Expediente Público
La familia de Waleska Zelaya está marcada por la guerra fría, cuando su padre, el entonces diputado nacionalista Rodolfo Zelaya (conocido como «Noche clara»), fue uno de los principales intermediarios comerciales entre el gobierno de Estados Unidos y los grupos de la contrarrevolución nicaragüense, instalados en Honduras durante la década de los ochenta.
Hace 35 años, el supermercado «Hermano Pedro», propiedad de Rodolfo Zelaya, parecía una tienda cualquiera de abarrotes en Comayagüela, ciudad del Distrito Central, capital de Honduras. Sin embargo, con aquel establecimiento de apariencia familiar, el congresista suplente del Partido Nacional se convirtió en uno de los proveedores más importantes para la Resistencia Nicaragüense o la Contra en Honduras.
La historia del «Hermano Pedro» llamó la atención de los medios más influyentes de Estados Unidos. Un reportaje publicado en 1986 por el periódico Los Ángeles Times, señaló que el gobierno de ese país había depositado 5.7 millones de dólares a diferentes cuentas bancarias de Miami, aparentemente vinculadas a Rodolfo Zelaya. A cambio, el político nacionalista debía aprovisionar de alimentos, uniformes y medicinas a los militantes antisandinistas que operaban desde Honduras.
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Con su establecimiento, se estimó que «Noche Clara» vendía el 70% de los alimentos que consumían los contrarrevolucionarios en este país centroamericano. El negocio resultaba redondo. Sin embargo, según el LA Times, aquel acuerdo comercial era «turbio y empañado».
Auditorías del gobierno estadounidense señalaron que detrás del negocio había una presunta trama de corrupción, donde altos mandos del Ejército hondureño eran socios de Zelaya. Los señalamientos también mencionaron una supuesta falta de transparencia en la compra y venta de los productos.
Más allá de los señalamientos, lo que no cabe duda, es que el negocio alrededor de la contrarrevolución nicaragüense fue tan próspero en Honduras, que despertó todo tipo de conspiraciones entre militares y políticos por repartirse las ganancias. Bajo esas disputas, en 1986 los militares allanaron la casa de Rodolfo Zelaya.
Según el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), el objetivo del allanamiento fue intimidar a Zelaya para que otras personas pudieran acceder libremente a los millonarios fondos que venían desde el norte. De acuerdo al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el 20% de los fondos destinados por Estados Unidos para la Contra en Honduras, fue malversado por militares y civiles hondureños.
Luego del ataque en su contra, Zelaya dejó el Congreso y se asiló en Miami. Décadas después, sus hijos Rodolfo y Waleska Zelaya Portillo siguieron sus pasos en el Congreso Nacional. Su hijo estuvo 16 años en el hemiciclo. Mientras su hija busca reelegirse como diputada, a pesar de los recientes señalamientos en su contra por su presunta participación en una trama de corrupción cometida durante la pandemia del Covid-19.
Breve carrera política
«Yo vengo de una familia súper nacionalista, mi abuelo materno, Adrián Portillo, fue el alcalde de Morolica en los tiempos de Carías (dictadura de 1933 a 1949); mi papá fue un gran nacionalista, desde pequeños nos llevaba a las concentraciones del Partido. Yo he hecho todo dentro del Partido», comenta Waleska, candidata nacionalista a diputada por el departamento de Francisco Morazán.
Hasta 2013 la carrera política de Waleska pasó prácticamente inadvertida. Tras la muerte de su padre, su hermano Rodolfo fue quien adquirió el protagonismo de la familia, siendo diputado de 1998 al 2014.
En el hemiciclo, «Noche Clarita» (como le llaman a Rodolfo hijo, en referencia de su padre) presidió la Comisión de Defensa, Seguridad y Antinarcóticos durante ocho años y fue Subjefe del Partido Nacional en el Congreso durante la presidencia de Ricardo Maduro (2002-2006). Con el gobierno de Juan Orlando Hernández ha sido director ejecutivo del Plan de Nación y asesor político en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, de 2002 al 2005, Waleska fue nombrada vicecónsul de Honduras en la ciudad de Tampa, en Estados Unidos. En ese puesto compartió labores con el entonces cónsul Aldo Micheletti Baín, hermano de Roberto Micheletti, presidente de facto tras el golpe de Estado de 2009.
Releva a su hermano en el Congreso
Mientras su hermano finalizaba su carrera como congresista, Waleska buscó su primera diputación en las elecciones de 2013. Sin embargo, fue hasta 2017 que logró la curul. Previo a los pasados comicios, esta candidata presentó una moción para aprobar la castración química en las personas sentenciadas por violación.
«También propongo un censo, una especie de central de riesgo, donde todos los violadores estén en una página web, para que todos podamos entrar y ver sus nombres y apellidos, así sabremos quiénes están a nuestro alrededor», comentó Waleska sobre su propuesta legislativa. La iniciativa no obtuvo algún apoyo.
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Sin embargo, para los comicios de 2017, Waleska Zelaya ya contaba con una plataforma electoral. Su candidatura la impulsaba tras haber sido una de las directoras del programa Vida Mejor, la cual ella describe como la «columna vertebral» de la administración de Hernández. (Cabe mencionar que este programa es la principal fuente clientelar y proselitista que tienen los nacionalistas desde el gobierno).
«He trabajado con mi esposo, apoyando en los negocios de la familia, siempre trabajando a la par de él», manifestó Waleska durante su campaña política de 2017. Justamente los negocios familiares fueron la causa de los señalamientos en su contra, cuando en 2020, en plena pandemia, el CNA la señaló por vender insumos médicos al Estado de Honduras, supuestamente de forma irregular.
Reelección bajo acusaciones
«Debemos luchar fuerte contra la impunidad, son flagelos que deterioran a nuestro país en todos los aspectos, hay mucha corrupción en Honduras», comentó Waleska en 2013, durante su primera campaña como aspirante del Congreso Nacional. Siete años más tarde el CNA la señaló por su presunta participación en un supuesto acto de corrupción.
De acuerdo al informe «Corrupción en tiempos de COVID-19», el CNA argumentó que el 8 de abril de 2020, por medio de la orden de compra #019-2020, INVEST-H autorizó comprarle al Grupo de Gestión y Tecnología (GyT S.A. de C.V.), 474 mil mascarillas KN95, a un valor unitario de 4.29 dólares. En total, el monto superaba los dos millones de dólares.
La denuncia del CNA fue clara: «cuando la sociedad (GyT S.A.) se constituyó, la señora Waleska Zelaya Portillo formaba parte del Consejo de Administración de dicha empresa en calidad de tesorera, posteriormente se separó de dicho cargo en enero del 2018 cuando inició su periodo como diputada en el Congreso Nacional de Honduras. Cabe resaltar que, en la actualidad, el señor Juan José Lagos Romero, esposo de la diputada Zelaya, es socio y presidente de Grupo GyT».
Además, que la Ley de Contratación del Estado prohíbe que los familiares cercanos de los funcionarios públicos adquieran contratos con el Estado, las mascarillas supuestamente vendidas por la familia Lagos Zelaya se encontraban presuntamente sobrevaloradas.
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Cabe mencionar que, las mismas mascarillas que el Grupo GYT supuestamente vendió por 4.29 dólares, actualmente tienen un costo al por menor de 1.68 dólares.
Supuesta venta de la empresa
Una investigación publicada por Expediente Público señaló que luego que las autoridades iniciaran el proceso de investigación, la empresa GyT S.A. de C.V., protocolizó un documento de venta de acciones a favor de la empresa panameña Baudin Overseas Corp, cuyo representante legal es Marco Tulio Castro Canales.
El nombre del abogado Marco Tulio Castro Canales es recuente en los juzgados hondureños cuando se trata de defender a funcionarios acusados por corrupción. Se trata del abogado defensor del exdirector de INVEST-H, Marco Antonio Bográn, quien actualmente se encuentra en juicio por el supuesto delito de corrupción en el mal manejo de los recursos públicos destinados para el combate del coronavirus en Honduras.
Castro Canales también fue el abogado defensor de dos personas acusadas y posteriormente sobreseídas en el caso Pandora, con el cual el Ministerio Público señaló unas supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña del Partido Nacional en 2013.
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Por último, el abogado Castro también fue el defensor de la exdiputada Lena Gutiérrez, absuelta en 2019 por el caso de Astropharma. Cabe recordar que esta exfuncionaria, incluida en la «lista de corruptos» que circuló el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2019, fue acusada por la supuesta venta de medicamentos adulterados y de baja calidad al sistema de salud público. Un caso conocido en Honduras popularmente como las «pastillas de harina».
Más señalamientos
De acuerdo a otra investigación, Juan José Lagos, esposo de Waleska, forma parte de otras seis empresas, apareciendo en una de ellas como socio del diputado Antonio Rivera Callejas. Asimismo, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) mencionó a Lagos en otra trama.
De acuerdo a la ASJ, el esposo de la diputada también fue el presidente de un equipo de fútbol de la primera división, señalado por ser financiado con fondos del Registro Nacional de las Personas (RNP). «Juan José Lagos Romero (socio y apoderado legal) fue presidente del equipo de fútbol Real de Minas, que era financiado con fondos del RNP y al mismo tiempo Grupo G y T era encargada de suministrar papel de seguridad al RNP, mediante una compra directa», destacó el informe de ASJ.
Por el escándalo de las mascarillas, la pareja Lagos Zelaya fue citada por el Ministerio Público (MP), en una investigación manejada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
«Me sorprendí al recibir la citatoria. No tengo nada que esconder, yo no le vendido ni un alfiler al Estado. Me hicieron un daño irreversible, irreparable. Es duro cuando a uno le amancillan el apellido de mi padre (…) No he hecho absolutamente nada de lo que pueda avergonzarme, de hecho, yo he sido crítica de la corrupción», reaccionó Waleska ante el proceso del MP, negando cualquier participación en la venta de mascarillas al Estado.
Cuatro años más en el Congreso
A pesar de los señalamientos en su contra, paradójicamente, Waleska Zelaya forma parte de la Comisión de Ética y Transparencia del Congreso Nacional. También ha sido miembro de las Comisiones de Desarrollo y Protección Social (donde es presidenta), de Asuntos Electorales y Reformas, así como en las comisiones especiales del Café y de la Ley del Consejo Nacional Electoral.
«Las personas involucradas en corrupción no deberían de participar en las elecciones, la gente quiere elegir a candidatos honestos, no a personas señaladas, involucradas o sentenciadas en actos de corrupción», expresó Waleska Zelaya el pasado mes de marzo.
A pesar de las anteriores declaraciones, el 25 de mayo, esta diputada y candidata votó a favor de la nueva Ley Electoral, la cual habilita a los candidatos que enfrentan procesos judiciales, a participar en los comicios. Esta reforma benefició a muchos aspirantes, entre ellos a la misma Waleska Zelaya, así como a Nasry Asfura, el candidato presidencial por el Partido Nacional, quien fue señalado por la Fiscalía, por el presunto desvío de 1.2 millones de dólares.
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«Todo aquel que tenga una sentencia o un juicio pendiente debería de hacerse a un lado del proceso electoral», añadió Waleska hace unos meses. Sin embargo, el próximo 28 de noviembre su foto aparecerá en la papeleta del Partido Nacional por el departamento de Francisco Morazán.
