El 13 de junio la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en conjunto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), presentó ante las autoridades hondureñas una amplia investigación sobre corrupción conocida como el caso «Pandora».

El caso revela la desviación de fondos de la Secretaría de Ganadería y Agricultura (SAG) destinados a apoyar a mujeres en situación de pobreza, para financiar campañas políticas y engordar los bolsillos de los implicados durante las elecciones de 2013.

La investigación implica tanto a miembros del gobernante Partido Nacional, como del opositor Partido Liberal y al partido FAPER. Entre los 38 imputados hay caras conocidas como Elvin Santos, destacado líder del Partido Liberal y empresario de la construcción, con vínculos comerciales con las últimas administraciones nacionalistas. También vincula a veteranos diputados nacionalistas como Rodolfo Irías Navas (siete periodos en el Congreso) y a Celín Discua (cinco periodos). También fue acusado Jean Marie de Peyrecave, viudo de Hilda Hernández, hermana del Presidente Hernández, fallecida en un accidente de helicóptero a finales de 2017. En los últimos días se vinculó al caso a la actual primera dama de Honduras Ana García, que habría recibido más de 60 mil dólares a través de cheques emitidos por una de las empresas vinculadas al caso.

Una historia sin fin

Honduras arrastra un grave problema de corrupción desde su nacimiento como República. A principios del siglo XIX, las dinámicas geopolíticas coloniales y poscoloniales dejaron al país en una situación de debilidad, en la que se configuró una nefasta relación entre una reducida élite política criolla y los «inversores internacionales», basada en el tráfico de influencias y la opacidad. Durante las primeras décadas del siglo XX, el país se convirtió en un enclave para compañías bananeras estadounidenses, que hacían y deshacían gobiernos a su antojo. En aquellos años, un empresario bananero llegó a afirmar que «en Honduras una mula vale más que un diputado», haciendo referencia al alto grado de corrupción existente en aquella época. Con posterioridad, el país se vio golpeado por otras dinámicas internacionales como la guerra fría, la guerra a las drogas o el neoliberalismo, que no permitieron un desarrollo democrático de sus instituciones.

Llegado el siglo XXI, Honduras padeció una severa crisis política como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que derrocó al gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Tras esta ruptura del orden democrático, el sistema político hondureño, basado en el bipartidismo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, entró en un proceso de descomposición. El resultado fue un gobernante Partido Nacional fortalecido electoralmente, que vio la oportunidad de inaugurar un periodo de hegemonía política en el país.

Pasados 9 años de gobiernos nacionalistas, tres procesos electorales altamente cuestionados y una crisis poselectoral a finales de 2017 y a principios de 2018 que dejó más de 30 muertos, la hegemonía nacionalista muestra algunos signos de desgaste. Sin duda la indignación social contra la corrupción podría llegar a determinar el destino político del país en los próximos años.

Para tratar de arrojar algo de claridad sobre la maraña de corrupción e impunidad que actualmente impera en Honduras, es necesario analizar por separado varios aspectos clave del fenómeno: el alcance y la magnitud de los casos de corrupción en Honduras; el marco legal y el contexto político que favorecen la impunidad; y, los factores de quiebre del sistema de impunidad imperante en el país.

Alcance y magnitud de casos de corrupción en la Honduras actual

No es posible realizar una medición exacta de la magnitud de la corrupción en Honduras. Sin embargo, desde organizaciones de sociedad civil se han realizado diferentes ejercicios para tratar de darle un valor estimado. La organización FOSDEH cifra en un 4.5% del PIB el valor de los recursos que pierde el Estado por culpa de la corrupción cada año.

Para dar un panorama más claro al respecto se hace una breve referencia a los principales casos de corrupción revelados en los últimos años, que sin duda solo representan una pequeña muestra de lo que podría estar ocurriendo en el país, dadas las limitadas capacidades investigativas existentes:

Desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social - IHSS

El desfalco del IHSS consiste en una trama de corrupción con múltiples ramificaciones, que supuso la sustracción de unos 200 millones de dólares de esta institución. El modus operandi de esta trama se basó en la utilización de empresas fantasmas para realizar cobros por bienes y servicios inexistentes, o la sobrevaloración de bienes y servicios realmente prestados. El propio presidente Juan Orlando Hernández reconoció públicamente que su campaña electoral de 2013 se financió parcialmente con fondos provenientes de este desfalco, sin mayores consecuencias jurídicas.

Este caso ha sido investigado por el Consejo Nacional Anticorrupción y varios de sus responsables guardan prisión. La sociedad hondureña respondió con indignación ante estas revelaciones, y en mayo de 2015 se creó el conocido «movimiento de los indignados», quienes se movilizaron durante varios meses en las llamadas «marchas de las antorchas».

Entre las exigencias de ese movimiento destacó la instalación de una misión internacional de apoyo al Poder Judicial para luchar contra la corrupción, liderada por Naciones Unidas, a imagen y semejanza de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La magnitud y frecuencia de las protestas llevó al gobierno de Hernández a negociar con la Organización de Estados Americanos la instalación de la MACCIH en 2016, cuyo mandato y competencias, aunque mucho más limitados que los de la CICIG, sin duda suponen un importante paso en la lucha contra la corrupción en Honduras.

Astropharma

Este caso reveló una trama que se dedicó a la venta de medicamentos de mala calidad (en algunos casos se trataba de cápsulas de harina) por parte de la empresa Astropharma al sistema de salud publico hondureño. La empresa en cuestión es propiedad de Lena Gutiérrez, vicepresidenta del Congreso Nacional durante las administraciones de Pepe Lobo y parte de la de Juan Orlando Hernandez. En todo momento, el Partido Nacional apoyó firmemente a la señora Gutiérrez, que estuvo en arresto domiciliario al mismo tiempo que seguía siendo vicepresidenta del Congreso. Uno de los testigos protegidos del caso sufrió un atentado en 2015, cuando recibió cinco disparos, uno en la cabeza. En febrero de 2018, la señora Gutiérrez quedó en libertad por resolución de la Corte Suprema de Justicia, que continua con el proceso judicial en su contra.

Caso Red de Diputados

El caso conocido como Red de Diputados fue presentado por MACCIH-UFECIC a los tribunales hondureños en diciembre de 2017, en plena crisis postelectoral. La investigación presentada reveló la existencia de una Red de Diputados que se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal. Cuatros diputados y una diputada se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional. Los cinco diputados pertenecían a partidos opositores al gobierno, y en 2016 votaron en el Congreso Nacional a favor del nombramiento de varios magistrados para la Corte Suprema de Justicia propuestos por el gobierno de Juan Orlando Hernández, en la mayoría de los casos en contra de la disciplina de partido.

Meses más tarde, estos mismos magistrados dieron al Presidente Hernandez el aval jurídico necesario para presentarse a la reelección, en violación flagrante de lo establecido en la constitución hondureña. De los diputados vinculados a esta trama, dos de ellos fueron expulsados de su bancada y partido (LIBRE) tras aquella votación para nombrar a los nuevos magistrados de la Corte Suprema. Otro de ellos fue expulsado de la Democracia Cristiana.

Con posterioridad, se supo que la investigación realizada por la MACCIH–UFECIC alcanzaba a muchos más diputados. En declaraciones a un medio de comunicación español, el entonces vocero de la MACCIH afirmó que podría afectar a unos 140 diputados, en lo que calificó como una «vasta red».

Lamentablemente, este caso acabó siendo archivado por la jueza que lo estaba conociendo, quien trasladó acciones al muy politizado Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y dejó en libertad a los acusados. Todo ello se realizó bajo el amparo de la recién aprobada Ley de Presupuesto para 2018, sobre la que se darán más detalles posteriormente.

La caja chica de la dama

En este caso está directamente involucrada la exprimera dama y esposa de Porfirio Lobo (2010-2014), Rosa Elena Bonilla. La investigación presentada por la MACCIH–UFECIC en febrero de 2018, reveló la existencia de una trama que operó entre 2011 y 2014, mediante el desvío de fondos destinados a obras sociales y manejados por la oficina de la primera dama por un valor de 16 millones de lempiras (más de 600 mil dólares).

La reacción del expresidente Lobo a la detención de su esposa no se hizo esperar. En una llamada realizada a uno de los programas de debate político más populares del país, aseguró que cinco personas con mucho poder en Honduras se reunieron en casa presidencial y decidieron entregar a su esposa como «ofrenda» a una MACCIH en crisis tras la salida del anterior vocero Juan Jiménez Mayor. Unos días antes, el gobierno hondureño había procedido a embargar bienes a la exprimera dama, encontrando al entrar en su vivienda en Tegucigalpa, 16.7 millones de lempiras en efectivo. Una cantidad casi idéntica a la que se le acusa de sustraer en la investigación presentada en su contra. En los meses posteriores, y con la atención mediática más centrada en otros asuntos, una Corte de Apelaciones hondureña redujo el peso de las acusaciones contra la señora Bonilla al recalificar los delitos imputados y le devolvió todos los bienes embargados. El caso sigue en marcha.

Caso Pacto de Impunidad - Fe de erratas

Este caso, presentado en marzo de 2018 por la MACCIH, tiene relación directa con el archivo del proceso conocido como «Red de Diputados». Su origen está en la aprobación de la Ley de Presupuesto de 2018 en enero de 2018. Esta ley, siguiendo el proceso legislativo común, fue sometida a aprobación por el Congreso y posteriormente fue publicada en el diario oficial La Gaceta. La sorpresa surgió cuando la versión publicada en este diario contenía una disposición que no fue votada en el Congreso, según afirmó la MACCIH tras revisar exhaustivamente los videos de la sesión parlamentaria correspondiente.

Dicha disposición ordenaba al Tribunal Superior de Cuentas realizar una auditoría de tres años de duración y que cubriría todos los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, Congreso Nacional y otras entidades entre los años 2006 y 2018. Además, establecía que, durante ese periodo de tres años de auditoria, no procedería «ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, ya sea esta administrativa, civil o penal». De esta forma y como se comentó anteriormente, se estaba cerrando la posibilidad de que desde la MACCIH se presentasen más investigaciones sobre corrupción, ya que su mandato terminaría antes del fin de la auditoria. Aunque posteriormente se publicó una «fe de erratas» en La Gaceta, se mantuvo el precepto introducido con algunas modificaciones en su redacción.

En el caso «fe de erratas», la MACCIH presentó acusación contra siete diputados (uno de ellos Secretario del Congreso) y una exparlamentaria por manipulación del texto legal efectivamente aprobado en el Congreso. Es importante señalar que la citada exparlamentaria, Ana Joselina Fortín, en su momento diputada del opositor PAC, también votó en 2016, contraviniendo la disciplina de partido, en favor de la nueva Corte Suprema de Justicia que acabaría permitiendo la reelección de Juan Orlando Hernández. Este proceso lleva meses pendiente de una resolución judicial al respecto, que ha sido retrasada inexplicablemente.

Como respuesta a este proceso, el pleno del Congreso Nacional, con los votos a favor del Partido Nacional y sus aliados, emitió una declaración afirmando la falsedad de las acusaciones contra los diputados encausados. En julio de 2018 el Secretario del Congreso e imputado por este caso Tomás Zambrano, presentó una moción para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para facultar a los secretarios del Congreso Nacional a modificar el contenido de lo aprobado y ratificado por el pleno de parlamentarios. La moción fue aprobada.

Caso Pandora

Se trata del último caso presentado pciamiento ilegal de campañas políticas en 2013 y varios casos de enriquecimiento personal. Entre los acusados figuran algunos de los diputados nacionalistas con mayor antigüedad en el Congreso, un exalcalde nacionalista preso por vínculos con el narcotráfico, un recientemente fallecido exministro de finanzas de Porfirio Lobo, y un cuñado del Presidente Hernández. También aparecen señalados destacados líderes opositores como Elvin Santos del Partido Liberal.

Así, se revelaba que fondos provenientes de una administración del Partido Nacional fueron a parar a las arcas del Partido Liberal y de sus dirigentes, en un momento (2013) en el que se produjo un pacto político entre el Partido Nacional y Liberal para marginar de instituciones clave como el Ministerio Público, el Registro Nacional de las Personas o el Tribunal Supremo Electoral a los opositores y emergentes partidos LIBRE y PAC.

Tras la presentación del caso a las autoridades competentes, los tribunales hondureños analizaron la información recibida y no procedieron de forma inmediata a la captura de los acusados. Las órdenes de captura fueron emitidas un mes después de presentado el caso, como resultado de las presiones del gobierno estadounidense, que horas antes había hecho pública la retirada de la visa a la jueza Alma Guzmán, por haber liberado a los acusados del caso «red de diputados».

La mayoría de los acusados se presentó de forma voluntaria ante el tribunal que, tras una audiencia inicial de varios días de duración, decidió dejar en libertad con cargos a todos los procesados, con la excepción del señor Jacobo Regalado, a quien se le dictó prisión preventiva. En la misma resolución, la jueza eliminó la acusación por lavado de activos (el delito más grave que se imputaba a los acusados), y la sustituyó por el delito de encubrimiento, con una pena mucho más baja.

El 27 de julio, un medio de comunicación hondureño informaba de la existencia de un supuesto nuevo requerimiento fiscal en el marco de este caso, que ya estaría en manos del Ministerio Publico y en el que se acusaría a otros 54 congresistas y ex congresistas. Según la información difundida, los diputados serian miembros del Partido Nacional (31 congresistas), Partido Liberal (12 congresistas), Partido Libre (8 congresistas), Democracia Cristiana (2 congresistas) y Unificación Democrática (1 congresista).

Otros:

Los casos mencionados hasta ahora solo son una muestra de lo que podría estar ocurriendo en el país. En los últimos años, se han multiplicado las revelaciones de nexos directos entre el crimen organizado y las instituciones públicas. Hay alcaldes presos por narcotráfico, como el de Yoro. Otros tienen orden de captura y están fugados, como el de El Paraíso, Copán, que durante la última campaña electoral se dio el lujo de participar en un acto proselitista en favor de su testaferro y actual alcalde del municipio, durante el cual mostró su apoyo incondicional a la reelección del presidente Hernández.

Desde tribunales de Estados Unidos, narcotraficantes de la organización criminal conocida como «Los Cachiros» han vinculado con sus actividades al actual Ministro de Seguridad, al alcalde de San Pedro Sula y a varios políticos del más alto nivel. También han sido señalados públicamente por vínculos con el crimen organizado el hermano del presidente Hernández y el expresidente Pepe Lobo, cuyo hijo cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos y en cuyo gobierno el crimen organizado recibió jugosos contratos públicos.

Existen además en el país numerosos conflictos relacionados con las licencias otorgadas por el gobierno para la explotación de recursos naturales, en cuya administración se observa altos niveles de opacidad y favoritismo. El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres fue precisamente en el contexto de su oposición a uno de estos proyectos. El caso está siendo investigado por la MACCIH.

Marco legal y contexto político que favorecen la impunidad

La corrupción en Honduras constituye un fenómeno estructural, con gran afectación en todos los poderes del Estado. Ya se han mencionado algunas de las causas de este fenómeno, relacionadas con la historia del país y sus últimas crisis políticas. A estas es fundamental añadir una nueva clave: un marco legal inadecuado para la lucha contra la corrupción e impunidad.

Ya se ha hecho referencia a algunas de estas normativas, como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o la Ley de Presupuesto de 2018, pero también existen otras como la «Ley de Secretos», la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la Ley de Promoción de Alianzas Público-Privadas, o la Ley del Programa Voluntario de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones, que contienen aspectos sumamente preocupantes y que podrían estar dando cobertura a sectores corruptos de la clase política hondureña.

Es evidente que la clase política gobernante en Honduras no quiere remover el avispero de la corrupción, ni ve con buenos ojos el trabajo que se realiza desde la MACCIH o el CNA. El diputado nacionalista y vicepresidente del Congreso Nacional Antonio Rivera Callejas ya dijo públicamente el pasado enero que «la MACCIH quiere desestabilizar el país».

Prueba de la falta de aprecio de la clase política hacia la MACCIH es la sobresaltada (y breve) vida de la institución. La presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra su convenio de creación, interpuesta por el Secretario del Congreso, Tomás Zambrano, es un caso paradigmático de este tipo de «sobresaltos». Aunque finalmente la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento verificando la legalidad del convenio, el fallo contiene varias disposiciones entre sus considerandos que podrían poner en peligro su viabilidad y capacidad de actuación.

La salida del anterior vocero Juan Jiménez Mayor, estuvo precedida de fuertes presiones y acciones en su contra. Él mismo denunció que sectores corruptos habían contratado un bufete de abogados para tratar de deslegitimarlo, vinculándolo al escándalo Odebrecht en Perú, su país natal. La salida de Jiménez Mayor fue amarga, y aunque los dardos lanzados por el exvocero fueron dirigidos al Secretario General de la OEA Luis Almagro, sin duda los enemigos internos que tenía en Honduras pesaron mucho sobre su salida.

El nombramiento de un sustituto a Jiménez Mayor se produjo varios meses después de su salida, debido a la actitud de bloqueo del gobierno de Hernández, a pesar de que desde la OEA se propuso con rapidez el nombramiento en el cargo del brasileño Luiz Antonio Marrey Guimaraes. El nombramiento del nuevo vocero se produjo de forma simultánea a la firma de una carta de 10 puntos entre la OEA y el gobierno de Honduras, que desde algunos sectores de sociedad civil se teme pueda suponer una limitación al mandato de la MACCIH.

Factores de quiebre del sistema de impunidad imperante en el país

La problemática de la corrupción, como fenómeno estructural al interior de la sociedad y el estado hondureño, presenta diversos factores de quiebre que, en los próximos años y si se combinan de forma adecuada, podrían llevar a un cambio positivo en el país.

El primero de estos factores de quiebre lo constituye la movilización ciudadana contra la corrupción. La movilización de los indignados de 2015 constituye todo un referente al respecto. La capacidad de las y los hondureños de replantearse sus estrategias de movilización y lograr hacer presión ante instituciones y partidos políticos será la clave fundamental de la deriva del país.

Otro factor de quiebre fundamental será el trabajo que se realice desde organismos clave como la MACCIH–UFECIC y el CNA, así como desde los medios de comunicación independientes. La presentación de nuevos casos de corrupción puede servir como revulsivo para la movilización social, y para presionar al gobierno para que reforme el marco legal existente y tome medidas contra los corruptos. La importancia de este factor en el actual panorama supone una fuerte debilidad de cara a avanzar en el proceso de cambio necesario, ya que la existencia de la MACCIH está muy vinculada a la propia voluntad del gobierno de renovar su convenio una vez se venza el periodo de vigencia inicial. Además, y más allá de la importancia de los casos presentados por la MACCIH, la dependencia del sistema de justicia hondureño de un organismo internacional supone una réplica de anteriores modelos de dependencia externa.

Para lograr un impacto sostenible del trabajo de la misión, será fundamental avanzar en la independencia de instituciones clave del sector justicia como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lamentablemente, el panorama político actual no es proclive a que se produzcan este tipo de reformas, como lo pone de manifiesto el proceder de los poderes públicos descrito en este artículo.

Un tercer factor de quiebre de este sistema lo constituyen las presiones que los socios internacionales de Honduras realicen sobre el Estado para lograr las reformas necesarias. Sin embargo, es evidente que las relaciones políticas, económicas y militares que tiene Honduras con su principal socio, Estados Unidos, están basadas en muchas más consideraciones que la lucha contra la corrupción (relaciones comerciales, lucha contra el narcotráfico, consideraciones geopolíticas…).

Conclusiones

La corrupción en Honduras, como fenómeno estructural, ha crecido en los últimos años y alcanza a la mayor parte de las instituciones del Estado. Existe todo un proceso de concentración de poder alrededor de la Presidencia de la República, dirigido inicialmente a dar una legitimación jurídica a la reelección presidencial, y que ha generado un modelo de Estado autoritario y opaco. El propio entorno del Presidente Hernández está salpicado por la corrupción (recordemos el caso de su cuñado, su hermano y su esposa comentados anteriormente).

Además, se observa que miembros de partidos opositores están involucrados en tramas corruptas, en las que supuestamente habrían recibidos fondos públicos con origen en el poder ejecutivo en el momento exacto en que sus partidos realizaban alianzas políticas con el gobierno (vinculadas al nombramiento de una nueva Corte Suprema de Justicia, nuevo Fiscal General, y nuevas autoridades del Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral).

La maraña de intereses existentes, la inestabilidad política imperante a nivel nacional y regional y la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones internacionales en la era Trump, dibujan un panorama poco claro para Honduras. Parece evidente que solo una potente movilización social logrará sacudir los cimientos en los que se asienta el fenómeno de la corrupción en Honduras.

 


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