*La Asamblea Legislativa aprobó por mayoría una reforma al Código Penal la nulidad de la prescripción para feminicidios.
**En 2022 las autoridades registraron 53 feminicidios simples y, un año antes, en 2021, hubo 80 casos.
***En los primeros dos meses de 2023 se han reportado 16 feminicidios donde el patrón dominante es que el agresor pertenece al entorno familiar cercano.
Eric Lemus / Expediente Público
La nulidad a la prescripción de los feminicidios en El Salvador y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 23 de febrero será una de las principales herramientas que tendrán las autoridades de este país centroamericano para perseguir a quienes asesinan a mujeres.
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres que lleva la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) registra 12 feminicidios perpetrados entre enero y febrero del año en curso.
La cantidad es un número preocupante para quienes trabajan contra este flagelo que enluta a las familias salvadoreñas y que se combina con factores estructurales, en opinión de la abogada Angélica Rivas, del equipo jurídico de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.
“La reforma es muy importante porque como Colectiva valoramos mucho que el feminicidio esté entre los delitos imprescriptibles, pero si no va acompañado de una serie de políticas principalmente de prevención, no es una medida disuasoria”, matiza Rivas a Expediente Público.
Mientras que la activista feminista, Keyla Cáceres, destaca a este medio que una de las violencias más peligrosa es “la feminicida porque generalmente sucede en el ámbito de nuestros hogares”.
Las reformas al Código
La Asamblea Legislativa salvadoreña, que es dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), logró consenso con las diferentes fracciones partidarias durante una de las últimas sesiones plenarias para lograr una reforma al Código Penal en los artículos relativos a feminicidios.
Con 76 votos a favor, los políticos también incorporaron un nuevo artículo a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
La ley salvadoreña castiga como feminicidio el crimen contra una mujer por motivo de odio o menosprecio por su condición de género y sanciona con penas de 20 a 35 años de cárcel.
Sin embargo, el delito prescribía a los 15 de la comisión del crimen y fortalecía la impunidad de los homicidas.
En El Salvador eran imprescriptibles los delitos de tortura, terrorismo, secuestro, genocidio, desaparición y de guerra, a los que el Congreso sumó en 2015 los delitos sexuales contra los menores y, en 2021, los de corrupción.
Disuasión o resarcimiento
La entrada en vigor de la nueva normativa penal es vista por las organizaciones feministas y de derechos humanos como instrumento, pero que todavía no arroja resultados concretos.
“No estamos teniendo castigos ejemplares alrededor de estos crímenes y, por el contrario, se sigue perpetuando una medida de impunidad que deja claro que las mujeres no somos ciudadanas de primera categoría para ser incluidas en (el sistema de) seguridad pública”, observa Cáceres a Expediente Público.
Diversas organizaciones conmemoran este 8 de marzo en las calles de San Salvador el día internacional de la mujer con el lema “Juntas luchamos, resistimos y avanzamos” tanto para celebrar la efeméride como solidarizar con las víctimas.
“Lo que podría ser una medida disuasoria es que persigamos a los agresores y que las penas sean ejemplarizantes”, reclama Angélica Rivas.
“Si eso no lo acompañamos con una serie de políticas de resarcimiento hacia las víctimas, de políticas de prevención, es decir, para que sea antes de que cometa el delito, si no hacemos eso estamos haciendo muy poco como país”, añade la abogada de la Colectiva Feminista.
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El caso Fernanda Nájera
El sábado 2 de febrero de 2019 fue encontrado el cuerpo desfigurado y con señales de violencia de una joven que posteriormente fue identificada como Fernanda Nájera. El cadáver estaba en una canaleta a un costado de la calle que conecta el pueblo pintoresco de Ataco con la cabecera departamental de Ahuachapán.
Dos días después, el lunes 4 de febrero, agricultores encontraron a un niño de poco más de un año deambulando en medio de los cafetales deshidratado y moribundo.
El feminicidio estremeció a la opinión pública porque acaeció en uno de los parajes conocidos como la ruta de las flores, cuya belleza natural radica en que está rodeada de una cadena montañosa.
Sin embargo, el crimen de Fernanda, una joven de 23 años, también muestra el otro lado de estos lugares de ensueño donde el horror llega a domicilio.
El jueves 31 de enero, Michael Alejandro Castillo Murga, llegó a la casa de Nájera con la promesa que iba a reconocer ante la ley al niño. Pero su plan era otro.
Desde hace cuatro años, este feminicidio sigue impune pues el acusado está prófugo, a pesar que tiene una difusión roja de la Interpol para que sea capturado donde se encuentre.
Encubrimiento sistemático
Castillo Murga tuvo una compleja red de cómplices que incluyeron a su madre, novia, un médico, un fiscal, que urdieron una trama para salvarle el pellejo al acusado.
La Fiscalía General informó de la captura del fiscal Donald Augusto Valdivieso López, quien se encontraba prófugo, el médico Roberto Arturo Valdivieso López y Jacqueline Alejandra Martínez Herrera, novia del imputado.
A lo largo del proceso judicial, el año pasado el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de Santa Ana absolvió al médico Roberto Arturo Valdivieso López del delito de encubrimiento.
De paso, encontró culpable de encubrimiento a Jacqueline Alejandra Martínez Herrera, que era novia del prófugo, pero fue eximida de una condena con base a un subterfugio que ofrece el Código Procesal Penal.
A lo largo de todos estos cuatro años, pese que el crimen atrajo la atención de distintos sectores, solamente la Colectiva Feminista brindó acompañamiento jurídico a la madre de la víctima, quien sufre el funcionamiento cotidiano del sistema penal más allá de los instrumentos que ofrezca una reforma a las leyes salvadoreñas.
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Retardación injustificada
“Esto ejemplifica claramente lo que no buscamos: una desprotección del Estado y un cansancio que produce en los familiares; en este caso de la madre de Fernanda con estos procesos tan largos. Si las organizaciones no estuviéramos acompañando, ella ya hubiera desistido de seguir”, lamenta la abogada Rivas.
Entre 2019 y 2021, la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres, en San Salvador, ha resuelto 64 peticiones tanto de la Fiscalía y las abogadas.
Además, la misma Fiscalía pidió cambiar el delito de fraude procesal a encubrimiento.
“Este es otro ejemplo de lo que no deberíamos hacer, que es juzgar a un imputado en ausencia, a pesar que esté tiene difusión roja y no ha sido capturado”, exhorta Rivas.
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“De ser encontrado culpable este reo ausente, tampoco significará justicia, tampoco va a llevar un mensaje social que pueda generar esta disuasión de los hombres a no cometer este delito”, razona.
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Violencia en todas partes
Por su parte, Keyla Cáceres, que también es historiadora, dice a Expediente Público que en El Salvador la violencia en casa es uno de los múltiples escenarios que sufre la población femenina en este país centroamericano porque también existe en los ámbitos de trabajo y lugares de estudio.
“Por ejemplo, la Universidad de El Salvador, que es la única universidad pública del país, lamentablemente hasta la fecha no ha ratificado protocolos de prevención de violencia contra las mujeres ni ha homologado la legislación interna por la autonomía que tiene y ahí es un semillero de violencia contra las mujeres”, explica.
“Es un fenómeno estructural que debemos contrarrestar las causas porque mientras no hagamos políticas públicas serias de promoción de la igualdad, y de contrarrestar estas inequidades, desigualdades económicamente, difícilmente vamos a poder cambiar este patrón”, concluye Cáceres.
