En Nicaragua, el Estado comete a diario violaciones a los derechos humanos, manifestaron diferentes panelistas del foro virtual “Violaciones de los derechos humanos en el contexto de la crisis sociopolítica agravada por el Covid-19″, promovido por las organizaciones Race&Equality, Civicus y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y realizado el 19 de octubre.
Aunque los exámenes de países del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) están suspendidos por el covid-19, cuando las actividades se reanuden, cinco órganos tienen pendiente presentar sus reportes sobre Nicaragua: el Comité de Derechos Civiles y Políticos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, afirmó Roberto Desogus, coordinador para Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que para su organización el seguimiento a la situación de Nicaragua es “una labor cotidiana por la crisis ininterrumpida desde el 18 de abril 2018, aunque el Gobierno de Nicaragua ha cambiado sus estrategias de represión, por ejemplo, con el cierre de espacios democráticas, el ataque a los derechos de las personas y la impunidad a las violaciones de derechos humanos”.
Identificó la nueva ley de agentes extranjeros y otra que está en trámite por ciberdelitos, con las cuales “se pretenden galvanizar institucionalmente la persecución en contra de cualquier entidad civil que emita opinión alterna y opositoras a la narrativa oficial, normas casi explícitamente destinadas a la criminalización o persecución de las organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de acallar sus voces y evitar su trabajo a favor del restablecimiento de los valores democráticos en Nicaragua, con ello se vulnera los estándares internacionales aplicables en materia de libertad de expresión, asociación, el derecho a defender derechos y participación en los asuntos públicos”.
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Desogu recordó que existen dos resoluciones históricas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, la primera aprobada en marzo de 2019, y la segunda de junio de 2020 que “reitera la grave preocupación compartida por los Estados miembros por los constantes reportes de violaciones a los derechos humanos y abusos, represión a la protesta social, persistentes restricciones del espacio cívico y democrático y la persecución a las voces disidentes”.
La última resolución hace varios llamados al Gobierno de Nicaragua “para adoptar medidas que pongan fin a esas violaciones volviendo garantizar el ejercicio pleno a los derechos vulnerados, incluso tomar medidas para asegurar elecciones creíbles y transparentes en 2021”, asimismo, solicita a la alta comisionada de derechos humanos Michele Bachelet incrementar el monitoreo en Nicaragua. Bachelet ya compartió dos actualizaciones este año, y presentará un informe exhaustivo en febrero del 2021 a los miembros del Consejo, también en su última actualización la alta comisionada destacó que no hay progreso ni muestras de abordar constructivamente por parte del gobierno de Ortega a solucionar los problemas que desencadenaron la crisis sociopolítica iniciadas en abril de 2018, sostuvo Desogu.
El grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria publicó, integró anotaciones en su último reporte anual sobre los casos de Miguel Mora y Lucía Pineda y el grupo de aguadores detenidos en Masaya en 2019, concluyó que ellos no solo fueron víctimas de violaciones a libertad personal, también a las garantías del debido proceso y libertad de expresión.
VIOLACIONES A DIARIO
Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), brindó una breve actualización a la crisis. “Sin olvidar la usurpación del poder con fraudes y destrucción de la institucionalidad, es necesario mencionar los antecedentes como la reforma inconsulta del seguro social y atropello a ancianos en Managua y León que motivó a los estudiantes universitarios a encender la chispa del 18 de abril de 2018 que despertó a todo el país”.
Remarcó que detodo esto no hay una sola investigación, ni condenados, solo en algunos casos aislados, donde buscaban exculpar, como en el caso del asesinato del periodista Ángel Gahona, donde fueron enjuiciados dos jóvenes inocentes, explicó Escorcia.
La presidenta del Cenidh aseguró en el foro paralelo a la 50 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), del 20 al 21 de octubre, que “en 2020 las modalidades de represión fueron creciendo y marcando otras etapas y tendencias que mantienen un estado de excepción de facto, llamado así por la CIDH”.
“Desarmar a los grupos armados progubernamentales es una de las principales demandas de la sociedad; la militarización de las ciudades con la presencia y movilización con la presencia de policías de línea, antimotines, fuerzas parapoliciales y de choque con comportamiento paramilitar impiden el derecho a circulación, movilización y expresión, para ellos todos somos sospechosos en una clara criminalización y violación a nuestro derecho a la presunción de inocencia”, sostuvo Núñez.
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Este año también se reportan más de 36 ataques contra la Iglesia católica, siendo el más conocido el del 31 de julio cuando se colocó una bomba en la catedral de Managua, también se reportan nueve muertos en una comunidad de la etnia mayagna por parte de colonos, el asedio del Ejército a una delegación rama kriol a finales de septiembre en la reserva Indio Maíz y el asesinato de campesinos en el norte que continúan y siguen sin esclarecerse.
El Cenidh reporta una cacería a opositores para el aniversario de los hechos de abril “tratando de borrar la memoria de los crímenes y horrores de la operación limpieza”, hubo nuevos encarcelamientos por acciones como la masiva puesta de papeletas en cien municipios o las llamadas protestas exprés, según el Monitoreo Azul y Blanco de enero a septiembre hay 1,874 acciones represivas y 331 personas encarceladas, que después de ser interrogadas y mayormente golpeadas, muchos de ellos fueron excarcelados.
También aumenta el número de presos políticos acusados con delitos comunes, “fabricados por una legión fiscales prevaricadores en la oficina de la fiscal general sancionada por Estados Unidos, Ana Julia Guido”, dijo la defensora.
“Otra estrategia es impedir la organización política con las agresiones a las reuniones de dirigentes nacionales con líderes regionales de la Coalición Nacional con el fin evidente de impedir su organización para una actividad electoral futura”. Núñez mencionó actividades asediadas en Carazo, Chinandega, Chontales, Boaco, incluso, en el municipio de Malpaisillo, Fidel Dominguez, jefe policial del departamento de León, dirigió el allanamiento a una convención opositora, después turbas paramilitares en Masaya apedrearon a mediados de octubre a una delegación, agrediendo a dos periodistas y quebrando vidrios de autos y pinchando llantas.
El accionar represivo continúa con cobros ilegales de impuestos, por ejemplo, en el caso de canal 12, incrementos escandalosos en agua y luz, así como tres leyes nefastas, una de ellas aprobada y publicada este 19 de octubre, la de regulación de agentes extranjeras “que decide prácticamente nuestra nacionalidad”, las otras leyes son de cadena perpetua por crímenes de odio y la ley de ciberdelitos.
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“El régimen invierte los roles de victimas y victimarios, siguen negando que se violentan libertades cívicas y para mantener su negación han violado el derecho a defender derechos, con la cancelación de personería jurídica a nueve organizaciones y ante este panorama incierto sigue la determinación ciudadana de luchar”, acotó Núñez.
REFORMAS PARA SALIR DE REPRESIÓN
La feminista Azahalea Solís y representante de la Alianza Cívica, sostiene que desde el 2004 se ven las primeras muestras de robar decisión popular por medio de fraudes como las elecciones municipales en Granada, el ocho por ciento que no se contó en 2006 que pudo llevar a Ortega a una segunda vuelta, las municipales de 2008 y las elecciones de generales de 2011.
Solís considera necesarias para terminar con la represión la liberación de los presos políticos, cumplir derechos y garantías ciudadanas, “acuerdos que se pudieron firmar en 2019”, el retorno seguro de exiliados y cambios en las estructura y sistema electoral.
SITUACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS
Mientras el gobierno de Daniel Ortega libera a miles de reos comunes, mantiene a 103 presos políticos, sin incluir 10 personas más que por razones de conciencia están encarceladas desde antes de 2018, aseguró Alexandra Salazar, abogada de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).
Por otra parte, hubo 34 detenciones entre el 7 de septiembre y el 7 de octubre, con 23 liberados que pasaron tres a cuatro días antes de ser excarcelados, los otros son acusados por delitos comunes o en detención arbitraria, enumeró la abogada.
Salazar informó que dentro del sistema penitenciario se impiden el ingreso de defensores, situación agravada por entrada del covid-19, pues dos presos políticos fueron trasladados a hospitales, por las condiciones del penitenciario, más problemas de salud propios o iniciados dentro de la cárcel por las malas condiciones como la falta de salida a espacios abiertos, dormir en el suelo, falta de medicina y agua.
Agregó que las familias denuncian arbitrariedades no solo para los presos, sino, requisas, tocamientos, hostigamiento de reos comunes, cancelación de visitas, restricción de alimentos, toma de fotografías.
Entre los más de 700 presos políticos que salieron en 2019, al menos 26 fueron recapturado por el régimen y muchos otros salieron al exilio por el hostigamiento. La expresa política Ruth Matute no puede ver a su marido en presión, porque tiene antecedentes por “terrorismo”, denunció la abogada.
Eva Molina, miembro de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IMD) reconoció que el Gobierno de Nicaragua aseguraba que había liberado a más de 20,000 presos comunes que ahora están cometiendo todo tipo de delitos en comunidades, “están haciendo todo lo que está en su ordenamiento, porque entendemos que tienen un ordenamiento para cometer todas estas agresiones”.
El asesinato de dos niñas en Mulukukú a mediados de septiembre, revela la desprotección institucional, este caso que permitió la argumentación del Ejecutivo en relación al establecimiento de la cadena perpetua ante la ola de violencia letal que viven las mujeres. La madre había hecho dos denuncias que no fueron atendidas.
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Las autoridades se presentaron a la casa de la madre doliente, le entregaron una casa a la señora, pero dio entrevistas a medios independientes y organizaciones denunciando, por eso, “la sacaron de la comunidad y no sabemos cuál es su paradero”.
Al 19 de octubre se reportan 63 asesinatos contra mujeres y 70 intentos de femicidios, mientras una nueva etapa de represión a las feministas se vislumbra, hay más de mil agresiones contra organizaciones feministas, por ejemplo, el Movimiento María Elena Cuadra y el Comité de Mujeres Rurales.
Molina informó que “tenemos detenciones arbitrarias con abuso sexual, hostigamiento en redes, amenazas a violación a hijos, allanamientos a hogares contra mujeres líderes, grafitis con amenazas de ‘plomo’ y ‘te vas a morir’, así como una campaña sistemática de odio hacia las feministas”.
Principales perpetradores son policías, parapolicías, simpatizantes sandinistas, fundamentalistas de extrema derecha, el aparato administrativo se ha desplegado contra organizaciones de mujeres, sumado a la aprobación de una ley de agentes extranjeros, comentó Molina.
Aníbal Toruño, director de Radio Darío, mencionó también dentro del foro, que las amenazas a la libertad de expresión son diversas y van desde la compra, chantaje, ahogamiento económico, de medios independientes para acaparar los medios hasta que en 2018 se ve la dimensión del régimen con el atentado incendiario a su radio en León y el asesinato de Ángel Gahona en Bluefields.
Actualmente solo dos de 13 canales en señal abierta son independientes, 1 radio nacional y 6 emisoras regionales son independientes de más de 300 frecuencias asignadas.
Los medios 100% Noticias y Confidencial sufrieron una confiscación de hecho, dice Toruño. “La estrategia del régimen de Ortega es censurar y criminalizar el ejercicio del periodismo”, se registran 266 ataques a los medios y periodistas este año, uno por día y 2,255 desde 2018, también hay más de 55 periodistas exiliados, la judicialización a medios, ataque fiscal a los canalesl 12 y 10, demandas de injuria a periodistas, ataques a al menos cinco mujeres periodistas.
Para Toruño, las tres leyes forman parte de represión y censura, una cubanización en Nicaragua que pretende declarar la muerte al periodismo y oposición, por eso, la propuesta de legislar en materia de ciberdelitos es la última frontera de libertad de expresión que se ve amenazada y solo está a nivel de Cuba, Rusia, China o Corea del Norte. “Ortega quiere todo o nada y el mundo debe detenerlo”.
NI LOS MÉDICOS SE SALVAN
En el caso del sistema sanitario, particularmente con la situación del nuevo coronavirus, José Luis Borge, de la Unidad Médica Nicaragüense, expresó que la población tiene miedo de asistir a unidades de salud, sobre todo en el área rural, donde la pandemia hace más estragos por la inequidad en la distribución de personal y equipos en relación con las ciudades.
Señaló que el Ministerio de Salud cometió una serie de abusos contra médicos y población en 2018 que están soportados en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Ahora, por el manejo de la pandemia ha provocado la muerte de 108 trabajadores de salud, entre ellos 48 médicos.
Mientras se minimiza la situación sanitaria, el régimen persigue a médicos que brindan atención o informan sobre la pandemia, si le encuentran medicamentos o instrumental, los decomisan, los registran o amenazan con despidos, solo este año fueron retirados 16 médicos del servicio público de salud, en total, hay 32 médicos despedidos.
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Borge mencionó a la forense Julia González, buscada por la policía por pegar papeletas opositoras, pero al no encontrarla en su casa, fueron arrestados su esposo, también es médico, y uno de sus hijos.
Hernández, presidente de la CIDH, asegura que por negativa del gobierno de Ortega solo pueden dar seguimiento remoto, pero existe un intercambio constante de información y reiteró el llamado al Gobierno de Nicaragua para cooperar con el sistema interamericano de derechos humanos.
El panel concluyó con inquietudes hacia los participantes, relacionadas a la ley de agentes extranjeros que afecta la cooperación internacional y la amenaza de una ley mordaza a través de los ciberdelitos.
Desogu, representante de Oacnudh, afirmó “estaremos muy atentos cómo estarán aplicandolas, pero en cuanto a los estándares internacionales no cabe duda que restringen libertades”.
