Victoria Sofía es una mujer trans de 29 años, que rompe esquemas en un país como Honduras, conservador hacia la diversidad sexual. Pero ella ha logrado romper las adversidades y obtuvo su título de abogada en la Universidad Cristiana de Honduras (UCRISH) con su nombre asumido y no con el que fue registrado en su partida de nacimiento en el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Honduras no posee una Ley de Identidad de Género, uno de los principales inconvenientes para los miembros de la comunidad trans a quienes se les niega el derecho de asumir su nombre adquirido. No obstante, el caso de Victoria Sofía constituye un precedente hacia la conquista de ese derecho, una lucha para que cese la violencia, la discriminación y los abusos en contra de la comunidad comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual (LGBTI).
Para ella, «todos o casi todos» los que optan por asumir una identidad sexual diferente a su género biológico, son objeto de violencia y generalmente comienza por la familia, quien los rechaza y muestra niveles de intolerancia.
La joven abogada dijo que a nueve años de su cambio hormonal, aunque ha tenido logros, los retos por superar siguen siendo grandes. De chica, recuerda, «sufrí bastante hasta que logré el apoyo de mi familia, en especial de mi padre». Recuerda que cuando estudiaba la secundaria, fue obligada a cortarse el cabello y vestirse como hombre.
De ahí que uno de sus principales logros fue haberse graduado de abogada con la identidad de género asumida en una universidad privada y cristiana en San Pedro Sula. Se trata de la UCRISH, unas de las 21 instituciones de educación superior públicas y privadas existentes en Honduras.
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Una batalla ganada
La Universidad Cristiana de Honduras (UCRISH) se considera una institución de educación superior dedicada a la formación integral y al perfeccionamiento de profesionales que “fundamentada en la Biblia para la preparación académica y espiritual de hombres y mujeres, contribuye a la solución de los problemas que vive la nación, integrándose al proceso dinámico de su desarrollo”.
Precisamente fue ahí donde Victoria Sofía libró fuertes batallas por su identidad de género, «fueron muchos los obstáculos sorteados», recuerda. Las agresiones que en su momento tuvo de las autoridades académicas la llevaron a poner una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), una institución estatal con rango constitucional que le dio apoyo y acompañamiento.
Actualmente, Victoria Sofía es la Asesora Judicial del Hospital «Manuel de Jesús Subirana» en Yoro. El hospital donde labora, toma su nombre de un sacerdote católico que luchó a favor de los derechos de los indígenas y las poblaciones mestizas pobres de la zona en el siglo XIX.
Con su vestido a rayas y tacones altos, esta joven de cabello largo y suelto, narró que a los 14 años asumió su identidad sexual. «Tengo una pareja desde hace 10 años, a quien conocí cuando tenía 19 años, pero que me quiere sólo cuando estamos en cuatro paredes, lo que para mí es como una cárcel. Yo quiero un amor libre», apuntó.
Pero es consciente que esas barreras no serán superadas en el corto plazo por diversos factores, entre ellos la intolerancia, la discriminación y la inseguridad.
Los riesgos
San Pedro Sula, donde vive Sofía, es una de las ciudades con el mayor número de agresiones contra la comunidad LGBTI en Honduras. Según el Centro de Monitoreo de Comunicación LGBTI de la Red Lésbica Cattrachas, de 2016 a septiembre de 2017, se registran un total de 49 muertes violentas de género.
Para las organizaciones defensoras de la comunidad LGTBI ser tran representa una situación de riesgo más alta que otros grupos, porque asumen su identidad de manera pública.
«La mayor violencia en la comunidad LGBTI es contra los gays, porque somos más», afirmó Donny Reyes, director de la Asociación Arcoiris en Honduras, al indicar que si bien los asesinatos de personas gays son más frecuentes, los de la comunidad trans adquieren mayor impacto, aunque sean menos.
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De las 49 muertes violentas registradas en 21 meses por la Red Lésbica Cattrachas, 26 fueron de miembros gays, 13 trans y 10 lesbianas. Esta información hasta el momento de la investigación en curso no ha podido ser cotejada con las autoridades a quienes se les ha pedido información.
Del total de casos registrados, según la Red Lésbica Cattrachas, sólo se han judicializado o abierto 9 casos, lo que representa menos de dos expedientes investigados por cada 10 sucesos trágicos.
Desafíos
Para Donny Reyes, como para Victoria Sofía, los casos de la comunidad LGBTI representan un desafío en materia de impunidad y acceso a justicia, pues la mayoría de las instituciones estatales no las reconoce ni como instancias civiles de derechos humanos defensoras de su comunidad ni como personas con derechos adquiridos.
En Honduras la actividad sexual entre personas del mismo sexo es permitida desde finales del siglo XIX, siempre de manera consentida y privada. Fue hasta la modificación de la Constitución en 2004 cuando se prohibió el matrimonio y unión entre personas del mismo sexo, así como que pudieran adoptar a menores.
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En esa reforma se modificó el artículo 112 constitucional en el cual «se reconoce el derecho del hombre y la mujer, que tenga la calidad de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre sí. Se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrado o reconocido bajo leyes de otros países no tendrán valide en Honduras».
Luego en el artículo 116 constitucional se indica que: «se reconoce el derecho de adopción a las personas unidas en el matrimonio o unión de hecho. Se prohíbe dar en adopción niños o niñas a matrimonios o uniones de hecho conformadas por personas del mismo sexo. La Ley regulará esta institución».
Este articulado legislativo, trunca, de entrada, las aspiraciones de Victoria Sofía, a quien si le gustaría ser madre a futuro, «pero sé que es imposible. Nunca he pensado en irme de Honduras, pero tampoco lo descarto», dijo la abogada.
Agenda pendiente
El actual panorama jurídico, es para los integrantes de la Comunidad LGBTI una agenda pendiente si de impulsar reformas legales se trata. Dentro de este abanico de desafíos se encuentra la Ley de Identidad de Género y la Ley Antidiscriminación, última que actualmente es discutida entre organizaciones, representantes del gobierno y sociedad civil.
De momento, el Congreso Nacional discute un nuevo Código Penal, que de acuerdo a las organizaciones LGBTI, representa un retroceso respecto al actual, pues reforma los artículos en los que se hace referencia al tema de género, algo que habían considerado un avance en los últimos años.
Según los integrantes de la comunidad, uno de los desafíos pendientes es impulsar la creación de una política pública que estipule la garantía del goce de derechos de la comunidad, así como una armonización entre la legislación nacional y los convenios y tratados internacionales que el Estado ha suscrito.
