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La búsqueda de espacios para la identificación, la asociación y el esparcimiento  han sido históricamente los motivos de unión para las personas de la diversidad sexual en Honduras, pero fue a partir de la década de los 80 que la comunidad LGBTI inició su organización política.

Con la propagación del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), desde 1985 hasta abril de 1998, Honduras registró 8,563 personas infectadas, concentrando el 51.6% del total de los casos en Centroamérica.

A nivel nacional -como ocurrió también en otros países, a la comunidad LGTBI se le estigmatizó como la responsable de la epidemia y bajo el argumento de la seguridad pública se cerraron algunos lugares donde se ejercía el trabajo sexual, principalmente en San Pedro Sula y Tegucigalpa, afectando a muchas mujeres trans que se dedicaban a esa labor.

Bajo el referente de otros movimientos internacionales, la población LGBTI tomó conciencia de la necesidad de organizarse y a partir de 1985 en San Pedro Sula se formó la Asociación Hondureña de Homosexuales contra el SIDA y en Tegucigalpa la Asociación Hondureña de Homosexuales. Los retos de ambas organizaciones no solo fueron sanitarios, sino sociales y políticos.

El estudio, elaborado por el Comité de la Diversidad Sexual, aseguró que entre 1987 (que apareció la Asociación Hondureña de Homosexuales contra el Sida) y 2010, se tuvo conocimiento de alrededor de 30 grupos que atendían a la comunidad LGBTI en diferentes departamentos del país.

“Los propulsores del movimiento gay fueron personas gay, pero realmente fueron personas trans que se asumían como gay (…) las que salían en los periódicos”, asumiendo ese movimiento como si fueran de la comunidad gay, señala el trabajo en mención.

Iván Banegas, de Colectivo Violeta, dijo que su organización deriva de la Asociación Hondureña de Homosexuales contra el Sida para apoyar a personas con VIH-SIDA, quienes eran recluidas «en quintos pisos de los hospitales o en lugares muy apartados», mientras algunos médicos se rehusaba a atenderlos.

Tras incidir sobre el abordaje del SIDA, estos colectivos incorporaron paulatinamente otros temas relacionados con la defensa de los derechos humanos de su comunidad, como la salud integral, el abordaje psicosocial y la lucha contra el estigma y la discriminación; planteándose retos de incidencia a favor de la visibilidad y las demandas de su población.

Primeros reconocimientos

Tras más de una década de trabajar por la construcción de la representación y la cohesión de la comunidad LGBTI, las organizaciones exigieron su derecho para ser legalmente reconocidas, con el fin de contraer obligaciones y derechos, así como ejercer acciones judiciales para la defensa de sus demandas civiles.

Fue hasta el 7 de octubre de 2004 que el Estado otorgó las primeras personerías jurídicas a organizaciones LGBTI en Honduras, cuando las asociaciones Colectivo Violeta y Kukulcán en Tegucigalpa y la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral, recibieron sus certificados legales.

El logro fue el resultado de las presiones internacionales y de las organizaciones nacionales de derechos humanos, a las cuales cedió el gobierno del presidente Ricardo Maduro (2002-2006). Pero haber concedido las personerías jurídicas generó el rechazo de algunos grupos políticos y religiosos, quienes lograron que el Congreso Nacional (CN) reformara ese mismo año los artículos 112 y 116 de la Constitución de Honduras.

Los cambios legislativos dejaron en firme la prohibición del matrimonio igualitario, la adopción de menores por parte de parejas homosexuales y la invalidez del reconocimiento de matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo, celebrados bajo las leyes de otros países.

El entonces titular del CN y posterior presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), argumentó que las medidas se adoptaron para «proteger a la familia hondureña, en vista de los privilegios concedidos anteriormente por el Ejecutivo a los grupos de la diversidad sexual».

Lo ocurrido en 2004 fue calificado por los defensores de los derechos de la comunidad LGBTI como un acotamiento al reconocimiento jurídico de sus organizaciones y provocó temor que a partir de esa acción les anularan otros derechos.

En Honduras la comunidad LGBTI se desarrolla en un contexto donde la discriminación parece ser la norma. Tanto a nivel político como societal. De acuerdo al estudio sobre Actitudes Sociales, realizado por la organización estadounidense Pew Research Center, el 83% de la población hondureña se opone a las bodas entre personas del mismo sexo y un 88% considera la homosexualidad como un comportamiento incorrecto en términos morales. Ambos porcentajes encabezan la lista a nivel latinoamericano.  

Frente a esas adversidades, que sitúan a Honduras como uno de los países del continente más hostiles para las personas LGBTI, las organizaciones encontraron en el golpe de Estado de 2009, un escenario para fortalecer su cohesión y proyección, así como un punto de inflexión para visibilizar la violencia cometida en contra de ellas y ellos.

Un golpe constante

Con la crisis política de 2009, las organizaciones LGBTI ampliaron su agenda y adquirieron un mayor protagonismo dentro de la configuración del movimiento social hondureño, del cual han sido históricamente excluidos.

«Zelaya no es que trabajaba temas sociales, pero los replanteamientos que hizo de las instancias estatales permitieron un mayor nivel de incidencia en la problemática LGBTI. […] Si bien es cierto, su gobierno no legisló a favor de la comunidad, el escenario se vio más social, más inclusivo», afirmó Erick Martínez.

El representante del Ciprodeh consideró que la reacción popular movilizada después del golpe de Estado permitió que líderes de la comunidad LGBTI se conocieran a nivel nacional como activistas de los derechos humanos no solo de su comunidad, sino también por la construcción de la democracia del país. Ese reconocimiento fue positivo para las organizaciones, pero también colocó a sus militantes en una situación de mayor riesgo. 

En el marco de las protestas por el golpe de Estado, el defensor de los derechos de la diversidad sexual, Walter Tróchez, fue asesinado en diciembre de 2009. De acuerdo a la la Red Lésbica Cattrachas, desde el 28 de junio de 2009 hasta finalizar ese año, hubo 16 homicidios en contra de integrantes de la comunidad LGBTI.  Como respuesta a estos crímenes se creó el Movimiento de Diversidad y en Resistencia (MDR).

Crímenes sin resolver

Cabe destacar que antes del golpe de Estado de 2009, no existían registros específicos de los asesinatos contra personas LGBTI. Según la organización Red Lésbica Cattrachas, solo trascendían los crímenes con mayor impacto en los medios de comunicación.

A partir de 2009, la Red Lésbica Cattrachas empezó a documentar de forma sistemática los crímenes en contra de la diversidad sexual e identificó entre 2009 y 2017 el asesinato de 276 integrantes de la comunidad, de los cuales 157 eran gays, 90 trans y 29 lesbianas.

De acuerdo a la tabla anterior, de los asesinatos cometidos en contra de la comunidad LGBTI entre 2009 y 2017, el 56.8% fueron contra personas gays, 32% contra trans y el 10.5% de las víctimas eran lesbianas.

Donny Reyes, coordinador de la Asociación Arcoiris, explicó que proporcionalmente las mujeres trans son las más vulnerables frente a estos crímenes, «ya que dentro de la totalidad de la comunidad LGBTI, ellas no son mayoría».

Un informe del Centro de Estudios Internacionales indica que las personas trans son las más expuestas y propensas a ser víctimas de agresiones y violencia porque su identidad de género es percibida con facilidad por los victimarios, cuyas agresiones van desde lesiones físicas y psicológicas, hasta asesinatos.

Para profundizar sobre esta violencia, Expediente Abierto encuestó a 50 mujeres trans de entre 17 y 43 años que residen en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Choloma, Villanueva, La Lima y Yoro. Del total de la muestra, el 60% dijo haber sido agredida alguna vez y el 74% aseguró conocer a otra mujer trans que fue violentada desde que asumiera su género.

En lo concerniente a cuál es el tipo de agresión más común que reciben en su condición de personas trans, el 36% respondió que la violencia verbal es la más frecuente, el 28% contestó que los golpes, el 16% mencionó los robos y un 8% dijo que habían sido violentadas con un arma de fuego.

De acuerdo al Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés) y el reporte de la ONG Transgender Europe, del 2008 al 2015, el país alcanzó el promedio más alto de asesinatos a trans en el mundo. Según sus reportes, durante esos siete años, se cometieron 82 homicidios transfóbicos, alcanzando una tasa de 9.9 crímenes por cada millón de habitantes. Para dimensionar estas cifras, durante ese período, en Nicaragua apenas fueron asesinadas cinco personas trans.

Para las organizaciones, la mayoría de estos asesinatos deberían considerarse como crímenes de odio, pero la limitada respuesta institucional no proporciona suficiente investigación ni evidencias para definir estas muertes bajo tal tipificación. No obstante, estos asesinatos tienen un alto impacto dentro de la agenda de derechos humanos de la comunidad internacional.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación al señalar que entre 2009 y el 2014, fueron asesinados en Honduras 174 personas de la comunidad LGBTI, de los cuales 90 fueron gays, 15 lesbianas y 69 transexuales, y destacó que la población más afectada se ubica en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán.

Por su parte, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales para América Latina y el Caribe (ILGALAC) publicó que en 2014 Honduras encabezó la lista de crímenes a nivel latinoamericano, con 76 casos.

Las cifras varían, pero las fuentes coinciden en que los asesinatos en contra de la comunidad LGBTI han crecido de manera constante y considerable en los últimos años, y no forman parte de la disminución general de los homicidios en el país, que de acuerdo a datos del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) han bajado en un 46% desde el 2013.  

Los testimonios de las mujeres trans evidencian la situación, «el derecho a la vida es el principal derecho que se nos violenta. Recuerdo casos como el de la compañera Angie, como el de Britanny, como el de Michelle, el de Angie, el de Sherly, el de Débora... y así podría seguir mencionándolas. Otras han tenido que refugiarse en el extranjero, debido a la persecución que sufren por su identidad de género, donde los victimarios son grupos transfóbicos», comentó Michelle Díaz, oficial de monitoreo y evaluación de Cozumel Trans, una organización que trabaja desde el 2011 por la defensa y la promoción de los derechos de esta comunidad.

«En un país donde la pobreza y la violencia son endémicas, la comunidad trans se encuentra en riesgo permanente de sufrir maltrato y acoso. La arraigada cultura patriarcal y el conservadurismo religioso contribuyen a crear una atmósfera de intolerancia que muchas veces engendra violencia», señaló la organización internacional Human Rigths Watch (HRW) a través de su informe  sobre la violencia contra la comunidad trans en Honduras, “No Vales un Centavo”.

La cultura conservadora de la que hace referencia la organización internacional, se refleja en los resultados de la encuesta, donde el 91% de las 50 mujeres trans consultadas, respondieron haber recibido algún rechazo cuando asumieron su género, ya sea en sus casas o en los espacios públicos. El 66% respondió sentirse insegura en la calle, el 58% en las paradas de buses, el 52% en los parques, el 34% en sus espacios de trabajo y el 36% en los centros educativos. Una percepción de inseguridad que incluye sus propios hogares, donde solo el 54% respondió sentirse seguras.

La violencia de la que es objeto la comunidad LGTBI, es uno de los motivos principales para que sus integrantes participen desde el 2012 en elecciones populares a cargos públicos. «La participación política como candidatos ha sido un gran avance para denunciar nuestra realidad», afirmó Michelle, de la Red Cozumel Trans.

Esta participación electoral no ha estado exenta del riesgo permanente que enfrenta la comunidad, como ocurrió con el activista gay Erick Martínez Ávila, cuando en 2012 fue precandidato en las elecciones primarias por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y ese mismo año fue asesinado.

A pesar de los riesgos, en las elecciones generales de noviembre de 2017, tres representantes de la comunidad LGBTI formaron parte de las planillas para conformar el CN: Rihanna Ferrera, de la Red Cozumel Trans; David Valle, de Somos CDC; e Iván Banegas, de Colectivo Violeta.

De los tres, solo Rihanna alcanzó las elecciones generales, una mujer trans a quien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la obligó a utilizar su nombre de nacimiento, el mismo que no emplea socialmente desde hace más de 10 años. Aún así, obtuvo más de 15 mil votos a su favor.

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