*José Francisco López trasladó los negocios del ALBA a Honduras desde Nicaragua, donde es el protegido del presidente Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández.
**Las empresas que el nicaragüense dirigía en su país fueron sancionadas por sus vínculos con la venezolana PDVSA, que, según Estados Unidos, se dedica al blanqueo de capitales.
Expediente Público
Cerraron sus negocios en Nicaragua y en El Salvador y se fueron a Honduras a seguirlos, entre ellos el presunto lavado de activos. Es el nicaragüense José Francisco “Chico” López, a quien Estados Unidos designó en la lista de corruptos conocida como “Ley Magnitsky”, y para evitar las sanciones de ese gobierno llegó a suelo hondureño para crear varias empresas y una filial de la Alianza Bolivariana para el Pueblo de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA) en Honduras.
La Alba que promueve Chico López, un hombre allegado al presidente de Nicaragua Daniel Ortega, es distinta a la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, que impulsara el gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez.
Las filiales de la nueva Alba que operan en Honduras, son una creación del gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y del presidente del Congreso Nacional en ese periodo, Juan Orlando Hernández Alvarado, ahora gobernante por dos períodos consecutivos en el país centroamericano.
Jugadas de un testaferro
José Francisco López, según los registros, es un personaje que le gusta estar cerca del poder. Primero fue Nicaragua, donde ha sido fiel testaferro del presidente Daniel Ortega, quien lo mantiene como tesorero del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN).
En el FSLN la mayor militancia que se le conoce a López es su habilidad para escalar en las coyunturas y acceder a instituciones claves para sacar provecho. Su cercanía con la cúpula del poder del sandinismo lo llevó a ser vicepresidente de Alba Petróleos de Nicaragua, S.A. (Albanisa) y presidente de Petróleos de Nicaragua (Petronic). También fue miembro de la directiva Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
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Todo iba sobre ruedas para López en la tierra del poeta Rubén Darío, donde ha fundado al menos 20 empresas, hasta que Estados Unidos lo sancionó el 5 de julio de 2018, amparándose en la Ley Magnitsky.
Esa ley permite a Estados Unidos sancionar a ciudadanos extranjeros sospechosos de graves violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala. Fue aprobada en el 2012 y ampliada en el 2016 para extender las sanciones a cualquier individuo, al margen de su nacionalidad, así como personas jurídicas, y entre sus potestades está denegar la entrada a las personas en la lista y bloquear sus propiedades en suelo estadounidense, entre otros alcances relacionados con la justicia universal.
Para “Chico” López, ser parte de la lista de la Ley Magnitsky, fue el anuncio de una muerte financiera en Nicaragua, ya que tiene en su poder mucho recurso económico que mover. De acuerdo a las investigaciones que incriminan a este personaje en el mundo de la corrupción a gran escala, se encuentran las figuras delictivas de desfalco, abuso de poder, préstamos irregulares, negocios secretos y contratos millonarios.
López ignoraba, que, de un tiempo a acá, sus empresas en Nicaragua estaban bajo la mira estadounidense. ¿La razón? Eran parte de una red de corrupción. Por ejemplo, Alba Alimentos de Nicaragua (Albalinisa) es subsidiaria de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), la cual se dedica al lavado de dinero, según la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), de Estados Unidos.
De hecho, el conglomerado ALBA en Centroamérica es parte de la red criminal global de PDVSA, que agrupa empresas de fachada, líderes políticos aliados de la región, élites económicas y organizaciones criminales que encubren el lavado de activos desde Venezuela, según la investigación «La Última Resistencia de Maduro: La supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana», elaborada por Douglas Farah y Caitlyn Yates para elIBI Consultants, LLC y National Defense University.
Como consecuencia de las sanciones a López se le cerraron las cuentas bancarias en Nicaragua y se le destituyó de las directivas estatales de la que era parte. Las medidas prohíben a los ciudadanos estadounidense hacer negocios con el nicaragüense, a cualquier empresa vinculada a PDVSA y a las de la red centroamericanas del ALBA. Esto porque el Departamento de Estado lo acusaron de “utilizar su posición en beneficio propio y de su familia al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el Gobierno”.
Con Estados Unidos pisándole los talones en territorio nicaragüense, “Chico” López no tuvo otro recurso que “llevarse los negocios a otra parte”. Y en Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández, lo recibió con los brazos abiertos.
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Negocios “de compadre hablado” en Honduras
En Honduras, López, al igual que en Nicaragua, parece que hace y deshace. Sus vínculos con poderosos personajes de este país centroamericano le permiten trabajar con tranquilidad.
Documentos “desenterrados” por Expediente Público muestran que la filial del ALBA levantada por López en Honduras desde 2013 sigue operando sin trabas.
¿Y las sanciones de Estados Unidos? Con el padrinazgo del gobierno de Juan Orlando Hernández, López ha creado compañías “a lo loco”. Primero usó su poder como representante legal de Alba Alimentos de Nicaragua SA (Albalinisa) para establecer, el 1 de agosto del 2013, Alba Alimentos Honduras-Nicaragua (Albanihsa) en San Pedro Sula, en el norte, la principal capital industrial del país centroamericano, de acuerdo a los documentos oficiales en poder de Expediente Público.
Posteriormente, López y el empresario hondureño Gerardo Arcángel Meraz Puerto se asociaron en la Comercializadora Centroamericana (Comercah). Esa operación consta en el instrumento 318 del registro mercantil de San Pedro Sula.
Meraz Puerto es una persona de bajo perfil que en el 2007 saltó a la opinión pública por el secuestro de un hijo por el cual pedían un rescate de 20 millones de lempiras, unos 8.3 millones de dólares, al cambio actual.
En ese momento, Meraz Puerto dijo ser dueño de una empresa denominada Honduchem que había construido con su familia desde hace 17 años y que su hijo era el administrador, según los escuetos reportes de medios de comunicación al respecto.
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Con el fin de que la empresa nicaragüense Albalinisa se convirtiera en dueña del 60% de las acciones de la hondureña Albanihsa, Meraz Puerto usó la cuenta bancaria de su empresa Petróleos Americanos de Honduras.
La finalidad de Albanihsa, a simple vista, es normal: “Actividades lícitas, específicamente establecimientos agrícolas, ganaderos, pasturas, comerciales, la explotación en todas sus formas de industriales y de representación”, según consta en el registro mercantil.
Pero Albanihsa es solo una en la abultada lista de compañías de la nicaragüense Albalinisa y por medio de Comercah, esa sociedad nicaragüense ha creado Petrocaribe de Honduras, Comercializadora Agrícola de Honduras, Mercados Caribeños Varios de Honduras, Amerigas de Honduras, Inerforte SA, GM Seguros e Inversiones Financieras, Castilla Energy SA de C y Castilla Refinería.
Gerardo Arcángel Meraz Puerto es socio en esas empresas registradas después del año 2013. Y eso no es casualidad.
Socios (y parientes) en el crimen
Si en Nicaragua, “Chico” López es un protegido del gobernante Daniel Ortega, en Honduras Gerardo Arcángel Meraz parece ser el “protegido oculto” del presidente Hernández.
López y su socio Meraz Puerto son dos beneficiarios directos de ese tipo de alianzas presidenciales, selladas por medio de las empresas creadas en Honduras, aunque Meraz intenta ser más discreto, pero igual de efectivo como su socio.
El Gobierno hondureño nombró a Meraz Puerto presidente del Consejo Regional de Desarrollo del Valle de Sula para el periodo 2020-2022. Este Consejo tiene la responsabilidad de generar e impulsar un plan integral de desarrollo, tras el paso de los huracanes Eta y Iota que golpearon entre octubre y noviembre del 2020 severamente esa zona y se está a la búsqueda de opciones que eviten nuevas inundaciones.
Uno de esos propósitos, que fue encomendado a Meraz, al frente del Consejo, es la construcción de represas y el desarrollo agrícola, entre otras acciones. El empresario representa en ese Consejo a la Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva, del cual es su presidente, y también de las empresas American Petroleum y Amerigas.
Este empresario hondureño tiene es poseedor de 24 empresas, y en ellas, resaltan entre sus socios, la familia del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado.
Uno de ellos es su hermano, José Amílcar Hernández Flores, quien por un accidente se vio obligado a retirarse de la carrera militar. Aprovechando la coyuntura de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, Meraz conformó con José Amílcar Hernández, en junio de 2020, la empresa Droguería y Laboratorio Sociedad de Responsabilidad Limitada (Drolab, S.A. de C.V.) a fin de aprovechar la crisis de la salud para hacer prósperos y rentables negocios.
Curiosamente, Drolab S.A. de C.V. tiene la misma dirección que Albalinihsa, la empresa de “Chico” López: Bulevar hacia El Progreso, Yoro, kilómetro veinte y medio, sector Coowle, plantel de Agua Viva, zona norte de Honduras.
Drolab S.A. de C.V., es apenas otra de las empresas que José Amílcar Hernández Flores ha creado, en el gobierno de su hermano el presidente Juan Orlando Hernández, de quien es socio en otra firma: Servicios de Seguridad Lempira (Sersel), con la cual han obtenido millonarios contratos con el Estado.
Hasta 2019, Sersel había sido favorecida con 38 contratos por un monto de 12.6 millones de dólares, mediante licitaciones adjudicadas en varias instituciones del Estado.
Los hallazgos y la relación del presidente de Honduras con Sersel, fueron evidenciado en la investigación, Sersel, la Seguridad Favorita del Gobierno, publicada exclusivamente por Expediente Público el 17 de mayo de 2019.
Lista de corruptos
Al ser añadido en la lista Ofac incluye la congelación de los bienes que pueda tener en Estados Unidos, la prohibición a las empresas de ese país de hacer negocios con ellos y hasta que los bancos nacionales se abstengan de relacionarse con esas personas para evitarse sanciones.
Figurar en la lista implica una especie de muerte comercial, bancaria y económica para los sancionados. Es muy común ver en otros países cómo cierran las cuentas de personas consideradas de alto riesgo y todos los asociados a esa base de datos.
Otra de las implicaciones es que la visa estadounidense queda cancelada.
Caso Rosenthal
El 7 de octubre de 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a tres miembros de la familia Rosenthal por lavado de dinero y activos y ordenó congelar sus acciones en las compañías financieras claves.
Tres días después, las autoridades hondureñas incautaron inmediatamente los bienes y empresas de los Rosenthal.
Se trataba de Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, Jaime Rosenthal Oliva y Yankel Antonio Rosenthal Coello. Este último fue detenido en Miami y enviado inmediatamente a una corte federal del estado de Florida.
Sin embargo, su caso fue trasladado a Nueva York, donde estuvo en prisión 36 meses por acusaciones de narcotráfico y blanqueo de capitales, pero ahora es el candidato presidenciable por el Partido Liberal de Honduras.
La Ofac incluyó a siete empresas claves de los Rosenthal, incluyendo su sociedad principal con sede en Panamá, Inversiones Continental (Panamá) S.A. de C.V., conocida como Grupo Continental. Esta es la compañía madre de un conglomerado de negocios en Honduras involucrados en actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo y medios de comunicación.
Ahora, nuevas conexiones han sido descubiertas por Expedientes Público, a raíz de la constitución de empresas de Francisco “Chico” López en Honduras, que pondría al país en la mira otra vez de la Ofac dada las sanciones al poderoso nicaragüense y la complacencia de las autoridades hondureñas.
En el 2004, un acuerdo entre los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel Castro, dio origen al ALBA, y surge como respuesta al Área de Libre Comercio para las Américas (Alca) que impulsó sin éxito Estados Unidos. Entre los propósitos del ALBA era promover un tratado de libre comercio “justo”, “complementario” y “solidario” entre los países miembros.
También crear empresas “Grannacionales” como Alba Alimentos y en el 2005, Venezuela anuncia la creación de Petrocaribe. Honduras se incorporó al ALBA en el 2008 y se salió en el 2010, tras el golpe de Estado al entonces presidente Manuel Zelaya.
Los mecanismos que conformaron el ALBA se fueron desfigurando con el tiempo y Estados Unidos ha considerado que bajo estas figuras se ha fomentado el blanqueo de capitales procedentes de ilícitos, entre ellos la gran corrupción.
Al amparo del ALBA surge Albanisa en Nicaragua y Alba Petróleo en El Salvador. En Nicaragua, se da tras la visita del ya fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, a la toma de posesión de Daniel Ortega en 2007. Albanisa se conforma con 51% de acciones de PDVSA y 49% para la estatal Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic).
En enero de 2019, Estados Unidos anunció que PDVSA había entrado a la lista de la Ofac bajo el argumento que la estatal petrolera venezolana había sido por mucho tiempo un vehículo para la gran corrupción donde se diseñaron esquemas ilícitos para beneficiar a funcionarios venezolanos y empresarios.
En marzo de ese mismo año, esas sanciones fueron extendidas a dos de las filiales de PDVSA en Centroamérica: Alba Petróleos en El Salvador y Albanisa en Nicaragua, en un claro mensaje de presión a los aliados del régimen venezolano en el exterior.
Siguieron en esas sanciones empresas como Bancorp, DNP Petronic y Caruna, a quienes Estados Unidos asocia en la red de lavado de dinero venezolano en Nicaragua.
Las empresas del ALBA no han tenido mucha suerte para instalarse en otros países, a excepción de Honduras, donde uno de sus principales promotores, Francisco López ha logrado montar una red de negocios con la protección del gobierno Hernández, sus socios de bajo perfil y su círculo familiar.
Por lo que, en Honduras, los negocios del Alba y de José Francisco “Chico” López, siguen operando sin restricciones.
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