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Sus historias reflejan los riesgos que enfrentan, la brutalidad de los agresores y la inoperancia del Estado. Como la de Nallely Paola, dirigente del grupo Muñecas de Arcoiris, quien a los 21 años fue quemada por dos desconocidos que ingresaron a su casa. Por fortuna, Nallely salvó su vida y a partir de ese suceso, su vida cambió y se convirtió en una militante por la defensa de los derechos de las mujeres trans.

«Primero me dieron la golpiza, me rociaron de alcohol y me prendieron fuego, por suerte en mi habitación tenía un botellón de agua y logré tirarlo al piso, quebrarlo y tirarme en el piso y rodar», recordó la joven, quien califica el incidente como transfóbico.

Vivir en Honduras y ser gay o lesbiana es un riesgo, pero ser mujer trans representa una doble aventura en un país donde se carece de un marco jurídico que vele por sus derechos, instituciones que resuelvan sus conflictos y, sobre todo, la decisión política para cambiar una cultura que se resiste a reconocer la diversidad sexual.

Una mujer trans es aquella que «no está de acuerdo a su sexo biológico y mediante tratamientos hormonales, psicológicos y psiquiátricos decide cambiarlo mediante una reasignación de sexo».

«Me han asaltado, agredido y discriminado, pero sigo con vida. Discriminada por la Policía, por las mismas trans y cuando uno va al hospital se ríen por la identidad de género», recordó Heidy Zoe, chica trans de 19 años, quien desde los 14 años es rechazada por sus padres y hermanos.

Heidy Zoe, del grupo Cozumel Trans, es una de las miles de mujeres que decidió cambiar su género, pese a los riesgos que significa hacerlo en un país donde la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI) lucha fuertemente por espacios de reconocimiento.

Crímenes transfóbicos

Según la organización local Red Lésbica Cattrachas, en su informe más reciente, entre 2004 y 2017 hubo 277 asesinatos de integrantes de la comunidad, de los cuales solo se judicializaron 62 casos, el 22%, mientras que uno de cada tres muertos fue una mujer trans.

Un reporte elaborado por el centro de estudio Expediente Abierto (EA) sobre los riesgos que enfrenta la comunidad trans en Honduras, indica que ellas son quienes más agresiones reciben con relación a los otros grupos LGBTI.

Determinar las principales agresiones es difícil en un país como Honduras, donde el Estado se resiste a reconocer plenamente la diversidad sexual y por tanto, sus derechos ciudadanos, colocándolos en un vacío jurídico, donde el apoyo principal recae en sus propias organizaciones.

A esto se suma el subregistro de denuncias, pues fue hasta el 2013 cuando se comenzó a tipificar las agresiones por razón de sexo, resultado de las modificaciones en el Código Penal.

Representantes del Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) comentaron a EA que en 2013 se registraron las primeras cuatro denuncias relacionadas con la comunidad LGBTI a nivel nacional, cifra que aumentó a 74 en 2016.

Pese al cambio en el marco jurídico, la falta de respuesta fue latente como lo ejemplifica la Red Lésbica Cattrachas, al señalar que en 2015 las autoridades abrieron solamente tres casos de investigación, en un año en el que se registraron 37 muertes violentas contra la comunidad LGBTI.

Reconocimiento

De acuerdo a Expediente Abierto, en los últimos años la violencia contra esta comunidad  crece de manera constante y considerable, preocupando a la comunidad internacional y a las organizaciones LGBTI, quienes ante la falta de respuesta oficial demandan políticas públicas claras, que visibilicen su situación, reivindiquen sus derechos y reduzcan la impunidad de sus crímenes.

El problema de la comunidad trans, llama la atención de los investigadores y defensores humanitarios por la violencia de la que son objeto. Sus agresiones pasan inadvertidas por la sociedad y los niveles de discriminación son más acentuados, según los hallazgos de EA.

Para el Estado hondureño reconocer la diversidad sexual debe ser un tema de agenda, sobre todo tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, unión prohibida en la Carta Magna de Honduras. El fallo de la CIDH generó controversias en el país.

Mientras tanto, los crímenes de odio en contra de la comunidad trans requieren respuestas urgentes para que las historias de Nayeli Paola o Heidy Zoe no se repitan constantemente.

Se cumplen ocho años de la agresión de la que fue objeto Nallely, su caso sigue impune, ya que los agresores fueron liberados por falta de pruebas.

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