**La oposición en Nicaragua fue incapaz de unificarse para acudir en un solo bloque a las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021. Se facilita el camino a Daniel Ortega para reelegirse para un cuarto gobierno.
**OEA, el observador electoral más relevante del continente, condena maniobras legales del FSLN para evitar elecciones limpias
***Tras vencerse el plazo para conformar alianzas corre la fecha para inscribir candidatos presidenciales y a diputados, el 28 de julio.
EXPEDIENTE PÚBLICO
Después de una jornada confusa y repleta de mutuos reproches entre los dos principales bloques opositores, la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional, terminaron sin un acuerdo las negociaciones para conformar una alianza electoral para el 7 de noviembre de 2021.
Ahora, en el calendario electoral la siguiente fecha relevante es la inscripción de candidatos presidenciales y para los 90 curules de la Asamblea Nacional como se llama el parlamento en Nicaragua, la fecha tope es el 28 de julio.
Con la falta de acuerdo entre los dos principales bloques opositores, “quien pierde es Nicaragua”, manifestó a Expediente Público el exdiplomático y analista político Edgard Parrales.
“Las fuerzas se dividen, el FSLN no tiene que luchar contra una oposición compacta y fuerte, sino, con una fragmentada, lo que le da mayores oportunidades, aunque no necesariamente la victoria, porque los opositores pueden luchar por un voto masivo y gane quien gane tienen la oportunidad de tener la mayoría”, precisó.
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Parrales esperaba esta situación, “pero no deja de ser triste que las fuerzas opositoras no llegaran a un entendimiento para conformar una alianza tan necesaria”.
La Alianza Ciudadana representada por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y la Coalición Nacional por el Partido Restauración Democrática (PRD) habían acordado acudir juntos a las elecciones en la casilla electoral del primero, pero no lograron entenderse en la representación legal de la alianza ni en las nominaciones a los cargos públicos de elección.
Esta división de los opositores fragmentaría el voto de los ciudadanos que rechazan al gobierno de Daniel Ortega, quien lleva 14 años en el poder en Nicaragua. Ortega con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), buscará reelegirse para un cuarto período presidencial de forma consecutiva. Para los próximos comicios, Rosario Murillo y esposa del presidente, repetirá como candidata a la vicepresidencia.
Divididos, el escenario no deseado
CxL sí inscribió una alianza con el caribeño Partido Movimiento de Unidad Costeña (Pamuc) este 12 de mayo en el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Mientras, el PRD como el también partido costeño Yatama, participarán solos en sus respectivas casillas, por un voto favorable del diputado caribeño Brooklyn Rivera en el parlamento a favor de la elección del magistrado sandinista Lumberto Campbell, lo que terminó separando a ambas organizaciones que habían estado aliadas.
De no ir a las elecciones nacionales el PRD y Yatama perderían su personería jurídica y derechos como organización política, según la Ley Electoral nicaragüense.
Un día antes de la fecha para las inscripciones, el precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana, Arturo Cruz, (exembajador sandinista en Estados Unidos) adelantó que no habría acuerdo con la Coalición y la misma presidenta de CxL, Kitty Monterrey, lo expresó en una entrevista el 30 de abril. Aún así se mantuvieron los intercambios y la confusa espera de un acuerdo de última hora.
“Ahora ambas partes esgrimen dos versiones diferentes (de lo ocurrido el 12 de mayo), CxL dice que le dijeron al PRD que tenían hasta la 1:00 p.m. para conformar una alianza porque a las 2:00 p.m. tenían una cita acordada con el Consejo Supremo Electoral (CSE). Por otro lado, personeros del PRD habían concertado que a las 4:00 p.m. se iban a reunir, habrá que preguntar a ambas partes que diluciden esa discrepancia”, expresó Parrales.
¿Aún hay oportunidad?
“Había muchas contradicciones a lo interno de la Coalición, la propuesta que plantearon no era realista sobre todo en la repartición de diputados. Cuando se habla de una forma diferente de hacer política, el PRD planteó una propuesta con el mismo modo de hacer política, la adjudicación de curules y el clientelismo, debemos ver esto con realismo, los candidatos deben ser resultado de un proceso democrático”, indicó el exdiplomático y analista político Bosco Matamoros.
Kitty Monterrey, presidenta de CxL, sostuvo en una conferencia de prensa previa a acudir al tribunal electoral que “nos hemos enfrentado a groserías a bajezas mentiras y calumnias, preferimos guardar silencio porque cuando uno busca verdaderamente unidad hace el mayor esfuerzo para mantener esas conversaciones con discreción y no convertirlas en un circo electoral y mediático”.
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Agregó, “hoy solo es el día para inscribir alianzas electorales entre partidos, no es el fin de la unidad, empieza una etapa nueva donde todos debemos seguir esforzándonos para incluir a las organizaciones y un bloque opositor”.
Saturnino Cerrato, presidente del PRD, respondió a estas declaraciones a través del conferencias, argumentando que CxL “quería que llegáramos solo a firmar y darle un ambiente mediático a eso, íbamos a plantear el asunto de la casilla, la representación legal, cómo se haría con los candidatos, uno nunca firma y después negocia”.
“Ayer (11 de mayo) invitamos a una conferencia de prensa para dar a conocer nuestra posición en torno a las posibles negociaciones y esta mañana como hicimos un comunicado a Óscar Sobalvarro (vicepresidente de CxL) recibimos la respuesta de sí a las 4:00 p.m., pero no fuimos porque ellos procedieron antes a inscribir su alianza”, declaró Cerrato.
Candidaturas
La Alianza Ciudadana tiene actualmente cuatro precandidatos presidenciales, la Coalición Nacional también otros cuatro, además, hay una precandidata independiente y los de partidos como el Liberal Constitucionalista (PLC).
Parrales considera que los dos bloques opositores más importantes podrían conciliar una lista común de diputados y quizá para las próximas semanas no tengan tantos desacuerdos y logren concertar una lista entre ambas partes. “Esperamos que hayan aprendido la lección de lo que sucedió en esta ocasión y para julio tengan una actitud mucha más flexible y patriótica que les haga pensar más en Nicaragua que en otra razón o interés”, afirmó el analista.
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Las trabas del sistema electoral
El régimen de Nicaragua estableció un sistema electoral donde solo los partidos políticos tienen derecho a participar en las elecciones, por lo que muchas organizaciones y movimientos sociales están obligados a asociarse a los partidos para optar a cargos de elección.
Sin embargo, de forma sorpresiva la directiva del Partido Conservador (PC) anunció que no participará en las elección nacionales de noviembre, por lo que no inscribió su alianza Unión Republicana (UNIR), a riesgo de perder la condición de partido político como sanción por parte del CSE, según la Ley Electoral. «Sería legitimar el fraude», dijo Alfredo César, presidente de los conservadores quienes son considerados aliados del FSLN.
La Alianza Ciudadana está conformada por Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido Movimiento de Unidad Costeña (Pamuc), los cuales inscribieron su alianza el último día de plazo, el 12 de mayo, además, está integrado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un movimiento heterogéneo surgidos de las protestas sociales del 2018, con la particular participación de empresarios.
La Coalición Nacional está representada por el Partido Restauración Democrática (PRD) de corte evangélico, porque había suspendido al partido indígena Yatama por un voto de su líder a favor de la reelección del magistrado sandinista Campbell, quién está sancionado por la comunidad internacional. Además, está la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) que aglutina a diferentes organizaciones civiles y también tiene en sus filas al Movimiento Campesino.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional y Daniel Ortega gobiernan Nicaragua desde 2007, también inscribieron el 12 de mayo la Alianza Unida Nicaragua Triunfa compuesta por nueve partidos y cinco movimientos.
OEA: “La peor elección posible”
“Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible” advirtió el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente sostenida este 12 de mayo.
Además, señaló que la reciente reforma electoral aprobadas por el parlamento nicaragüense el 6 de mayo, aleja la posibilidad de contar con un proceso “transparente, participativo y equitativo”.
La sesión fue calificada como “injerencista” por el embajador de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado. Pero lo del organismo resultó en una nueva condena por las violaciones a los derechos humanos, y la falta de voluntad del Estado para superar la impunidad de las más de 300 víctimas mortales en el contexto de la represión a las protestas sociales en el país centroamericano.
“Como hemos expuesto en diferentes ocasiones ante este Consejo, desde nuestra visita a Nicaragua, realizada el 17 de mayo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión violenta a las protestas sociales iniciadas en abril de 2018, las cuales, hasta el día de hoy persisten en completa impunidad”, dijo la relatora especial para Nicaragua y presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola.
Urrejola también expresó su preocupación desde la CIDH por la aprobación de la reforma electoral en Nicaragua que mantiene e intensifica el cierre de los espacios democráticos, durante la sesión para evaluar la situación de crisis política y derechos humanos de este país centroamericano.
Gobierno sigue confrontando
Ante esto, el embajador sandinista Alvarado intervino por tercera vez en la reunión para “exhortar” a los Estados miembros de la OEA, y decirles que se “ocupen de sus propios asuntos” y se abstengan de violentar la soberanía del país. “Los asuntos de Nicaragua los resolvemos los nicaragüenses” , dijo repitiendo el discurso de confrontación que el gobierno ha mantenido con la comunidad internacional.
El embajador de Venezuela, Gustavo Tarrera, (designado por Juan Guaidó) lamentó la postura del embajador nicaragüense, al negar los hechos de violencia y carecer de refutación de argumentos. “Pareciera que la única defensa de Nicaragua es tratar de evidenciar presuntas violaciones de derechos humanos en otros países, y de ser ciertas, ellos justificarían lo que ocurre en Nicaragua”, señaló.
El analista Bosco Matamoros expresó a Expediente Público que confía que la comunidad internacional, los diferentes actores políticos, económicos y sociales continuarán hasta noviembre ejerciendo presión contra el gobierno de Daniel Ortega para que existan elecciones competitivas.
“Ortega puede continuar mandando en el país como resultado de las reformas hechas a la medida de su persona, pero no recibiría el consenso de los nicaragüenses ni la aceptación de la comunidad internacional, podría mandar pero no habría gobernabilidad, por otra parte, condenaría al país y a su partido a la agonía política, no le veo futuro a un gobierno de Ortega que resulte de estas condiciones”, concluyó Matamoros.
