El 25 de noviembre se conmemora el «Día de la No violencia hacia las mujeres» como una recordación de las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 por la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Las Mariposas, como también se las conoce, fueron asesinadas cruelmente por reclamar el ejercicio de sus derechos políticos. Desde los años 80, esta fecha demanda el cese de todas las formas de violencia en contra de las mujeres.

En Nicaragua, como en el resto de América Latina, las mujeres sufren el flagelo de la violencia por su condición de género y por causa del sistema patriarcal que prevalece en todas las sociedades. Se trata de un sistema de dominación que crea contextos de exclusión estructurales para las mujeres, reproduciéndose a través de las relaciones sociales, tales como la educación, el empleo, los ingresos, la toma de decisiones, y el ejercicio de derechos, para mencionar algunos.

El mecanismo por excelencia para la reproducción del sistema es la violencia, en diferentes y multidimensionales formas que se agravan y entrecruzan en la medida que la mujer vive en mayores condiciones de vulnerabilidad. Así, además de la desigualdad y la subordinación por razones de género, las mujeres sufren de exclusión y violencia por razones de edad, condición socioeconómica, pertenencia étnica y cultural, orientación sexual, nivel educativo. Es decir, por sus condiciones de vulnerabilidad.

En Nicaragua, el movimiento de mujeres tiene varias décadas de desarrollar acciones en función de lograr el pleno ejercicio de los derechos específicos de las mujeres en el país, así como prevenir la violencia que sufren por causa de su condición de género. En una sociedad donde todavía prevalecen el conservadurismo y el autoritarismo, los avances son pobres y durante la última década, no sólo se estancaron, sino que sufrieron un retroceso importante con el restablecimiento de un Estado confesional y pseudoreligioso, con el deterioro progresivo del Estado de Derecho, la negación del derecho al aborto terapéutico, los retrocesos en la aplicación de la ley 779 y la imposición de políticas públicas discriminatorias.

Incremento de la violencia

El contexto de violencia en las que vivían las mujeres en Nicaragua hasta los primeros meses del 2018 incluían altos niveles de violencia sexual y femicidios, especialmente en el caso de las mujeres trans, niñas, adolescentes, mujeres afrodescedientes, indígenas y discapacitadas. Por ejemplo, la última ENDESA conocida (2011-2012) reveló que de 12 mil mujeres encuestadas, el 8% de ellas había sufrido una violación; de ellas, el 80% eran menores de 17 años y solamente un estimado del 6% buscó ayuda.

La violencia contra las mujeres se incrementó sensiblemente a partir de abril del 2018, cuando inició la insurrección cívica que se ha extendido por siete meses, porque a las formas de violencia ya conocidas, se agregaron otras nuevas que han convertido a las mujeres en víctimas directas de la represión y la violencia estatal.

Además, han emergido una serie de factores que funcionan como «incentivos» para la violencia contra las mujeres, tales como mayor presencia de armas de fuego, hombres civiles armados y circulando libremente por las calles, uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso e impunidad. Los femicidios siempre revelan la gravedad del problema.

Según los datos brindados por el Observatorio de las Católicas por el Derecho a Decidir, los femicidios ocurridos entre enero y agosto de 2018 ascienden a 40, hasta noviembre la cantidad de mujeres asesinadas ascendía a 55. De ellas, 30 eran adultas entre los 26 y 50 años; 38 fueron asesinadas dentro de sus casas y el resto en espacios públicos, mientras que al menos 20 femicidios fueron cometidos con armas cortopunzantes. En la mayoría de los casos, los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las mujeres.

Fuente: Observatorio de las Católicas por el Derecho a Decidir

Considerando que en todo el 2017 el total de femicidios fue de 52 y los del 2016 fueron 49, es claro que este año cerrará con un incremento grande de femicidios respecto a los años anteriores. Pero además, no ha disminuido la saña y la crueldad con la que son cometidos.

Dos grupos de mujeres particularmente vulnerables a la violencia sexual son las niñas y adolescentes, quienes la sufren desde muy temprana edad y en diferentes entornos que van desde la casa de habitación, la escuela y los espacios públicos. De acuerdo a la Endesa 2011-2012, el 40 % de las victimas de violaciones son niñas menores de 14 años, mientras que otro 40 % son adolescentes entre los 15 y 17 años.

En muchos casos, la consecuencia de este tipo de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes es la maternidad forzada, de manera que se registra al menos 1 embarazo entre cada 6 víctimas de violación. Según el último informe de UNFPA sobre embarazos adolescentes en el mundo, Nicaragua se encuentra entre los países con las tasas más altas, no solamente en Latinoamérica sino a nivel global con una relación de 92 por cada mil adolescentes; la tasa mundial es de 44 y en Latinoamérica es de 62.

La violencia política

Mientras tanto, la violencia política en contra las mujeres no es nueva. Durante diez años, el gobierno de Daniel Ortega ha realizado acciones sistemáticas para intimidar y atacar especialmente a líderes y organizaciones feministas como la causa abierta a 9 feministas en el 2007 por su supuesta participación en el caso de la niña conocida como «Rosita»; el allanamiento a las oficinas del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) en el 2008; la vigilancia, amenazas, campañas de estigmatización y ataques a otras líderes del movimiento; los sistemáticos impedimentos y represión a la realización de marchas en fechas conmemorativas importantes para el movimiento de mujeres, como el 8 de marzo y el 25 de noviembre.

De hecho, al momento de escribir este artículo, diferentes organizaciones de mujeres sufrían asedio e intimidaciones de parte de la policía para evitar que se movilizaran en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.

En la insurrección de abril de 2018, las mujeres participaron en todas las acciones de movilización y protesta; algunas de ellas se destacaron por su liderazgo en diferentes espacios y territorios, de tal manera que también se convirtieron en blancos de la violencia política desatada por el gobierno.

Todavía no se cuenta con datos precisos, pero de acuerdo a diferentes fuentes, durante la crisis al menos 13 mujeres fueron asesinadas, de ellas dos policías; hay un poco más de 50 mujeres encarceladas y sometidas a procesos judiciales irregulares; más de 200 mujeres activistas y defensoras de derechos han sido agredidas y una gran cantidad más ha tenido que huir a otros países para proteger su integridad. Justo al momento de escribirse este artículo, la policía prohibió la realización de una marcha en conmemoración del 25 de noviembre y desplegó una gran cantidad de efectivos en actitud amenazante frente a varias organizaciones del movimiento de mujeres.

En el caso de las mujeres que han sufrido prisión, ya sea que se encuentren detenidas o que en algún momento fueron liberadas, son comunes los relatos de maltratos, tratos degradantes e indignantes, las agresiones verbales e incluso las denuncias de violaciones.

La Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos y otros organismos defensores de derechos humanos, han tenido conocimiento de tales denuncias. En el caso de las mujeres que se encuentran prisioneras, también han sido víctimas de maltrato, torturas, se encuentran bajo permanente vigilancia, les impiden ver a sus familiares con regularidad y están sometidas a procesos judiciales arbitrarios e irregulares.

Entre las violaciones de derechos humanos más graves están la negación de atención médica para las que padecen enfermedades crónicas y terminales como el caso de Brenda Muñoz que padece cáncer; la reciente golpiza que sufrió un grupo de prisioneras por parte de un grupo de hombres que entraron a sus celdas con la complicidad de las autoridades carcelarias; abortos provocados por las golpizas y maltrato a dos prisioneras y los castigos por realizar pequeños actos de resistencia dentro de las celdas.

La crisis de los últimos meses, que ha sido calificada por diferentes organismos internacionales como una crisis de derechos humanos, ha obligado a más de 40 mil nicaragüenses a salir del país hacia el exilio huyendo de la represión y la violencia, principalmente hacia Costa Rica.

Una gran mayoría de los que se han visto forzados a emigrar son hombres, pero también hay una gran cantidad de mujeres. En muchas localidades del país como en el departamento de Carazo y Masaya, a causa de la migración forzada de los hombres, las mujeres han tenido que hacerse cargo de la jefatura y la sobrevivencia familiar. Pero además, se están haciendo cargo de atender a las víctimas directas de la represión.

Las características de la crisis, específicamente la respuesta del gobierno con represión y violencia, ha generado una serie de incentivos que agudizan e incentivan la violencia contra las mujeres, entre ellas: la permisividad del gobierno y la policía con la actuación de grupos paramilitares, el uso de armas de fuego y armas de guerra, arbitrariedades y violaciones al debido proceso, impunidad para los agresores.

El Día de la No Violencia contra las Mujeres, en Nicaragua las mujeres lo celebrarán con pequeños actos de resistencia y protesta, en un contexto signado por la obcecada decisión del gobierno de negarles sus derechos y por una violencia social rampante.


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