Atendiendo a Expediente Público por vía telefónica, esta es la primera entrevista que ha dado el subcomisionado Molina Moncada, director desde hace dos años de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA).

La DNPA tiene un par de años operando en Honduras. Para su creación, se reformó la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad, estableciendo que esta nueva unidad estaría a cargo de la prevención, erradicación, investigación de conductas relacionadas con los delitos de narcotráfico y conexos, bajo la dirección técnica y jurídica de fiscales del Ministerio Público (MP).

Durante la plática, Moncada rápidamente situó en términos cronológicos una de las problemáticas que debe atacar su Dirección, comentando que el narcomenudeo se ha agravado en el país desde hace una década, presentando un crecimiento acelerado en estos últimos años.

«Sin conocer el fenómeno, nadie se puso a darle seguimiento al narcomenudeo y cuánto estaba afectando a la población, cuando ya hubo ese tipo de análisis lo que se reflejó es que las estructuras criminales ya se habían organizado y ahora tenemos un descontrol», afirmó.

La DNPA está conformada por el Departamento de Prevención, el Departamento de Inteligencia, el Departamento de Investigaciones Especiales, el Departamento de Operaciones Especiales, el de Unidades Departamentales Antidrogas y el de Unidades Metropolitanas Antidrogas.

Esta dirección tiene 15 funciones, entre ellas, asesorar y cooperar en la ejecución de la política nacional en materia de lucha contra las drogas ilícitas, y cumplir con los convenios de cooperación nacional e internacional en materia de lucha contra el tráfico de drogas y delitos conexos.

Funcionamiento del narcomenudeo

El director confiesa que las bandas que mueven la droga tienen el control de muchas colonias y barrios del país, intimidando a los pobladores que pretendan denunciarlos.

«Ellos advierten a las familias a “no calentar las áreas”, es decir, que tienen prohibido llamar a la Policía ante cualquier asunto que ocurra dentro de la zona para que no les afecte la venta. Por ejemplo si hay violencia intrafamiliar o escándalo en la vía pública, mandan a llamar los involucrados y los sancionan como que fueran la autoridad competente», comentó.

Moncada expresó que en estos 10 últimos años, las estructuras criminales ya no pagan su distribución en efectivo, sino que con droga. «Estas estructuras han encontrado la manera de generar sus recursos vendiendo en pequeñas cantidades la droga. Los que están relacionados con este negocio, en su mayoría son jóvenes. La venta se expande cada vez más y el comercio alcanza a niños y jóvenes, siendo los más afectados los de 12 a 19 años», acotó.

El negocio del narcomenudeo es altamente lucrativo, cada punto es rentable, sus ingresos dependen de la cantidad de consumidores que han logrado agrupar en las zonas, donde pueden comprar una libra de marihuana por unos 600 Lempiras (25 dólares).

«Solo un grupo en una esquina vende aproximado 4 a 5 libras diarias en una zona y cada grupo criminal tiene unos mil puntos de venta en el país. Se estima que hacen dos millones cuatrocientos mil Lempiras (100 mil dólares) al día solo en venta de marihuana», explicó Moncada a esta revista.

De acuerdo al director de la DNPA, las bandas de ventas de drogas han especializado sus mecanismos de venta, complejizando aún más la problemática, «tanto que ellos utilizan la mercadotecnia, hacen estudios de mercado para elegir las zonas donde vender la mercancía ilegal», comentó.

Para muchos analistas en temas de seguridad, el narcomenudeo es la principal causa de homicidios en el país. El director de la DNPA añade elementos a este análisis, «cada punto de venta, o cualquiera sea la fase de la cadena de venta de estupefacientes que se encuentre en el barrio, es un foco de muerte por las peleas de territorios. El problema obedece al entorno en que crecen y se relaciona a una patología de familia donde la falta de protección familiar es la causa».

Redes de ventas

La DNPA tiene la responsabilidad de cooperar con las autoridades competentes en operaciones de intercepción y decomiso de drogas en el territorio nacional, las cuales son remitidas a las autoridades competentes.

Su director comenta a Expediente Público que hay dos grupos encargados en vender la droga, los pandilleros y los distribuidores independientes.

«Debido a la necesidad de tener un trabajo, estos grupos independientes vieron que había demandas para el consumo y se dedican a la venta de droga, tal vez ellos nunca han tenido antecedentes, pero debido a que no tenían acceso a trabajo vieron esa oportunidad para dedicarse a ese ilícito», explicó Moncada.

Las redadas policiales para desmantelar los puntos de venta se dan a diario. Pero él mismo confiesa que cuando se captura a un vendedor, «al día siguiente ya está otro que lo reemplaza, de lo contrario pueden haber muertes. Mientras haya demanda siempre habrá alguien que va a vender».

Decomisos y prevención

Para controlar la venta de las drogas, la DNPA asegura que ataca a sus proveedores, a los cultivadores, productores y abastecedores de la mercancía.

«Se acaba de implementar una operación en la que se decomisaron 31 mil plantas y 6,101 libras de marihuana, eso asciende a 56.6 millones de lempiras (2.3 millones de dólares) en decomisos, solo en un mes, estamos hablando que se dio en una montaña de Olancho, llena de marihuana, donde el acceso es únicamente mediante mulas de carga», detalló el director.

Las zonas donde más incautan mercancía y detienen a personas ligadas a las drogas, son donde hay más presencia de maras o pandillas, como es Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, «aunque zonas como Choluteca han venido teniendo un aumento del narcomenudeo», añadió Moncada.

La DNPA también ha detectado que en las zonas aledañas a los centros penales, las bandas criminales o pandillas compran casas que utilizan para controlar la distribución de las drogas, «entonces ese entorno de las aldeas y caseríos ahora se ve afectado, antes eran zonas pacíficas», explicó y citó como ejemplo a poblaciones ubicadas en los departamentos de El Paraíso y Santa Bárbara, donde se localizan las prisiones de La Tolva y El Pozo.

Además, Moncada enfatizó que también dan charlas de prevención para disminuir el consumo de las drogas en la juventud, mediante un esfuerzo conjunto con la Policía, directores y maestros de los colegios y escuelas.

«De 50 niños, 10 tienen esa tendencia al consumo, vamos a depender de los valores que crean en las familias, del apoyo de la cimentación formal y espiritual de cada hogar. Si el niño crece solo, va a ser vulnerable a las adicciones», comentó.

En Honduras, el consumidor está expuesto sobre todo a la cocaína, a la marihuana y al crack, «esta última es la más dañina, según análisis de Medicina Forense es la sustancia que provoca más daño al organismo. El gramo de cocaína cuesta entre 200 a 300 lempiras (unos 11 dólares), dependiendo de su calidad, hay otras más caras pero son para otro tipo de sociedades», comentó.

 


Una mirada sociológica

El sociólogo hondureño David Ávila considera que el narcomenudeo es un fenómeno multicausal y que se puede frenar solo a través de la generación de políticas públicas orientadas hacia el desarrollo humano.

«Si el Estado invierte más en los centros educativos y en el aspecto social, tendremos menos jóvenes involucrándose en el mundo de las drogas. Creo que atacando estas dos variables habría una posibilidad para disminuir este flagelo que afecta, sobre todo, a la juventud», expresó.

Ávila consideró que la debilidad institucional es un problema estructural que fomenta el narcomenudeo. «Estos grupos se fortalecen a nivel nacional, sobre todo en el área urbana, a partir de las medidas impuestas en los años noventa, cuando se debilitó la institucionalidad», aseguró.

Para este sociólogo, el Estado no ofrece oportunidades a la juventud en materia de salud, educación y trabajo, además, amplió que los gobiernos invierten más en asuntos de seguridad, pero dejan en segundo plano la parte social.

«La seguridad es un paliativo, pero no va a ayudar a resolver el problema de raíz y por mucho que monten operativos para desarticular las bandas que dominan el narcomenudeo, estas medidas son estructuralmente blandas. Se debe atacar la base social y darles oportunidades a estos muchachos. El Estado dice que aplica políticas sociales, pero no están encaminadas a fortalecer el desarrollo humano, sino que son asistencialistas», advirtió.

Para este sociólogo, la situación aún se puede revertir, aunque «lamentablemente entra otro factor que es el bono demográfico y tenemos una pirámide con una cúspide bien marcada donde un 65% es joven, y la mayoría carece de oportunidades. Por ejemplo, alguien que nazca en un barrio marginal de San Pedro Sula, va a aprender las costumbres de su entorno, además, cuando su familia está desintegrada, entrará en un estado de indefensión, y es ahí cuando la estructura criminal lo recluta. En ese momento la rehabilitación se vuelve más compleja», explicó.

 


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