La población hondureña de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) diariamente enfrentan dificultades para gozar de sus derechos humanos. Reducir la violencia y acceder a la salud, a la educación y a un trabajo digno, son algunos de sus principales retos.
«En Honduras, las mujeres trans enfrentamos una situación de indeterminación jurídica y de desigualdad social que nos impide el ejercicio pleno de nuestros derechos. No es por casualidad que cientas emigremos cada año», comentó Victoria Hernández, de la organización Somos el Centro para la Cooperación y Desarrollo LGBTI (SOMOS CDC).
El pasado 30 de agosto, Hernández fue la expositora del informe «Comunidad Trans: una lucha constante por vivir»», realizado por Expediente Abierto, un centro de investigación que estudia temas de inseguridad, violencia, derechos humanos y corrupción.
Con el apoyo de la Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), la presentación se realizó con organizaciones LGBTI, quienes dialogaron con operadores de justicia y de seguridad, así como con representantes de la cooperación internacional.
La población hondureña de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) enfrentan diariamente dificultades para gozar de sus derechos humanos. Reducir la violencia y acceder a la salud, a la educación y a un trabajo digno, son algunos de sus principales retos.
«Al leer este reporte pensé en el compromiso que debe tener la academia y los investigadores con la realidad nacional. La investigación debe ser en sí, un acto de responsabilidad y de incidencia social, que genere nuevos conocimientos e insumos de información para que los tomadores de decisiones definan correctamente las políticas y acciones públicas por la defensa de los derechos humanos de la sociedad, en este caso de la comunidad LGBTI», comentó Victoria Hernández.
Presentación del informe
El director de Expediente Abierto, Javier Meléndez, relató que el informe se realizó «porque decidimos que uno de nuestros trabajamos principales iba ser alrededor de la diversidad sexual, nos hemos enfocado mucho en la comunidad trans, porque es una de las poblaciones con mayor riesgo en temas de violencia, de justicia e impunidad en el país».
El informe señala que con un limitado acceso a la justicia, donde se estima que el 92% de los casos permanecen impunes, es complejo identificar las causas específicas de los asesinatos. Pero al analizar el marco jurídico y la respuesta institucional del Estado, se constata el grado de desprotección en el cual se encuentra la comunidad LGBTI, particularmente las mujeres trans, así como la hostilidad del contexto político, económico, social y cultural predominante frente a la diversidad sexual.
Con el apoyo de la Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), la presentación se realizó con organizaciones LGBTI, quienes dialogaron con operadores de justicia y de seguridad, así como con con representantes de la cooperación internacional.
Meléndez puntualizó que el estudio pretende entender el contexto de inseguridad que viven las personas trans, «iniciamos esta investigación en octubre, luego la rehicimos y organizamos este año junto a Expediente Público, que es el área periodística de nuestro centro, donde comenzamos a publicar una serie de reportajes y artículos sobre la diversidad sexual, entrevistando a personas de la comunidad trans».
Para Expediente Abierto, el tema de la comunidad trans es transversal para entender la problemática de violencia que hay en Honduras, «queremos investigar y tratar de organizar mejor toda esa masa de información que anda dispersa en el tema de violencia e inseguridad con la diversidad sexual», comentó su director.
Diálogo
Representantes de diversas organizaciones de la comunidad LGBTI del país, expusieron ante los operadores de justicia la problemática que enfrentan en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, destacando casos de violencia que cometen autoridades de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público. También abordaron el tema de la discriminación en el acceso a la salud y educación, sin excluir los avances y los retos que hay en materia de sensibilización e incidencia con los diferentes sectores.
Sasha Rodríguez, representante de la Organización Pro-Unión Ceibeña (OPROUCE), expuso la problemática que viven en dicha ciudad y los abusos que reciben al momento de ejercer el comercio sexual. «Cuando ejercemos el trabajo sexual nuestros derechos son violentados, los policías y militares nos insultan, cuando estamos con nuestros clientes nos bajan del carro y nos quitan nuestro dinero. Todo esto se da a pesar que los policías están recibiendo empoderamiento en los temas de género, no a la discriminación y al no maltrato».
El director de Expediente Abierto, Javier Meléndez, relató que el informe se realizó «porque decidimos que uno de nuestros trabajamos principales iba ser alrededor de la diversidad sexual, nos hemos enfocado mucho en la comunidad trans, porque es una de las poblaciones con mayor riesgo en temas de violencia, de justicia e impunidad en el país».
«Si hablamos del sector salud, es una necesidad muy grande donde se supone que hemos trabajado con ese tema, donde los han capacitado para atender a las chicas en estados de emergencia, pero en la práctica en los centros no les dan prioridad y tenemos que ir como representantes de organizaciones para que las atiendan», detalló Sasha.
«Los vamos a matar por culeros», fue el mensaje que apareció pintado en el muro de OPROUCE, cuando en el año 2000 abrió sus puertas para combatir el VIH y la violencia en contra de las mujeres trans en esa ciudad del norte. Aquella no era una amenaza espuria. Desde hace siete años tres de sus directoras viven asiladas en España, después de haber recibido múltiples intimidaciones homo transfóbicas.
Allyson Hernández, representante del Colectivo Unidad Color Rosa de San Pedro Sula, explicó las vulnerabilidades que enfrentan las mujeres trans en una de las ciudades más violenta del mundo, donde han sido asesinadas más de 80 personas trans desde el 2008.
Para ahondar en las condiciones sociales, económicas y políticas que enfrenta esta población, en junio del presente año Expediente Abierto encuestó a 46 mujeres trans de la zona norte del país, la mayoría residente en La Ceiba, San Pedro Sula y sus alrededores.
Las respuestas esbozan el perfil de una comunidad que hace malabares entre las urgencias y los retos para vivir con dignidad en Honduras, el cual fue señalado por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés), como el país con el promedio más alto de asesinatos cometidos a trans en el mundo desde el 2008 al 2015. Según sus reportes, en ese período se cometieron 89 homicidios transfóbicos, alcanzando una tasa de 9.9 crímenes por cada millón de habitantes. Para dimensionar estas cifras, durante esos siete años, en Nicaragua fueron asesinadas cinco personas trans.
Para Expediente Abierto, el tema de la comunidad trans es transversal para entender la problemática de violencia que hay en Honduras, «queremos investigar y tratar de organizar mejor toda esa masa de información que anda dispersa en el tema de violencia e inseguridad con la diversidad sexual», comentó su director.
«En San Pedro Sula el 70% de la comunidad trans ejerce el comercio sexual y está expuesta a ser víctima de la violencia, en la mayoría de los casos los responsables son clientes de nuestras compañeras», detalló Allyson Hernández.
Por otra parte, la representante de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Rihanna Ferrera, comentó sobre los casos que hay en la capital hondureña, «hasta el día de hoy, tenemos 16 casos de violaciones a los derechos humanos y cinco casos de discriminación por medios de comunicación. Nuestra organización trabaja con diferentes temas, como es el tema desplazamiento forzado por la violencia, la migración, personas LGBTI privadas de libertad, así como el acceso a la justicia».
Según los registros de Cozumel Trans, desde el 2008 al 2018 han sido asesinadas 107 mujeres trans, «hay casos de judicialización, pero en la mayoría no se ha realizado el debido proceso», dijo Ferrera.
Reacciones
La directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, comentó que para reducir la impunidad, cada unidad de justicia e investigación debe realizar correctamente sus labores, «cada quien tiene su rol, la policía es la que investiga, pero la investigación comienza en Medicina Forense, donde nosotras tratamos con dignidad y beligerancia cada uno de los casos que nos llegan. Como miembros de este circuito, tenemos que sensibilizarnos con la problemática».
«Si hablamos del sector salud, es una necesidad muy grande donde se supone que hemos trabajado con ese tema, donde los han capacitado para atender a las chicas en estados de emergencia, pero en la práctica en los centros no les dan prioridad y tenemos que ir como representantes de organizaciones para que las atiendan», detalló Sasha.
Donny Reyes, coordinador de Arcoiris, coincide con Villanueva y enfatiza que los cambios investigativos tienen que realizarse desde todas las unidades, «no siempre existen voluntades para hacer un esfuerzo interinstitucional, nos alegra cuando nos dicen que Medicina Forense está avanzando, quiere decir que hay un paso más, pero el cambio tiene que venir desde la cabeza de todos los espacios».
«Hay muchos dinero para los operadores de justicia, pero a lo interno de las instituciones existe discriminación de todo tipo. El informe se hizo con esa misión, que podamos ver y sentarnos y decir que nuestra población trans sufrimos agresiones físicas y verbales, por el simple hecho de usar una falda», comentó Billy Lagos, del Colectivo Unidad Color Rosa de San Pedro Sula.
Para descargar el informe abrir este enlace, o leer directamente acá.
