Derechos Humanos

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La Operación Limpieza: historia de luto, dolor y valentía en Masaya y pueblos vecinos

A un año de la explosión civil en Masaya

Operación Limpieza le llamaban, y aunque suene a pulcritud y a desinfección, en realidad se trataba de más balas, sueños destrozados, secuestros, asedios y asesinatos.

Este 2019 Nicaragua revive las memorias de aquella insurrección civil iniciada en abril de 2018 contra el Gobierno de Daniel Ortega. Y las detonaciones, encapuchados y enfrentamientos aún viven en el recuerdo de todos, y particularmente de aquellos residentes de la ciudad de las flores, Masaya, ubicada a 25 km al sureste de la capital, Managua.

En mayo del 2018 se evidenciaron algunos indicios del plan represivo de los Ortega-Murillo, como se le llama a la pareja presidencial, pues la consorte del mandatario, Rosario Murillo, ha sido pieza clave en ese dúo que se aferra al poder a toda costa.

Estaba claro que su misión era desmontar los tranques o barricadas y capturar a los líderes que a juicio del Gobierno organizaban las manifestaciones.

En Matagalpa, uno de los departamentos más poblados, ubicado en el norte de Nicaragua, “la Policía Nacional desplegó violentos ataques armados contra quienes se encontraban en los tranques y participaban de las protestas. Se utilizaron armas de alto calibre y las acciones ejecutadas por efectivos policiales y grupos de choque exhibieron un claro nivel de coordinación”, según reportó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), publicado en diciembre del 2018.

Ya para junio Masaya era el escenario de la represión gubernamental. Las fuerzas orteguistas comenzaron el 19 de junio, por la mañana, con el asesinato de Marcelo Mayorga, el hombre de 40 años que con una honda o tiradora se defendió de la arremetida policial. Fue el primero en caer y de los más dolorosos.

Pero ahí no acabó la historia, el barrio de Monimbó, de Masaya, se mantuvo firme, sin embargo, paramilitares encapuchados y armados con AK-47 lograron desarticular la unidad de jóvenes que estaban en las trincheras, atemorizar a la población y comenzar la persecución.

Tío Rogerio entra en acción

“Empezamos bonito, pintando postes de azul y blanco”, narró a Expediente Público Rogerio Ortega Franco, de 53 años, en alusión a los colores de la bandera nicaragüense, símbolo de la insurrección civil de ese abril de 2018.

Antes de significar una amenaza para el Gobierno, ser detenido por paramilitares el 15 de julio y acusado por crimen organizado, Rogerio se dedicaba a la ganadería, montada de toros y a la importación de repuestos de camión en su natal municipio, Diriá, localizado a 35 km al sureste de Managua, en el departamento de Granada.

La Ruta de los Pueblos Blancos, ocho municipios de origen precolombino asentados en una meseta entre Granada y Masaya, estaba atrapada entre las faldas del volcán Mombacho y la ciudad de Jinotepe, y cuando el plan Operación Limpieza tomó lugar en estas ciudades, fue fácil para la policía contraatacar a los defensores de las barricadas en aquellos municipios.

“Es admirable ver a la juventud protestando por sus derechos”, expresó Rogerio, conocido cariñosamente como Tío Rogerio. Aseguró a Expediente Público que esa fue una de las principales motivaciones por las que se unió a la lucha.

En Diriá, los autoconvocados —aquellos que participan en las protestas por motivación propia, sin seguir lineamientos de dirigencias —apoyaron el levantamiento de las barricadas en las dos entradas a su pueblo, una fronteriza con el municipio de San Juan de Oriente, en el departamento de Masaya, y otra con Diriomo, en el de Granada.

Rogerio aseguró que él apoyó un tiempo, pero luego “todos querían mandar” y su único interés era participar. Ese y protestar por la justicia de un país, fueron sus délitos, los que le mandaron al centro penintenciario de Granada por un mes y varios días y luego a la cárcel “La modelo”, localizada en Tipitapa, municipio a 22 km al noreste de la capital, hasta cumplir casi 11 meses en prisión.

Frío neoyorquino en la Galera 16.1  

Al ser trasladado de las celdas de Granada, a otro lado sin rumbo cierto, Rogerio pensó que lo llevarían al Chipote, la infame prisión localizada en el corazón de Managua y que ahora es la sede de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional. Abundan las denuncias sobre torturas y otras atrocidades cometidas ahí por los esbirros del régimen.

Por eso Rogerio se dijo, un poco aterrado: “Hoy me arrancan las uñas”. Pero no fue así. Al pasar por la carretera a Masaya intuyó que lo llevarían a la cárcel La Modelo, porque tomaron la carretera hacia la ya citada Tipitapa.

Para Rogerio, estar preso no significó del todo un suplicio, aunque está claro que permanecer en una celda de esas, encerrado por el régimen Ortega-Murillo, no era ningún chiste para nadie en esos días de insurrección civil y represión. Incluso la convivencia con los demás presos políticos dijo haberla disfrutado.

Con una sonrisa en su rostro recordó que al llegar a esa celda, codificada como Galera 16.1, pensó: “¡Ay Dios mío! ¿Y quién me mandó a estar con este chavalero?”, en referencia al grupo de “chavalos” o jóvenes con los que compartía su infortunio, pues él era uno de los presos de mayor edad.

Su estancia en la Galera 16.1 le recordó el frío de Nueva York, que le tocó sentir mientras vivió un tiempo en esa ciudad de Estados Unidos.

Rogerio aseguró que esos recuerdos fríos de Nueva York le sirvieron como arma sicológica para mantenerse relativamente tranquilo, pues en lugar de pensar en el encierro recordaba con nostalgia sus días ajetreados en la ciudad que nunca duerme. También disfrutó los rayos de sol que, en momentos específicos del día, tomaba junto a sus compañeros de lucha, todos desnudos por órdenes de un jefe de la cárcel.

Leía mucho y aprovechó para escribir en inglés y caminar dentro de la celda con el objetivo de bajar de peso.

Eran alrededor de 150 reos políticos, y se propusieron a enseñar a leer a quienes no sabían, estudiaban y platicaban sobre sus vidas. También preparaban sus frijoles molidos, en una ollita y el fuego lo proveían los trozos de madera que arrancaban de puertas viejas.

El Tío Rogerio no perdió las uñas de sus manos. Mejor aún, ha usado desde entonces en sus muñecas dos pulseritas de plástico azul y blanco, los colores de la bandera nicaragüense y de la insurrección civil de aquel abril de 2018.

Esos brazaletes eran semejantes a una que guarda con cariño, un obsequio de Eddy Montes, preso político que fue asesinado en la prisión La Modelo, el 16 de mayo de 2019, mientras todos los reos protestaban. Con orgullo contó que esa pulserita fue hecha por el mismo Montes.

Las hordas orteguistas vs. la gente de Niquinohomo

“Me moría por verte” le dijo, emocionada, Jeysi Lagos, La Diabla, a Tania Muñoz, su hermana de lucha, al visitarla sorpresivamente en su casa en Niquinohomo, uno de aquellos municipios de la Ruta de los Pueblos Blancos.

Eran las 10 de la mañana, cuando en aquella casita color salmón que tiene una bandera azul y blanco a primera vista, llegó la amiga de Tania Muñoz, una de las presas políticas capturadas por el régimen, el 30 de julio del 2018.

Lagos y Muñoz, de 25 y 43 años de edad, respectivamente, se conocieron en la cárcel. Fue inevitable no llorar en su rencuentro, pero también desayunarse un nacatamal, un plato típico a base de maíz, contó Tania a Expediente Público. Fueron liberadas el 20 de mayo del 2019.

Tania es una mujer trabajadora, que antes de iniciarse la crisis en el país laboraba en el mercado de Granada vendiendo pan y repostería, frutas, en especial limones.

Todo empezó cuando ella miró que el pueblo se levantó, “porque le estaban pegando fuego” a la reserva Indio Maíz, que con sus 3,180 km² es catalogada como una de las áreas protegidas más importantes de Centroamérica. Se localiza en la esquina sureste del país, en la frontera con Costa Rica.

Ahí se originó un incendio el 3 de abril del 2018, y la débil o nula respuesta del Gobierno encendió la primera chispa de indignación entre la población nicaragüense y que, luego, al incluirse demandas políticas y sociales, desembocó en la rebelión ciudadana de abril.

En ese contexto se levantó el pueblo de Tania, Niquinohomo, como muchos otros en el país.

La captura de las hermanas Muñoz

Cuando el pueblo de Niquinohomo alzó sus barricadas, las hermanas Olesia y Tania Muñoz decidieron apoyar a los jóvenes, a quienes consideraban sus hijos. Baldes de leche, medio canasto de pan, leña y apoyo para municiones. Había que involucrarse de lleno en algo, había que luchar duro por rescatar la democracia en el país.

“Si se repitiera lo volvería a hacer” expresó Tania.

Olesia “movía gente”, es decir, era carismática con las personas y la escuchaban. Era una corista de la iglesia muy conocida y respetada. Las dos hermanas apoyaban las manifestaciones, las “grandes marchas”, una de ellas, la del 4 de mayo, probablemente la que provocó un ataque contra el pueblo al siguiente día.

Al comenzar los asesinatos en el marco de la Operación Limpieza, Tania decidió refugiarse para proteger a sus hijos y nietos en Jinotepe, cabecera departamental ubicada a casi 20 kilómetros de Niquinohomo. Pero fue en vano.

Olesia, su hermana, aún estaba en Niquinohomo cuando los orteguistas saquearon las casas del pueblo y comenzaron la búsqueda de opositores. Ella se escondió en una bodega en su vivienda y quedó atrapada por ocho días aguantando hambre y defecando en bolsas, y finalmente su hermano la rescataría para que se refugiaran en Jinotepe junto a su hermana Tania.

El hogar de su prima Evelin fue el lugar de exilio de las hermanas Muñoz, en Jinotepe. Desafortunadamente, otra prima, Martha Lorena Muñoz, quien sabía dónde se refugiaban, cayó presa y las delató.

“Nos entregó en bandeja de oro”, recordó Tania a Expediente Público. Un 30 de julio la policía de la ciudad de Jinotepe no tardó en dar con la familia Muñoz.

Ese día, Tania se indignó de cómo le apuntaron con las armas a sus “niños” refiriéndose a su hijo, nieto y dos sobrinos menores de edad. Se los llevaron a la estación de policía de la misma ciudad, para luego ser trasladados a la estación de Masaya, nueve en total, incluyendo a su hija mayor, hermano y hermana menor.

Posteriormente todos, excepto Tania y Olesia, fueron sacados de las celdas a las 10 pm y llevados en carros de la policía y abandonados en un basurero en Masaya, de donde fueron recogidos por Evelin, la prima, que los había seguido con cautela, con las luces de su carro apagadas.

Ahora, a poco más de un año de aquellos acontecimientos, las hermanas Muñoz, y el resto de su familia, pueden contar la historia.

El 20 de mayo del 2019, Tania regresó a su hogar, en la segunda excarcelación de presos políticos.

Olesia, a pesar de haber salido en la reciente liberación de presos políticos bajo la Ley de Amnistía, no ha podido regresar a su hogar, pues sigue siendo perseguida al igual que muchos miembros de su familia.

“Si en realidad nosotros fuéramos golpistas o terroristas, Daniel Ortega ya no estuviera en el poder”, finalizó Tania.

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