* Campaña de desprestigio contra periodistas independientes en Honduras se difunde actualmente en perfiles falsos y troles de redes sociales.
* Medios de comunicación, periodistas y miembros de la sociedad civil críticos comienzan a autocensurarse por las campañas de odio y la falta de protección del Estado.
***El director de la SIP Carlos Lauria espera que funcionarios dentro del Gobierno de Honduras no sean quienes promueven el descrédito a los comunicadores.
Sharon Ardon / Expediente Público
En los últimos meses, se ha identificado un patrón de hostigamiento hacia periodistas en Honduras, con el incremento de cuentas en redes sociales que utilizan una rosa como distintivo, asociadas a simpatizantes del partido gobernante Libre.
Estas cuentas no solo promueven la narrativa oficial compartiendo contenido gubernamental, sino que también descalifican, insultan y amenazan a quienes exponen corrupción, abusos a los derechos fundamentales o critican las políticas del ejecutivo de Xiomara Castro.
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Troles contra periodistas en Honduras
Artur Romeu, director para América Latina de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), señaló a Expediente Público cómo el desarrollo tecnológico influye en la estrategia de desacreditar a los periodistas independientes.
Ahora se ataca a los medios de comunicación y periodistas hondureños a través de las redes sociales. Esto es exacerbado por funcionarios de gobiernos que crean campañas de ciberataques por medio de las llamadas “granjas de bots” o “troles”.
El objetivo es callar a periodistas y medios de comunicación independientes, según varios afectados que hablaron con Expediente Público.
La periodista Thelma Mejía denunció que desde hace semanas sufre descalificaciones directas por parte de “seguidores y activistas” del partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre).
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Ataques digitales a periodistas
Mejía, coordinadora de noticias de la cadena de Televicentro, relató a Expediente Público cómo sufre ataques desde perfiles en redes sociales, cada vez que expresa una crítica a decisiones oficiales.
“Los ataques a los que he sido objeto en las redes están ligados a esas tropas digitales ligadas al oficialismo y el partido en el poder, militantes del partido en el poder”, afirmó Mejía.
Son acciones que corresponden a una estrategia de desinformación. Están “orientadas a crear duda, erosionar las instituciones, tratar de desprestigiar y de inhibir a estos actores y medios a que profundicen, a sus trabajos periodísticos o sus opiniones críticas sobre el rumbo del país”, afirmó.
Lisseth García, presidenta del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) capítulo Noroccidental, dijo a Expediente Público que “lamentablemente muchos de estos ciberataques vienen de personas que ostentan cargos gubernamentales empleando más tiempo atendiendo redes sociales y no cumpliendo sus deberes”.
Honduras, país “mortífero” para el periodismo
El informe “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa: El periodismo, bajo las presiones políticas” de Reporteros Sin Fronteras en 2024 ubica a Honduras en la posición 146 de 180 países, categorizándola bajo una “situación grave” en cuanto a su estado de libertad de prensa.
Desde el 2003 al 2022, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) contabiliza en su informe del 2022 “Sin acallar a crítica ¡Recuperemos la palabra!” un total de 97 periodistas asesinados en el país centroamericano.
Se describe a Honduras como “el país que sigue siendo uno de los más mortíferos para el periodismo en el continente americano, lo cual crea un clima de autocensura y miedo en la prensa”.
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RSF refiere en su informe que pese a las expectativas por la llegada al poder de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, “los periodistas se enfrentan a retos similares a los encaraban con gobiernos anteriores”.
“Discursos denigrantes de los nuevos funcionarios, el rechazo al acceso a las fuentes informativas a periodistas no afines al gobierno y la falta de protección contra las amenazas” se repiten.
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Nueva epidemia: ataques a la prensa
RSF informó que “es evidente que en la región últimamente hay un incremento de ataques a la prensa que ha cambiado con el desarrollo tecnológico”. Romeu señaló cómo las campañas de difamación y los ataques cibernéticos han evolucionado, afectando gravemente el ejercicio del periodismo.
“Invadir sistemas de medios o periodistas para obtener información sobre las investigaciones que están realizando” es solo una de las tácticas.
Estas estrategias coordinadas de desinformación, insultos y acosos en línea dirigidos a periodistas que cubren temas sobre política, corrupción, derechos humanos y medio ambiente, se han vuelto “una nueva epidemia”.
«Es una característica de gobiernos de tendencia autoritaria que han integrado en su estrategia de movilización política el ataque sistemático al periodismo», explicó Romeu.
Ahora, en lugar de detenciones arbitrarias o injerencias directas, hay grupos organizados afines a los gobiernos movilizados en redes sociales bajo instrucciones específicas creando un ecosistema donde se fomenta discursos de odio.
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No normalizar la ciber violencia
Mario Cerna, periodista fundador de Honduras Verifica relató a Expediente Público cómo atacaron el sitio web y trataron de desprestigiarlo, luego de la investigación sobre una red digital del Gobierno de Castro para campañas de ataque y desprestigio contra adversarios políticos.
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“A Honduras Verifica, cuando hicimos esta publicación a nivel nacional e internacional se nos atacó, nos botaron el sitio. A mí me trataron de vincular con un caso de corrupción”, expuso.
Para Cerna es un error normalización de la violencia digital. Él recibe amenazas, pero optó por documentarlas para posteriormente denunciar. Alertó que los ciberataques puedan eventualmente escalar a agresiones físicas, lo que significa un riesgo latente para los periodistas en Honduras.
Recomienda acudir a organizaciones como C-Libre, que monitorean y documentan este tipo de campañas, para establecer precedentes y responsabilidades.
García, del Colegio de Periodistas aconsejó no quedarse callados ante las amenazas. “Si la persona quiere se busca ayuda en los entes correspondientes, muchos no terminan el proceso, pero se documentan los casos”, afirmó.
Impacto: Autocensura
El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre prácticas de derechos humanos en Honduras en 2023, describe que periodistas y miembros de la sociedad civil han denunciado que acuden a la autocensura por “temor a las críticas, el hostigamiento y las represalias del gobierno y sus partidarios”.
Jimena García, miembro de la organización Articulación Ciudadana, anunció el 11 de junio que se retiraba de las redes sociales. No soportó más el hostigamiento, que afectó también a su hijo, quien es menor de edad.
García relató a Expediente Público que buscó la evaluación de un psicólogo y una experta en redes sociales quienes concluyeron que “era para hacerme daño a mí a través de él (su hijo). Otros familiares también han recibido supuestas advertencias y amenazas.
El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Luria, dijo que las agresiones dirigidas a mujeres periodistas, como el caso de Thelma Mejía, “pueden producir niveles de ansiedad, estrés, afectar su salud y su capacidad para realizar el trabajo de manera ecuánime y efectiva».
“Las víctimas de este tipo de acoso en línea pueden sentirse aisladas, desprotegidas, lo que puede llevar a una disminución en los espacios públicos”, aseguró a Expediente Público.
Exacerban los ataques en Honduras
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe que aborda la situación en Honduras derivadas de la visita in loco en 2023, también registró este patrón.
“La Comisión y la Relatoría recibieron información sobre discursos estigmatizantes de funcionarios públicos contra la prensa crítica a las políticas gubernamentales. La CIDH subraya con preocupación que tales señalamientos aumentan los riesgos de ataques a periodistas, acentuando los peligros en un país históricamente violento para el ejercicio de esta profesión”.
Al tiempo se subraya que etiquetar de “noticias falsas” las publicaciones de los periodistas “implica riegos a la libertad de expresión”.
En tanto, el Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras 2023 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUD) señala que “en una sociedad democrática, la crítica a las políticas públicas debe ser entendida como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”.
Funcionarios tienen que someterse al escrutinio
El director de la SIP, Carlos Lauria, dijo a Expediente Público que si las campañas son incentivadas por los mismos funcionarios del gobierno “tiene una mayor gravedad”.
“Totalmente injustificado y desmedido e inaceptable que funcionarios estén estimulando este tipo de conductas, debe ser rechazado”, puntualizó.
Estas acciones agravan el problema. “La falta de sanción y accionar de alguna manera refuerza el ciclo de acoso”.
Expediente Público ya ha registrado que numerosos funcionarios del actual gobierno han mostrado una marcada intolerancia hacia las críticas y opiniones de periodistas y miembros de la sociedad civil. Algunos responden directamente a sus críticos, mientras que otros optan por bloquear a aquellos que consideran adversarios.
