1.

Miguel y su hermano Geovanny son dos sobrevivientes. Después de caminar 1,276 kilómetros desde San Pedro Sula hasta la ciudad de Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz, fueron secuestrados por Los Zetas. Que estén vivos, es prácticamente un milagro, de esas historias que no ocurren con frecuencia.

Tras partir con la primera caravana de emigrantes del 12 de octubre del año pasado, ambos hermanos, originarios de la Lima, Cortés, habían llegado a una de las plazas más calientes de México, en Veracruz, un Estado donde hay más fosas clandestinas que municipios.

Los Zetas les habían robado y los tenían desnudos, vendados, encañonados, a punto de matarles. Apenas unos segundos faltaban para que le disparasen a Geovanny, cuando de pronto se escuchó la voz de un hombre. Era un señor del pueblo, el dueño de un rancho.

— Si lo matas ya verás —dijo mientras desenfundaba un arma.

— ¿Y tú vas a pagar lo que pedimos por él? —contestaron los criminales, ante la mirada atónita de los dos hermanos.

— ¿Cuánto quieres? —respondió el hombre.

— Cuatro mil dólares.

— ¡Mira! Ten mil y hazte humo, porque sino, quien te va a matar seré yo —advirtió el ganadero.

El ranchero los llevó a su casa, donde les dio trabajo en la finca. Agradecidos con el hombre, dos meses después, los dos cruzarían el río Bravo, hasta llegar a Pensilvania. Posteriormente, Miguel fue deportado, a diferencia de Geovanny, quien aún permanece allá.

Miguel y Geovanny no eran los dos únicos hermanos de su familia. Tenían dos más, pero ambos habían sido asesinados por unos pandilleros en Honduras. Esa era la razón por la cual habían emigrado, la razón por la que Miguel se sumó a la segunda caravana, la que salió el pasado 15 de enero.

2.

Santos tiene 25 años y es carpintero. El 15 de enero, él se encontraba en Santa Rosa de Copán, luego de extensas horas de caminata desde su pueblo natal, San Rafael, ubicado en el departamento de Lempira. Ese era el inicio de su tercer intento como emigrante.

Nunca hay una sola razón para emigrar, pero los transeúntes eligen una cuando se les consulta. En su caso, respondió que lo hacía para conseguir un mejor empleo que los que encuentra en Honduras. En su pueblo, cuando tenía trabajo, hacía un par de puertas, las que vendía a cuatro mil lempiras por pieza. En una semana las terminaba y tenía una ganancia de unos tres mil lempiras por las dos. Pero no siempre tenía pedidos, por lo cual le ha tocado pasar temporadas prácticamente sin dinero.

Su padre tiene 84 años, mientras su madre está enferma, por lo que ninguno de los dos puede trabajar más. Santos comentó que se sentía obligado a tomar el riesgo. Él no es un neófito como migrante, cinco meses estuvo en Estados Unidos cuando fue deportado. En otra ocasión, lo retornaron desde México.

De los dos intentos anteriores, recordó las úlceras que aparecen en los pies, después de caminar cientos, miles de kilómetros. Una vez emprendido el camino, hizo una pausa. Observó a la gente que lo rodeaba y sacó un celular para mirar fijamente la imagen que tenía como fondo de pantalla. Ahí estaba su hija Daniela, de tres meses de edad. De pronto un carro paila se detuvo en la carretera y de jalón se fue hasta Ocotepeque.

3.

Tembloroso llegó un hombre a las instalaciones de la Dirección de Investigación Policial (DPI) en San Pedro Sula. Eran las 6 de la noche. Se presentó, era un empresario del transporte urbano, dueño de 33 unidades. Estaba ahí para interponer una denuncia.

Todavía nervioso, relató los hechos. Un sujeto había llegado ese día a entregarle un celular. El teléfono sonó, el número que apareció en el aparato era de una empresa estadounidense. El hombre que le llamaba se identificó como parte del grupo criminal Los Chirizos.

—Buenas tardes caballero, le expresé —relató el denunciante—. Vos hijueputa, empezó a decir el extorsionador, ya subió el pasaje y ahora te tocará pagar más. Yo no soy socio, le respondí. Pero tu padre y tus tíos sí. Ya sabemos en qué carros andan y por dónde andan, me advirtieron. Déjame consultarlo con ellos, le dije.

Llamadas como esas no son nuevas para él. Su familia lleva seis años pagando el impuesto de guerra a tres maras del barrio donde circulan los buses. El denunciante, cuya identidad se omite porque es un testigo protegido, detalló que cada semana pagan 19 mil lempiras a la Mara Salvatrucha, 14 mil a la Pandilla 18 y otros 14 mil a Los Aguacates.

«Nosotros los buseros estamos crucificados por todos lados», comentó. De los 33 buses que tiene su empresa, cada motorista aporta 200 lempiras al día.

—Por ejemplo, de cada 27 lempiras que ingresamos, apartamos siete para la mara y 20 para la empresa. Luego debemos pagar todos los servicios, como electricidad, agua y renta —explicó.

—¿Por qué se ha animado a denunciarlos? A pesar del peligro... —le preguntó Expediente Público.

—Ellos son pilas para identificar quienes les echan la policía, pero me atreví porque la mara que me quiere extorsionar (Los Chirizos) no controlan realmente la zona donde trabajamos —contestó.

Según el coronel Flores Ayala, director noroccidental de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, emigrar del país a causa de los extorsionadores no es la mejor opción, para él, la solución pasa por interponer la denuncia. «Las estadísticas lo demuestran, el año pasado fueron capturados 1,333 extorsionadores y de todos ellos, un 98% han recibido condena», argumentó.

No obstante, las cifras de este inicio de año, no colaboran con lo expuesto por Ayala. De acuerdo al Sistema de Estadística Policial (Sepol), del siete al 13 de enero de 2019, se han registrado 54 homicidios y apenas se han detenido a 15 personas acusadas por extorsión y a ocho por asociación ilícita.

Durante el 2018 se registraron 3,670 homicidios en Honduras, presentando un promedio de más de 10 asesinatos al día. Cifras que se suman a los datos de los últimos cinco años, donde 26,484 personas han perdido sus vidas de forma violenta.

Un estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), presentado el año pasado en Tegucigalpa, consideró que la violencia causada por el crimen y las pandillas, han obligado a más de 317 mil hondureños a huir de sus hogares desde el 2010, de los cuales ocho mil encontraron refugio en Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México y Panamá.

4.

El 15 de enero era la fecha del primer pago quincenal del año para el sector asalariado. Ese también fue el día en el cual unas dos mil personas iniciaron su viaje migratorio hacia Estados Unidos.

A las 5:40 de la mañana, se encontraba Jenny, esperando en la Terminal de Buses Metropolitana de San Pedro Sula. La joven portaba un velo sobre su cabeza, para protegerse del sol que le acompañaría en los primeros 170 kilómetros del viaje, hasta la aduana de Agua Caliente, en el departamento de Ocotepeque.

En sus manos cargaba a su hija de cuatro años. A un lado estaba su otra hija, de siete años, y su hijo de 13 años. El objetivo de esta familia es llegar a Houston (Texas), donde vive el esposo de Jenny, un joven indocumentado.

La madre de 32 años relató que dos de sus hermanos habían sido víctimas de la extorsión en San Pedro Sula, hasta que huyeron también como emigrantes. «Ellos no pudieron denunciar a la Policía, porque aquí todo queda impune», comentó.

Ella se enteró de la caravana a través de un vecino. Meses atrás, había solicitado la visa americana, pero su perfil no encajó con lo que demanda la Embajada estadounidense, por lo cual decidió emprender a pie el trayecto de 2,869 kilómetros que separa San Pedro Sula de Houston. Si llegan a la frontera mexicana, su objetivo es solicitar una visa humanitaria.

 Fotografías: Dany Barrientos (www.danybarrientos.com) Instagram: @danybarrientosphoto


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