*El politólogo José Antonio Peraza, Alexis Peralta, de la UNAB; el exguerrillero Víctor Hugo Tinoco y el estudiante Max Jerez, críticos opositores al régimen Ortega-Murillo, fueron declarados culpables.
**El régimen condenó también al líder estudiantil a Lesther Alemán a 13 años de prisión y a la exguerrillera Dora María Téllez a ocho años de cárcel. La ex primera dama María Fernanda Flores de Alemán fue sentenciada a ocho años y el periodista Miguel Mora a 15 años de cárcel.
***Justicia del régimen también se ensaña contra campesinos Medardo Mairena, Pedro Navas y Freddy Mena.
Expediente Público
La sorprendente rapidez de los juicios exprés contra los opositores a Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue su curso en Nicaragua y en dos semanas se ha condenado a 18 opositores, desde el 1 de febrero de 2022 cuando el Ministerio Público reactivó los juicios. Al menos siete de ellos ya tienen sentencias que oscilan entre penas de ocho a 13 años de prisión.
El exguerrillero Víctor Hugo Tinoco y el estudiante Max Jerez, se convirtieron este viernes 11 de febrero de 2022 en los otros presos políticos a los que la justicia del régimen declaró culpables por el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
El líder estudiantil cumplió 221 días desde que encarcelado arbitrariamente. Jerez formó parte de los universitarios que en abril de 2018 salió a las calles a protestar contra el régimen.
El estudiante con reconocimiento de excelencia académica en sus estudios de Ciencias Políticas en la Upoli -universidad a la que hace pocas semanas le fue arrebatada su personería jurídica- sufre todo tipo de arbitrariedades del régimen, como la que padeció en septiembre de 2021 cuando no tuvo el permiso del régimen para asistir al sepelio de su madre Heidi Meza. El joven podría enfrentar una condena de 13 años a solicitud del Ministerio Público.
La audiencia en contra Jerez estuvo a cargo de la jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio, Nadia Tardencilla Rodríguez.
«La historia nos enseñará el lugar donde nos corresponda estar. Con dignidad y honor asumo este reto en prisión, porque todo cambio tiene sacrificio», dijo Jerez al tomar la palabra durante el juicio.
«Max no es ningún delincuente como lo ha venido desprestigiando el dictador Ortega y eso está claramente evidenciado en su trayectoria como estudiante universitario», dijo un familiar del líder estudiantil que se mantuvo bajo anonimato.
Pos su parte, Tinoco, detenido en una cacería llevada a cabo el 13 de junio de 2021, podría enfrentarse a una condena de 13 años de prisión. En la década de los ochenta el opositor fue funcionario del Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fungiendo como embajador de Nicaragua en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y luego como viceministro de Relaciones Exteriores.
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El histórico combatiente sandinista y antiguo compañero de lucha de Ortega, estando en prisión también perdió a su hermana, Alma Tinoco Fonseca, quien murió en septiembre de 2021 y tampoco tuvo permiso para despedirle.
En la jornada de este viernes 11 de febrero el juez de Distrito Penal de Juicios de Masaya, William Howard López dictó un fallo de culpabilidad en contra de la opositora Nidia Lorena Barbosa por igual delito de «menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticia falsa».
El Ministerio Público solicitó 11 años de prisión en contra de la opositora más 800 días multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Barbosa, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el municipio de Nindirí, fue detenida el 6 de noviembre, un día antes de las cuestionadas elecciones en las que Ortega y Murillo fueron reelegidos para la continuidad de su gestión.
Campesinos declarados culpables por segunda ocasión
Esta semana el régimen también condenó a los opositores Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, tres líderes del Movimiento Campesino Anticanal que por segunda ocasión están detenidos y son parte de los presos políticos declarados culpables por «menoscabo a la integridad nacional» en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Mairena es el segundo precandidato presidencial que es declarado culpable en la «farsa judicial» montada por el régimen desde el pasado 1 de febrero de 2022. Fue procesado igual que Pedro Mena este 9 de febrero.
Tanto Mairena como Mena es la segunda vez que el régimen los juzga y condena por supuestos delitos, que, según sus abogados, no lograron comprobar los fiscales.
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Mairena y Mena son miembros del Movimiento Campesino anti canal y en 2019 fueron sentenciados a 216 y 210 años de prisión, respectivamente, por participar en las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril de 2018.
Mientras que Navas, también recapturado por el régimen, fue declarado culpable este 10 de febrero por un «delito que no cometió», según sus familiares. «Esta es la segunda vez que Navas es víctima de encarcelamiento arbitrario», recordó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
En junio del 2019, los campesinos fueron liberados bajo la polémica Ley de Amnistía, pero fueron detenidos nuevamente en julio del 2021 por «menoscabo la soberanía”, entre otros cargos.
El 9 de febrero, José Antonio Peraza, politólogo, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), también fue declarado culpable por supuestamente violentar la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo.
Mientras que Alexis Peralta, contador público y crítico al régimen, fue declarado culpable por violar presuntamente la Ley Especial de Ciberdelitos. Su detención se llevó a cabo el 6 de noviembre, un día antes de las elecciones generales en Nicaragua en las que se reeligió Ortega y Murillo.
Dictan condenas contra opositores
A la fecha 17 presos políticos fueron declarados culpables en juicios llevados a cabo sin garantías constitucionales, según han denunciado los familiares y abogados de los presos políticos.
La jueza Nadia Camila Tardencilla dictó este 10 de febrero una condena de 13 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra el líder estudiantil Lesther Alemán, quien ganó notoriedad al enfrentar a Daniel Ortega durante el primer diálogo nacional de mayo de 2018.
«Eso es una pura y vil mentira , payasada, circo como vuelvo a repetir. Mi hijo es inocente, hasta ellos mismos saben que es inocente y saben quién es Lesther Alemán», dijo su madre Lesbia Alfaro en una comunicación pública.
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Esta semana Alfaro retiró en la Universidad Centroamericana (UCA) el título que acredita a Lesther Alemán como licenciado en Comunicación y el reconocimiento Magna Cum Laude por haber culminado su carrera con un promedio de notas del 95.62%.
La exguerrillera sandinista Dora María Téllez también escuchó este jueves que fue condenada a ocho años de prisión.
De igual forma se conoció la condena de ocho años contra María Fernanda Flores de Alemán, ex primera dama de Nicaragua; y 13 años al periodista y precandidato presidencial, Miguel Mora.
El 4 de febrero Ana Margarita Vijil, expresidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes MRS) fue condenada a 10 años de prisión.
«La manipulación del derecho penal y la criminalización de las personas opositoras al gobierno responde primordialmente a la falta de independencia judicial y a la separación de los poderes en un contexto de delimitación del Estado de derecho», manifestó Arosemena.
Esmerlada Arosemena, comisionada y relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la «manipulación del derecho penal y falta de garantías» en juicios a personas presas políticas en el país centroamericano.
Los presos políticos Yáder Parajón y Yasser Muhamad Vado, fueron los primeros en ser sometidos a la justicia de Ortega el 1 de febrero cuando se les condenó a 10 años y 13 años, respectivamente.
La presidenta del partido Unión Democrática Nicaragüense (Unamos), Suyen Barahona, declarada culpable el 7 de febrero, está a la espera de recibir condena y en iguales condiciones está el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, procesado el 8 de febrero.
Juicios sin condiciones ni garantías
Pese a que el comunicado emitido por el Ministerio Publico el 31 de enero de 2022 afirmó que a partir del 1 de febrero los juicios de los encarcelados políticos se realizarían de forma oral y pública, hasta el momento las audiencias se han realizado a puertas cerradas en el Complejo de Auxilio Judicial, conocido como “El nuevo Chipote”, zona que está extremadamente militarizada y en completo secretismo.
Expediente Público se contactó con familiares de presos políticos y miembros de organizaciones de la oposición quienes comentaron sobre las condiciones reales de los juicios.
“La gente no sabe lo que está pasando allá adentro. También el hecho de que se esté haciendo audiencia judicial en la cárcel viola la ley, porque esta establece que los Juzgados y los Tribunales despachen en su sede no que lo hagan en la cárcel”, manifestó a Expediente Público el abogado Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
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Según Olama Hurtado, familiar del preso político, Juan Sebastián Chamorro, exaspirante a la presidencia, “son juicios armados, ilegales y llenos de irregularidades”.
Para poder probar la “culpabilidad” de los presos políticos, los que testifican en contra son miembros de la Policía Nacional que llevaron a cabo los actos de investigación y allanamiento, señaló Hurtado.
Hurtado explicó que las acusaciones se basan únicamente en publicaciones de redes sociales y en entrevistas de medios de comunicación brindadas por los activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos opositores.
Incorporan al proceso los recibos de ocupación de celulares y de computadoras que no han podido explicar qué conexión tienen con el delito acusado.
Indicó Barberena que a los presos políticos se les imposibilita reunirse con su abogado/a previo al día del juicio. Sumando a ello que en ocasiones ni siquiera les permiten cinco minutos para conversar durante la realización de la misma audiencia.
“Se ha impedido que las defensas puedan ejercer (…). Las únicas veces que las defensas han podido comunicarse con sus defendidos han sido en la audiencia, y a veces la autoridad judicial no permite ni siquiera un intercambio en donde puedan platicar y preparar debidamente una defensa”, denunció Barberna.
En adición, las autoridades estatales están permitiendo únicamente el ingreso de un familiar por preso político y, como es común desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril del 2018, no se autoriza la entrada a periodistas de medios de comunicación independientes, lo que para Barberena es una falta al principio de publicidad.
La Fiscalía esta semana solicitó una pena de nueve años de prisión en contra del periodista Miguel Mendoza.
Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga
El próximo 15 de febrero serán sentados en el banquillo de los acusados los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga.
En un comunicado sus familiares recordaron que los últimos ocho meses han sido una «pesadilla legal», dado que los presos han sido objeto de «desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, detenciones prolongadas en régimen de incomunicación, graves violaciones al debido proceso y tortura», incluyendo a Chamorro y Maradiaga.
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Ortega y Murillo, denunció la familia de ambos líderes de la oposición, «manipulan el Poder Judicial de Nicaragua como una herramienta política», que le ha permitido condenar a cualquiera que hable en contra de su régimen.
«Los detenidos después de mayo de 2021 están siendo juzgados y condenados en juicios que carecen de toda legitimidad judicial y que violan sus derechos más fundamentales bajo el derecho nicaragüense e internacional (…) Se anticipa que serán juzgados y condenados», señaló el comunicado.
La próxima semana también se realizarán los juicios contra la defensora de derechos humanos María Oviedo y el exdiplomático Mauricio Díaz.
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Según el abogado, el siguiente paso a dar por parte de la oposición es la resistencia: “No vamos a descansar hasta que los juicios sean declarados nulos, porque han violado los derechos procesales, no han permitido que se restablezca los derechos políticos de estas personas. Queremos que se dejen en libertad”, afirmó.
