HONDURAS-Como una advertencia para los periodistas y una venganza por parte del régimen, fue percibida  la captura este jueves de David Romero Ellner, director de Radio Globo, según el abogado René Alfaro. Policías del Escuadrón Tigres rompieron la puerta de esta emisora en Tegucigalpa, y sacaron por la fuerza al comunicador.

Romero denunció un caso de corrupción contra el sistema de seguridad social en en junio del 2015, cuando publicó fotocopias de cheques por más de 200 mil dólares emitidos por empresarios que los desviaron al Partido Nacional para financiar la campaña del presidente Juan Orlando Hernández en el año 2013.

Asimismo, el periodista David Romero había denunciado que el ex fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar Cruz, esposo de la ex fiscal Sonia Inés Gálvez Ferrari, habría recibido un soborno de más 200 mil dólares por parte de empresas que saquearon el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Según una investigación del Ministerio Público ese soborno lo habrían pagado tres empresas relacionadas a ese desfalco.

El periodista David Romero fue demandado en el 2014 por la ex fiscal Sonia Inés Gálvez, esposa del ex fiscal general adjunto, Rigoberto Cuellar. Inicialmente la acusación fue por 56 delitos. A raíz de esa demanda Romero fue condenado por difamación e injuria.  Un Recurso de Casación que introdujo para que fuera anulado el juicio, fue desechado por los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quienes confirmaron por unanimidad la sentencia que otra sala emitió en el 2016.

“La ex fiscal se convirtió en el "arma" que utilizarían para callar a David Romero a cambio de no tocar a su esposo”, razona el también analista político René Alfaro.

Juicio manipulado

Para Alfaro, esto deja al descubierto que lo que comenzó como una acción de carácter privado, pasó al plano político, y así los que detentan el poder envían un mensaje muy claro al resto de periodistas que no se ha alineado a la agenda gubernamental. “Con la prisión de él se restringe la libertad de expresión, se fomenta el terror, se promueve la autocensura y lo que viene es mucho peor, con el paso del tiempo los personeros del régimen serán más autoritarios e intolerantes”, advierte.

Tras el arresto de Romero, el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz lo acusó de extorsionar a funcionarios públicos y al menos cinco veces recordó que este había violado a su hija biológica. El jurista René Alfaro señala que las expresiones de Díaz estuvieron cargadas de frases que promueven el odio, y añadió: “Es un ejemplo del carácter opresor de una cúpula que ha acaparado todas las instituciones para ponerlas a su servicio”.

También indicó que es probable que profesionales de otras áreas sean indiferente ante este hecho, creyendo que no les atañe ni les afecta el encarcelamiento del informador, pero más pronto que tarde, advirtió, “esta ola represiva llegará a sus puertas, limitando y condicionando el ejercicio de sus libertades individuales”.

El problema del juicio contra David Romero es que se convirtió en político, explica Alfaro, para quien  la causa estuvo cargada de una serie de irregularidades y manipulaciones, como la denuncia del exjuez José Echenique, de que  fue objeto de presión por parte del abogado Teodoro Bonilla, que formaba parte del desaparecido Consejo de la Judicatura. Este  guarda prisión bajo condena de seis años por el delito de tráfico de influencias.

Alfaro explica que este evento deja un manto de duda sobre la objetividad y transparencia del procedimiento que culminó con una condena de diez años y ocho meses, por seis delitos de injurias y difamación, para el periodista David Romero.

En el año 2015 el periodista Romero publicó una entrevista al juez de sentencia José Echenique en la que este deja constancia de que el presidente Juan Orlando Hernández da órdenes dentro del Poder Judicial.

Echenique también denunció  en esta entrevista, que el presidente del Consejo de la Judicatura, el juez Teodoro Bonilla, lo llamó a su despacho y le dijo: “El Hombre quiere que el periodista sea condenado”. Además, reveló que le ofrecieron una jugosa jubilación si ayudaba a emitir una sentencia de prisión contra David Romero.

El caso del periodista Romero fue asignado a la jueza Geraldina Rivera, a quien el juez Echenique denunció por estar influenciada por el Consejo de la Judicatura al mando del presidente de la República, Juan Orlando Hernández. El comunicador recusó sin éxito al nuevo tribunal.

De acuerdo con la declaración de la parlamentaria Patricia Murillo, el periodista David Romero Ellner ha sido juzgado como si fuera un criminal de alta peligrosidad. “Se trata de una condena altamente desproporcionada. Esto es un entramado peligrosísimo y quienes busquen denunciar se exponen a toda la fuerza del régimen”.

Murillo también afirmó que Aprovecharon esta coyuntura para callar a una de las pocas voces que ha revelado situaciones de corrupción y que involucran al entorno familiar del presidente Juan Orlando Hernández,  como su suegra y su hija, en el caso de Inversiones del Río”.

La diputada Murillo también recordó que cuando Lidieth Díaz, esposa de Romero, llevó a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCHI), la documentación relacionada a los presuntos actos de corrupción del Presidente de la República, la recibieron con mucha frialdad, lo que la lleva a preguntarse: “¿Ante qué escenarios estamos?”.

No es importante lo que usted denuncia con pruebas -razona- sino callar a quien lo denuncia y hacerlo de cualquier manera, agrega la congresista. “El derecho a la libre expresión es uno de los más lesionados no solo por amenazas, sino que numerosos periodistas han sido asesinados, unos se han tenido que ir del país, otros se autocensuran y no abordan temas controversiales y el resto es controlado por medio de una enorme partida presupuestaria para contratar publicidad en medios de comunicación. Además del papel que juegan los dueños de medios corporativos. Hay pocos espacios que contrastan las “verdades” oficiales o de los grupos que controlan el país”, concluyó Patricia Murillo.

El cuerpo docente del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,  condenó la detención del periodista David Romero Ellner, haciendo ver que la excesiva violencia utilizada contra él, “es incompatible con un Estado de Derecho y propio de dictaduras irrespetuosas de la libertad de expresión y de los derechos humanos”.

De igual forma condenan el allanamiento de Radio Globo, ejecutado por miembros de una unidad élite de la Policía Nacional que causaron daños a sus instalaciones, pese a que esta tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, exigen la derogación de los artículos del Código Penal relacionados con los delitos contra el honor, los cuales deben estar en la jurisdicción civil, conforme al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Cárcel

Lidieth Díaz rechazó la captura de su esposo David Romero. “Los periodistas no debemos ir a la cárcel. Si cometemos excesos se nos debe restringir de otra forma, la cárcel es para delincuentes. Hoy le toca a David, ¿mañana a quién le va a tocar?”, preguntó a modo de advertencia.

El periodista Héctor Amador en su cuenta de Facebook se dirigió al Secretario de la Presidencia: “Ebal Díaz, no hay que insultar la inteligencia de los hondureños, no nos interesa el pasado de David Romero, ese no es el tema, queremos una explicación sobre las acusaciones de corrupción contra el gobierno de JOH (presidente Juan Orlando Hernández), no basta con poner un cerco mediático. Silenciaron con la cárcel al colega David, ahora ustedes rompan el silencio y rindan cuentas de cómo se han enriquecido con fondos públicos, a eso se le llama transparencia”.

Plan para asesinarlo

En noviembre de 2015, David Romero denunció en conferencia de prensa un plan para asesinarlo, en el que implicó al fiscal adjunto en ese entonces, Rigoberto Cuéllar y el ex funcionario de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Roberto Cardona.

En esa ocasión Romero se refirió a grabaciones de llamadas telefónicas entre Cuéllar y Cardona, en las que hablan de asesinarlo. También mostró documentos que remiten a folios de expedientes del Ministerio Público en los que hay comunicaciones interceptadas a estos dos personajes.

El periodista dijo que las escuchas fueron obtenidas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). En una de las conversaciones se escucha: “Mira ve tenemos un as bajo la manga para aquel vos, de manera definitiva…. Otra persona agrega: : “Después de ponerle la lápida, brindaremos con Ron Zacapa a la salud de David Romero”.

Las llamadas telefónicas de julio de 2014 a abril de 2015 son intervenciones de varios personajes y también involucran a William Harold Flores Quintanilla, Juan Alberto Madrid Casaca, Lisandro Ponce Rosales, Milton Mauricio Huezo Reconco, Adán Sigifredo Salgado García, Edie Kaffie y Abraham Lozano, éste último, testigo de la Fiscalía para mediar en la acusación por soborno contra Cuéllar.

Caso de violación

En 2002, la ex fiscal Sonia Gálvez estuvo a cargo de investigar la denuncia de que Romero presuntamente violó por más de una década a su hija menor. El periodista fue condenado  a  diez años de prisión, de los cuales cumplió cinco en la cárcel  y el resto los pasó  en libertad condicional.

Gálvez señaló que desde febrero del 2014, Romero la difamó repetidas veces a través de sus programas noticiosos, en un “claro afán de represalia”. En su programa de radio y televisión “Interpretando la Noticia”, el periodista dijo en ese entonces "no me van a callar”. Añadió: “Esa resolución de los jueces no me sorprende porque es parte de la campaña de intimidación a la que he estado sometido en los últimos dos años por denunciar la corrupción del gobierno"..

La Presidencia de la República dijo en un comunicado que "el gobierno no tiene nada que ver con el proceso judicial que enfrenta el señor Romero, ya que el mismo es de carácter privado y no está relacionado con ninguna actividad periodística de él".

De acuerdo con Reporteros sin Fronteras, en el año 2017 Honduras pasó a ocupar la posición 143 en libertad de prensa, el peor resultado desde el golpe de Estado del 2009 y, además, un número récord de periodistas y comunicadores y comunicadoras sociales tuvieron que huir del país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), plantea que la libertad de expresión enfrenta un panorama de extrema complejidad en Honduras debido a los elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes; al mantenimiento de los delitos de injurias, calumnias y otras figuras que afectan a la libertad de expresión; a las campañas de estigmatización y criminalización de periodistas; y al uso frecuente del derecho penal como mecanismo para inhibir y hostigar a quienes ejercen el periodismo.


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