Comunidad

1.

Miguel y su hermano Geovanny son dos sobrevivientes. Después de caminar 1,276 kilómetros desde San Pedro Sula hasta la ciudad de Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz, fueron secuestrados por Los Zetas. Que estén vivos, es prácticamente un milagro, de esas historias que no ocurren con frecuencia.

Tras partir con la primera caravana de emigrantes del 12 de octubre del año pasado, ambos hermanos, originarios de la Lima, Cortés, habían llegado a una de las plazas más calientes de México, en Veracruz, un Estado donde hay más fosas clandestinas que municipios.

Los Zetas les habían robado y los tenían desnudos, vendados, encañonados, a punto de matarles. Apenas unos segundos faltaban para que le disparasen a Geovanny, cuando de pronto se escuchó la voz de un hombre. Era un señor del pueblo, el dueño de un rancho.

— Si lo matas ya verás —dijo mientras desenfundaba un arma.

— ¿Y tú vas a pagar lo que pedimos por él? —contestaron los criminales, ante la mirada atónita de los dos hermanos.

— ¿Cuánto quieres? —respondió el hombre.

— Cuatro mil dólares.

— ¡Mira! Ten mil y hazte humo, porque sino, quien te va a matar seré yo —advirtió el ganadero.

El ranchero los llevó a su casa, donde les dio trabajo en la finca. Agradecidos con el hombre, dos meses después, los dos cruzarían el río Bravo, hasta llegar a Pensilvania. Posteriormente, Miguel fue deportado, a diferencia de Geovanny, quien aún permanece allá.

Miguel y Geovanny no eran los dos únicos hermanos de su familia. Tenían dos más, pero ambos habían sido asesinados por unos pandilleros en Honduras. Esa era la razón por la cual habían emigrado, la razón por la que Miguel se sumó a la segunda caravana, la que salió el pasado 15 de enero.

2.

Santos tiene 25 años y es carpintero. El 15 de enero, él se encontraba en Santa Rosa de Copán, luego de extensas horas de caminata desde su pueblo natal, San Rafael, ubicado en el departamento de Lempira. Ese era el inicio de su tercer intento como emigrante.

Nunca hay una sola razón para emigrar, pero los transeúntes eligen una cuando se les consulta. En su caso, respondió que lo hacía para conseguir un mejor empleo que los que encuentra en Honduras. En su pueblo, cuando tenía trabajo, hacía un par de puertas, las que vendía a cuatro mil lempiras por pieza. En una semana las terminaba y tenía una ganancia de unos tres mil lempiras por las dos. Pero no siempre tenía pedidos, por lo cual le ha tocado pasar temporadas prácticamente sin dinero.

Su padre tiene 84 años, mientras su madre está enferma, por lo que ninguno de los dos puede trabajar más. Santos comentó que se sentía obligado a tomar el riesgo. Él no es un neófito como migrante, cinco meses estuvo en Estados Unidos cuando fue deportado. En otra ocasión, lo retornaron desde México.

De los dos intentos anteriores, recordó las úlceras que aparecen en los pies, después de caminar cientos, miles de kilómetros. Una vez emprendido el camino, hizo una pausa. Observó a la gente que lo rodeaba y sacó un celular para mirar fijamente la imagen que tenía como fondo de pantalla. Ahí estaba su hija Daniela, de tres meses de edad. De pronto un carro paila se detuvo en la carretera y de jalón se fue hasta Ocotepeque.

3.

Tembloroso llegó un hombre a las instalaciones de la Dirección de Investigación Policial (DPI) en San Pedro Sula. Eran las 6 de la noche. Se presentó, era un empresario del transporte urbano, dueño de 33 unidades. Estaba ahí para interponer una denuncia.

Todavía nervioso, relató los hechos. Un sujeto había llegado ese día a entregarle un celular. El teléfono sonó, el número que apareció en el aparato era de una empresa estadounidense. El hombre que le llamaba se identificó como parte del grupo criminal Los Chirizos.

—Buenas tardes caballero, le expresé —relató el denunciante—. Vos hijueputa, empezó a decir el extorsionador, ya subió el pasaje y ahora te tocará pagar más. Yo no soy socio, le respondí. Pero tu padre y tus tíos sí. Ya sabemos en qué carros andan y por dónde andan, me advirtieron. Déjame consultarlo con ellos, le dije.

Llamadas como esas no son nuevas para él. Su familia lleva seis años pagando el impuesto de guerra a tres maras del barrio donde circulan los buses. El denunciante, cuya identidad se omite porque es un testigo protegido, detalló que cada semana pagan 19 mil lempiras a la Mara Salvatrucha, 14 mil a la Pandilla 18 y otros 14 mil a Los Aguacates.

«Nosotros los buseros estamos crucificados por todos lados», comentó. De los 33 buses que tiene su empresa, cada motorista aporta 200 lempiras al día.

—Por ejemplo, de cada 27 lempiras que ingresamos, apartamos siete para la mara y 20 para la empresa. Luego debemos pagar todos los servicios, como electricidad, agua y renta —explicó.

—¿Por qué se ha animado a denunciarlos? A pesar del peligro... —le preguntó Expediente Público.

—Ellos son pilas para identificar quienes les echan la policía, pero me atreví porque la mara que me quiere extorsionar (Los Chirizos) no controlan realmente la zona donde trabajamos —contestó.

Según el coronel Flores Ayala, director noroccidental de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, emigrar del país a causa de los extorsionadores no es la mejor opción, para él, la solución pasa por interponer la denuncia. «Las estadísticas lo demuestran, el año pasado fueron capturados 1,333 extorsionadores y de todos ellos, un 98% han recibido condena», argumentó.

No obstante, las cifras de este inicio de año, no colaboran con lo expuesto por Ayala. De acuerdo al Sistema de Estadística Policial (Sepol), del siete al 13 de enero de 2019, se han registrado 54 homicidios y apenas se han detenido a 15 personas acusadas por extorsión y a ocho por asociación ilícita.

Durante el 2018 se registraron 3,670 homicidios en Honduras, presentando un promedio de más de 10 asesinatos al día. Cifras que se suman a los datos de los últimos cinco años, donde 26,484 personas han perdido sus vidas de forma violenta.

Un estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), presentado el año pasado en Tegucigalpa, consideró que la violencia causada por el crimen y las pandillas, han obligado a más de 317 mil hondureños a huir de sus hogares desde el 2010, de los cuales ocho mil encontraron refugio en Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México y Panamá.

4.

El 15 de enero era la fecha del primer pago quincenal del año para el sector asalariado. Ese también fue el día en el cual unas dos mil personas iniciaron su viaje migratorio hacia Estados Unidos.

A las 5:40 de la mañana, se encontraba Jenny, esperando en la Terminal de Buses Metropolitana de San Pedro Sula. La joven portaba un velo sobre su cabeza, para protegerse del sol que le acompañaría en los primeros 170 kilómetros del viaje, hasta la aduana de Agua Caliente, en el departamento de Ocotepeque.

En sus manos cargaba a su hija de cuatro años. A un lado estaba su otra hija, de siete años, y su hijo de 13 años. El objetivo de esta familia es llegar a Houston (Texas), donde vive el esposo de Jenny, un joven indocumentado.

La madre de 32 años relató que dos de sus hermanos habían sido víctimas de la extorsión en San Pedro Sula, hasta que huyeron también como emigrantes. «Ellos no pudieron denunciar a la Policía, porque aquí todo queda impune», comentó.

Ella se enteró de la caravana a través de un vecino. Meses atrás, había solicitado la visa americana, pero su perfil no encajó con lo que demanda la Embajada estadounidense, por lo cual decidió emprender a pie el trayecto de 2,869 kilómetros que separa San Pedro Sula de Houston. Si llegan a la frontera mexicana, su objetivo es solicitar una visa humanitaria.

 Fotografías: Dany Barrientos (www.danybarrientos.com) Instagram: @danybarrientosphoto

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«Hay una nueva gran caravana que se está formando en Honduras y estamos intentando deshacerla, pero hasta el momento es lo más grande que hemos visto y un dron no la detendrá, un sensor no la detendrá, ¿pero saben qué la detendrá? Un lindo y poderoso muro», comentó hace unas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En medio de las disputas entre demócratas y republicanos sobre el financiamiento del muro en la frontera con México, la declaración de Trump, vertida el 10 de enero, hizo referencia a una publicación que convocaba por las redes sociales -de un perfil llamado «Honduras tierra bendecida por Dios», la salida de una segunda caravana de emigrantes hondureños, la cual partiría el 15 de enero desde San Pedro Sula.

El comentario del mandatario estadounidense se dio en el marco de un cierre parcial del gobierno Federal de ese país, ordenado desde el 22 de diciembre, como mecanismo de presión del Ejecutivo ante la negativa de la nueva Cámara de Representantes, para aprobar el presupuesto de la construcción del muro fronterizo.

La decisión de paralizar parcialmente su gobierno, afecta el trabajo de 800 mil empleados federales y tiene una pérdida semanal de 1,200 millones de dólares. Se estima que, si el cierre parcial alcanza su cuarta semana, el bloqueo le habrá costado a Estados Unidos unos 4,800 millones de dólares, un monto similar al muro que el presidente pretende construir.

Lejos de menguar el impacto de la convocatoria, los comentarios del mandatario norteamericano y de otras autoridades en México -quienes alegan que los hondureños pretenden buscar trabajo en ese país-, terminaron por propagar el llamado a los emigrantes, que hasta esa fecha pasaba prácticamente inadvertido a nivel nacional.

Tras la mediatización de la convocatoria, restaban apenas cinco días para la que sería la segunda gran caravana de emigrantes, la cual según los cálculos alborotadores de Trump, superaría a la que partió el pasado 12 de octubre de 2018.

Tras un día de camino de los grupos de emigrantes que partieron el 15 de enero, Expediente Público realiza un análisis comparativo entre esta «caravana» y la del año anterior.

Convocatorias anónimas

«Buscamos refugio, en Honduras nos matan. Caravana migrante. Enero 15, hora de salida 5 A.M., Central Metropolitana de San Pedro Sula». Así fue el llamado que se difundió a través de las redes sociales a finales de diciembre del 2018.

Al igual que en octubre de 2018, esta convocatoria se difundió inicialmente a través de las diversas redes sociales, multiplicándose después en los medios nacionales e internacionales, quienes difundieron el llamado.

A diferencia del año anterior, cuando fue el canal hondureño HCH quien viralizó la convocatoria anónima, en esta ocasión fueron en su mayoría, los medios internacionales los primeros en difundir la noticia, partiendo de las virulentas declaraciones surgidas desde EEUU y México.

En ambas ocasiones, las convocatorias fueron anónimas y no hubo ninguna organización que se adjudicara los llamados. Aunque, en esta ocasión, articulaciones mexicanas como Pueblo Sin Fronteras, el grupo de defensa de migrantes Reactiva Tijuana Foundation o el Centro de Dignificación Humana, confirmaron ante los medios de comunicación, su conocimiento y su apoyo ante la convocatoria, aunque no asumieron su autoría. Tampoco en esta ocasión se le achacó al Partido Libertad y Refundación (Libre) estar detrás de la organización.

Para conocer la forma en la cual los miembros de esta segunda caravana se informaron de la convocatoria, Expediente Público encuestó a 15 emigrantes, de los cuales el 90% respondió haberse enterado a través de las redes sociales, un 5% supo de la iniciativa a través de sus vecinos y otro 5%, a través de los «organizadores» de la caravana, aunque ninguno de estos últimos quiso ahondar más al respecto.

Más reducida y por grupos

Según la cancillería de Honduras, después de octubre de 2018, unos 13 mil hondureños emigraron en distintas caravanas y unos 7,200 pidieron la repatriación voluntaria. Otros once habrían muerto en distintos accidentes durante su travesía por México.

De acuerdo a las autoridades hondureñas, en su afán de disminuir el éxodo, alrededor de 2,500 personas que participaron en la primera caravana aún se encuentran varadas en Tijuana, mientras aducen que casi el 60% decidió voluntariamente regresar al país, a cambio de la entrega de 10 mil lempiras ofrecidos por el gobierno. Una promesa incumplida de acuerdo a algunos retornados.

A pesar de la falta de registros oficiales, se estimó que el 12 de octubre de 2018, unas 3,500 personas salieron de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos, los cuales posteriormente fueron acompañados por otros siete mil emigrantes, también salvadoreños y guatemaltecos.

«Dicen que esta segunda caravana es incluso más grande y más fuerte que la primera», dijo a Los Angeles Times, Irma Garrido, miembro del grupo de defensa de migrantes Reactiva Tijuana Foundation. No obstante, medios internacionales estimaron que, en su conjunto, los grupos de emigrantes que salieron el 15 de enero, no superaban las dos mil personas.

Además, a diferencia de la primera caravana, en esta ocasión, los emigrantes decidieron partir por grupos separados, supuestamente por motivos logísticos y de seguridad.

«Prefirieron salir de manera dispersa, porque manejaban la información que habría diferentes operativos policiales que impedirían su libre movilización», comentó a Expediente Público, Dany Barrientos, fotógrafo independiente que cubrió la salida de los transeúntes.

Por su parte, el presidente Trump volvió a presionar al gobierno de Honduras a finales de diciembre, para que obstaculizara la formación de nuevos grupos de emigrantes, al amenazar por tercera ocasión, detener la ayuda económica a Centroamérica.

«Honduras, Guatemala y El Salvador no hacen nada por Estados Unidos más que llevarse nuestro dinero. Se dice que una nueva caravana se está formando en Honduras y no están haciendo nada al respecto. ¡Cortaremos toda ayuda a esos tres países, que se aprovechan de Estados Unidos desde hace años!», dijo Trump en un tuit.

La amenaza de Trump se tradujo en la movilización de retenes policiales de Honduras, que confirmaron los temores de los emigrantes, al encontrarse con diversos anillos de seguridad que pretendieron impedir su libre circulación, incumpliendo lo que dictan las leyes sobre el derecho a la movilización interna y externa en los países del Triángulo Norte.

Las acciones del gobierno impactaron a medias, al no detener a los grupos, pero sí redujo el impacto mediático que habría supuesto un grupo único con las más de mil personas en camino.

 

Cooperación estadounidense en la región

De acuerdo a USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo, Honduras recibió en 2018, 175 millones de dólares, en materia de cooperación. Durante el 2018, la ayuda estadounidense supuso alrededor del 0.3% del PIB de este país, el 0.2% de El Salvador y el 0.1% de Guatemala.

En su conjunto, el Triángulo del Norte centroamericano recibió el año pasado 539 millones de dólares de EEUU. A pesar de esta inyección monetaria, la asistencia a toda la región enfrentó un recorte de casi el 15% con respecto al 2017.

No obstante, durante la primera quincena del mes pasado, Washington anunció una contribución de casi 6 mil millones de dólares en un nuevo programa bilateral, en colaboración con el nuevo Gobierno mexicano, para tratar de frenar la migración centroamericana.

 

A EEUU, no a México

Irma Garrido, del grupo de defensa de migrantes Reactiva Tijuana Foundation, también mencionó que el objetivo de los miembros de esta caravana era solicitar trabajo en el sur de México, donde el gobierno de Obrador pretende impulsar una serie de macro proyectos que requerirían de una gran cantidad de mano de obra para su construcción.

Las declaraciones de Garrido se dan en el marco del anuncio del gobierno mexicano, quien el mismo día de la partida de la segunda caravana, declaró que ofrecerá una visa humanitaria a los emigrantes centroamericanos, lo que les permitiría para trabajar y vivir un año de forma legal en ese país, mientras resuelven su situación migratoria. Las autoridades de ese país mencionaron que está previsto que los migrantes podrían emplearse en los estados donde se realicen obras para el Tren Maya, un proyecto aún en consideración.

Es decir, si el gobierno de Obrador cumple con esa promesa, futuros migrantes ya no tendrían que avanzar en caravana por el territorio mexicano, pues su estancia sería legal en ese país y eso impactaría positivamente en su seguridad.

No obstante, de los emigrantes encuestados por Expediente Público, todos respondieron que pretenden llegar a Estados Unidos, ninguno tenía previsto solicitar alguna visa de trabajo en México. Uno de los motivos principales de esta decisión, es la presencia de familiares en el país estadounidense, donde el 86% de los encuestados expresó tener algún pariente residiendo en esa nación.

«Yo quiero llegar a Estados Unidos, no me quiero quedar en México», comentó Yamaly Martínez (de 25 años), quien salió en esta última caravana con su hija de cuatro años, dejando a su hijo mayor de nueve años al cuidado de uno de sus familiares. Su esposo partió en la caravana de octubre de 2018, pero fue detenido por migración. Ella llevaba un año como desempleada.

De las personas interrogadas, el 40% contestó que pretende gestionar un asilo humanitario a Estados Unidos, a pesar que el gobierno de Honduras repite constantemente, para desalentar a los nuevos migrantes, que de los 2,500 hondureños que continúan en México, solo el 3% tiene posibilidad de lograr el asilo.

Expediente Público también les consultó si habían escuchado sobre los proyectos de gran envergadura que pretende realizar el gobierno de Obrador, pero ninguno de los transeúntes tenía información sobre iniciativas como el Tren Maya, en planes de construirse en los estados de Oaxaca y Chiapas.

Casi en su totalidad, los migrantes prevén que su destino sea el mismo que el del numeroso grupo del año pasado, quienes ocupan el territorio mexicano como un «lugar de destino temporal», hasta agotar sus opciones para ingresar a Estados Unidos.

Una y otra vez

Al igual que en la caravana del 2018, la mayoría de los miembros de esta segunda y dispersa caravana ya han intentado en ocasiones anteriores emigrar hacia Estados Unidos. De los encuestados por esta revista, el 80% de los emigrantes respondió que ya habían sido deportados en alguna ocasión, desde Estados Unidos o México.

Cabe mencionar que, en 2018, los migrantes hondureños se convirtieron en el mayor grupo de extranjeros deportados desde México. En los primeros nueve meses del año pasado -antes de la salida de la primera caravana, 82,237 personas fueron deportadas desde ese país del norte, de las cuales 45% fueron hondureños.

Las autoridades destacaron que de los 36,948 hondureños que fueron expulsados del territorio mexicano entre enero y septiembre de 2018, un 25% eran menores de edad y se estima que el 50% eran mujeres.

Según datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), hasta el 18 de diciembre del año pasado, habían sido deportados 72,590 hondureños, por lo cual, más del 50% fueron retornados desde México, una cifra superior a los enviados desde Estados Unidos.

Por su parte, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), recalcó que a los numerosos obstáculos que enfrentan los migrantes durante el viaje, se suma también una creciente xenofobia tanto en Estados Unidos como en México y un endurecimiento de las reglas en la frontera.

 Las razones no cambian

En un país donde el 68% de la población vive en condiciones de pobreza, con un promedio de 11 homicidios diarios y con unos 3.4 millones de personas en problemas de empleo, las razones de emigración expresadas por los miembros de ambas caravanas son las mismas: la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades.

De los migrantes encuestados, el 66% respondió que sale del país por falta de empleo y oportunidades económicas, mientras el resto citó la violencia como la principal causa de su éxodo.

Solamente uno de los encuestados contestó que abandonó un trabajo formal -donde ganaba 10 mil lempiras- para sumarse al llamado de la caravana. Del total, el 86% respondió que emigraba porque no tenía trabajo, el resto citó la presencia de maras y pandillas en su barrio o colonia, como el principal motivo de su éxodo.

Como contexto de esta segunda migración masiva, los transeúntes mencionaron las siete masacres ocurridas en el país en los primeros 15 días del año, en las cuales han sido asesinadas 27 personas. Se trata de una cifra superior a la del año pasado, donde el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), registró durante todo el mes de enero apenas una masacre.

Esta violencia se da en un país que invierte más en seguridad que en salud, solo por citar una de las necesidades más básicas de la población. De acuerdo a cifras oficiales, para el año 2019 se invertirán 622 millones de dólares dirigidos a la Secretaría de Seguridad, por encima de los 607 millones orientados en materia de salud.

Las historias que relatan los migrantes son una muestra de lo que indican las cifras. Cristian, de 19 años de edad, vivía en el barrio Cantarero López de Tegucigalpa. En su entrevista con el fotógrafo colaborador de esta entrega, Dany Barrientos, relató su caso. «Usted puede ver en la televisión que no pasa un día sin que haya un muerto», comentó y contó que su hermano fue amenazado de muerte por unos pandilleros, cuando portaba una camiseta de un equipo de fútbol, contrario al de los mareros. A pesar de la denuncia expuesta, el joven explica que la policía no hizo nada al respecto y su familia ha sido asediada desde entonces.

Pero Cristian también se va porque no consiguió un trabajo de medio tiempo que le permitiera seguir estudiando Derecho en la principal universidad pública del país. Por esta razón decidió irse de Honduras junto a tres amigos.

Los grupos de jóvenes prevalecen entre los participantes de la caravana, coincidiendo con la demografía nacional de un país que tiene un promedio de edad de 22 años. De acuerdo a la encuesta de Expediente Público, la media de edad de los entrevistados es de 28 años.

De los interrogados, todos mayores de edad, solo el 13% completó la primaria. El resto desertó antes del sexto grado, presentando una tasa inferior al promedio nacional, donde el 52% de la población alcanza el nivel primario, un 20% la educación secundaria, mientras que apenas el 5% completa la educación superior.

Fotografías: Dany Barrientos (www.danybarrientos.com) Instagram: @danybarrientosphoto

Investigación de campo: Helen Montoya

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En 2016, la capital de Honduras fue catalogada como la cuarta ciudad más violenta del mundo. En 2017 se posicionó en el puesto 35, según la organización mexicana del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP). Las fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad indican que en 2016 hubo 995 homicidios, mientras en 2017, se registraron 596 crímenes en el municipio del Distrito Central (D.C.).

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