La represión del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, ejercida desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril, no es algo nuevo para las mujeres campesinas, ellas la han enfrentado desde el 2013, aseguraron en Costa Rica cinco líderes nicaragüenses.

«Lo que se da desde abril, nosotras en el campo lo vivimos desde el 2013, con la persecusión orteguista en contra del movimiento anticanal. Antes del 18 de abril solo los campesinos nos manifestábamos en las calles, no teníamos apoyo de ningún otro sector. Desde hace cinco años, las campesinas tenemos muy claro que el gobierno no entiende de palabras», comentó una de ellas, quienes por motivos de seguridad prefirió mantener su anonimato.

Esta campesina que ahora se encuentra asilada en Costa Rica, fue una de las principales líderes rurales en Nicaragua desde el 2013, cuando miles de campesinos se organizaron para rechazar el proyecto del canal interoceánico, el cual desplazaría a casi 120 mil personas en las zonas rurales.

La participación de las mujeres rurales en la lucha anticanal ha sido fundamental para el movimiento campesino. «Mi vida cambió a partir de ese año. Yo antes me dedicaba a sembrar, nunca había andado en ninguna protesta. Pero cuando me di cuenta que con el canal perdería mi tierra, cambié como mujer, como campesina. En aquellos años hicimos 98 marchas», recordó Francisca, una de las entrevistadas.

«En el 2013 como mujeres campesinas teníamos que hacer presión. Luchamos por cinco años para no ser desplazados forzosamente. Vivimos una crisis humanitaria. Fue una represión muy dura, nunca tuvimos el derecho de expresarnos libremente. Yo fui apresada varias veces y tuve una orden de captura en el 2014», añadió una de ellas.

Desde el 20 abril del presente año, el movimiento campesino decidió apoyar las protestas que iniciaron los estudiantes en Managua. Este respaldo se amplió con los tranques en las zonas rurales, pero también significó el recrudecimiento de la represión en el campo. Los testimonios de estas campesinas entrevistadas, son una muestra de ello.

«Ahora estoy asilada con mi familia, porque nos amenazaron a muerte», explicó una de ellas, quien a diferencia de otras exiliadas, pudo trasladarse a escondidas a San José junto a toda su familia; otras no han podido salir de Nicaragua con sus hijos e hijas.

Del canal a los tranques

Las cinco campesinas entrevistadas por Expediente Público, forman parte del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, un movimiento rural que agrupa a unos 30 mil campesinos, surgido tras la aprobación legislativa de la concesión del canal en el 2013.

Estas cinco mujeres también han participado activamente en las protestas antigubernamentales a partir de abril del 2018. Cada una de ellas, junto con sus familiares, han sido víctimas de una brutal persecusión estatal.

La militancia política de estas mujeres campesinas se remonta al 2013, cuando la Asamblea Nacional aprobó con la mayoría parlamentaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la Ley 840, una propuesta introducida por el Presidente Ortega que concede a la empresa china HKND la construcción y el manejo de un canal interoceánico y otras inversiones, por un periodo de 116 años, en una zona de 3,423 kilómetros cuadrados, donde viven unos 120 mil campesinos.

Con la Ley 840, el gobierno nicaragüense establecía un procedimiento rápido de expropiación a beneficio de una misteriosa empresa oriental, donde las propiedades estatales serían donadas y las privadas pagadas al valor catastral -para quienes tuvieran títulos de propiedad. En otras palabras, los predios campesinos que se encontraran en la ruta del proyecto, pasarían a manos extranjeras.

«En 2014 yo me encontré a unos chinos midiendo mi propiedad. Eso era un gran abuso. Por eso me involucré en la lucha anticanal. Cinco años después he sido una de las encargadas de organizar los tranques en mi comunidad», explicó Juanita, una campesina originaria de la isla de Ometepe, una localidad que hace algunos años fue nominada para ser una de las maravillas naturales del mundo, ahora tomada por los policías y los militares. Ella es una de las dos entrevistadas que se encuentran asiladas en Costa Rica.

«No puedo estar en Nicaragua porque los militares andan buscando a las personas que estuvieron en los tranques, me están acusando de terrorista», relató esta líder, quien por su participación política, antes del exilio tuvo que desplazarse continuamente después de recibir diversas amenazas de detención. Se trata de una mujer que en medio de las persecuciones tuvo que camuflarse en la isla para ver a sus familiares.

Represión en contra de las campesinas

La represión en contra de las campesinas que participaron en el movimiento anticanal y en las protestas antigubernamentales de este año, ha incluido persecuciones selectivas, amenazas, aislamiento, asesinatos y detenciones arbitrarias.

«Desde el 2013 han sido asesinados unos 34 campesinos, entre ellos, 15 mujeres. Ninguno de estos homicidios han sido investigados», expresó una de ellas, originaria del departamento de Río San Juan, una de las zonas por donde pasaría el canal interoceánico.

Otra de las campesinas se refirió al constante desplazamiento al cual han sido orilladas debido a la persecusión, «Toda mi vida he sido agricultora y comerciante. Yo tuve que salir de mi casa desde el 28 de abril, tengo tres días de estar en Costa Rica. Me desplacé porque la policía y los militares me estaban persiguiendo. En todos estos meses he andado escondidas en diferentes casas. He dormido en el monte y hasta tengo que salir con peluca para despistarlos», relató Juanita, madre de cinco hijos.

Las entrevistadas hablan de numerosos grupos de campesinos desplazados por la persecusión política, «quien ha podido se ha asilado, pero hay cientos de personas que andan huyendo en las montañas, familias enteras», comentó otra, con lágrimas en sus ojos, al recordar las ocasiones que se ha tenido que separar de sus hijos para esconderse.

Las asiladas han encontrado más seguridad, pero el costo es alto. A cambio se han separado de sus familias y de su país, donde han luchado en los últimos cinco años. Para ellas, si el orteguismo sigue en el poder, no visualizan un eventual regreso a Nicaragua.

«Somos muchas las mujeres que hemos tenido que cambiar nuestros modos de vidas. Es muy difícil dejar todo, encontrarnos de pronto en un país donde no tenemos trabajo, donde buscamos cómo hacer para alimentarnos», dijo una de ellas, quien desde que participó en los tranques fue «fichada» por los Consejos del Poder Ciudadano y por los agentes de seguridad del régimen

Para ellas, el reto del movimiento campesino es apuntar hacia una articulación nacional, «la necesidad de organizarnos es urgente», expresó una de las entrevistadas, originaria de Punta Gorda, una zona ubicada al sureste de Nicaragua, tomada militarmente desde el inicio de las protestas anticanal y donde en los últimos cinco años han sido asesinados unos 20 campesinos. La mayoría de estos asesinatos atribuidos a los militares y a otras fuerzas que apoyan al régimen orteguista.

A pesar de las dificultades, la esperanza no desaparece en estas cinco mujeres, «aunque la gente tenga temor a la represión, hay voluntad de seguir luchando. Esa convicción debemos de mantenerla todos. En mi caso no dejaré de luchar, porque está en juego el futuro de nuestras familias, de los campesinos y de nuestra producción. La base social campesina sigue fuerte», afirmó una de ellas.

La marginación histórica en contra de las campesinas nicaragüenses
Ni el somocismo, ni la revolución, ni la contrarrevolución, ni los acuerdos de paz, ni el neoliberalismo, ni el orteguismo… ninguna de estas etapas históricas han beneficiado a las mujeres rurales en Nicaragua.
En este país existen más de 1.2 millones de mujeres rurales y de ese total solo un 23% de la población tienen tierra titulada bajo su nombre, según la Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (Recmunic). Esta misma organización indica que la cantidad de tierras que poseen las mujeres es de media manzana a cinco manzanas.
El informe «Tierra y Contribución de la Mujer Rural a la Economía del Hogar», elaborado por el Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan de la Universidad Centroamericana (UCA), indica que solo el 32% de las campesinas en Nicaragua tienen acceso al crédito y apenas el 17% a la asistencia técnica.
Según cifras de la coordinadora de Mujeres Rurales (CMR), que agrupa a diversas cooperativas a nivel nacional, se estima que en Nicaragua hay 1.1 millones de personas que padecen hambre, de estas 558 mil son mujeres y niñas, y buena parte de este segmento se encuentra en las zonas rurales.
El acceso y tenencia de la tierra por parte de las mujeres es una problemática de larga data en Nicaragua. Durante la revolución sandinista (1979-1989), la reforma agraria distribuyó alrededor de un millón de hectáreas (un quinto de la superficie agrícola actual). El 67% de las tierras fueron entregadas a cooperativas y el resto a propietarios individuales.
Sin embargo, nueve de cada diez beneficiarios de la reforma agraria fueron hombres. Esto hizo que la reforma no disminuyera la desigualdad de género en cuanto al control de la tierra.
Posteriormente, en la década de los 90, la titulación de tierras a nombre de las mujeres aumentó en un 31%. Pero las políticas de privatización y ajuste económico estructural implementadas en esos años, fueron acompañadas de medidas que promovieron la concentración y la re-privatización de las tierras, excluyendo a las mujeres.
En Nicaragua, las mujeres y las niñas rurales se enfrentan a limitaciones estructurales persistentes que les impiden acceder al pleno desarrollo de sus derechos humanos. Sin embargo, estas mujeres desempeñan un papel vital en sus familias y comunidades para generar ingresos y mejorar sus condiciones de vida y bienestar general.
Los hogares en Nicaragua son en su mayoría de familias disfuncionales, donde 3 de cada 10 hogares están encabezados por una mujer y dos de estas trabajan en el sector informal de baja productividad, debido a que las oportunidades de estudios no son directamente para la mujer, por ende una de cada cinco mujeres mayores de 10 años son aún analfabetas.
Solo el 39% de las mujeres rurales tienen una educación primaria completa, el 7,4% una Secundaria completa, el 0,3% algún año aprobado en técnico superior y el 1,4% algún año aprobado en universidad.

 


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