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Paola Flores aclara que no tiene dos nombres. Solo uno. Paola Flores. El que figura en su cédula de identidad no la representa. Ese es el de su nacimiento, no el asumido. El sexo que aparece en sus documentos es el suyo biológicamente, pero no es su género. Y la fotografía que aparece en su tarjeta de identidad no corresponde a su apariencia actual.

Está claro que su documentación personal, con la cual pide trabajo, con la que se inscribe en la universidad, que utiliza para votar y acudir al sistema de salud, contradice su identidad. Pero el Estado de Honduras se niega a reconocerla como Paola.

Esta joven activista por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) considera su carné como una muestra de los prejuicios sociales que el Estado tiene sobre personas como ella, un documento que evidencia que la comunidad trans no goza de los mismos derechos que las personas heterosexuales.

«En los hospitales con frecuencia no me atienden porque no me parezco a la foto de mi cédula y la policía a menudo me acusa de falsificar la identidad, incluso en un banco no me permitieron abrir una cuenta», explicó. También ha sido discriminada laboralmente, probablemente obtendría trabajo -dice- si negara quien es.  

Ella sabe que en Honduras hablar de matrimonio igualitario, de adopción homoparental o de cirugías para cambiar de sexo, es una quimera. Tal vez en un futuro, dice incrédula. En el presente exige que se le permita cambiar su nombre, el indicativo del sexo y su fotografía en los documentos personales. Su exigencia es compartida y respaldada por toda la comunidad trans.

«Demandamos que se nos respete y se nos haga visible como mujeres trans. Queremos tener el derecho de cambiarnos el nombre y la fotografía en nuestros documentos, además, que se modifique el indicativo de sexo por el de género, ya que el sexo lo define la parte biológica, mientras el género lo definimos nosotras», comentó Victoria Hernández, una mujer trans que trabaja en el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI (SOMOS CDC).

Lo que exigen no es un privilegio, sino un derecho reconocido a nivel mundial. De hecho, Honduras junto a Nicaragua y Paraguay, son los únicos tres países de América Latina que todavía prohíben a las personas trans cambiar sus nombres en  los documentos personales. La generalidad es que los países aprueben esta medida.

«En los hospitales con frecuencia no me atienden porque no me parezco a la foto de mi cédula y la policía a menudo me acusa de falsificar la identidad, incluso en un banco no me permitieron abrir una cuenta», explicó. También ha sido discriminada laboralmente, probablemente obtendría trabajo -dice- si negara quien es.  

El Registro Nacional de las Personas (RNP) admite el cambio de nombres, pero  prohíbe sustituirlos entre géneros. Es decir, permite si alguien se cambia el nombre de Pedro por Juan, pero es prohibido si Pedro desea llamarse Ana. Para la comunidad trans esa restricción no tiene sustento legal, «porque no existe una ley con las listas de todos los nombres agrupados y aceptados por cada género», argumentó Rihanna Ferrera, excandidata legislativa en las elecciones generales de 2017, a quien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la obligó a utilizar su nombre de nacimiento, el mismo que no emplea socialmente desde hace más de 10 años.

Para que se reconozca legalmente el género asumido de las personas trans, Paola, Victoria y Rihanna, junto con organizaciones que representan la comunidad trans, trabajan en la formulación de una propuesta de Ley de Identidad de Género. Un proyecto jurídico que pretende ser un paso para reivindicar la igualdad y el respeto del Estado hacia las personas trans. La propuesta se introduciría al Congreso Nacional (CN) en los próximos meses.

Ley de identidad de género

En 2015, una alianza de organizaciones trans entregó simbólicamente al CN un borrador de la propuesta de Ley de Identidad de Género. Tras ese ensayo, encontraron nada o casi nada de respaldo por parte de los diputados, pero en el mismo acto, lograron registrar a más de 600 personas que requirieron formalmente cambiar su nombre, el indicativo de género y las fotos en sus documentos personales.

Desde 2015 la iniciativa ha sumado el apoyo de la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), de la Secretaría de Derechos Humanos y de instancias de la cooperación internacional, así como de algunos sectores políticos.

«En el Congreso Nacional tenemos la mayor disponibilidad de aprobar leyes como esta, que generan beneficios a diversos sectores de la población», comentó Johana Bermúdez del Partido Nacional, la única diputada que asistió al foro «Diversidad=Libertad e Igualdad», un evento promovido por el Programa Unidos Por la Justicia de  la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en conmemoración al Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Lesbofobia.

Actualmente la propuesta es discutida por nueve plataformas articuladas en un Comité Trans a nivel nacional. Para ello, realizan intercambios con movimientos LGBTI de otras naciones que han conquistado marcos jurídicos similares. Es el caso de la diputada Dianne Rodríguez, primera asambleísta trans en Ecuador, donde en 2016 se aprobó que cualquier persona puede cambiar de nombre o de marcador de género, sin órdenes judiciales.

 

«Nos tocó hacer incidencia política para sensibilizar a los asambleístas. Los abordamos uno por uno, hasta que firmamos un acuerdo. Sabíamos que no podíamos tratar temas de adopción o de matrimonio igualitario, pero sí avanzar en otras políticas públicas. La Ley se aprobó en 2016 y recién en 2018 podemos cambiar la cédula. Con este cambio somos ciudadanos, ejercemos públicamente nuestro género con una tarjeta que nos identifica», detalló Rodríguez, quien se graduó como psicóloga, después de abandonar la carrera de Ingeniería Comercial cuando tenía 19 años, debido a la discriminación y violencia transfóbica que enfrentó en la universidad.

Desde 2015 la iniciativa ha sumado el apoyo de la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), de la Secretaría de Derechos Humanos y de instancias de la cooperación internacional, así como de algunos sectores políticos.

Para la comunidad trans de Honduras, la propuesta de Ley tiene una trascendencia humana y es una acción afirmativa para mejorar sus condiciones sociales, económicas y políticas. «Es reconocer la dignidad y libertad de expresión. Que no se les llame con un nombre que los margina. Es una propuesta para reivindicar el carácter ciudadano e igualitario que tienen ellas y ellos», expresó Donny Reyes, director de la Asociación Arcoiris, una organización LGBTI que entre julio de 2015 y enero de 2016, reportó 36 incidentes de inseguridad y el asesinato de seis de sus miembros.  

La comunidad trans y LGBTI prevé que a la propuesta se opondrán los grupos pro vida, los sectores más conservadores de las iglesias y los medios de comunicación, así como la gente desinformada, «nos vamos a enfrentar a un contexto adverso, patriarcal, discriminatorio, donde el día a día es la violencia física en contra de la comunidad trans. Sin embargo, no por eso no vamos a actuar. Hay organizaciones de la cooperación dispuesta a colaborar y la comunidad está cada vez más organizada. Le apostamos a seguir construyendo espacios de inclusión. La visión no solo es un tema de cambio de nombres, sino que es más profundo, es cambiar estructuras culturales en este país, luchar por el respeto del estado laico», comentó Javier Medina, director de la Asociación Kukulcán.

Otros derechos pendientes

En tanto que la psicopatología de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún denomina -a pesar de las críticas- la transexualidad como un «trastorno de identidad de género», la prohibición de su reconocimiento legal, no es el único derecho que el Estado niega a la comunidad trans en Honduras.

Desde 2005 el CN prohibió constitucionalmente el matrimonio y la unión de hecho homosexual, así como la adopción homoparental y los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero. Esas modificaciones las hizo en respuesta al otorgamiento de las primeras personerías jurídicas a tres organizaciones LGBTI. Aquello fue un castigo heteronormativo.

Así, la iniciativa del anteproyecto de identidad de género se desarrolla en un contexto donde la discriminación parece ser la norma. Tanto a nivel político como societal. De acuerdo al estudio sobre Actitudes Sociales, realizado por la organización estadounidense Pew Research Center, el 83% de la población hondureña se opone a las bodas entre personas del mismo sexo y un 88% considera la homosexualidad como un comportamiento incorrecto en términos morales. Ambos porcentajes encabezan la lista a nivel latinoamericano.  

Para la comunidad trans de Honduras, la propuesta de Ley tiene una trascendencia humana y es una acción afirmativa para mejorar sus condiciones sociales, económicas y políticas.

La discriminación también alcanza sus niveles más violentos en Honduras. Entre el 2008 y el 2015, el país presentó el promedio más alto de asesinatos a personas trans en el mundo. De acuerdo al Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés), durante esos siete años, se cometieron 82 homicidios transfóbicos. Para dimensionar estas cifras, durante ese período, en Nicaragua apenas fueron asesinadas cinco personas trans.

Los crímenes ocurren a pesar que los delitos de odio motivados por la orientación sexual y la identidad de género están tipificados como agravantes en el Código Penal, así como el discurso de odio en contra de personas LGBTI -una prohibición adoptada únicamente en Honduras a nivel centroamericano.

Las organizaciones LGBTI consideran que para mejorar las condiciones de vida de su comunidad, es necesario impulsar programas y políticas que eduquen y sensibilicen a la población sobre los derechos humanos referentes a la diversidad sexual. Así como la aprobación de políticas que no presenten la heterosexualidad como la única identidad de género válida en la relación estado-sociedad.

Bajo este contexto, la comunidad LGBTI asume sus retos. Dentro de cuatro años, Rihanna Ferrera volverá a lanzarse como candidata a diputada. Su objetivo es que en la casilla aparezca su nombre, porque como Paola y Victoria, reitera que no tiene otro.  

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