* Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que 60% de los fallecidos en custodia tuvo signos de torturas y 30% murió por falta de tratamiento médico en El Salvador.
** El Gobierno de El Salvador dijo que investigó 142 casos hasta junio, pero argumentó que los decesos fueron por enfermedades preexistentes. Pero la mitad de los fallecidos tenía menos de 40 años y algunos eran menores de edad.
Eric Lemus / Expediente Público
211 reos capturados durante el régimen de excepción en El Salvador y fallecidos en custodia no tenían antecedentes penales, reveló Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que es una de las principales organizaciones civiles del país.
La organización registra múltiples casos de cadáveres entregados en ataúdes sellados, porque tienen huellas de politraumatismos (golpes) y signos de asfixia mecánica.
Entre marzo de 2022 y el 10 de diciembre de este 2023 murieron 109 hombres y 12 mujeres en custodia, de acuerdo al registro.
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“¿Quiénes son los responsables de estas vidas? ¿quiénes no acataron sus órdenes de libertad, quiénes les negaron tratamiento médico, quiénes los torturaron hasta la muerte?”, inquiere Ingrid Escobar, directora de SJH, a Expediente Público.
Amnistía Internacional también recuerda que “organizaciones de sociedad civil salvadoreñas informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre 327 denuncias recibidas por desapariciones forzadas y detallaron que en esos casos las autoridades se negaron o entregaron información falsa sobre el paradero de las víctimas durante periodos de hasta ocho meses”.
Los datos de SJH revelan algo sobre los fallecidos en custodia, pero hay más 70,000 personas encarceladas en dos años de régimen de excepción en El Salvador.
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Contexto de la situación carcelaria en El Salvador
La captura de un veterano de la Fuerza Armada que vive de la agricultura junto a otros compañeros desmovilizados tras el fin de la guerra civil en El Salvador, acaecida entre 1980 y 1992, muestra un patrón que alerta de los abusos cometidos durante el régimen de excepción.
El caso de Benjamín Amaya atrajo la atención de Amnistía Internacional (AI) que incluyó su historia en el informe “Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador”.
El juez a cargo del caso de Amaya decidió sobreseerlo, pero la la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no acató la orden, así como lo hace con muchos otros expedientes denunciados por las familias que esperan sin éxito la liberación de los detenidos.
Amaya representa a un grupo de campesinos beneficiados con un área de cultivo gracias a la reforma agraria a mediados de los años ochenta, pero que carece de títulos de propiedad de estas tierras que pertenecen al Estado.
Carolina, su hija, quien es una reconocida periodista ambientalista, detalló a Expediente Público que el juez a cargo decretó medidas sustitutivas a la detención debido a su estado de salud; sin embargo, cuando el Instituto de Medicina Legal (IML) buscó examinarlo, encontró que el señor Amaya no estaba recluido en la prisión donde lleva detenido los últimos meses.
“El caso de mi padre es un ejemplo más de cómo el régimen de excepción es usado para callar las voces que defienden la tierra”, denuncia Amaya, quien teme por la integridad física de su padre, un sexagenario con afecciones derivadas de su condición de veterano de guerra.
Antecedentes históricos de las cárceles en El Salvador
Las muertes en custodia dentro del sistema carcelario de la administración de Nayib Bukele y el caso de Amaya revelan un modelo cometido por la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
Las penitenciarías salvadoreñas están bajo la conducción de Osiris Luna, exdiputado del partido aliado del Gobierno, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que acuerpó la candidatura de Nayib Bukele en 2018 cuando alcanzó el poder.
Luna también funge como viceministro de Seguridad Pública y Justicia.
Políticas penitenciarias durante Nayib Bukele
Por otra parte, una fuente que prefiere omitir su identidad informó a Expediente Público, que el expresidente Antonio Saca, aunque actualmente purga una condena por enriquecimiento ilícito, influye entre algunos funcionarios y diputados del partido gobernante Nuevas Ideas (NI).
Saca fue presidente entre 2004 y 2009 bajo el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), pero fundó GANA en 2010 y produjo la mayor escisión en la derecha política del país.
Al margen de esa información, ciertamente el nombre de Luna sobresale en diversas denuncias recabadas por la prensa local como el uso de reos en fase de confianza en la construcción de obras en propiedades particulares.
También se le señala del uso de un jet privado para volar a México o en la evacuación de uno de los jefes pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), Elmer Canales Rivera, alias “el Crook”.
Según una acusación emitida por la Corte del Distrito Este de Nueva York e información del Departamento de Justicia, EE. UU., Luna permitió que Carlos Marroquín, otro funcionario de Bukele, llevara al delincuente de una prisión de máxima seguridad hacia Guatemala.
Canales Rivera recientemente fue detenido en territorio mexicano y entregado a EE. UU., mientras en El Salvador las autoridades responden con un silencio sepulcral sobre el tema.
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Gobierno: 142 «muertes naturales»
El fiscal general Rodolfo Delgado reconoció en junio de 2023 se abrió 142 expedientes para investigar la causa de muerte de igual número de convictos.
Delgado brindó esas revelaciones en el espacio de entrevistas de un telediario local cuando informó que todos estos casos fueron archivados porque los presos murieron por enfermedades preexistentes.
“No constituyen delitos de acuerdo con nuestras investigaciones. Hemos comprobado científicamente, con el auxilio del Instituto Medicina Legal, las causas de las muertes”, aseguró el funcionario.
Sin embargo, considerar estos decesos por causas naturales, llama la atención que más de la mitad de los fallecidos eran relativamente jóvenes, 57 tenían 17 a 30 años de edad, otros 54 estaban entre los 31 y 40 años, según los registros de SJH.
Preocupación de comunidad internacional
A nivel internacional hay diversas voces que manifiestan consternación por el desarrollo del plan de control territorial que lleva a cabo la administración de Bukele donde la vigencia del estado de excepción es la columna vertebral.
“Confiar en un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las posibilidades de que los presos se reintegren con éxito en la sociedad”, manifestó Marta Hurtado, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos mediante un comunicado.
“El derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura, el principio a un juicio justo, incluida la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos se aplican en todo momento, incluso durante los estados de excepción declarado”, enfatizó.
Denuncias por efectos colaterales
La vigencia del estado de excepción que va hacia dos años promedia la captura de unas 70,000 personas en el marco de la guerra contra las pandillas.
Las organizaciones sociales denuncian que muchos de los detenidos no tienen vinculación con las pandillas y, sin embargo, son incomunicados de sus familias sin acceso a un debido proceso que confirme su inocencia.
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Detrás de esos casos hay al menos 100,000 niños, que están en situación de desamparo, recordó SJH, pues los menores quedan al resguardo de un pariente cercano, mientras el Gobierno es incapaz de enfrentar el efecto colateral de las capturas masivas del régimen de Nayib Bukele.
Pandilleros con mejor trato
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), asimismo, denunció que los pandilleros internos en la prisión de máxima seguridad construida por Bukele, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), “hay gimnasio, hay talleres vocacionales y charlas psicológicas”.
“¿Dónde está aquel discurso de Bukele que dijo que en ese penal iban a entrar, pero no iban a salir; no iban a comer y que no iban a ver la luz del día?”, comunicó MOVIR.
Durante la presentación de la megacárcel Bukele mostró en cadena nacional de radio, televisión y redes sociales esas áreas, pero prometió que sería para el uso de los custodios.
En cambio, los fallecidos que no tenían antecedentes estaban recluidos en las cárceles de Izalco, departamento de Sonsonate; Apanteos, Santa Ana, Quezaltepeque, La Libertad; y Mariona, en San Salvador.
De este universo de muertes en custodia del Estado, el 94% no estaban perfilados de pandillas, 60% fueron muerte violenta y 30% por falta de tratamiento médico, explicó Escobar.
La denuncia de MOVIR destaca los testimonios de abusos y horror de quienes sobreviven en los otros reclusorios del país como Izalco y Mariona, donde liberados relatan que cavan fosas para deshacerse de reos muertos bajo custodia.
El Salvador albergaba en 2021 uno de los sistemas penitenciarios con la cuarta tasa más alta de reos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo al índice mundial de prisiones que elabora el Instituto de Investigación de Políticas sobre Crimen y Justicia (ICPR, por sus siglas en inglés) en Birkbeck, de la Universidad de Londres.
Este pequeño país centroamericano está debajo de EE. UU., Ruanda y Turkmenistán, y sobrepasa a Cuba, donde hay presos políticos.
