*El régimen asegura que las universidades confiscadas son “gratuitas” pero cobran aranceles y exigen hasta mil dólares por titulación.
** Hay un “enorme retroceso” en Nicaragua, considera el catedrático Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire.
Expediente Público
El 16 de agosto de 2023, “Ignacio” enmudeció. No tuvo tiempo de llorar o gritar para desahogarse y expresar su frustración por la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) que tenía más de sesenta años de funcionar en Nicaragua.
Al día siguiente, este estudiante vistió de luto como único mecanismo que encontró para protestar por la arbitraria decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que restringe los derechos a la educación de miles de jóvenes en el país centroamericano.
En 2018, la UCA se convirtió en un centro de protestas contra el régimen y cinco años después los Ortega Murillo le pasaron factura.
Tras años de recortarle el presupuesto y limitarla en su funcionamiento, a la UCA le bloquearon sus propiedades, les congelaron las cuentas bancarias, la acusaron de ser un «centro de terrorismo». El 16 de agosto de 2023, publicaron un decreto en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, cancelando su personería jurídica.
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“Ignacio” ya había culminado sus estudios en la prestigiosa universidad y estaba en el “proceso de titulación”, pero la información lo tomó por sorpresa, según relata a Expediente Público.
“Me detuvo por completo todo el día, soy una persona que trato de manejar siempre muy bien mis emociones, pero ese golpe me limitó y literalmente pasé en silencio el resto del día y no volví a ser el mismo. Por eso, al día siguiente me puse una camisa negra en representación de que se habían robado la UCA”, reconoce este joven de 22 años.
Arrinconaron a la UCA
En 2019, la universidad empezó a sufrir los ataques del régimen y el 7 de abril de 2022, finalmente quedó excluida del Consejo Nacional de Universidades (CNU), lo que le significó perder la posibilidad de recibir 251.8 millones de córdobas (US$8.1 millones) anuales provenientes de los fondos del 6% otorgados por el Estado.
“Ignacio” era parte de la tercera generación de su familia que estudiaba becados en la UCA y sufrió las consecuencias de lo que significó la exclusión de la UCA al 6% constitucional, la eliminación del 6%. “La UCA se las ingenió para no quitar completamente las becas y me la redujeron de un 100% a un 80%”, comenta.
Ha pasado menos de un mes y tras la confiscación no sabe cuándo volverá al recinto para saber cómo quedó el trámite de su título.
“Siento que al arrebatarnos la UCA se nos fue absolutamente todo, inclusive la emoción de seguir estudiando o de seguir en el país. Arrebataron el sacrificio de mi madre y mi familia”, afirma el joven universitario.
La mentira de la “gratuidad”
Al menos 29 universidades en Nicaragua fueron ilegalizadas y sus bienes confiscados entre diciembre de 2021 y agosto de 2023.
De los 11 universidades confiscadas por el régimen a lo largo de este año, la UCA es la más reciente, donde las autoridades nombradas para administrar la nueva Universidad Casimiro Sotelo ofrecen gratuidad, bajo el supuesto de que recibirán financiamiento estatal.
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De acuerdo con los antecedentes, las universidades confiscadas se convirtieron en “otro gran negocio” de la familia del régimen y sus allegados del círculo de poder, considera el catedrático nicaragüense, Adrián Meza, rector de la confiscada Universidad Paulo Freire.
“Dijeron que las universidades confiscadas que todo iba a continuar normal y que eran universidades públicas, pero a mis alumnos les siguen cobrando 30 dólares mensuales y entonces, cómo que es pública”, cuestionó Meza.
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La estafa en las universidades confiscadas
En León, un departamento ubicado unos 94 kilómetros al occidente de Managua, “Maritza” sabe lo que significa esa falsa gratuidad.
A través de un acuerdo ministerial publicado el 7 de marzo de este año, el régimen confiscó la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), donde estudia su hijo.
Las confiscaciones que con anterioridad ejecutó el régimen siempre la mantuvieron a la expectativa y cuando supo sobre la cancelación de la personería jurídica de la UCAN, afirma a Expediente Público que se puso “furiosa”.
“No inscribí a mí hijo en una universidad pública por el modelo que tienen, y esa es la molestia que da, se supone que pagas una mejor educación, un mejor programa académico. De hecho, colocan la bandera (del Frente Sandinista) y el cambio de modelo es evidente, pero saben que los jóvenes no se van a adherir a ese modelo”, señala esta madre de familia.
Universidades cambian de nombre
Aunque la sede universitaria cambió de razón social y ahora se llama Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana (UNPGGL), siguen pagando los mismos aranceles.
«A los estudiantes nunca les dijeron que la universidad iba a ser gratis y desde que la tomó el Gobierno, nosotros no hemos dejado de pagar y la prueba es que yo pedí una proforma de costos con el nombre de la nueva universidad y solo le cambiaron el nombre y la fecha a la misma que ya me habían dado a inicios de este año”, señala “Maritza”.
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En octubre, “Maritza” debe cancelar aproximadamente unos mil dólares a la sede universitaria para que le extiendan el título profesional a su hijo y mantiene el mismo nivel de estrés pensando que puede ocurrirle lo mismo con su hija que estudia en una sede universitaria que todavía sigue operando con normalidad en Managua.
“El estrés está dentro de los que ya pasamos, y nada de gratuidad, pero también con los jóvenes que empiezan universidades y saben que como son privadas, el régimen puede hacer lo mismo”, refiere “Maritza”.
Retroceso de la autonomía universitaria
En 2022, después de las primeras confiscaciones, el régimen creó la Universidad Nacional Politécnica (UNP), la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (UNFLEP) y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNMRMA), las que juntas recibieron C$481 millones (unos US$13.2 millones) provenientes del 6% constitucional, revela el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2023.
La Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana (UNPGGL), que surgió este año, no se sabe cuánto recibirá. Por otro lado, la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso, que sustituyó a la UCA en el CNU, se le asignaron C$70 millones (US$1.9 millones).
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Lo anterior, no revela cuánto están percibiendo por el cobro de aranceles a los estudiantes.
Meza considera que todas las acciones del régimen marcan una “regresión total” en el país.
“El régimen ha hecho que la educación superior regrese a un momento que teníamos antes de la configuración de la autonomía universitaria en el país, por la desaparición de la autonomía universitaria, la sujeción de la universidad al control del poder político, lo que significa para las instituciones educativas un enorme retroceso”, afirma el catedrático.
Ante este comportamiento del régimen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre las “interferencias arbitrarias a la libertad académica y la profundización del cierre de espacios cívicos en Nicaragua”.
Según la CIDH, unos 37 mil estudiantes han sido afectados por la cancelación de la personería jurídica a las universidades.
A toda la falsa “gratuidad” se suman las denuncias sobre el adoctrinamiento y la intensificación del proselitismo político al interior de los recintos académicos confiscados para imponer el sandinismo como corriente de pensamiento y de posición política.
