*Las elecciones generales en Nicaragua están previstas a efectuarse en poco más de cien días. Diferentes organismos nacionales e internacionales, observatorios independientes y movimientos opositores, confirman que el país vive bajo un clima represivo con violencia política.
**Las historias de abusos de derechos humanos, persecución y torturas son recurrentes. «De tanto haber llorado, yo ya no tengo lágrimas en mis ojos” cuenta con braveza y valentía a Expediente Público una de las hermanas del excarcelado político, Justo Rodríguez.
Expediente Público
En medio de un polémico proceso electoral en Nicaragua, donde hasta ahora el mandatario Daniel Ortega es el único candidato a la presidencia por cuarta vez consecutiva por el partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la violencia política se recrudece. 26 líderes de la oposición llevan más de un mes de haber sido detenidos y estar incomunicados de sus familiares, las protestas en las calles están prohibidas, los partidos políticos de oposición de contrapeso han sido anulados y cientos de crímenes de lesa humanidad siguen en la impunidad.
Este es la historia de Justo Rodríguez, quien hace un año fue inculpado por la Policía por el delito de “obstrucción de funciones”, junto a otros cinco habitantes de la isla de Ometepe y recibió una pena de tres años de prisión. Sin embargo, a pocos días de cumplir sus 69 años vive su peor condena. Está postrado en una cama en estado parapléjico.
Don Justo es el menor de cuatro hermanos que han vivido por más de siete décadas en Esquipulas, Moyogalpa, un municipio ubicado a 5 kilómetros del centro de la isla de Ometepe, al suroeste de Nicaragua. Desde chavalo mostró un carácter fuerte según cuentan a Expediente Público sus hermanas, Alilian y Esmérita de 76 y 70 años. No tuvo hijos y antes de la tragedia de aquel 19 de abril de 2020, Justo se dedicaba a la agricultura, sembraba verduras en una parcela cerca de la casa que heredaron de sus padres.
Ese 19 de abril, en el parque de la comunidad de Esquipulas se encontraban pobladores disidentes del gobierno alzando la bandera de Nicaragua, en conmemoración del segundo aniversario de la rebelión cívica contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero minutos más tarde fueron reportados por los sandinistas y la Policía empezó a atacarlos con balas y bombas lacrimógenas.
Edman Jhancarlos Mora, Yubran Abel Mora, Celia Cerda Cruz, Engel José López Mora, Edwin Javier Cajina, Juana Estela López Alemán y Justo Rodríguez se encontraban en esa manifestación y fueron detenidos por la policía sin orden judicial entre el 19 y 21 de abril, y la mayoría fue excarcelado después de 12 meses.
“Yo me fui detrás de él, porque ya me habían dicho como lo llevaban, que en el barco le pegaron dos cigarros en la cabeza prendidos y después lo patearon en la camioneta donde lo echaron, le dejaron caer una llanta en el pecho y ahora tiene una lesión en el corazón”, recuerda de aquel día su hermana Esmérita.
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Justo fue trasladado por unos días a El Chipote, la cárcel de máxima seguridad en la capital, Managua, y posteriormente lo cambiaron al Centro Penitenciario La Modelo, en Tipitapa a 42 kilómetros de distancia.
“Cuando llegamos a El Chipote todavía logré verlo, lo miré todito golpeado, no podía caminar”, agregó su hermana a Expediente Público, quien pudo visitarlo por última vez en la cárcel La Modelo.
“Nos dieron una tarjetita para verlo, cuando yo llegué él me dijo que estaba mal, porque él ya no podía caminar, lo vi todo como boca abajo, me decía que le dolía el estómago, que le dolía la cabeza”, relató Esmérita.
Sin investigarse abusos de la Policía
La abogada defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez, aseguró a Expediente Público que era evidente el estado de salud deteriorado de Rodríguez. “Se solicitaban las valoraciones médicas, inclusive en las primeras audiencias se le dijo al juez que se le dejara en libertad puesto que él era una persona de la mayor de edad y arriesgaba con el covid-19”, afirmó.
Martínez agregó que hasta la fecha no ha habido una investigación a profundidad para hacer justicia sobre este caso “y no se logrará hasta que Nicaragua sea un país democrático”.
“El tema de la justicia puede pasar a segundo plano, y no es que no sea importante y para mí sería estupendo que se abra un proceso imparcial para que se haga justicia, el inconveniente es que no estamos seguros ni siquiera nosotros, ni siquiera él está en una condición de legalidad con su excarcelación, entonces sería posterior a que Nicaragua esté en otras condiciones donde el estado de derecho se respete y haya verdadera democracia y justicia para el caso de don Justo”, afirmó la defensora de derechos humanos.
El inicio de lo peor
Después de la audiencia en el mes de julio del año pasado, don Justo sufrió una embolia cerebral en la prisión como secuela de las golpizas que recibió en los dos centros penitenciarios. Esmérita tuvo que trasladarse nuevamente desde la isla hasta la capital. Sin embargo, al llegar a La Modelo fue retenida en una buseta, logró contar cuatro policías que la escoltaron hasta el hospital Lenín Fonseca, donde operarían a su hermano, dejándola sin comunicación. Por ocho días fue vigilada por policías vestidos de civil, hasta que sus familiares la encontraron.
Alilian, su otra hermana, relató a Expediente Público la desesperación de aquellos días sin saber de sus hermanos. “Yo sufría al estar incomunicados, mi hijo la buscaba en Managua […] no la encontraba ni a él ni a ella, en todos los hospitales anduvo, hasta que dieron con el paradero de ella. Nosotros creíamos que la habían desaparecido, esa era mi alternativa, que creía que no la iba a ver, y yo lloraba”.
Desde abril 2018 el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizó 136 presos políticos, aunque la cifra va en aumento. “A partir de junio 2021 se ha registrado un incremento en el número de detenciones en el marco de una escalada represiva en contra de personas asociadas a liderazgos políticos o de sociedad civil”, señalan en su informe más reciente.
El informe describió como principales formas de malos tratos y persecución a personas presas políticas y familiares las amenazas y agresión físicas, agresiones sexualizadas, represalias dentro de los penales y la falta de asistencia médica. Además, ejemplificó que entre los perfiles de las personas detenidas recientemente “se encuentran dos empresarios, dos estudiantes, cuatro campesinos, dos periodistas, diez lideresas y líderes políticos, y seis precandidatos para las elecciones presidenciales y legislativas, que están supuestas a realizarse en noviembre de este año”.
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Medidas cautelares y exilio en ascenso
Hasta el 11 de julio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado 14 medidas cautelares a periodistas, campesinos, presos y excarcelados políticos, líderes opositores, seis precandidatos a la presidencia y universitarios. En 2020 brindó solo medidas cautelares a solo 11 personas en riesgo.
La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, explicó a Expediente Público que una medida cautelar es un mecanismo de protección que la Comisión solicita a un Estado, para que proteja a una o más personas que estén en una “situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable”, como lo dice su reglamento.
“Efectivamente nosotros hemos visto un aumento de las medidas cautelares, de las solicitudes y otorgamientos en el último tiempo en comparación al año pasado, y como lo hemos dicho públicamente eso da cuenta que la situación se ha agravado, y ha habido un aumento en la represión porque la gente recurre al Sistema cuando la situación interna está más complicada y más compleja que es lo que está pasando una vez más en Nicaragua”, aseguró.
Urrejola, también relatora especial para Nicaragua, reiteró que estas medidas inhiben a los Estados de los países a ejercer acciones en contra de sus beneficiarios, pero lamenta que, en países como Nicaragua, no sean ejemplo de ello.
“Lamentablemente, en las últimas semanas hemos visto que algunas de las personas que han sido detenidas son las beneficiarias de cautelares en Nicaragua, pero aun así creemos que sí son un mecanismo que da marco de protección y le divisibilidad a la situación de aquellas personas que están bajo estos requisitos que he señalado que tienen las cautelares”, afirmó Urrejola.
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La abogada Martínez, a quien en diciembre de 2020 la CIDH le otorgó medidas cautelares junto a su familia por el constante asedio, intimidación y amenazas que ha sufrido en los últimos años, fue retenida en marzo pasado por policías en el puerto de Moyogalpa e investigada por “llevar drogas”, sin embargo, se dirigía a la casa de Justo para entregar medicinas.
Acciones como esta contra defensores de derechos humanos han provocado el exilio de miles de nicaragüenses. Desde el estallido de la crisis social y política en 2018 unas 108,000 personas se vieron forzados a salir del país centroamericano. Según Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 85,000 de ellas pidieron refugio en Costa Rica.
Una investigación reciente de Expediente Público mostró que representantes legales de manifestantes y opositores se han exiliado desde 2018, la mitad de ellos en junio de 2021.
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La abogada Leyla Prado, quien desde 2019 tuvo que dejar Nicaragua por amenazas y asedio contra ella y su familia por parte de policías encubiertos, luego de permanecer un año defendiendo a presos políticos en el contexto de las protestas de 2018, en la actualidad se vive con “un temor muy generalizado por estos últimos encarcelamientos de quienes querían ser candidatos de la oposición, todas las personas que fueron presos políticos están saliendo al exilio”.
Prado explicó a Expediente Público que la implementación de las leyes en los últimos tres años ha sido para “destruir el sistema democrático que debería existir según nuestra constitución”.
Cuando fue creada la Ley de Amnistía “nosotros estábamos entendiendo que todo estaba siendo diseñado para que todo fuera como una bomba de tiempo, manipular esa Ley de Amnistía, volver atrás en el momento que ellos lo vieran oportuno como está pasando ahora”, según explica la defensora, con la reapertura de casos como el del precandidato a la presidencia Medardo Mairena, quien fue hasta condenado a 216 años de prisión y el pasado 6 de julio fue detenido por segunda vez y juzgado por “un mismo delito”.
“Hay un incremento, pero sustancial de la gente que se está viniendo al exilio, están desesperados por salir porque no tienen ninguna garantía y piensan en que pueden desaparecerlos, tienen un gran temor de no ser solo encarcelados sino también ser asesinados”, agregó.
Violencia para eliminar competencia electoral
El vocero del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, Julio Martínez, sostuvo que Nicaragua está frente a una situación “sumamente grave”, y señaló que la violencia política “es una de las estrategias que está usando el gobierno para eliminar la competencia electoral”.
Desde el primer informe del Observatorio en octubre de 2020 hasta junio del 2021, han documentado 1,065 hechos de violencia política en el contexto electoral, 119 de estos se han registrado en el último mes.
“Se han dado hostigamientos, agresiones, judicializaciones, detenciones arbitrarias, entre otros hechos que tiene como fin restringir las libertades fundamentales de la ciudadanía organizada para ejercer su derecho a elegir y ser electo”, agregó Martínez.
Martínez afirmó que estos hechos, además de la reforma electoral, evidencian que en Nicaragua “no hay libertad de prensa, reunión, asociación, movilización, opinión y expresión”, tal como ha sido señalado en sus informes publicados desde mayo 2021.
Reparación y justicia
En agosto de 2020, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Oacnudh) emitió con urgencia un llamado al régimen de Ortega y Murillo, para dar “atención médica efectiva” a Justo Rodríguez, quien se encontraba entonces en “estado crítico de salud”, sin embargo, sus hermanas aseguran que su hermano no es el mismo de antes.
Justo fue intervenido quirúrgicamente en el hospital, y aunque su estado era crítico permaneció custodiado por policías durante cuatro meses y finalmente excarcelado el 18 de diciembre de 2020.
Para la abogada Prado la reparación y la justicia son derechos que deberían asegurarse a las víctimas de abusos, pero “con Ortega en el poder las posibilidades son mínimas”.
“¿En qué momento se puede hacer valer esto? En un Estado democrático, tendría Nicaragua que enrumbarse a unas elecciones libres, transparentes para que desde ahí un gobierno democráticamente electo sané a todas esas instituciones que ahorita están corruptas, llenas de sangre”, expresó.
Martínez por su parte no descarta seguir exigiendo justicia para casos como el de don Justo Rodríguez, sin embargo “no estamos seguros ni siquiera nosotros, ni siquiera él está en una condición de legalidad con su excarcelación, entonces sería posterior a que Nicaragua esté en otras condiciones donde el estado de derecho se respete, y haya verdadera democracia y justicia para el caso de don Justo”, dijo la abogada.
Don Justo está cerca de cumplir sus 69 años de vida, pero lo hará postrado en una cama en estado crítico, con anemia crónica y siendo atendido por sus hermanas y familiares que al día de hoy siguen siendo asediados por la policía y partidarios del régimen de Daniel Ortega.
Esmérita se asomó por un orificio de la ventana junto a la cama de Justo para vigilar que nadie se acercara mientras compartía el testimonio familiar con Expediente Público. Con voz baja y una mirada brava y valiente dijo: “De tanto haber llorado, yo ya no tengo lágrimas en mis ojos”.
