*Uso de la tecnología permitió encontrar las pruebas para lograr fallo de condena contra Roberto David Castillo, de la hidroeléctrica DESA, como coautor intelectual del asesinato de la ambientalista.
**Hijos de la defensora de los derechos humanos y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras prometieron presionar para que sigan las investigaciones.
Expediente Público
Cinco años y cuatro meses después del asesinato de la lideresa ambientalista indígena Berta Isabel Cáceres Flores, la justicia de Honduras encontró culpable a uno de los autores intelectuales: Roberto David Castillo Mejía, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., (DESA), que construía una represa hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, en el corazón de un territorio lenca, al occidente del país centroamericano.
A pesar del fallo, la familia de Cáceres y la organización que dirigía (el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh) manifestaron su propósito de continuar profundizando las investigaciones hasta llegar a quienes ellos consideran son los verdaderos autores del crimen: los Atala Zablah, una de las familias de mayor poder económico y con altas influencias en la política de Honduras, a quienes la Fiscalía no ha mencionado en ningún momento en este caso. Ellos son unos de los socios de la empresa DESA.
“Vamos a continuar profundizando la justicia, tiene que ver con la búsqueda de los autores intelectuales, de aquellas personas que se quisieron beneficiar con este asesinato. Hemos hablado y señalado a una familia: Atala Zablah. Desde el inicio, incluso antes del entierro de mi mami, hablamos del gerente general de la empresa DESA, hablamos de la familia Atala Zablah, y hoy en día creo que este fallo reafirma lo que dijimos en su momento”, indicó Laura Zúniga Cáceres, hija de la ambientalista.
En un comunicado el Copinh señaló que “la causa Berta Cáceres no termina con esta resolución, sino que se encamina firmemente a llevar ante la justicia a los autores intelectuales de este crimen, Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala, Jacobo Atala y demás personas e instituciones involucradas”.
Según ese mismo comunicado, el procesado Roberto David Castillo es solo un “instrumento” de los Atala.
El fallo de culpabilidad ha sido asumido como un logro por miembros del Copinh en un país con altos niveles de impunidad y violencia hacia líderes ambientalistas y promotores de la defensa de la tierra.
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Antecedentes
La justicia hondureña reconoció que el crimen de Cáceres se deriva de las acciones ejecutadas por personas vinculadas a la empresa DESA, a raíz de la oposición de la dirigente y del Copinh a la construcción de la represa, pues a su criterio provocaría daños ambientales y afectaría la vida de las comunidades lencas de la región.
Entre mayo de 2016 y febrero de 2017 fueron localizados y capturados siete hombres que participaron activamente en la planificación y ejecución del crimen, más otro que al final fue absuelto.
El juicio de los siete concluyó en noviembre de 2018 mientras que las penas fueron impuestas en diciembre de 2019. Así, Elvin Heriberto Rápalo, Oscar Torres Velásquez, Edilson Atilio Duarte y Henry Javier Hernández, quienes ejecutaron el crimen, fueron condenados a 34 años de cárcel por asesinato y a 16 años por tentativa de asesinato, para un total de 50 años de reclusión.
Mientras que a Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo y a Mariano Díaz Chávez se les impuso una pena de 30 años con seis meses de prisión por asesinato, en su condición de coautores del crimen, el mismo delito por el que fue encontrado culpable Roberto David Castillo Mejía.
Rodríguez Orellana era el gerente de Asuntos Comunitarios y Medioambientales de DESA, mientras que Douglas Geovanny Bustillo, es un teniente retirado que trabajó como jefe de seguridad de la misma compañía hasta julio de 2015. Este último era amigo de Mariano Díaz Chávez, quien era un militar activo.
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La tecnología y la madeja del crimen
Berta Cáceres ganó en el 2015 el Premio Goldman, conocido como el “Nobel del medioambiente”. Su crimen ha sido de mayor notoriedad en la tendencia cada vez más grave de asesinatos, violencia e intimidación contra personas que defienden los derechos de los indígenas y del medio ambiente en Honduras, según organizaciones internacionales como Front Line Defenders.
El entonces gerente general de DESA, Roberto David Castillo Mejía, fue capturado en el aeropuerto de San Pedro Sula, al norte de Honduras, cuando pretendía huir del país, el 2 de marzo de 2018, cuando se cumplían dos años del crimen de la ambientalista. Por esa razón su juicio se desarrolló en fechas distintas a los otros siete implicados.
De acuerdo a la lectura del fallo realizado en la capital Tegucigalpa, por una terna de jueces de un Tribunal de Jurisdicción Nacional, el hilo de la madeja del crimen comenzó a desenrollarse gracias a interceptaciones y vaciados telefónicos realizados a los aparatos utilizados por los ocho procesados.
Es así que los investigadores policiales mediante una labor de descarte identificaron todos los teléfonos de los pobladores de la Residencial El Líbano, donde vivía Cáceres, y encontraron solo un número que había sido utilizado esa noche y que no era de ninguno de los residentes.
Al darle seguimiento encontraron que este era propiedad de una persona de nombre Henry Javier Hernández, quien había sostenido conversaciones con el militar Mariano Díaz Chávez, con el exjefe de seguridad de DESA, Douglas Bustillo; con Oscar Torres y Elvin Rápalo.
Al indagar en la actividad de estas personas se encontró que también había comunicaciones entre Mariano Díaz y Douglas Bustillo.
Según el fallo judicial, el análisis realizado por peritos indica que existían dos “esferas de comunicación” entre los imputados. En una estaban Douglas Bustillo y Mariano Díaz en contacto con los cuatro ejecutores del crimen; mientras que en la otra estaba Douglas Bustillo en contacto “con ejecutivos de DESA, entre ellos Roberto David Castillo”, a quienes les informaba de las acciones a ejecutar y solicitaba apoyo logístico.
Cuando detuvieron a los primeros siete implicados les hicieron vaciados de información a sus teléfonos y encontraron que había un grupo de chat llamado “Seguridad paz”, dedicado a comentar detalles de sus operaciones. Allí “se comenta que todo lo que Berta Cáceres hace ellos lo saben”, dice el fallo.
En otro mensaje interceptado se puede leer que David Castillo pidió a un directivo de DESA comprar un aparato telefónico a nombre de terceras personas para mandar mensajes al grupo.
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También en un texto enviado el 29 de octubre de 2015, un ejecutivo no identificado dijo en el grupo que “mientras Tomás y Berta no lleguen, el movimiento se debilita y hay poca convocatoria. De allí que contra ellos debemos de encaminar las acciones”. Tomás era otro dirigente del Copinh.
Los chats revelaron que el 5 de febrero de 2016 se hizo un primer intento de atacar a Cáceres, pero al final lo descartaron. En esa fecha la tecnología permitió ubicar a Douglas Bustillo y a Henry Hernández en La Esperanza, y dentro del teléfono del primero hallaron una serie de fotografías de Berta Cáceres desde las 3:14 de la tarde hasta las 9:46 de la noche. A las 8:58 David Castillo le escribió a Bustillo y le pidió tener cuidado respecto a “los accidentes y la escena”.
Al día siguiente Bustillo le respondió: “Misión abortada. Ayer no se pudo, esperaré lo que usted diga porque ya no tengo logística, estoy en cero. Líder, yo no necesito información, necesito lo que usted ha presupuestado para el trabajo. Los medios idóneos y recursos”.
Más tarde, ese mismo día, Castillo le contestó: “Pues claro, misión abortada”.
Finalmente la madrugada del 3 de marzo, momentos después de la ejecución del crimen, Douglas Bustillo volvió a tener contacto con David Castillo.
Todos estos indicios llevaron al Tribunal a declarar a Castillo culpable como coautor del asesinato de Berta Cáceres. Según el artículo 193 del Código Penal de Honduras, el delito de asesinato es penalizado con reclusión de 25 a 30 años. Un comunicado del Poder Judicial refiere que quedó “en evidencia que ambos (Roberto David Castillo y Douglas Bustillo) participaron en la organización, logística, seguimiento y vigilancia para darle muerte a la hoy occisa”.
La lectura de sentencia está prevista para el 3 de agosto de 2021.
