* Diversas organizaciones sociales aprovecharon la conmemoración del Día Internacional del Trabajo para rechazar la reelección presidencial anunciada por el gobernante Nayib Bukele.
* La movilización social, también denunció las violaciones de derechos humanos en el marco del Estado de Excepción que se ha extendido más de un año.
* La Constitución salvadoreña, vigente desde 1983 y reformada en 1992 después de la firma de los Acuerdos de Paz, establece dos artículos que restringen a un gobernante seguir en el poder de forma consecutiva.
Eric Lemus / Expediente Público
Miembros del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular junto a familiares de detenidos por el régimen de excepción y miembros de agrupaciones de ambientalistas, cooperativistas, campesinos, empleados públicos despedidos y sindicatos, conmemoraron este 1 de mayo el Día Internacional del Trabajo con una marcha que buscó ser el contrapeso a la popularidad avasalladora del presidente Nayib Bukele.
El mandatario, que anunció que buscará la reelección en los comicios presidenciales de marzo de 2024, es criticado por las organizaciones sociales y gremiales porque la Constitución salvadoreña prohíbe esa figura para evitar que un político busque la perpetuación en el poder.
Sin embargo, Bukele registró 91 por ciento de las simpatías, de acuerdo a la última encuesta publicada por LPG Datos, la unidad de investigación social del periódico La Prensa Gráfica.
La población entrevistada destacó la ofensiva militar contra las pandillas como el mayor éxito del gobernante.
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Bitcoin y capturas masivas
Quien se autodenominó el presidente millenial más cool cuando llegó al poder hace tres años y medio, por un lado, sufre el resultado de su apuesta a la criptomoneda que no fue aceptada entre la ciudadanía que prefirió seguir el modelo de una economía dolarizada.
Y, asimismo, las denuncias de las capturas arbitrarias masivas durante el régimen de excepción y la muerte de al menos 200 reos bajo custodia del sistema penitenciario elevaron la alarma de las agrupaciones defensoras de derechos civiles.
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“Con las capturas de personas inocentes en el régimen de excepción, el Estado atenta contra la integración familiar, base fundamental de la sociedad”, criticó la organización Tutela Legal María Julia Hernández.
“Hay niños que han quedado abandonados porque capturaron a sus madres o padres, y quedaron con sus abuelitas, que no tienen salario y andan pidiendo limosna para mantener a sus nietos. Hay otra muchacha que anda reciclando en la basura para recoger latas y venderlas y mantener a siete niños”, relata Samuel Ramírez a Expediente Público.
Por su lado, hasta marzo de este año, Tutela Legal totaliza la presentación de 260 hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de detenidos sin vínculos con el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha (MS-13), las principales bandas que aterrorizaron este país centroamericano desde 1992.
Unidad del pueblo
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), que aglutina organizaciones sociales de izquierda, marchó junto a una diversidad de sectores que incluyo sindicalistas, policías despedidos, docentes del magisterio nacional y agrupaciones feministas, entre otros.
“Esta marcha es un símbolo. La gente le está diciendo al Gobierno: no estamos de acuerdo en ciertas políticas que lleva a cabo. Necesitamos que regrese ese camino que ha tomado que lo lleva al totalitarismo, el irrespeto a los derechos humanos y deje ese culto a la personalidad”, opinó a Expediente Público Marvin Reyes, representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía.
Rubén Zamora, exembajador de El Salvador ante Naciones Unidas durante el periodo 2014-2019, dijo a Expediente Público “que esto es algo que no se ha visto en el país porque aquí están los trabajadores con sus sindicatos democráticos junto a las organizaciones de la sociedad civil para pedir un cambio”.
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La movilización recorrió las principales calles capitalinas luego de convocar a cientos de organizaciones en torno al Parque Cuscatlán, que está ubicado en la periferia de la ciudad, hasta concentrarse en la Plaza Cívica, frente a la Catedral metropolitana.
En tanto, pobladores del Bajo Lempa, proveniente de los departamentos de Usulután y San Vicente, denunciaron a YSUCA, la emisora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), que personal de la Policía Nacional Civil (PNC) colocó retenes para impedir su ingreso a la capital.
Uno de los voceros, Rosa Tobías, relató que la policía les decomisó documentos de identidad y las licencias de conducir a los conductores de los autobuses para impedir que asistieran a la marcha.
¿Artículos pétreos?
El tema de la reelección presidencial que Bukele confirmó el 15 de septiembre del año pasado, el día de la conmemoración de la independencia de la colonia española, despertó un debate entre los abogados constitucionalistas que discuten la interpretación auténtica de la Carta Magna.
La Constitución salvadoreña, vigente desde 1983 y reformada en 1992 después de la firma de los Acuerdos de Paz, establece dos artículos que restringen a un gobernante seguir en el poder de forma consecutiva.
El artículo 152 advierte que “No podrán ser candidatos a presidente de la República: El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses” y el 154 reza: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.
¿Ilegal o legal?
En octubre de 2021 durante una gira por Europa, el vicepresidente salvadoreño, el abogado Félix Ulloa, fue interrogado por la periodista Ana Lázaro de Euronews sobre la reforma a la Constitución.
Ulloa dijo que trabajó en un borrador donde reiteraron que mantenían el principio de alternancia en el poder.
“Para que una persona que ejerce la presidencia de la república pueda presentarse de nuevo tendrá que esperar un mandato (…) para que vuelva a presentarse de nuevo”, declaró Ulloa.
Sin embargo, desde mediados de abril, el número dos de Bukele rectificó su posición ante la prensa.
“El presidente Nayib Bukele no está inhabilitado para presentarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales…”, dijo Ulloa.
Ulloa es hijo homónimo del llamado rector mártir de la Universidad de El Salvador (UES), otrora semillero de la oposición, pero que ahora es bastión del bukelismo.
El padre del vicepresidente fue asesinado por escuadrones de la muerte en octubre de 1980 y sus hijos incluso militaron en la Resistencia Nacional (RN), una de las organizaciones guerrilleras que integró el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
“Se trata de un segundo mandato -porque hay una cierta confusión cuando se habla de la reelección inmediata, que está prohibida por la Constitución- si no que (hablo) del segundo (mandato) que sí está regulado por la Constitución”, argumentó.
Régimen de excepción permanente
La marcha de este 1 de mayo fue el último pulso de diferentes gremios y sectores sociales frente a la popularidad de Bukele y que hasta el momento también controla el poder judicial y legislativo, porque el partido oficialista Nuevas Ideas es mayoría.
El magisterio, los ambientalistas, los campesinos y los empleados públicos despedidos, por ejemplo, denunciaron lo que consideran como “graves retrocesos que han afectado principalmente a la clase trabajadora”.
La comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, que se opone a la minería metálica, exigió “un alto a la persecución política” contra los activistas que fueron capturados acusados de participar en un crimen de guerra a fines de los años ochenta.
Criminalización contra activistas ambientales
La comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, que se opone a la minería metálica, exige “un alto a la persecución política” contra los activistas que fueron capturados durante el régimen de excepción, pero acusados de participar en un crimen de guerra en los años ochenta.
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David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal, organización defensora de derechos humanos, vaticina a Expediente Público un empeoramiento del escenario.
“Ya es un Estado de Excepción indefinido”, lamenta Morales, quien clasifica las violaciones más graves.
“Hay muchos derechos que se están violentando gravemente, a pesar de que no están suspendidos por el régimen de excepción”, dice el abogado. “Por ejemplo, la integridad personal, porque se está torturando detenidos; la inviolabilidad de la morada, porque están ingresando bajo coacción a las viviendas; y los casos de muertes arbitrarias en las cárceles (…) el derecho a la vida no está suspendido”, esgrime.
La concentración en el centro histórico de San Salvador incluyó la participación de cientos de familiares de víctimas capturadas durante el régimen de excepción que exigen pruebas de vida de sus parientes porque el Gobierno no brinda información sobre los detenidos.
Socorro Jurídico Humanitario, organización social, alerta sobre los abusos de autoridad cometidos contra población civil que no tienen vínculos con las pandillas y siguen guardando prisión sin derecho a la defensa.
