Seguridada y Violencia

Ricardo vende repuestos de carros en San Pedro Sula. Al terminar su jornada, se traslada al barrio Sunsery. En sus bolsillos lleva 200 lempiras para comprar un gramo de cocaína. Se detiene en una de las esquinas, los vendedores lo atienden en confianza, es un consumidor constante.

Desde que tenía 15 años, Ricardo inició su adicción por la cocaína, de eso hace ocho años. Su familia desconoce su consumo, sobre todo teme que su madre se entere.

Este joven comerciante, cada mes aparta 5,600 lempiras (unos 208 dólares) de su salario para comprar la cocaína. Un 30% de sus ingresos mensuales termina en manos de los narcomenudistas. «He gastado mucho dinero en drogas y para financiar mi consumo debo tener un presupuesto fijo, es un dinero intocable», expresa.

El negocio que se da a diario en las esquinas de la Sunsery es altamente lucrativo. Según César Ruiz, director de de la Unidad de Delitos Contra la Vida en San Pedro Sula, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), «cada punto vende al día unos seis kilogramos de coca y hasta 50 libras de marihuana», y añade que los precios al por menor dependen de la compra al por mayor.

Desde que tenía 15 años, Ricardo inició su adicción por la cocaína, de eso hace ocho años. Su familia desconoce su consumo, sobre todo teme que su madre se entere.

Por su parte, la Dirección Nacional Policial Antidrogas calcula que cada grupo criminal que se dedica al narcomenudeo, tiene unos mil puntos de venta en el país. En total, suponen que cada una de estas bandas ingresa unos 2.4 millones de lempiras (100 mil dólares) al día.

Cuando Ricardo termina de comprar su dosis, la calle principal de la Sunsery se llena de trabajadores que regresan a sus casas. También de hombres que controlan las esquinas, de jóvenes -banderas- que alertan la presencia de desconocidos. Quien genere sospechas es increpado.

Horas más tarde una patrulla de la Policía Preventiva inspecciona la zona. Tras su paso, reina el silencio y las esquinas se vacían, entre callejones olorosos a basura y marihuana, los jóvenes se ocultan.

Patrullajes

Otra patrulla recorre simultáneamente las Lomas del Carmen, una zona que es considerada como uno de los puntos más conflictivos de San Pedro Sula, un barrio supuestamente dominado por una banda que se hace llamar «Los Aguacates».

Los operativos de control son constantes por parte de las autoridades policiales, sobre todo coordinados por la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), quienes con frecuencia reciben denuncias anónimas.

«Trabajamos mancomunadamente y esas operaciones han dado muchos resultados positivos como la desarticulación de narco laboratorios que están siendo montados en las áreas rurales», comenta el comisario Jorge Ramírez Montoya, vocero de la Policía Nacional.

La Dirección Nacional Policial Antidrogas calcula que cada grupo criminal que se dedica al narcomenudeo, tiene unos mil puntos de venta en el país. En total, suponen que cada una de estas bandas ingresa unos 2.4 millones de lempiras (100 mil dólares) al día.

El oficial comenta que para montar estos laboratorios, las bandas construyen champas o desalojan a las personas de sus viviendas. «Llevan electricidad a través de paneles solares o de una planta de combustible, todo enfocado directamente a cometer este ilícito», comenta Montoya.

En las calles de las Lomas del Carmen, los oficiales observan a varios sujetos que rondan el lugar, los increpan para revisar sus pertenencias. En una mochila encuentran 14 puntas de supuesta cocaína, siete cigarrillos de marihuana y 1,300 lempiras en efectivo.

El portador de la mochila es detenido y trasladado a la Primera Estación Policial de San Pedro Sula, de ahí será remitido a la fiscalía. Generalmente las personas que son detenidas por este delito, están ligadas a las maras y pandillas, comenta Montoya.

De acuerdo con el mapa de georeferenciación que maneja la Policía, la droga que se comercializa en San Pedro Sula, es inicialmente operada por bandas instaladas en la Chamelecón, en el sector de la Rivera Hernández, en Los Cármenes y en la López Arellano. De estos cuatro puntos se distribuye la droga a toda la ciudad.

Ramírez Montoya menciona que los allanamientos inician con un trabajo de vigilancia y seguimiento, de varias semanas de análisis. Posteriormente envían un informe técnico al Ministerio Público (MP), desde donde se emite el permiso para revisar alguna casa sospechosa de vender drogas.

«No es un trabajo fácil. En algunos momentos no se ha encontrado nada porque los operativos se hacen a partir de las seis de la mañana y estos grupos criminales siempre utilizan a jóvenes como banderas, quienes anuncian cuando las unidades de la Policía o del Ejército entran a hacer registros. Ellos usan todo tipo de mecanismos para evadir la responsabilidad», explica Montoya.

Las denuncias que reciben son constantes, la mayoría se refieren a negocios donde los narcotraficantes venden sus drogas, con frecuencia amenazando a sus propietarios. Montoya enfatiza en el trasiego de esta mercancía en la Central de Buses Metropolitana de San Pedro Sula, donde según él, cada día se trasladan cantidades enormes de estupefacientes.

Captura

Esmeralda Hernández lleva 18 horas detenida en la bartolina de la Primera Estación Policial, se le acusa de delitos relacionados con las drogas y la extorsión. Tiene 39 años y es madre soltera de tres hijos.

En los últimos 10 años, las autoridades policiales capturaron a 11,924 personas por suponerlas involucradas en el tráfico ilícito de drogas, 3,246 de ellas se encuentran privadas de libertad, según datos de la Secretaría de Seguridad y del Instituto Nacional Penitenciario (INP). En promedio, cada día son capturadas tres personas, sobre todo relacionándolas al narcomenudeo.

«Me arrestaron por tráfico y posesión de drogas. Yo cometí ese delito en el 2005, en ese tiempo empezaban las maras y había que sobrevivir en las colonias marginales y pude salir con medidas sustitutivas, pero dejé de ir a firmar», declara mientras sujeta los barrotes herrumbrosos de la celda. La celda huele a orines, a excremento.

De acuerdo con el mapa de georeferenciación que maneja la Policía, la droga que se comercializa en San Pedro Sula, es inicialmente operada por bandas instaladas en la Chamelecón, en el sector de la Rivera Hernández, en Los Cármenes y en la López Arellano. De estos cuatro puntos se distribuye la droga a toda la ciudad.

La primera vez que Esmeralda fue detenida, estuvo 24 horas recluida y salió con medidas sustitutivas. «Quedé firmando. Mi hermano y mi mamá pagaron un abogado para que saliera, aunque me agarraron por segunda vez por desobediencia y estuve presa dos meses en el Centro Penal Sampedrano», dice.

Esmeralda trabaja como cocinera. Cuando cometió el delito en el 2005, ella residía en la colonia Miguel Ángel Pavón del sector Los Cármenes. «Llegaron unos tipos a mi casa donde yo alquilaba, me dijeron que debía guardar la droga o yo sabía a qué me atenía, acepté hacerlo por temor», expresa sollozando.

«Ellos me cuidaban para que no me pasara nada con la otra mara que está en la colonia de al lado, fue hasta que un día llegó la Policía y encontró la droga en mi casa. Eran como cinco o seis libras de marihuana», recuerda, mientras observa a su alrededor.

Esmeralda Hernández lleva 18 horas detenida en la bartolina de la Primera Estación Policial, se le acusa de delitos relacionados con las drogas y la extorsión. Tiene 39 años y es madre soltera de tres hijos.

Afligida recuerda cómo los pandilleros le prohibían recibir visitas, si ella salía de casa debía avisarles y explicarles adónde iba, con quién se vería y a la hora que regresaría. Según ella, nunca le pagaron por prestar su casa para guardar la droga.

Hace algunos años, cuando salió de la cárcel prefirió vivir en varios lugares, por seguridad, «esa vez opté por dejarle mis hijos a mi madre mientras andaba errante por miedo a que algo me pasara», explica.

«No sabía que la segunda vez que salí de prisión era con medidas sustitutivas y ahora también resulta que me acusan de extorsión en Tegucigalpa, pero yo nunca he vivido allá», asegura y dice que pone su destino en manos de Dios, aunque sospecha que será enviada a Támara.

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Seguridada y Violencia

Byron es miembro de una banda que opera en Choloma y en San Pedro Sula, dedicada al sicariato y al narcomenudeo. A sus 22 años de edad, ha alcanzado un rango medio en su organización, «no soy una persona grande, pero tengo el respaldo de gente grande», explica, consciente que la estructura se rige por jerarquías.

Su casa es actualmente su punto de venta. A diario vende unos 200 gramos de cocaína y hasta ocho libras de marihuana, ingresando unos 30 mil lempiras en total. Según sus cálculos, a diario lo visitan más de 130 clientes, día y noche, sin horario de cierre. La rentabilidad es alta a pesar que sus números son menores con relación a otras plazas de su banda, donde pueden moverse entre cuatro y cinco kilogramos de cocaína al día.

Byron es originario de Choloma, un municipio del departamento de Cortés, donde en los últimos cinco años han sido asesinadas 1,041 personas. Ahí creció, y estudió hasta que se involucró en el crimen organizado cuando tenía 17 años.

Un grupo de hombres resguardan la puerta de entrada. Byron nos invita a sentarnos en el comedor de su vivienda. La casa parece un albergue. Unas ocho personas miran televisión en la sala. Antes de iniciar la entrevista pide que desbloqueemos los celulares. Rápidamente ve las galerías de fotos y ojea nuestras conversaciones por el Whatsapp. «Listo, comencemos», dice con un tono más amable. Al fondo unos bebés no paran de llorar.

Las personas que le acompañan son su núcleo familiar. El único ausente es su padre, un guardia de seguridad que trabaja en San Pedro Sula. Todos ellos dependen económicamente de Byron, quien mensualmente gana unos 32 mil lempiras, más las comisiones que recibe si las ventas son buenas o si el asesinato tiene un perfil alto. «Con mi familia vivimos tiempos duros de mucha pobreza, pero con este negocio ahora podemos llevar más o menos una vida modesta, el dinero rinde, le doy de comer a mi familia», comenta.

Byron no esconde los negocios ante su familia. Ellos le aconsejan que busque a Dios, pero también le ayudan a embolsar la droga. Aceptan el narcomenudeo, pero son más reticentes con el sicariato. Su madre visita asiduamente una iglesia evangélica, «pero yo no termino de convencerme; me aconsejan cuidarme, pero saben que en esto no hay vuelta atrás, es lo único que sé hacer hasta ahora», comenta con una voz pausada.

Sus inicios y ascenso

El año que Byron empezó a involucrarse con su actual banda, Honduras fue considerado el país con la tasa de homicidios más alta en el mundo. El 2012 terminó con más de siete mil asesinatos a nivel nacional. En ese periodo, el municipio de Choloma alcanzó una tasa de 78 crímenes por cada cien mil habitantes, registrando 239 víctimas.

Con 17 años, Byron cursaba el segundo año de bachillerato cuando conoció a uno de sus actuales jefes. «Yo tenía un pleito con un hombre que me intentaba golpear, fue ahí cuando ellos intervinieron, lo rodearon y le dijeron que lo matarían si se volvía a meter conmigo», recuerda.

Aquel incidente cambió el rumbo de su vida, «con ellos me sentí seguro y empecé a frecuentarlos, luego me ofrecieron droga y me gustó. Las malas “gavillas”, como dicen las madres, me indujeron a este negocio, lo probé y me sentí poderoso», comenta serio.

Con los años lo involucraron en el sicariato y en el narcomenudeo, ofreciéndole un trabajo estable con una mensualidad de unos cuatro salarios mínimos por mes. «En esto se va escalando, uno empieza haciendo diferentes cosas, bandereando, cuidando los puntos de venta, ir a traer la “merca”, distribuirla, empaquetarla…», explica.

Un carro que se ha estacionado frente a su casa interrumpe la entrevista. Byron desenfunda de su cintura una pistola, es una semiautomática Glock calibre 40. Se asoma sigiloso por la puerta. No hay ninguna amenaza, se trata de un cliente que ha llegado a comprar tres gramos de cocaína. Byron regresa al comedor y se disculpa por la pausa, explica que no puede distraerse en ningún momento, «aún con los ojos cerrados hay que estar despierto», advierte. Tras cinco años en el negocio, es casi un veterano.

A varios de sus compañeros los han matado porque «los han agarrado dando “papaya”, es decir, por andar de confiados, aquí hay que estar siempre despiertos, porque tenemos contrarios, a quienes si toca responder con fuego hay que hacerlo. En este momento estamos bien parados, nuestras plazas son firmes», comenta. Aún así, Byron confiesa que teme por su vida y la de su familia, pero reafirma que «en este negocio no hay que rajarse».

Negocios

Su banda la conforman unos 35 miembros, distribuidos entre Choloma y San Pedro Sula. Él prefiere no dar el nombre del grupo, pero explica a lo que se dedican. «No nos gusta robar, nosotros hacemos cosas grandes nada más», detalla. Al hacer cosas grandes se refiere a distribuir drogas y al sicariato.

A él le toca cumplir ambas funciones, la jerarquía no se refuta, lo que se ordena se hace sin vacilar. «A mí me asignan funciones, si no las cumplo, tengo que pagar yo. Ahorita estoy en un nivel medio, pero tengo la confianza de todos mis jefes. Hay que pasar varios procesos, ganarse la confianza de la gente de arriba. Haciendo las cosas bien uno va subiendo, teniendo madurez e inteligencia. Este negocio es para vivos, no para tontos», dice.

Byron no sigue una rutina específica, aunque tiene responsabilidades ineludibles, como entregar cada día el dinero de la venta de su plaza, un monto que debe coincidir con el paquete que le asignaron para esa jornada, «por ejemplo, si yo la consumo y no la pago, la termino pagando con mi vida», explica, aunque en ocasiones recibe droga como comisión.

Sus jefes le exigen metas de ventas, obligándole a utilizar estrategias para inducir a las personas del barrio a consumir, «primero analizamos sus condiciones de vida y nos acercamos. Tenemos que conocer a los clientes, si llega una persona desconocida nosotros nos “chiviamos” -se nos paran las antenas-, lo interrogamos para saber de dónde es, le sacamos la mayor información posible, porque una de esas personas puede ser de otra banda, un infiltrado de la Policía, un sapo, una oreja…tenemos perfiles de ellos», detalla.

El consumo de drogas en Honduras es generalizado, de acuerdo a una encuesta realizada en el 2016 por el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), de 909 estudiantes entrevistados en 21 colegios de secundaria, localizados en ocho departamentos del país, el 16% de los varones ha consumido marihuana, frente al 13% de las mujeres; mientras el consumo de cocaína abarca al 10% de los hombres y al 3% de las mujeres.

Byron vende el gramo de cocaína a cien lempiras, la libra de marihuana a 1,300 lempiras y los cigarros a 10, 20, 50 o 100 lempiras, dependiendo de su tamaño y variedad -ofrece la tradicional, la Lemon Kush y la Alaska (de origen israelí, un kilogramo cuesta 25 mil lempiras).

Cuando la droga se moviliza por la ciudad, es custodiada por tres hombres en motocicletas, «vigilamos que no haya policías o retenes para que el paquete llegue a su destino. No todos los policías se venden, hay unos que son buenos. Nos ha ha tocado matar a algunos de ellos porque no aceptan que les paguemos para que no nos arresten, aunque tenemos algunos que trabajan con nosotros», explica mientras insiste que su pistola semiautomática es «súper segura».

Byron confiesa que ya no se puede salir del negocio. Del dinero dice que lo que fácil viene, fácil se va. Él no ha trabajado en otra cosa, «lo único que sé hacer es matar y vender droga», expresa. Al fondo, uno de los bebés que viven en su casa rompe en llanto.

 

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Seguridada y Violencia

En los últimos 10 años, las autoridades policiales capturaron a 11,924 personas por suponerlas involucradas en el tráfico ilícito de drogas, 3,246 de ellas se encuentran privadas de libertad, según datos de la Secretaría de Seguridad y del Instituto Nacional Penitenciario (INP). En promedio, cada día son capturadas tres personas, sobre todo relacionándolas al narcomenudeo.

Los detenidos hacinan los 28 centros penitenciarios del país, sobrepobladas en un 400%. En ellas, el 16% de su población se encuentra recluida por temas ligados a las drogas. Se trata de una demografía mayoritariamente compuesta por hombres, con el 95% de los aprehendidos.

El Centro Penitenciario Nacional de Támara es quien más los recibe, con 836 ingresos, seguido por el Centro Penitenciario de Morocelí, donde hay 274 privados de libertad relacionados a los delitos de las drogas. Del total de los recluidos, el 15% se encuentran en cárceles de alta seguridad, ubicadas en los departamentos de Santa Bárbara, Francisco Morazán y en El Paraíso.

En los últimos 10 años, el 27% de las personas capturadas fueron trasladadas a las cárceles, con sentencia o a la espera de ser procesadas. Del 2012 a 2018 el Poder Judicial condenó a 1,014 personas relacionadas con las drogas.

Según César Ruiz, director de de la Unidad de Delitos Contra la Vida en San Pedro Sula, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la efectividad judicial recae en presentar las pruebas suficientes que exigen los fiscales y los jueces.

Las detenciones se dan a diario. Desde el 2010 hasta la fecha han aumentado en un 222%. Tomado de manera aleatoria, el 27 de septiembre de 2018, los medios de comunicación publicaron la captura de 9 presuntos vendedores de drogas, cinco de ellos en Tegucigalpa, dos en Comayagüela y dos en el departamento de Yoro.

Las capturas son exhibidas como un golpe de autoridad policial. Para las fotos, los agentes posan con sus detenidos (sin encubrir sus identidades antes de ser juzgados) frente a la mercancía incautada. Pero las mismas agencias de seguridad confiesan que estos apresamientos no desintegran a las redes delincuenciales, ni reducen la venta de drogas al por menor.

«Se detienen a los cabecillas que operan en los barrios y colonias de las principales ciudades hondureñas, pero surgen nuevos criminales de 15 a 18 años», explica César Ruiz a Expediente Público.

Confiscaciones

Las 9 detenciones del 27 de septiembre significaron la incautación de dos armas, de 432 bolsas con marihuana, de 44 paquetes con cocaína y 37 envoltorios con crack.

De acuerdo a la «Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas», oficializada en 1989, los jóvenes capturados, se exponen a una pena con reclusión de 15 a 20 años -dependiendo la cantidad de droga encontrada; si ellos fabricaron las drogas, el castigo puede ser de 9 a 15 años de encarcelamiento. Si indujeron a otra persona para consumir las drogas, serían sancionados con 9 a 12 años de reclusión, siendo la misma pena para quien cultive marihuana.

En los últimos cuatro años se confiscaron 151.7 mil libras de marihuana y 16.9 mil kilogramos de cocaína. En 2014 la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) incautó 62.2 mil libras; 32 mil en el 2015; 36.2 mil en el 2016, y; 16.8 mil en 2017. En cuanto a la cocaína, en 2017 se decomisaron 2.9 mil kilogramos y en el presente año van cerca de 500 kilos.

En los últimos cuatro años se han capturado a 8,880 personas ligadas al narcomenudeo. En promedio, a cada detenido se le incautan 17 libras de marihuana, un monto menor al estimado de venta diario por cada punto, que es de 50 libras.

Algunos puntos de ventas de drogas también se desmantelan, pero como sucede con las capturas, las estructuras criminales las reorganizan rápidamente. Ruiz explica que en dos horas están de nuevo cubiertas, «el negocio es tan rentable que no se detiene», indica. Además, los vendedores manejan cantidades pequeñas de droga para evitar pérdidas grandes en las incautaciones, y cada plaza está profundamente vigilada.

«Manejamos información que un punto pequeño de Tegucigalpa, en una semana de baja ingresa hasta 400 mil lempiras con el narcomenudeo. Cada mara y pandilla tiene distribuida a la gente en toda el área de Comayagüela y Tegucigalpa. En cafeterías, discotecas, bares y billares es donde más puntos de ventas hay. En cada puesto hay hasta cuatro miembros, todo depende de la afluencia de personas por esa zona», detalla Ruiz.

Narcomenudeo y homicidios

Para Ruíz, la disputa de territorios para controlar el narcomenudeo es la mayor causa de homicidios en el país. Y detrás de los códigos con la cual se ejecuta la violencia, se leen los modos de operación de cada una de las bandas involucradas, sobre todo de las pandillas MS y la 18, quienes de acuerdo a fuentes policiales, son las principales operadoras del narcomenudeo.

De acuerdo al investigador de la DPI, ambos grupos delictivos establecen un convenio de venta. Los precios al por menor dependen de la compra al por mayor. «Cada punto vende al día unos seis kilogramos de coca y hasta 50 libras de marihuana. Los dos grupos tienen precios parecidos, todo depende del producto y de quién se las venda», detalla Ruiz.

El director de la Unidad de Delitos Contra la Vida en San Pedro Sula, relaciona la aparición de cuerpos encostalados con el control de los territorios para vender la droga. «Son mensajes que dan con los que se meten con ellos», expresa. Solo en la semana pasada, se encontraron siete personas encostaladas en la capital del país.

De acuerdo a un análisis de la Secretaría de Seguridad, cuando las víctimas aparecen con muestras de tortura, los hechores por lo general son de la pandilla18 y cuando son ejecutados y maniatados, los victimarios generalmente son de la MS.

Según el comisario Ruiz, el 80% de los homicidios en contra de miembros del rubro del transporte, se da por la extorsión y el restante es por cuestiones relacionadas con las drogas. «Un menor porcentaje es porque los mismos transportistas se involucran en el movimiento de la droga», comenta.

En 2017, en el territorio nacional se registraron 3,864 asesinatos, reflejando una baja del 33% con respecto al año anterior, cuando hubo 5,150 de homicidios, según el portal de estadísticas de la Secretaria de Seguridad Sepol.

Una buena parte de esas muertes violentas se debe al negocio del narcomenudeo. «Las muertes se relacionan con la extorsión, la pelea de los territorios, por la rivalidad entre las pandillas o los grupos delictivos», indica Ruiz.

Detenidos por narcomenudeo Honduras 2008-2018

La incidencia departamental de las detenciones relacionadas al tráfico ilícito de drogas, coincide con las zonas que presentaron una mayor cantidad de asesinatos en el 2017. De acuerdo al Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), los departamentos más violentos fueron Cortés (947 homicidios), Francisco Morazán (696), Yoro (347), Comayagua (272) y Atlántida (271).

Desde el 2008 al 2018, son esos mismos cinco departamentos los que presentaron mayores detenciones por tráfico ilícito de drogas. En Francisco Morazán se dieron 2,684 capturas; en Cortés, 1,800; en Yoro, 965; Comayagua, 768; y en Atlántida, 703.

A pesar de estos esfuerzos, orientados a llenar las cárceles de narcomenudistas, la distribución de la droga se reorganiza a la velocidad de la demanda, y sobre todo, los homicidios por estos móviles no se detienen.

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