«Yo fui rescatado de las pandillas y me organicé en la Juventud Sandinista, para luego ser parte de los motorizados que usaba el gobierno para reprimir a la gente que protestaba. El pago lo recibía directamente de un departamento de la alcaldía de Managua, después me salí porque no estaba de acuerdo con atemorizar a la gente, ahora soy taxista», relató un joven nicaragüense, quien por seguridad pidió se omitiera su nombre.

Otro individuo comentó fuera de micrófono a Expediente Público su reciente experiencia durante la crisis en Nicaragua. «Yo soy sandinista, a mí me llegaron a buscar para defender la revolución de los golpistas que quieren derrocar al gobierno. Tengo experiencia en el uso de armas de guerra porque hice el servicio militar», dijo este hombre, quien vive en el populoso barrio de El Recreo en Managua, donde habitualmente se dedica a vender marihuana.

Para «defender la revolución» inicialmente recibió 200 córdobas diarios (6.5 dólares), después 300 (9.5 dólares), además de una camiseta azul. También señaló que la Policía le proporcionó un arma corta, porque las de alto calibre solo las usan en los operativos. Anteriormente el gobierno le entregó una casa de 30 metros cuadrados, como parte de un programa estatal de vivienda.

Denuncias

Estos dos testimonios son una muestra de las evidencias para quienes denuncian que el régimen de Daniel Ortega ha utilizado a integrantes y expandilleros, así como a grupos de paramilitares, para atacar violentamente a los manifestantes que se oponen a su gobierno.

Recientemente la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) señaló que más de 448 nicaragüenses han sido asesinados, 595 están desaparecidos y 2,830 han resultado heridos, a causa de la crisis que sacude al país desde abril del presente año. Estas cifras se dan en una nación donde la tasa de homicidios en 2017, fue de siete crímenes por cada cien mil habitantes (seis veces menor al promedio en Honduras).

Antes del conflicto, Nicaragua se preciaba de ser el país menos violento de Centroamérica, incluso Ortega lo calificó como una de las naciones más seguras de la región y del planeta, donde el problema de las pandillas no afectaba la tranquilidad imperante; y de grupos paramilitares nadie hablaba.

Pero los homicidios cometidos en los últimos cuatro meses, considerados como crímenes de lesa humanidad por la Organización de Estados Americanos (OEA), han modificado el escenario. Análisis y declaraciones indican la instrumentalización oficial de las pandillas en Nicaragua, así como la creación de unidades paramilitares, utilizados como fuerzas de choque para reprimir a la población manifestante.

Pandillas en Nicaragua

Si bien el fenómeno de las maras y las pandillas en Nicaragua no se ha desarrollado como en Guatemala, El Salvador y Honduras, la actual administración de Ortega, quien gobierna desde el 2007, presuntamente ha permitido y alentado para que los pandilleros incrementen sus expresiones de violencia, a la par de los grupos paramilitares. Estos últimos, públicamente reconocidos por Daniel Ortega.

«Las pandillas en Nicaragua tienen un origen similar a lo ocurrido en los otros países de la región, la diferencia es que acá no se les permitió desarrollarse y expandirse de la misma forma, porque en pasadas décadas hubo un esfuerzo de prevención, de intervención con los grupos juveniles, no hubo una política de mano dura, sino lo contrario. Por lo tanto, no llegaron a estructurarse de forma asociada al crimen organizado y al sistema de los secuestros, de las extorsiones, como funciona en los otros países. Desde la vuelta al poder del sandinismo en Nicaragua, las pandillas han sido controladas por la Policía y por otras instituciones gubernamentales, limitando sus estructuras internas», explica Mónica Zalaquett, directora del Centro de Prevención de la Violencia (CEPREV), una organización con sede en Managua.

Recientemente la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) señaló que más de 448 nicaragüenses han sido asesinados, 595 están desaparecidos y 2,830 han resultado heridos, a causa de la crisis que sacude al país desde abril del presente año.

Para José Luis Rocha, sociólogo nicaragüense y especialista en temas de seguridad, las pandillas en su país no tienen la misma estructura y el alcance mostrado en las naciones del Triángulo Norte, «acá es un poco más relajado, no hay ese sentido de corporación transnacional que tienen las maras en las otras naciones».

La existencia de pandillas en Nicaragua, previa a la actual crisis, era una problemática incluso aceptada por el propio gobierno, cuando la Policía Nacional (PN), a través de la Dirección de Asuntos Juveniles, informó hace seis años que había al menos 48 pandillas juveniles, las cuales agrupaban unos 800 miembros. Una cifra nada comparable con los 36 mil integrantes que se estima operan en Honduras, pero que llamó la atención en un país del cual internacionalmente no se creía que existían estos grupos delincuenciales.

De acuerdo a una investigación realizada en 2014 por la organización estadounidense Insight Crime, en los últimos diez años las pandillas -o grupos juveniles como se les llama en Nicaragua- habían ganado territorio en los barrios y en la zona rural, sobre todo en Somoto y San Lucas. El medio señaló que se trataba de jóvenes nicaragüense que emigraron a Honduras y El Salvador para trabajar, donde fueron influenciados por las pandillas MS13 y Barrio 18, llevando al desarrollo de grupos locales que siguen el modelo de estas pandillas. Se trata de una información que el propio presidente nicaragüense intentó negar posteriormente.

Instrumentalización de los grupos juveniles

Para Zalaquett, un régimen autoritario como el de Ortega, necesita de la violencia para sostener su poder, razón por la cual las pandillas han sido manejadas por la Policía y sus aliados, en el combate contra las protestas.

Además, indica que se trata de una práctica ejercida por el gobierno sandinista desde hace varios años. Después de la derrota electoral de 1990, como oposición, Ortega llamó a «gobernar desde abajo». Eso incluyó que durante 16 años, el FSLN llevó a cabo acciones violentas en la capital y en otras ciudades del país. Para los analistas, tras el fin de la revolución, el sandinismo tomó un carácter «pandilleril», evidenciadas en sus famosas «asonadas», maniobras agresivas que ocasionaron la muerte de varios policías a manos de simpatizantes sandinistas.

Desde la vuelta al poder del sandinismo en Nicaragua, las pandillas han sido controladas por la Policía y por otras instituciones gubernamentales, limitando sus estructuras internas.

De acuerdo a esta analista, después del regreso al poder de Ortega en el 2007, estas prácticas continuaron y adquirieron una forma más institucional, como ocurrió después de las elecciones municipales de 2008, unos comicios acusados por fraude, señalados como el punto de partida de la violencia política que actualmente impera en Nicaragua.

«Desde el 2008, los jóvenes de las comunidades donde trabajábamos nos dijeron que el Frente Sandinista les estaba dando armas y dinero para que ellos fueran sus fuerzas de choque en contra de los protestantes después de las fraudulentas elecciones municipales de ese año. Los jóvenes con los que nosotros trabajamos no querían participar en esos actos, ya que ellos habían abandonado la violencia», señala Zalaquett.

Estas prácticas encontraron también oposiciones dentro del gobierno, como ocurrió con el responsable del departamento de Asuntos Juveniles de la Policía, quien fue dado de baja por desafiar el uso de los ex y actuales pandilleros para reprimir las protestas en contra del FSLN.

El caso más emblemático que evidenció la institucionalización de este vandalismo político, lo escenificó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, quien en abril de 2010 dirigió a un grupo de supuestos pandilleros para lanzar morteros en un hotel de Managua, donde se encontraban los diputados de la oposición, quienes sesionaban dentro del recinto para revertir un decreto que ilegalmente prolongaba el mandato de los magistrados orteguistas. Tres diputados resultaron heridos en aquel altercado.

«Es inconcebible que funcionarios de altísimo nivel sean quienes van al frente de grupos vandálicos», expresó en aquel momento la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) de Nicaragua.

Pandillas en ambas posiciones

Dentro de la actual crisis política y social que vive Nicaragua desde hace más de cuatro meses, fue en los primeros tres días de las protestas realizadas por los estudiantes autoconvocados, cuando en abril, la Policía Nacional junto a decenas de supuestos pandilleros desalojaron violentamente a los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Managua, quienes se habían tomado las instalaciones de ese centro de estudios.

Otro enfrentamiento se dio cuando la Policía disparó con armas de guerra a estudiantes que salían de la UNI y de la catedral metropolitana, ubicada a 300 metros de esa universidad; mientras grupos de supuestos pandilleros aterraban a los estudiantes y atracaban el edificio de estudios. Fuentes que pidieron omitir su nombre, relatan que los presuntos pandilleros se robaron más de 70 computadoras, cables eléctricos y teléfonos, durante el desalojo en la universidad.

Las elecciones municipales de 2008, unos comicios acusados por fraude, señalados como el punto de partida de la violencia política que actualmente impera en Nicaragua.

Para los estudiantes, otros miembros de las pandillas participaron en las protestas, exigiendo la renuncia de Daniel Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo. El reconocido líder estudiantil, Lester Alemán, en repetidas ocasiones agradeció a miembros de las pandillas, por su apoyo en la protección de los jóvenes durante las manifestaciones.

«A mí no me gusta que les llamen pandilleros o vagos a los chavalos de los barrios que nos apoyaron cuando nos tomamos la Universidad Politécnica (UPOLI), para nosotros eran compañeros de lucha. Ellos se exponían al igual que nosotros. Nunca nos robaron nada, ni fueron agresivos. Ellos también son víctimas de la represión de la Policía», dijo una estudiante a esta revista.

«Me quedé sorprendido de cómo los pandilleros nos ayudaron a salir de un barrio cerca de la Universidad Centroamericana (UCA), del caos violento que se armó en la marcha de las «Madres de Abril» el 30 de mayo, cuando francotiradores tiraron a matar a la gente y en la que mataron a 17 personas e hirieron a 20. Ellos (los pandilleros) además escoltaron y dirigieron a la gente que se refugió en la UCA», contó un camarógrafo a Expediente Público.

Según un líder opositor, quien se encuentra en el exilio, el hecho de que unos grupos de pandilleros hayan apoyado al gobierno y otros a los manifestantes, se debe a que en los últimos años la intervención de la Policía para controlar a las pandillas, se basó en una estrategia territorial de inclusión desde las alcaldías con algunos barrios, mientras otros fueron marginalizados.

La inversión pública en Managua se ha concentrado en los barrios occidentales, razón por la cual en esas zonas no hubo protestas, contó a Expediente Público una habitante del barrio René Cisneros, donde en décadas pasadas fue uno de los bastiones de las pandillas más peligrosas de Managua. Para Jahaira Rayo, pobladora de este barrio, desde que pavimentaron las calles y construyeron parques, además de canchas deportivas, las pandillas dejaron de existir en su sector.

En los barrios orientales de Managua, algunos grupos de pandilleros también apoyaron la protesta. Según vecinos del barrio primero de Mayo, esto se debió por la tradición de lucha de esas áreas, y porque estos barrios han sido tratados con «mano dura» por parte de la Policía.

De acuerdo a este opositor entrevistado, en el caso de la ciudad de Granada, la escasez de militantes sandinistas provocó que el gobierno utilizara a los grupos juveniles existentes en esa zona. «Ahí el proceso de lucha se cristalizó en tres semanas, el Frente Sandinista como no tiene una militancia fuerte en esta ciudad tuvo que utilizar a las pandillas como en otras partes del país y las abastecieron desde la alcaldía, con armas y morteros para reprimir la protesta cívica», afirmó vía telefónica a Expediente Público el líder exiliado.

De los pandilleros a los paramilitares

A partir de la sexta semana de protestas, a finales de mayo, el gobierno juntó a grupos de supuestos pandilleros con paramilitares fuertemente armados. Esa alianza significó el recrudecimiento de la represión. Casos como el de la quema de una vivienda, donde se encontraban seis miembros de una familia adentro de la casa, evidencian los altos niveles de violencia supuestamente cometidos por estas «turbas orteguistas», donde se presume que fueron encabezadas por paramilitares y apoyadas por los pandilleros.

Según una fuente que también pidió su anonimato, el gobierno de Daniel Ortega decidió limitar el accionar de las pandillas, después de los robos denunciados en la UNI, y también porque éstos se negaban a entregar las armas a la Policía al finalizar los operativos. Por estas razones se creó el cuerpo de paramilitares, quienes en su mayoría son exmilitares del Ejército o personas que realizaron el servicio militar en la década de los ochenta.

De acuerdo a los analistas, el fenómeno de la violencia política que vive el país, podría eventualmente dar paso a la organización estructurada de las pandillas en Nicaragua, debido a los recursos, beneficios y la impunidad que éstos han recibido al formar parte de los grupos de choque. También hay preocupación sobre el desarrollo de los grupos paramilitares.

Según un líder opositor, quien se encuentra en el exilio, el hecho de que unos grupos de pandilleros hayan apoyado al gobierno y otros a los manifestantes, se debe a que en los últimos años la intervención de la Policía para controlar a las pandillas.

Otras fuentes han mencionado que el gobierno sandinista contrató a pandilleros de Honduras y El Salvador para sofocar el movimiento social. En opinión del sociólogo José Luis Rocha, esta acusación es difícil de corroborar. «Creo que al gobierno le sobra gente que estuvo en el Ejército y en la Policía, personas que probablemente fueron expulsados por acciones delincuenciales. Se habla también del uso de presos de las cárceles modelos, delincuentes fogueados a los que liberaron para colaborar, asesinos ya probados. Yo creo que no necesitaban complicarse más. Me parece que usar personas con experiencia militar les resultaba mejor en lugar de mareros que vinieran de afuera y que no conocieran nada del territorio nacional, eso tiene mucha complicación, pero no digo que sea imposible. De momento, no se puede comprobar», explicó.

Lo que sí queda claro para Rocha, es que la violencia proviene de la intervención del Estado en el conflicto. «La historia comprueba que ni las maras y mucho menos los crímenes espontáneos, suman tanto como los crímenes que se cometen cuando una institución como el Estado está detrás. Solo una institución así puede convocar a cometer crímenes en masa y eso es lo que está ocurriendo en Nicaragua», sostuvo este analista.

Esta afirmación coincide con el informe del segundo trimestre del año, dado a conocer por la Policía Nacional, quien determinó que «en ese período se registraron 117 casos de muertes homicidas, en comparación con el segundo trimestre, donde se dio un total de 322 crímenes, de las cuales 144 personas están ligadas al intento de golpe de Estado».

Si bien es prematuro afirmar que la crisis es un caldo de cultivo para el fortalecimiento de las maras y las pandillas en Nicaragua, lo que desconcierta a Rocha es que en su país, el cual no presentaba una cultura de la violencia como en el Triángulo del Norte, «aparecieran personas capaces de matarse sin ninguna piedad, aleatoriamente o con un blanco específico». Este analista se pregunta de dónde salió tanta gente capaz de matar y de torturar, «eso sí me deja perplejo, todavía es una incógnita», concluye.


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