Derechos Humanos

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El voto y la vida de las mujeres en Honduras

El 25 de enero de 1955, el movimiento de sufragistas hondureñas logró que por decreto presidencial, las mujeres que supieran leer y escribir ejercieran su derecho al voto y a participar en la vida política del país. Aquello pudo ser el inicio para redefinir la relación del Estado y los hombres con las mujeres en Honduras.

El decreto #29, emitido por la administración de Julio Lozano Díaz, respondía también a la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948 y se unía a 112 países que en esos años ya permitían a las mujeres depositar su voto en las urnas.

Aquella conquista significó un avance en el intento por construir las bases de un sistema electoral -después de las décadas dictatoriales, que debía empujar hacia una mayor apertura de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, educativo y social. En otras palabras, el derecho para decidir sobre el rumbo político del país, debía ser el punto de partida para disminuir la iniquidad entre ambos sexos.

Pero el proceso ha enfrentado un sistema dominado por las creencias y la cultura tradicional masculina, que le ha impedido su fluida evolución. Como muestra, en raras ocasiones las mujeres han encontrado apoyo en los hombres para conquistar sus derechos. Tanto en 1955 como ahora, el reconocimiento de sus libertades es para ellas un camino pedregoso.

La cronología no miente. No han pasado ni cien años desde que en 1930 una hondureña publicó un libro por primera vez. La democracia nacional lleva apenas 37 años desde que una mujer fuese alcaldesa por primera vez y fue hasta 1957 que las mujeres llegaron al Congreso Nacional. Sin olvidar que pasaron 84 años para que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 1931 graduara a una mujer. Y así, siempre ha habido un inicio tardío.

Actualmente el derecho de las mujeres por gozar de una vida pública en Honduras, es el resultado de un proceso compuesto por avances y retrocesos. Después de 64 años de la aprobación de su participación política, se observa una disminución de su representación en cargos de elección popular y su posición dista de ser igualitaria.

Además, la vida pública de las mujeres en Honduras se encuentra marcada por un contexto donde sus derechos básicos como el respeto a la vida o a la autodeterminación reproductiva, aún permanecen pendientes.

Mujeres en la política

En las elecciones generales del 2013, Fátima Mena fue electa como diputada por el Partido Anticorrupción (PAC). Tras fungir como congresista durante cuatro años, en las recientes contiendas electorales del 2017, se presentó como candidata para asumir la alcaldía de San Pedro Sula.

En plena campaña, Mena recibió mensajes amenazantes en contra de su seguridad personal o la de su hijo, para que desistiera de su postulación política por el hecho de ser mujer. Incluso fue atacada físicamente por otro candidato de su partido, quien se oponía a su participación. Mena tuvo que desistir de su candidatura, mientras su agresor es un actual diputado del Congreso Nacional.

«Lo que mantiene a las mujeres fuertes es saber que lo que están sufriendo es violencia política contra ellas, por ser mujeres», afirmó Fátima Mena, actual regidora de San Pedro Sula.

Durante las elecciones en las que Mena fue agredida, los resultados finales de la contienda demuestran que la participación de las mujeres no ha tenido mayor avance en su integración en puestos de poder, tanto en diputaciones como en alcaldías.

Las cifras indican que su participación aumentó en las elecciones primarias (893 mujeres), con respecto a los comicios anteriores (473), pero las electas fueron pocas. Actualmente, apenas el 7% de las alcaldías en todo el país son dirigidas por mujeres y solo representan el 21% de los congresistas, disminuyendo en cuatro puntos con respecto al anterior período administrativo (2014-2018).

El Congreso Nacional ha sido históricamente masculino. Desde 1981 hasta el 2019, solo 187 mujeres han logrado un curul, en comparación con 1,407 hombres, que representan el 88% del total histórico dentro del Poder Legislativo. En ningún período la representación femenina ha superado el 25%. Y dentro del Poder Judicial, solo el 33% son mujeres.

Todo estos datos se dan en un contexto donde las reformas electorales, exigen una cuota equitativa en la participación política, donde una presidenta mujer sigue siendo una quimera.

La desigualdad de género

En Honduras las mujeres representan el 51% de la población. En el 2017 habían 4.6 millones de hondureñas, de las cuales 43% vive en las zonas rurales y 57% en las áreas urbanas.

El sistema patriarcal genera en Honduras profundas desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales entre las mujeres y los hombres, siendo ellos quienes gozan de posiciones dominantes en casi todos los ámbitos, provocando una condición de desventaja para las mujeres.

En el 2017 la pobreza en Honduras alcanzó al 64% de los habitantes, pero fue mayor con las mujeres que son jefas de hogar, donde el 69% son pobres. Más de la mitad (54%) de las mujeres tiene menos de 25 años, pero el 68% de ellas no trabaja ni estudia, en comparación al 16% de los hombres en ese mismo rango de edad.

El acceso laboral es profundamente desigual. Se estima que la población económicamente activa está conformada por un 61% de hombres y 39% de mujeres. Además, la calidad de trabajo es generalmente de menor calidad en las mujeres. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 47% de sus empleos no tienen contratos fijos, frente al 29% de los hombres y apenas el 9% de las personas empleadas a tiempo completo son mujeres, menor al porcentaje latinoamericano que es del 14%.

En Honduras solo el 15% de las hondureñas son titulares de una cuenta bancaria, en comparación con el 26% de los hombres. Se estima que las mujeres dedican cuatro veces más de tiempo laboral que los hombres, pero ganan un 10% menos que ellos, una brecha que se amplía a un 29% cuando el trabajo es por cuenta propia y a un 31%, cuando es doméstico.

En total, se calcula que las mujeres trabajan unas 44 horas semanales, de las cuales solo reciben el pago por 14, mientras el hombre trabaja 45 horas y le remuneran 37. O sea, trabajan prácticamente lo mismo pero ganan menos. No es por casualidad que en el 2015 el 78% de las mujeres opinara ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que la distribución del ingreso en Honduras es injusta.

Los roles tradicionales permanecen casi intactos. El 41% de las mujeres en Honduras se dedica exclusivamente a los quehaceres del hogar, un trabajo que realiza solo el 2% de los hombres.

Los patrones también inculcan que desde jóvenes ellas deben dedicarse enteramente a la familia, siendo los 19 años la edad promedio cuando una hondureña se casa, cuando en los hombres es de 23 años. El dogma de la «mujer reproductora» también genera que el promedio de edad para ser madres sea apenas de 20 años.

A pesar que la tasa de fertilidad ha bajado considerablemente, cuando en 1990 era de 5 niños por mujer y en 2016 fue de 2.4, el porcentaje de adolescentes embarazadas aumentó de 17% en 1988 a 24% en 2011, reflejando una de las tasas más elevadas en la región. La fertilidad en las áreas rurales es la más alta de América Latina, con 3.5 hijos por mujer. En el campo, tres de cada 10 mujeres son madres antes de cumplir los 18 años, edades en las cuales se completa la educación secundaria.

A la mujer rural generalmente no se le considera como productora, por lo tanto, es excluida de los programas y proyectos para el desarrollo de la agricultura. Por ejemplo, se estima que el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) solo dirige el 10% de sus préstamos a ellas. Además, solo el 12% de las mujeres rurales poseen títulos de tierras.

Los datos también muestran que a medida que aumenta el tamaño de las parcelas, disminuye el número de las propietarias, ya que aquellas que tienen menos de un bloque son propiedad de mujeres en un 35%, pero en las que tienen de 20 a 25 bloques, la proporción disminuye al 15%.

Las decisiones sobre el uso de la tierra y lo relacionado con la producción también está en manos de los hombres, el 77% de las decisiones las toman ellos y apenas el 1% son consensuadas con las mujeres.

A pesar de todo lo anterior, las mujeres muestran resistencia al afrontar estas adversidades. Es así como el 33% de los hogares tienen a una mujer como jefa de hogar, cuando en 1990 era el 21%. Además, en cuatro de cada 10 hogares, las mujeres son las principales aportantes de los ingresos.

La exclusión social empuja hacia su organización. En las áreas rurales, el 56% de las personas afiliadas a las cooperativas son mujeres, el 38% en las cooperativas agrícolas y el 60% en las de ahorro y crédito.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, del total de las microempresas en Honduras, el 49% está conformado por mujeres y un porcentaje significativo se encuentra en el subempleo de la economía, donde se estima que el 44% de los trabajadores son mujeres.

La violencia femicida

Los crímenes contra las mujeres y las niñas aumentaron año tras año hasta consolidar una tendencia desgarradora. De acuerdo con los boletines del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), entre 2005 y 2018, fueron asesinadas 5,728 mujeres, representando el 8% del total de las muertes violentas. En los últimos doce años el promedio diario fue de una mujer asesinada.

Solamente en 2018, el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) registró la muerte violenta de 380 mujeres, de las cuales el 48% fueron ultimadas en la vía pública. Es decir, durante el año pasado, una mujer fue asesinada cada 23 horas y del total de las víctimas, el 41% tenía entre 15 y 29 años.

Dentro de la tabla de homicidios, el renglón contra las mujeres ascendió vorazmente, entre 2005 y 2013 su incremento fue del 263%, mayor al 172% de los hombres. Ese repunte llevó que en 2013 Honduras tuviera la tasa más alta de muertes violentas de mujeres en el mundo.

El perfil más frecuente de las víctimas no excluye que esta violencia puede alcanzar a cualquiera de ellas. Pero ocho de cada diez son pobres, tres de cada cinco viven en zonas urbanas, cinco de cada diez tienen entre 20 y 30 años, y en promedio, cada víctima mayor de edad deja tres hijos huérfanos.

Los asesinatos presentan dos connotaciones particulares. Primera, apenas 1.6% de los sospechosos de matar a las mujeres y a las niñas, son otras mujeres. Y segunda, los análisis forenses constatan que se les mata con mayor saña que a los hombres. Estas dos características ayudan a entender que estos crímenes son la consecuencia extrema de la desigualdad en las relaciones de poder entre ambos sexos.

Otras violencias

A pesar del temor y la desconfianza hacia la institucionalidad pública, se estima que unas 66 mujeres interponen diariamente una denuncia por violencia doméstica ante los juzgados. Según datos del Poder Judicial, esta violencia es la segunda causa más denunciada en el país, con un incremento del 390% entre 2008 y 2015.

La violencia es generalizada y las denuncias se quedan cortas frente a la realidad que viven, ya que el 36% de las mujeres entre 15 y 29 años han experimentado algún tipo de violencia física.

Pero el acceso a la justicia es limitado, ya que de los 20 mil expedientes por violencia doméstica que se denuncian en promedio cada año, 67% caduca y el 26% obtiene una sentencia condenatoria. Solo en 2016, los casos arrastrados sin resolución representaron un 28% del total.

La ley sanciona a los agresores de la violencia doméstica con dos horas diarias de trabajo comunitario por el término de uno a tres meses. En cuanto a la violencia intrafamiliar, el delito es fiable y las mujeres tampoco reciben ningún beneficio por la multa que les hacen pagar a nuestros agresores.

Como agravante, el Congreso Nacional pretende reducir el delito de la violación sexual entre 9 y 13 años de prisión, cuando ha sido de 10 a 15 años. También bajaría la pena para los femicidios de 20 a 30 años de prisión, cuando es entre 30 y 40 años.

En 2017, Medicina Forense indicó que ese año registró 3,067 casos de violencia sexual, de los cuales el 86% de las víctimas fueron mujeres. Por su parte, el Ministerio Público indicó que cada tres horas reciben una denuncia que implica la agresión sexual contra alguna mujer.

Durante el 2017, según reportes de la Secretaría de Educación, 1,645 niñas y adolescentes matriculadas en los centros de educación pública salieron embarazadas. A nivel nacional, ese año los hospitales registraron a 21,150 mujeres menores de edad que dieron a luz. Es decir, en promedio atendieron cada día unos 58 partos de menores de edad.

De acuerdo a un análisis elaborado por el Instituto Guttmacher, entre las mujeres menores de 20 años que ya son madres en Honduras, el 45% de sus nacimientos recientes fueron no planeados.

Organizaciones feministas como el Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), explican que desde la prohibición de la anticoncepción de emergencia, el número de partos en niñas y adolescentes ha aumentado, ya que desde el 2019 hubo unos 200 mil partos en menores de edad.

De acuerdo a las asociaciones de mujeres, a pesar de las políticas que prohíben los abortos, las mujeres realizan estas prácticas, muchas veces en condiciones tan inseguras que les puede causar la muerte. Según sus cálculos, el aborto representa el 12% de las muertes maternas en Honduras.

Los registros de la Secretaría de Salud indican que cada año egresan entre 10 y 12 mil mujeres por aborto, donde el 27% eran mujeres entre 20 y 24 años.

Acciones afirmativas, no prohibitivas

Lo anterior se debe a la falta de educación sexual y de planificación familiar, dos prácticas debilitadas por los patrones culturales y religiosos, como la prohibición en 2009 de la venta libre de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) y se eliminó el programa «Guía de Salud Sexual y Reproductiva», que se brindaba en los centros educativos.

Para respaldar sus esfuerzos, las organizaciones feministas exigen acciones afirmativas por parte del Estado, no prohibitivas. Una de ellas es el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como la ratificación de su protocolo.

La CEDAW es un instrumento jurídico internacional, aprobado por 191 países de todo el mundo, que los compromete con una serie de obligaciones para eliminar la discriminación hacia las mujeres. En otras palabras, esa convención es su constitución mundial.

La Convención fue aprobada en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entrando en vigor en septiembre de 1981. Honduras se suscribió el 11 de junio de 1980 y la ratificó el 3 de marzo de 1983. Desde ese momento, el Estado hondureño se comprometió a a respetar y a desarrollar estrategias que eliminen la discriminación hacia las mujeres.

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