trató de un proceso marcado por la intensificación del control de todo el sistema por parte del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la persecución contra líderes políticos y la ausencia de organismos de observación internacional.
Al cierre de la jornada no hubo un informe oficial de parte del Consejo Supremo Electoral (CSE), sobre cuál fue el porcentaje de asistencia de ciudadanos a los centros de votación a constatar que están habilitados para votar el próximo 7 de noviembre, cuando están previstas las elecciones generales en el país centroamericano. Aunque, el primer día, el sábado, hubo gran asistencia de nicaragüenses a verificarse en el padrón electoral, el domingo fue menos la afluencia de personas en la mayoría de los municipios del país centroamericanos, según reportes de partidos políticos y del monitoreo independiente.
Urnas Abiertas está conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales de las ciencias políticas, ciencias sociales, de la comunicación y la defensa de los derechos humanos.
“La afluencia ha sido mucho mayor que en años pasados producto de que la gente de alguna manera lo está tomando como un mecanismo de protesta ciudadana y entonces vemos al régimen preocupado haciendo sus anomalías”, analizó a Expediente Público Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, una organización de incidencia política y de monitoreo electoral, a la que le fue arrebatada su personería jurídica en el 2018.
De acuerdo al padrón electoral entregado por el CSE a los partidos políticos, son 4,347,340 de personas inscritas para ejercer el sufragio el próximo 7 de noviembre cuando el actual presidente, Daniel Ortega buscará su cuarto mandato consecutivo y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, la reelección para un segundo período de cinco años.
Según García las anomalías detectadas en este proceso de verificación electoral serían antesala de las irregularidades que se esperarían el día de los comicios.
“Es un presagio de lo que nosotros ya sabemos, que es un proceso electoral anómalo y mientras más anomalías hay lo que nosotros vemos es la confirmación de que el proceso electoral cada día muestra menos condiciones, pero había que hacerlo, ir a sacar a los muertos (de la lista), írsela a complicar al régimen y sobre todo dejarlo en evidencia de que el régimen no quiere unas elecciones libres y transparentes”, señaló García.
Debido a la persecución y criminalización contra las asociaciones civiles por parte del régimen de Ortega, organismos con Ética y Transparencia que tiene trayectoria en observar los comicios en Nicaragua, en el 2021 parece que no lo hará, al menos no ha informado nada al respecto ni sus directivos acceden a entrevistas solicitadas por Expediente Público.
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Listado de irregularidades
El irrespeto en el horario de cierre de los centros de votación, proselitismo político, personas que participaron en las elecciones pasadas pero que fueron eliminadas del padrón activo, personal técnico de la verificación con uniformes de instituciones del Estado que no son del CSE y ciudadanos que no aparecen en el registro electoral son parte del listado de irregularidades detectadas.
Durante la jornada de verificación se constató el desconocimiento por parte de la población sobre el mecanismo de esta actividad contemplada en el calendario electoral y el control partidario en los centros de votación, denunció el observatorio independiente Urnas Abiertas en su tercer informe preliminar, el domingo en la noche.
Entre las denuncias documentadas están que en los centros de votación se tomó fotografías a las cédulas de identidad que portaban los ciudadanos, en otras no hubo padrón de mesa, sino solamente una búsqueda digital a través de un celular por parte de los funcionarios del CSE que atendían.
Los informes, elaborados de reportes de los ciudadanos y de la red de monitoreo de Urnas Abiertas, recogen que en los centros a las personas se les hizo firmar el padrón que incluye la fotografía de la persona verificada, mientras que en otros casos se firmó únicamente una lista donde se incluían sus datos: nombre, apellido, dirección del domicilio y número telefónico.
“Se recibieron reportes que permiten evidenciar que no hay una manera uniforme u homogénea en el que están realizando el proceso. La verificación ciudadana es una actividad incluida en el Calendario Electoral, pero que a pesar de su importancia no está regulada dentro de la Ley Electoral, lo que permite la discrecionalidad del Consejo Supremo Electoral en su desarrollo”, señaló en conferencia de prensa Julio Martínez, vocero de Urnas Abiertas.
La información obtenida en los reportes del observatorio independiente proviene de redes territoriales presentes a nivel nacional, que permitió presentar tres informes del monitoreo.
«Esta jornada podría caracterizarse que se desarrolló entre la confusión generada por la eliminación de más de 1,100 centros de votación, bajo un absoluto control partidario del FSLN, sin mecanismos uniformes ni homogéneos para la verificación (…) En este momento no se están dando las condiciones para poder lograr traer un gobierno legitimo a partir de las elecciones», mencionó Martínez.
Más anomalías reportadas
Otros ciudadanos denunciaron que la verificación la hicieron por orden alfabético; y en otros casos apuntaban el nombre de la persona que llegaba a verificarse y después las iban llamando el personal del centro.
“La ciudadanía desconoce cuál es el mecanismo adecuado que el personal técnico debe de seguir, tampoco hay un reglamento público que lo indique”, agregó Martínez.
Otra anomalía detectada fue de personas identificadas como opositoras que no aparecían en el padrón o registro electoral y a quienes se les indicó que debían conversar con el alcalde del municipio para ser inscrito, proceso totalmente “irregular que no es compatible con la dinámica electoral”, denunció Urnas Abiertas.
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También se documentó que oficiales de la Policía obligaron a que las personas ingresaran con los teléfonos celulares apagados, una medida que no está incluida en la Ley Electoral y es una “arbitrariedad” a juicio de este observatorio. Policías portando armas de fuego en los centros de verificación fue reportado en varios municipios, lo cual es violatorio, según la Ley.
Ligia Gómez, vocera del observatorio ciudadano expresó que será una «decisión individual» ir o no a depositar el voto en noviembre próximo. «Nuestra función es observar, sistematizar y dejar evidencia escrita de lo que sucede durante el proceso», refirió Gómez.
Eliminaron centros de votación
La Alianza Ciudadanos por la Libertad (inscrita a participar en las elecciones) denunció la eliminación de 1,203 centros de votación tomando en cuenta que para las elecciones municipales efectuadas en 2017 se contaba con un total de 4,308 centros, pero para estos comicios la magistrada presidente del CSE, Brenda Rocha, declaró a medios oficialistas que se han habilitado 3,106 para estos comicios.
Sin embargo, el CSE no informó la circunscripción, la cantidad de Juntas Receptoras de Votos (JRV) o de electores que pertenecían a estos centros de votación eliminados. Según Urnas Abiertas hasta el momento solo se conoce que fueron afectados 13 departamentos, y en 72 de los 153 municipios.
Aunque se desconoce la cantidad oficial de personas afectadas con la eliminación de centros de votación, Urnas Abiertas estimó que pueden ser más de un millón de ciudadanos quienes ahora deberán recorrer “distancias excesivas” desde su domicilio al centro que les corresponde.
“Se reportan distancias de hasta diez kilómetros; y en zonas rurales donde las personas se movilizan a pie, se reportan trayectos de hasta dos horas para llegar al nuevo centro de votación asignado”, agregó Martínez.
Ortega vuelve a atacar a EE.UU.
El domingo 25 de julio, en el segundo día de la jornada, el presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, se verificaron en un centro especial que habilitó el CSE a poco metros de la residencia de los gobernantes en el sector de El Carmen, en el centro de Managua, la capital. En un breve discurso, Ortega acusó a Estados Unidos de querer “boicotear” las elecciones de noviembre en Nicaragua, aunque no presentó pruebas de cómo se quiere afectar.
«El imperio no quiere elecciones en Nicaragua, el imperio quiere boicotear, nos quiere sembrar nuevamente el terrorismo en nuestro país, pero si Dios quiere, y estoy seguro que Dios nos acompaña, vamos a realizar esas elecciones y el pueblo, la juventud, saldrá a votar en el mes de noviembre de este año 2021”, dijo Ortega en una transmisión televisada por los canales controlados por sus hijos.
Partido opositor se fractura
Expediente Público intentó comunicarse con Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), sin embargo, no respondió nuestras llamadas, ni mensajes. CxL conforma el bloque opositor Alianza Ciudadanos por la Libertad inscrito para competir en las elecciones, pero el fin de semana se fracturó en medio de acusaciones de sus aliados de que la dirigencia del partido impondrá a los candidatos a la presidencia.
Monterrey ni otro dirigente del partido político reaccionó a la salida de la Alianza de varias organizaciones como la Asociación Médica Nicaragüense, excarcelados políticos que aspiraban a ser diputados así como de la aspirante presidencial, Asunción Moreno quien confirmó su exilio el domingo luego que la Fiscalía ordenara su detención y la Policía allanará su vivienda.
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Desde la Alianza se compartió un comunicado en el que Monterrey afirmó que este proceso de verificación fue masivo en comparación a otros años, pero se indicó que detectaron las mismas anomalías reportadas por Urnas Abiertas, como la falta del padrón electoral de pared ubicado en los centros y la omisión de más de mil centros de votación.
“Esto será la antesala de lo que puede suceder en las próximas elecciones nacionales, que para mucha gente será muy difícil recorrer a pie semejantes distancias y en cambio los sandinistas le resolverán a toda su militancia», dijo Monterrey en el comunicado de prensa.
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, en la zona norte de Nicaragua, también se verificó este domingo para ejercer su “derecho ciudadano”. «El pueblo todo decidiremos si ir a las urnas electorales en el mes de noviembre, pero había que verificarse. En muchos nicaragüenses hay escepticismo, dudas, no están muy convencidos de todo el proceso», señaló Monseñor Álvarez.
Trabajadores del Estado coaccionados
El observatorio Urnas Abiertas también documentó que a los trabajadores del Estado fueron obligados a ir a verificarse, bajo «amenaza de perder su empleo o de ser eliminados del padrón electoral en caso de no acudir».
«También se recibió información de que se les obligó a llevar a sus familias, y estuvieron siendo monitoreados por operadores políticos hasta que les enviaron pruebas de que ya habían acudido al CV respectivo. Se supo que especialmente personal de los Ministerios de Salud, Educación y Familia recibieron órdenes de enviar soportes a sus superiores que demuestran que acudieron a verificarse», señaló el informe.
El gobernante FSLN que mantuvo «controlada y vigilada la jornada, más allá del equipo técnico de verificación, el cual también eran personas afines al partido de gobierno», afirmó el observatorio independiente.
«Se recibió soportes audiovisuales que en casas particulares ubicadas en los alrededores de centros de votación grandes hay una especie de centro de mando de militantes del FSLN, quienes están reunidos y recabando información sobre el proceso», señaló Martínez.
Durante las últimas horas de la jornada se constató que el oficialismo facilitó el transporte para que la ciudadanía acudiera a los centros de verificación electoral, pero este servicio fue ofrecido únicamente a personas afines al FSLN. «Se observaron carros particulares pero también vehículos del Estado realizando este trabajo», señaló Urnas Abiertas.
