A “La Chilindrina”, una niña de 15 años, originaria de El Mochito, Santa Bárbara, la encontraron muerta y con signos de tortura en una casa abandonada en la colonia 11 de Marzo, en el sector de El Milagro, en Villanueva, Cortés. Nadie sabe cómo llegó allí. Al dar vuelta a la página del periódico leemos que la policía detuvo a un hombre que quiso quemar a su propia madre en la aldea Las Playitas. En la página de enfrente, otro hombre fue capturado porque intentó abusar a una niña de 12 años en el sector conocido como Caserío Coclan, en el municipio de Jesús de Otoro, Intibucá. Los nombres cambian, las víctimas son distintas, como distintos son los victimarios; pero las historias se repiten día tras día.

Las páginas de los diarios y las pantallas de los noticieros se pintan de rojo, con la sangre de las víctimas de una guerra no declarada y nadie sabe cómo parar las efusiones sanguíneas que inundan las calles de Honduras.

El Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) reportó 22 femicidios en enero de este año. Según el registro de ingresos de cadáveres en las morgues de San Pedro Sula y Tegucigalpa, la cifra ascendió a cerca de 50 casos durante el mes de febrero. La mayoría de las mujeres fueron asesinadas con armas de fuego, muchas mostraron señales de tortura en sus cuerpos, señales que los expertos interpretan como «mensajes» enviados a terceros. Los cuerpos de las mujeres víctimas, lienzos de mensajes de muerte. Aproximadamente cada 15 horas una mujer pierde la vida de forma violenta en este país.

Según el boletín del instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) en 2017 ocurrieron 207 decesos con características de femicidios, «muchos más que los transportistas y embolsados con 97 y 98 casos», afirma el reporte de IUDPAS.

El ONV, sin embargo, afirma como un avance a celebrar, que el número de mujeres asesinadas disminuyó 79 casos, pasando de 468 decesos en 2016, a 389 a 2017. En efecto, es una noticia alentadora, pero las mejores están aún lejos de llegar y aún es temprano para considerarlo una tendencia positiva.

Un cálculo superficial presentado por la Asociación Calidad de Vida (ACV), estima que si las 5,058 mujeres muertas en los últimos doce años tenían un promedio de tres hijos por mujer, a esta fecha el total de niños y niñas en orfandad podría ascender a unos 15,174. Esas son otras víctimas de la violencia contra las mujeres.

Honduras es signatario de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará. Además, ha aprobado un cuerpo de leyes que incluyen: la Ley del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), la Ley contra la Violencia Doméstica (reformada) y la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Adicionalmente, en el año 2013, el Congreso aprobó el Decreto No. 23-2013 a través del cual realizó una reforma al Código Penal incorporando el femicidio en la tipología de delitos contemplados. Pero la construcción del marco legal es insuficiente y las víctimas siguen apareciendo.

«Todos los datos indican que Honduras es de los países de Latino América que tienen la tasas de femicidios más altas» —afirma Abebech Assefa, directora del programa de Desarrollo para Centro América, del Ministerio de Asuntos mundiales de Canadá. «Las mujeres en Honduras, especialmente las mujeres jóvenes, viven situaciones muy difíciles que les impiden la posibilidad de desarrollarse plenamente», continúa, mientras explica el interés del G16 en atender la violencia contra la mujer en Honduras.

El G16, una plataforma de coordinación en donde los jefes de misión de la cooperación internacional en Honduras coordinan intervenciones y diálogos políticos que contribuyan a solucionar los problemas del país. La muerte violenta de mujeres está entre sus prioridades. «En Honduras, sabemos que el nivel de impunidad es muy alto, sobre todo para crímenes en contra de las mujeres», agrega Assefa.

Respuestas insuficientes

Al año, aproximadamente 600 hombres llegan a la Unidad de Servicio Comunitario de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a realizar trabajos comunitarios, castigados por diferentes tipos de agresiones dentro de la familia. En promedio alrededor de 120 hombres llegan mensualmente por violencia doméstica y según reporta la prensa nacional, la mayoría de esos sujetos fungen como personal de vigilancia o guardaespaldas, o sea, tienen acceso a armas.

De las 5,058 mujeres que murieron de forma violenta entre 2006 y 2018, 70% de ellas fueron asesinadas con arma de fuego, 75% por sus parejas, ex parejas o conocidos y 95% de los casos de muertes de mujeres quedan impunes.

Para Cristina Alvarado, del Comité de Mujeres Visitación Padilla, «es una vergüenza que el Ministerio Público señale que el año pasado apenas lograron 30 sentencias condenatorias en relación a los femicidios. Esto deja el mensaje de que en Honduras es gratis asesinar mujeres. No hay una visión integral de atención y prevención de violencia contra la mujer».

Alvarado afirma que la apuesta del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández es «Ciudad Mujer» pero está convencida que, aunque es un elemento que aporta, no resolverá los problemas que sufren las mujeres. La feminista señala, que además de la violencia intrafamiliar, muchas mujeres son víctimas de situaciones que las obligan al desplazamiento forzado «y Ciudad Mujer no les está dando una respuesta a esto, menos a las mujeres que necesitan una casa refugio».

Ciudad Mujer es el programa estatal que busca mejorar las condiciones de vida de las mujeres en la autonomía económica, atención a la violencia, salud sexual y salud reproductiva, mediante una red de servicios ofrecidos de manera integral por las instituciones públicas competentes, según indica la página web de esta iniciativa gubernamental.

En el proyecto confluyen 15 instituciones públicas que coordinan, colaboran y cooperan entre sí para brindar servicios con calidez y calidad para el desarrollo integral de la mujer hondureña, en un ambiente de confianza y esperanza. Es un proyecto nuevo, recién inaugurado el año pasado y poco se conoce de sus resultados. Varias veces intentamos sin éxito entrevistar a las administradoras del proyecto.

Elvira Cuadra, investigadora asociada de Expediente Abierto, en un estudio sobre muertes violentas de mujeres en Honduras, próximo a publicarse, apunta que en el ámbito de las capacidades institucionales las principales acciones se han encaminado a la creación de unidades especializadas en todas las instituciones del sistema de justicia penal a fin de atender con eficacia y eficiencia los casos de femicidio, muertes violentas y violencia contra las mujeres. Tal es el caso de la creación de la Fiscalía Especial de la Mujer, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Unidad Especial de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios dentro de la ATIC en el Ministerio Público; la creación de una unidad especializada de investigaciones en la DPI y la creación de los Juzgados Especiales contra la Violencia Doméstica en el Poder Judicial.

El informe remarca que la creación de estas unidades especializadas ha requerido dos acciones adicionales: recurso humano nuevo y especializado; desarrollo de procesos de formación y capacitación para el recurso humano especializado de tal manera que apliquen la ley y los procedimientos institucionales de manera eficaz y eficiente en cada uno de los casos. No obstante el reporte indica que desde el punto de vista de los funcionarios públicos, el proceso de creación y fortalecimiento de las capacidades institucionales es todavía incipiente y los retos se relacionan con el acceso a recursos financieros y económicos para crear la infraestructura institucional necesaria, ampliar la cobertura de las unidades especializadas en todo el territorio nacional y que los procesos de formación y capacitación realmente transformen la cultura institucional a fin de aplicar la ley y atender los casos de acuerdo a un enfoque de género, los principios jurídicos y los derechos humanos.

«La problemática sigue igual para las mujeres en el país, no se ve ningún cambio», afirma Noemí Dubón, del Foro de Mujeres por la Vida. «Cada día las cifras de violencia contra las mujeres no bajan, aumentan y preocupa porque la forma como se asesina a las mujeres son cada vez más crueles. Es preocupante y tiene que ver con la impunidad y que no se crean políticas para prevenir las muertes de mujeres».

«El gobierno pretende hacer que toda la ayuda que llega para atender la violencia contra la mujer se vaya a Ciudad Mujer», advierte Cristina Alvarado, señalando que la violencia que viven las mujeres no se puede separar de la situación estructural que vive el país.

«Tenemos que tener una mirada interseccional; debemos cruzar las variables de pobreza, discriminación y violencia. Nosotras señalamos que la violencia es una expresión de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres», concluye Alvarado, en su intervención hecha junto con un colectivo de base de Visitación Padilla, a representantes del G16 en la colonia 30 de noviembre.

El 5 de marzo de 1908, Nueva York fue escenario de una huelga de mujeres que reclamaban la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo para poder dar de mamar a sus hijos. Durante esa huelga en la fábrica de Sirtwoot Cotton, perecieron más de un centenar de mujeres quemadas, en un incendio que luego se atribuyó al dueño de la fábrica como respuesta a la huelga.

A raíz de ese incidente violento se declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Ciento diez años más tarde, la búsqueda de la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres es una lucha que está lejos de finalizar en Honduras, y sin embargo, es necesario seguirla.

Sigue siendo la búsqueda de la erradicación de toda forma de violencia en contra de las mujeres, el vientre que une por igual una lucha que está lejos de terminar en Honduras, pero debe seguir, por «La Chilindrina» y las cientos de mujeres que este año formarán parte de las estadísticas de muerte.

 


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