*Este 7 de mayo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro rendirá un informe sobre sus primeros meses de Gobierno. La extradición de Juan Orlando Hernández, cuestionamientos al liderazgo de la mandataria, la instalación de un gabinete nepótico y clientelar, son algunos de los hechos relevantes en estos primeros 100 días.
**Analistas consideran que aún no existe una política definida en el tema de Seguridad. Los homicidios múltiples y las extorsiones han aumentado en los últimos meses.
Expediente Público
En su toma de posesión, la presidenta hondureña Xiomara Castro advirtió que recibía un Estado inmerso en una profunda crisis. Para iniciar su «refundación» prometió impulsar una serie de medidas en los primeros cien días de su Gobierno. Por lo realizado en este corto periodo, ¿qué se prevé de su administración?
Nadie duda que la presidenta Castro recibió un Estado en condición de cuidados intensivos. La extradición a Estados Unidos por narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández, la figura política más influyente del país en los últimos doce años, resume la crisis democrática que enfrenta esta nación centroamericana.
Castro asumió la dirección de un país que registró en los gobiernos anteriores sus tasas históricas más altas de violencia y de corrupción. Durante los últimos doce años, 62,723 personas fueron asesinadas en Honduras. Además, se estima que en las pasadas dos administraciones se perdieron unos 481.5 mil millones de lempiras (19.2 mil millones de dólares) como consecuencia de la corrupción.
Cien días representan apenas el 6% del mandato de cuatro años de Xiomara Castro, sin embargo, este primer trimestre, marcado por el restablecimiento de la relación del Gobierno hondureño con Estados Unidos y por la extradición de Hernández a ese país norteamericano, constituye un antecedente sobre el cual proyectar lo que puede ser esta segunda administración de los Zelaya Castro en Honduras.
Sin duda que un hito importante ha sido el nombramiento de la diplomática Laura Dogu como embajadora en Tegucigalpa, luego que la representación estadounidense se mantuviera acéfala en los últimos cinco años de Hernández. Otro gesto importante fue el acompañamiento de la vicepresidenta Kamala Harris en la toma de posesión de Castro y sus posteriores esfuerzos por canalizar hacia Honduras importantes inversiones de grandes corporaciones norteamericanas.
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Un gabinete cuestionado
Con 1.7 millones de votos recibidos en las elecciones de noviembre de 2021, la exprimera dama Xiomara Castro se convirtió en la mandataria más votada y en la primera mujer que asume el cargo de este país centroamericano, considerado por el Banco Mundial como el más desigual del continente.
Tras los múltiples escándalos por narcotráfico y de corrupción que afectaron considerablemente la imagen del Partido Nacional, el triunfo electoral de Xiomara Castro generó esperanzas de cambio y optimismo en la mayoría de la población.
«Mucha gente tiene altas expectativas con el nuevo Gobierno, pero es importante conocer el nivel de la crisis que atraviesa Honduras, no solamente por el desgaste neoliberal y la corrupción de los últimos doce años, también se suman los efectos de la pandemia y de las tormentas Eta y Iota. Hablamos de una crisis muy profunda, que además es global», detalla el investigador Óscar Estrada a Expediente Público.
La primera decisión del Gobierno fue conformar su gabinete, compuesto por figuras leales a los Zelaya Castro, no solo provenientes del Partido Libre, sino que también familiares. Un gabinete que relegó al Partido Salvador de Honduras (PSH), su aliado en las pasadas elecciones, a solamente dos secretarías y que también destacó por la poca presencia de mujeres funcionarias.
«Hay dos cosas que le pasarán factura a este Gobierno, lo primero es el nepotismo, que parece que se ha normalizado, tanto que el que llega tiene el derecho de meter a toda su familia. Y segundo, por colocar a la cúpula del partido en puestos de dirección, independientemente de si tienen o no formación o experiencia», opina Ismael Zepeda, investigador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh).
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Los analistas consultados consideran que la pareja presidencial eligió un gabinete para complacer las filas de su Partido Libertad y Refundación (Libre), una militancia empeñada en obtener una recompensa burocrática por su fidelidad electoral.
«El valor que pesó es la lealtad y el activismo. Lo que buscan es mantener contentos a sus bases populares más allá de encontrar soluciones reales. Pero el país no está para eso», comenta Óscar Estrada.
Además del cuestionamiento por la conformación del gabinete, en los primeros cien días también se ha discutido quién toma las decisiones al interior del Gobierno, si es la presidenta Castro o su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Al respecto, el analista Manuel Torres Calderón considera que, «Castro da la impresión de que aún está aprendiendo a gobernar, y que, mientras tanto, es su esposo quien lidia con los principales asuntos».
«Las apariciones de la presidenta siempre son protocolarias, las decisiones las toma Manuel Zelaya y en segundo grado su hijo Héctor Zelaya. El Partido Libre acepta esa situación aunque se le dañe la imagen a ella. También es una situación que afecta la lucha por el empoderamiento de las mujeres en la política», añade Estrada.
El regreso de los militares a los cuarteles
En materia de Seguridad, la directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), Migdonia Ayestas, considera interesantes algunos planteamientos del Gobierno, «sobre todo proponen un enfoque de seguridad ciudadana y de prevención de la violencia, diferenciándose con las políticas de Hernández, orientado a la represión y a la disuasión del delito», comenta a Expediente Público.
La directora del ONV también resalta que el nuevo Gobierno le ha otorgado mayor protagonismo a la Policía Nacional de Honduras (PNH) en el tema de Seguridad, gestionada sobre todo por los militares durante las administraciones de Hernández.
«Los militares están regresando paulatinamente a sus lugares de origen, cumpliendo las labores que deben de cumplir. Entonces la Policía debe de asumir esos retos de volver a las actividades que les corresponden. Pero para ello necesitan demostrar que son capaces de no cometer los mismos vicios del pasado», comenta Ayestas.
En los primeros cien días del nuevo Gobierno, la PNH retomó el control de los 25 centros penales que operan en Honduras, dirigidos por las Fuerzas Armadas en los dos últimos gobiernos. Unidades como la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) también pierden el protagonismo que tuvieron administraciones nacionalistas.
Al respecto, en declaraciones a Expediente Público, el actual director de la PNH, Gustavo Sánchez comentó que, «la FUSINA fue la paralela que el anterior Gobierno creó a la Policía Nacional. Ese fue un gravísimo error, porque el Estado no puede atacar al propio Estado».
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Sobre la postura de los militares al regresar a sus cuarteles, Óscar Estrada opina que estos no tienen ningún problema, «mientras no les quiten sus privilegios, sus negocios, los limpios y los sucios. Además, el trabajo de patrullar no es nada sencillo», comenta.
De los privilegios que mantienen los militares con el nuevo Gobierno es preservar el mismo presupuesto que recibieron durante el último año del mandato de Hernández, a pesar de que actualmente tienen menos funciones en materia de Seguridad.
Dirigida por el sobrino político de la presidenta, José Manuel Zelaya Rosales, homónimo del expresidente, la Secretaría de Defensa mantiene un presupuesto anual de 383 millones de dólares, por encima de los 280 millones de dólares destinados a la Secretaría de Seguridad.
Los retos de la Policía
Para Estrada, la administración de Castro aún no tiene una política definida en el tema de Seguridad, «en el discurso suena bien lo de la prevención y lo de la Policía Comunitaria, pero eso es a largo plazo, no resuelve el problema actual de la violencia», señala, refiriéndose al promedio de once homicidios diarios que se registran a nivel nacional.
Sobre el estado actual de la inseguridad, Ayestas confirma que la violencia no se redujo en los primeros cien días del actual Gobierno, «los homicidios apenas han bajado un 0.40% en comparación al primer trimestre del año pasado, además los homicidios múltiples han aumentado 13%». Los casos de extorsión también se han incrementado.
Estrada, quien es autor del libro Tierra de Narcos, un estudio de las mafias en Honduras, opina que la estrategia de la lucha contra el narcotráfico tampoco ha cambiado con el nuevo Gobierno, ya que, a su parecer, es la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) quien la define.
Sobre las extradiciones, la directora del ONV comenta que si Nasry Asfura, candidato oficialista en las pasadas elecciones, habría ganado los comicios, la extradición del expresidente Hernández se habría demorado o no se habría dado, «porque habrían quedado sus amigos en el poder, con quienes había trabajado».
El actual director de la PNH, Gustavo Sánchez, señaló a Expediente Público que la captura del expresidente Hernández forma parte de un nuevo proceso de rendición de cuentas de la Policía, una prueba de su disposición para cumplir con las órdenes que reciban de los tribunales.
Sánchez también considera que el último proceso de depuración fue una estrategia para controlar a la institución policial, por lo que estarían reintegrando unos dos mil policías depurados entre 2016 y 2020. Al respecto, Estrada opina que esa sería una decisión desacertada, «quienes conocemos la historia de las mafias que operan adentro de la Policía, sabemos que eso sería un grave error».
Sobre la reincorporación de los policías depurados, Ayestas considera que la PNH más bien debe de enfocarse en fortalecer la formación de nuevos miembros, «que el 45% de la Policía fuese depurada afectó la imagen de una institución que debe de recobrar la confianza ciudadana. Y eso solo se hará si tienen una buena gestión», añade.
