En total, 20 actores políticos guatemaltecos y 14 salvadoreños están incluidos en la “Lista Engel”.
Expresidente guatemalteco, Álvaro Colom encabeza el listado de su país que incluye funcionarios y exfuncionarios de los tres poderes de Estado.
El listado salvadoreño incluye a siete funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Nayib Bukele, así como un político cercano.
Expediente Público
Estados Unidos divulgó este jueves la llamada “Lista Engel”, destinada a castigar a actores políticos corruptos y que socavan la institucionalidad democrática en el Triángulo Norte de Centroamérica: 34 funcionarios, empresarios y políticos de El Salvador y Guatemala han sido incluidos en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, parte de la Ley de Mejora del Compromiso del Triángulo Norte.
El listado de Guatemala incluye a 20 personas encabezadas por el expresidente guatemalteco Álvaro Colom (2008-2012), a varios magistrados de la Corte Suprema y la Corte Constitucional guatemalteca, así como a congresistas, un empresario y abogados.
En el caso salvadoreño son 14 los incluidos en la lista que encabeza Martha Carolina Recinos, jefa de gabinete del presidente Nayib Bukele, pero también hay varios funcionarios y exfuncionarios gubernamentales, activistas del partido oficialista Nuevas Ideas y dirigentes de los partidos ARENA (derecha) y FMLN (izquierda).
Un paso contra la corrupción
“Hoy damos un paso más en la lucha contra la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador al anunciar restricciones de visa a actores corruptos y antidemocráticos. La corrupción socava la democracia y la confianza pública. Una mejor gobernanza significa un futuro mejor”, escribió el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, tras la divulgación del listado.
El listado incluye a quienes socavan los procesos o las instituciones democráticas, quienes han participado con conocimiento de causa en actos de corrupción significativos; y a quienes han participado conscientemente en la obstrucción de las investigaciones de dichos actos de corrupción.
Quienes figuran en la “Lista Engel” no pueden obtener visa ni ser admitidos en Estados Unidos.
“El Departamento continuará investigando a las personas incluidas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir y desbaratar las actividades corruptas y antidemocráticas en El Salvador, Guatemala y Honduras. El Departamento también continúa revisando activamente la información creíble adicional y las denuncias relativas a la corrupción y utilizará todas las autoridades aplicables, según corresponda, para asegurar que los funcionarios corruptos no tengan refugio en los Estados Unidos”, dice el comunicado del Departamento de Estado en el que divulgó la lista.
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El Salvador, políticos de todo el espectro
En el caso salvadoreño, la lista la encabeza Martha Carolina Recinos de Bernal, jefa de Gabinete de Gobierno y una cercana colaboradora de Bukele desde sus tiempos como alcalde.
El informe del Departamento de Estado la señala por estar “envuelta en actos significativos de corrupción haciendo mal uso de fondos públicos para beneficio personal. También participó en un esquema de lavado de dinero”.
Otros tres funcionarios actuales de Bukele aparecen en lista: Conan Tonathiu Castro Ramírez, asesor jurídico del presidente de la República, señalado por atentar contra los procesos democráticos e instituciones al asistir el retiro inapropiado de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República.
Desde su posición como Secretario Jurídico presidencial, habría preparado los decretos que llevaron a destituir a los magistrados y el fiscal general el pasado 1 de mayo.
También figura Óscar Rolando Castro, actual ministro del Trabajo y un poderoso operador político que controla los sindicatos del país. El Departamento de Estado señala que Castro “obstruyó las investigaciones de corrupción y atentó contra los procesos democráticos e instituciones, en esfuerzos para dañar a sus opositores políticos”.
Castro fue el principal instigador del arresto del exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt y amenazó a los jueces del caso si lo liberaban.
El otro funcionario actual es Osiris Luna Meza, viceministro de Seguridad y Director General de Centros Penales. A Luna el Departamento de Estado lo involucra “en significativos actos de corrupción relacionados a contratos con el Gobierno y sobornos durante su administración”.
Exfuncionarios de Bukele
Dos exfuncionarios del gabinete de Bukele aparecen también en la “Lista Engel”: Pablo Salvador Anliker Infante, exministro de Agricultura, “envuelto en corrupción significativa al apropiarse de fondos públicos para su beneficio personal”.
Anliker fue duramente cuestionado por las compras exageradas de alimentos durante la pandemia y fue señalado como objeto de investigación por parte de la desaparecida Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador (Cicies).
También aparece Rogelio Rivas Polanco, exministro de Seguridad Pública, “envuelto en significativos actos de corrupción al apropiarse de fondos públicos para beneficio personal”.
El último afín a Bukele que aparece en la lista es Walter Araujo Morales, excandidato a diputado de Nuevas Ideas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y expresidente del Partido ARENA (derecha), un beligerante operador político que insulta y amenaza a opositores, críticos del gobierno y a periodistas.
El Departamento de Estado lo señala por “atacar el proceso democrático de las instituciones llamando a la insurrección contra la Asamblea Legislativa, y repetidamente amenazó a candidatos políticos”.
En el listado también aparecen José Luis Merino, dirigente del FMLN y el cerebro del consorcio Alba Petróleos, un conjunto de empresas formadas en El Salvador y Honduras con financiamiento venezolano.
El Departamento de Estado lo señala de “estar involucrado en un acto de corrupción significativo durante fungió como funcionario, además es señalado de lavado de dinero”.
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Arena y FMLN en el mismo listado
Otro dirigente del FMLN, Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa, es señalado por “corrupción significativa durante su período como funcionario, a través de fraude y apropiación de fondos públicos”.
Tampoco se libraron del listado dirigentes politicos del Partido ARENA, incluyendo el diputado Carlos Reyes, que hasta abril pasado era el jefe de la bancada legislativa de ese partido.
Estados Unidos señala a Reyes “por obstruir investigaciones sobre corrupción al influir de manera inapropiada en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema”.
El Departamento de Estado también menciona a Ezequiel Milla, exalcalde de La Unión, el Puerto y principal ciudad salvadoreña del Golfo de Fonseca.
A Milla lo acusan de “realizar importantes actos de corrupción durante su período como alcalde en la venta de Isla Perico a la República Popular China a cambio de beneficios personales”.
Y además figura Guillermo Wellman, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, afín a ARENA, quien según el listado divulgado socavó procesos o instituciones democráticas tras causar graves retrocesos innecesarios durante la preparación de los comicios electorales.
Además es señalado por la tabulación de resultados para su beneficio personal y por permitir la influencia maligna de China en las elecciones salvadoreñas, aunque no se especifica el año.
Empresarios no escapan
El listado salvadoreño lo complementan dos empresarios acusados por actos de corrupción: Enrique Rais López y Adolfo Salume Artiñano, irónicamente enfrentados por sus negocios.
Rais, a quien el Departamento de Estado señala de actos de corrupción y de socavar procesos o instituciones democráticas al sobornar a funcionarios, está refugiado en Suiza, de donde también es ciudadano y adonde huyó tras una orden de captura de un tribunal salvadoreño.
Salume es señalado por el Departamento de Estado de estar involucrado en un acto de corrupción significativo y de sobornar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para evitar pagar una multa.
La encargada de negocios estadounidense en El Salvador, Jean Manes, dijo que “esta es una lista larga, compleja y continua, por eso hacemos uso de diferentes herramientas, como la lista Engel, que nos permite tomar acción inmediata en contra de actores que están abusando su poder para beneficio personal».
Manes aseguró que su gobierno seguirá «tomando las medidas para disuadir a los malos actores que se oponen en el camino del progreso y para motivar a todos a trabajar día a día para hacer lo correcto».
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Guatemala: un expresidente
El listado de 20 personajes guatemaltecos señalados por actos de corrupción y actos antidemocráticos los encabeza el expresidente de la República, Álvaro Colom Caballeros, quien gobernó el país entre 2008 y 2012.
El exmandatario aparece señalado “en una corrupción significativa cuando participó en un fraude y malversación de un nuevo sistema de autobuses en la Ciudad de Guatemala”, por lo que ha sido procesado.
Funcionarios y exfuncionarios de los tres poderes del Estado guatemalteco, abogados privados y un empresario completan el listado difundido el jueves 1 de julio.
Ningún funcionario del actual ejecutivo Alejandro Giammattei está incluido en la “Lista Engel”.
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Desde magistrados
Entre los nombres que resaltan se encuentra el magistrado de la Corte Constitucional, Néster Vásquez Pimentel, así como el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Duarte Barrera.
Vásquez Pimentel, según el documento, “ha socavado los procesos o las instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada el nombramiento de jueces para cargos de la alta Corte”.
En el caso de Duarte Barrera “ha socavado procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular la designación de jueces para los puestos de los tribunales superiores”, indicó el Departamento de Estado.
El enfoque sobre el Sistema Judicial guatemalteco también incluye a los exmagistrados Blanca Stalling Dávila y Mynor Moto Morataya.
Stalling “incurrió en actos de corrupción importantes al participar en esquemas de soborno e influir de manera inapropiada en el poder judicial. Ella está designada bajo la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa”, dice el documento.
En el caso de Moto Morataya, seleccionado en enero de 2021 para ocupar un puesto vacante en la Corte Constitucional, se le señala de que “participó en una corrupción significativa cuando obstruyó la justicia y recibió sobornos para una decisión legal favorable”.
También se señala a Juan Carlos Godínez Rodríguez, exintegrante de la comisión encargada de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema “de socavar procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular la designación de jueces para los puestos de los tribunales superiores”.
De amplio espectro
Tres abogados miembros de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Raúl Amílcar Falla Ovalle, Moisés Eduardo Galindo Ruiz y Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, también fueron incluidos en la lista, señalados de “intentar retrasar u obstruir proceso penal contra exfuncionarios militares que habrían cometido actos de violencia, acoso o intimidación contra gobiernos e investigadores de corrupción”.
El informe también incluye a dos congresistas: Boris Roberto España Cáceres y Jorge Estuardo Vargas Morales. El primero “involucrado en una corrupción significativa cuando participó en tráfico de influencias y soborno”, según se lee en el documento. El segundo “se involucró en una corrupción significativa y socavó procesos o instituciones democráticas cuando participó en sobornos, coacción y tráfico de influencias”.
Además figuran tres exdiputados: Felipe Alejos Lorenzana, exprimer secretario del Congreso de Guatemala, a quien mencionan que “se ha comprometido en una corrupción significativa, mientras actuaba en su capacidad oficial”.
“Estuvo involucrado en actos de corrupción para enriquecerse, al mismo tiempo que dañó gravemente a Estados Unidos y la actividad económica internacional de empresas. Está designado bajo el Global Programa de sanciones de Magnitsky y la Sección 7031 (c) por participación en importante corrupción”, explica el reporte.
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Funcionarios activos y retirados
También Delia Bac Alvarado, exdiputada del Congreso, participó “en importantes actos de corrupción a través del mal uso de fondos públicos para beneficio personal”.
“Ella es designada bajo la Sección 7031 (c) por participación en corrupción significativa”, señala el documento.
Además el exdiputado Mario Amílcar Estrada Orellana, “comprometido en corrupción significativa y sentenciado por los tribunales de los Estados Unidos por buscar millones del Cartel de Sinaloa de México para financiar campañas políticas”.
Cuatro funcionarios de gobiernos guatemaltecos también son incluidos en la lista:
Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exjefe de gabinete presidencial de Guatemala, “por su participación en corrupción significativa al facilitar los pagos a los congresistas representantes y jueces de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) para influir de manera inapropiada en el proceso de selección judicial de magistrados a la CSJ y el Tribunal de Apelaciones y asegurar su futura liberación de prisión y desestimación de cargos de corrupción”.
Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y excandidato presidencial, “se involucró en una corrupción significativa cuando participó en el soborno y financiamiento electoral ilegal, y el lavado del producto de corrupción para beneficio personal”.
También Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, exviceministro de Comunicaciones, “incurrió en una corrupción significativa cuando participó en esquemas de soborno, incluida su participación en una estructura criminal que presionaba, recolectaba y depositaba sobornos de contratistas estatales a cambio de beneficios personales”.
Y el exministro de Cultura, Elder de Jesús Súchite Vargas, “participó en actos de corrupción importantes relacionados con contratos gubernamentales y tráfico de influencias para beneficio personal”.
El listado lo completan el operador político y empresario Gustavo Adolfo Herrera Castillo “señalado de socavar procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces para el tribunal superior”. Y el actual alcalde de Joyabaj, en el departamento de Quiché, Florencio Carrascoza Gámez, quién según el listado “socavó democráticos procesos o instituciones intimidando y encarcelando injustamente a políticos oponentes”.
