**Histórico respaldo de 26 votos obtiene resolución del foro regional que busca, por las vías diplomáticas, tratar de frenar el rápido deterioro de las condiciones electorales y de derechos humanos en una Nicaragua gobernada desde 2007 por Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Expediente Público
Mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó, este 15 de junio, una nueva resolución en la que insiste que no hay condiciones para realizar elecciones libres y justas en Nicaragua, los familiares de los líderes opositores detenidos, entre ellos cuatro precandidatos presidenciales, denunciaron que desde el “secuestro” no han podido verlos por lo que se encuentran “preocupados por el tema humanitario”.
Un total de 26 delegaciones diplomáticas apoyaron la resolución titulada la “Situación de Nicaragua” que insta al gobernante centroamericano Daniel Ortega a liberar a los presos políticos y realizar elecciones libres.
Para el analista político y exembajador de Nicaragua en la Unión Europea y Venezuela, Róger Guevara Mena, explicó a Expediente Público que después de la aprobación de esta resolución, la OEA debe continuar presionando a Ortega para lograr la liberación de las más de 120 personas presas políticas.
“Si mañana aparece Ortega accediendo a soltar a los presos, no se puede decir que ya con eso no habrá presión. Sabemos y no podemos olvidar que hay una reforma electoral pendiente, un retorno con garantías de los 100 mil exiliados, que hay una serie de actos que tienen que hacer retroceder los procesos judiciales políticos y la represión, que hay que establecer con claridad que los partidos y los candidatos no tienen por qué ser perseguidos o acosados”, mencionó Guevara Mena.
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Ortega aislado en la región
Los países que votaron a favor de la resolución son: Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Guatemala, Costa Rica, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves.
En contra votaron Nicaragua, Bolivia, San Vicente y las Granadinas. Mientras que Honduras, México, Argentina, Belice y Dominica se abstuvieron.
La OEA condenó el arresto de los aspirantes presidenciales y las acciones en contra de los partidos políticos en Nicaragua, donde al menos a dos de ellos se les arrebató su personalidad jurídica antes de los comicios del 7 de noviembre.
“Me parece que se está involucrando a la OEA en una maniobra política en la cual se está centralizando a intereses del partido de gobierno, se está centralizando en la salida de los presos políticos nuevos. Si no va el paquete de cosas que incluya los cambios de la jefatura del Consejo (Supremo) Electoral no puede hablarse de que ya Ortega cumplió, porque sería muy inocente y creer que la comunidad internacional también es estúpida”, señaló Guevara Mena.
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Los representantes de los Estados miembros de la OEA que aprobaron la resolución se mostraron alarmados ante el “reciente deterioro del entorno político” y la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluido el “uso de leyes y acciones represivas para intimidar y amenazar a los miembros de la oposición y de la prensa, y para restringir la participación política”.
La OEA establece que, debido a que Nicaragua no implementó, a partir de mayo de 2021, reformas electorales “acordes con las normas internacionales aplicables” existe una “grave preocupación” entre los Estados miembros de este foro porque no hay garantías de realizar en noviembre de 2021 elecciones “libres y justas”.
Durante la sesión, el embajador del gobierno de los Estados Unidos, Bradley Freden, recordó que la “represión política” que se vive en el país centroamericano no permitirían que se celebren elecciones que puedan ser reconocidas legítimas por la comunidad internacional.
El embajador Luis Alvarado, en representación del gobierno de Nicaragua, desaprobó la convocatoria del Consejo Permanente y rechazó la resolución aprobada. La evidencia disponible sobre la crisis social, política y electoral que enfrenta Nicaragua hacen fundamental el retorno de organismos de derechos humanos al país centroamericano.
“La declaramos desde ya inadmisible, de nulidad absoluta para el gobierno de Nicaragua. Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su secretaria general en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua”, mencionó Alvarado.
El secretario general de la OEA recordó que Nicaragua ha “violado e incumplido” todos los acuerdos alcanzados con con la OEA. Almagro afirmó que “lamentablemente las condiciones en Nicaragua se han deteriorado” y lo confirman los informes presentados por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Sin derecho a la defensa
Mientras tanto, los familiares de las personas detenidas en la última jornada de represión en la que fueron detenidos aspirantes presidenciales, empresarios y miembros de la sociedad civil denunciaron que a la fecha no se les ha permitido un encuentro ni siquiera con sus abogados.
“A nuestros familiares no se les ha concedido audiencia con sus abogados y abogadas defensoras. Tampoco han aceptado los recursos de exhibición personal, situación gravísima, ya que nadie ha podido comprobar si efectivamente se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial ‘El Chipote’, ni su integridad física”, señalaron en un comunicado los familiares de 12 de los 14 detenidos en las últimas semanas. (AQUÍ EL COMUNICADO)
El abogado internacional de derechos humanos, Jared Genser, miembro del equipo de defensores de los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, explicó que las detenciones de ambos opositores es parte de una “creciente campaña de represión contra la oposición en Nicaragua”, previo a las elecciones del próximo 7 de noviembre de 2021.
“Son dos de más de 130 presos políticos del presidente Ortega y su régimen. Para mí es un honor representar a estos valientes hombres en su lucha por restaurar la libertad, la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”, mencionó Genser en una conferencia de prensa.
Bertha Valle, esposa de Félix Maradiaga, el tercer aspirante presidencial detenido en Nicaragua, recordó que el opositor proviene de una familia, que en el pasado también sufrió persecución durante la guerra civil de los años ochenta, motivo que lo llevó a comprometerse con la búsqueda de la democracia en el país centroamericano.
“Él miró de primera mano, debido a la guerra su familia se separó y había conflictos, su padre fue también un prisionero político, estaba estudiando en Chile regresó a Nicaragua y fue torturado (…) Su familia sufrió confiscación, sus bienes fueron expropiados y vivió la desaparición de familiares”, mencionó Valle.
Valle llamó a la comunidad internacional para que insten al régimen orteguista a “buscar una salida por la vía democrática”.
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Victoria Cárdenas, esposa del opositor Juan Sebastián Chamorro, señaló que desde el momento de la detención el 8 de junio pasado, no ha tenido contacto con él.
Cárdenas, una empresaria inmobiliaria nicaragüense, quien también enfrenta el embargo de algunas de sus propiedades en una causa promovida por la Alcaldía de Managua, gobernada por los sandinistas, señaló que a Chamorro se le han violado todos sus derechos y su “presunción de inocencia”.
“No lo he podido ver y mi familia, y yo, tememos por su seguridad y por su vida. Se le ha negado el derecho a la defensa y él está totalmente incomunicado y sin asistencia legal. Juan Sebastián siempre ha luchado por Nicaragua, desde que yo lo conocí, hace más de 30 años, siempre ha querido estar aquí haciendo algo por su patria”, dijo Cárdenas.
A las personas presas políticas que son líderes de la oposición nicaragüense, la justicia orteguista se le ha negado el derecho a la defensa.
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Les niegan tener su propio abogado
De forma sistemática, la Defensoría Pública del Sistema Judicial ha “designado abogados públicos”, negándoles el derecho a de escoger el abogado de su preferencia a los procesados.
Además, se denunció que los jueces han hecho “audiencias privadas y secretas”, sin notificar a los familiares y abogados. Debido a esa situación existe un “desconocimiento absoluto” de la situación jurídica de las personas presas políticas y el estado actual de los procesos penales.
“Ni su abogado, ni su familia ha podido tener noticias de él, no lo han podido ver, no sabemos su estado, no nos han informado tampoco de manera oficial (…) Interpusimos un recurso de Exhibición Personal y el gobierno respondió de forma tardía y a nosotras eso nos preocupa porque hacen ver como si hemos tenido contactos y realmente no, conocemos el riesgo”, mencionó Valle.
Genser recordó que Nicaragua forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado multilateral general que reconoce los derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía.
“Es importante reconocer que varias acciones en estos casos son violaciones del derecho internacional (…) El gobierno de Nicaragua puede decir lo que quiera, pero ningún abogado internacional estará de acuerdo que las acciones del gobierno de Nicaragua son en acuerdo con sus obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señaló Genser.
Los casos serán presentados ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, anunció Genser.
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¿Qué camino tiene Nicaragua en la OEA?
La resolución aprobada este martes en el seno de la OEA solo es un paso más del camino que está recorriendo Nicaragua en ese foro regional, donde peligra que se le aplique el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Se necesitan al menos 24 votos de los cancilleres de los Estados Miembros que integran la OEA, que sería el último paso para aplicar el artículo 21, a través del cual se logra la expulsión de un país como miembro de este organismo.
Guevara Mena explicó a Expediente Público que la situación de Nicaragua podría ser elevado a la próxima Asamblea General que es el órgano supremo de la OEA donde participan los cancilleres de los Estados miembros.
“Lo que podría pasar es que esta decisión del 15 de junio se aplique conjuntamente a la resolución de cancilleres de 1978 y que ambas sean el motivo sobre la cual se defina la suspensión, han pasado más de 40 años de estos juegos (…) Ortega está acostumbrado a prometer y no cumplir”, apuntó Guevara Mena.
Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, “constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”, la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado, según establece la Carta Democrática Interamericana, analizó el especialista.
